Con indicadores de las bolsas de Nueva York que se recuperaron más de 2% este viernes, los activos argentinos aparecieron como más demandados después de una extendida serie negativa.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,5%, en los 2.977.118 puntos, para cortar con una racha adversa de siete rondas de negocios en las que acumuló una pérdida de 9,6% desde el 28 de enero.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- subieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis enteros para la Argentina, en los 512 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York destacaron las alzas de Bioceres (+7,3%) y Edenor (+6,5%).

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, advirtió que el reciente descenso de precios de los activos argentinos se produjo en “en un contexto global adverso y en el que se evidencio el alto beta de Argentina. En el mes se acumula una perdida de 8,5%, llevando al acumulado de 2026 al terreno negativo luego de un buen enero”.

“Mientras tanto, el BCRA sigue acumulando reservas y compró el jueves USD 126 millones en el MULC, llevando al acumulado de 2026 por encima de los USD 1.400 millones”, añadió Juan Manuel Franco.

“Seguimos favoreciendo la exposición a activos en moneda dura, apoyados en la acumulación sostenida de reservas internacionales y en la expectativa de una compresión del riesgo país”, indicó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“El Gobierno está señalando que no está dispuesto a emitir a los spreads actuales, en torno a los 500 puntos básicos, ni a pagar cupones en el rango de 8,75%–9,25%, como hizo Ecuador. Por eso, creemos que Argentina buscará volver a los mercados más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente USD 4.000 millones en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables», agregó Adcap.

A comienzos de la semana, el ministro de Economia Luis Caputo afirmó: “No tenemos intención de emitir nueva deuda en los mercados internacionalesˮ, postura que luego fue reforzada por un mensaje del presidente Javier Milei orientado a generar “escasez de bonos argentinosˮ.

“El principio de ‘círculo virtuoso’ que se ha puesto en movimiento por el cambio en las condiciones financieras necesita retroalimentarse desde el lado del sector real de la economía, pero las secuelas de tres trimestres de estancamiento del nivel de actividad complican la recuperación de la inversión pública, del crédito al sector privado -con excepción de los préstamos en dólares- y del empleo. Esto en un contexto en el que el gobierno está volviendo a recurrir al “ancla cambiaria”, preocupado por el hecho de que, desde septiembre, la inflación se ha instalado por encima del 2% mensual», explicó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el representante de Comercio norteamericano, Jamieson Greer, firmaron el acuerdo Argentina–EEUU sobre comercio e inversión recíprocos.

El acuerdo busca reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover inversiones en sectores estratégicos como minería, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

“Entre otras disposiciones, el acuerdo contempla una apertura recíproca de mercados para productos clave. Por un lado, EEUU eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles domésticamente y sobre insumos no patentados para uso farmacéutico”, precisaron desde max Capital.

Por otro lado, “Argentina otorgará acceso preferencial al mercado estadounidense para exportaciones que incluyen productos farmacéuticos, químicos, maquinaria, bienes de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y diversos productos agropecuarios. Ambos países también mejorarán las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna, con EEUU otorgando trato preferencial a 100.000 toneladas de carne argentina. Además, EEUU se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio. El acuerdo ahora requiere aprobación del Congreso”, puntualizó Max Capital.

Dos estudios analizaron los posibles efectos de los recientes acuerdos comerciales que involucran a la economía argentina: el que el Mercosur acordó con la Unión Europea y el acuerdo bilateral de comercio e Inversiones con EEUU que suscribió en Washington el canciller argentino, Pablo Quirno.

En uno de ellos Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea afirma que en el plano real la economía argentina, hace casi un año prácticamente estancada en nivel de actividad, requiere herramientas potentes para afrontar la fuerte divergencia entre sectores, acentuada en 2025.

“Más allá de un cambio estructural que conlleva ganadores y perdedores, no se ha logrado darle suficiente flexibilidad del lado de la oferta a la economía. Lo evidencia un recurrente 40 % de capacidad ociosa en la industria. Se supone que, con plantas subutilizadas, las empresas podrían ponerse a tiro de la demanda cubriendo sólo los costos variables, pero esto no ocurre y posiblemente explica en parte el reciente resultado de una licitación internacional en el marco de las inversiones asociadas a Vaca Muerta. Cuando se definen los precios a cotizar en una licitación, hay que asumir ‘inflexibilidad a la baja’ de insumos claves, impuestos y riesgo país, entre otros. Se necesitan instrumentos que contemplen e incentiven la reconversión productiva acelerada y empresas y trabajadores se involucren en la búsqueda de mayor flexibilidad del lado de la oferta”, dice un extenso pasaje del análisis.

Sucede, escribe el autor, que lograr un “equilibrio benéfico” que sustente mejores niveles de actividad interna exige financiar en los próximos años un déficit de cuenta corriente de balanza de pagos de 2 a 3% del PBI, que permita sostener la recomposición de reservas del BCRA sin recaer en un ajuste como el de 2024. Sucede, explica, que el ahorro interno no alcanza para elevar la tasa de inversión más allá del 20% del PBI. Y para hacer sostenible y menos volátil ese escenario se necesita financiar el rojo externo con dosis crecientes de Inversión Externa Directa (IED) e ingreso neto de capitales.

En lo financiero se sugiere aprovechar la baja del riesgo país para estirar los vencimientos de deuda pública. Aunque el propio presidente Javier Milei descartó emitir a los actuales niveles, como sí hizo Ecuador, Vasconcelos argumenta que estirar los plazos “es muy relevante en términos de expectativas, con impacto también sobre el sector real de la economía”. Y recuerda que tras el pago de cupones de bonos de enero, el Tesoro y el BCRA tienen aún por delante vencimientos por casi USD 8.000 millones hasta fin de año y de unos USD 15.000 millones en 2027, en ambos casos sin contar pagos al FMI y organismos.

Allí entran en escena acuerdos como el del Mercosur con la UE y el bilateral con EEUU. Si ambos avanzan, dice el informe, “las inversiones externas irán a sectores con ventajas competitivas y contribuirán a la “exportabilidad” de la economía. “Es lo opuesto al ‘modelo de sustitución de importaciones’ e implica cuotas crecientes de producción de bienes y servicios que compitan con la oferta mundial, dentro y fuera del mercado interno. Una medida de ‘exportabilidad’ es la participación en el PBI de los sectores de la economía que producen bienes transables, sectores que incluyen a la industria manufacturera, la pesca, el agro y la minería (incluido hidrocarburos)”, dice el informe.

Esos sectores “representan apenas el 23,9 % del PIB y para que esa participación crezca se necesita corregir innumerables sesgos anti-exportación y aceptar que, a medida que aumenten las exportaciones, también lo hagan las importaciones, por tendencia inevitable a la especialización.

“La exportabilidad es muy limitada en el presente. Se constata al medir la proporción de producción de bienes transables, descripción también válida para el segmento de servicios”, dice otro pasaje, que destaca además que la exportación de “servicios reales”, como los del turismo y la industria del conocimiento, aportan en la Argentina poco poco más de 2% del PIB contra, por caso, al 8% en Uruguay. Por otra parte, agrega Vasconcelos, un mayor volumen de comercio exterior de bienes y servicios mejoraría el “colateral” a ofrecer para acceder a financiamiento externo.

En tal caso, la “exportabilidad” dinamizaría sectores rezagados, como la construcción, la industria y el comercio, hoy “un lastre para el nivel de actividad”, al punto que hay un estancamiento promedio pese a que el agro y la minería tomaron el rol de locomotoras. La divergencia es aún mayor al interior del sector fabril (gráfico). Las reformas pro-competitividad, como la laboral, dice Vasconcelos, tiene más efecto cuando se articulan con sectores capaces de alcanzar una escala exportadora suficiente y sostenida. No se trata sólo de exportar más, subraya, sino de hacerlo en volúmenes que impulsen el conjunto de la economía.

Un segundo informe, de la consultora Invecq, apunta específicamente al efecto potencial del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU, del que hace una síntesis en materia arancelaria.

En bienes, resume, la Argentina eliminará completamente los aranceles para ciertos productos de EEUU desde la entrada en vigor del acuerdo, reducirá otros a 2% y mantendrá algunas bajo el Arancel de Nación Más Favorecida, el principio rector del comercio internacional y de la OMC. Muchos otros productos se administrarán mediante cuotas —con 0% de tarifa 0% hasta cubrir cupo, y destaca los cupos en carne vacuna, vino y vehículos automotores. Además, se dejará de aplicar la tasa de estadística a las compras a EEUU en un plazo máximo de 3 años.

“El acuerdo no parecería implicar —al menos a priori— una apertura de magnitud tal que modifique sustancialmente el volumen comercial bilateral. En relación con las exportaciones argentinas, más allá del caso de la carne vacuna, donde la ampliación de la cuota podría tener un impacto relevante sobre el volumen vendido, la liberalización luce relativamente focalizada y, en varios casos, condicionada por limitaciones de alcance. En este contexto, el entendimiento difícilmente constituya un game changer para el comercio exterior argentino en el corto plazo, aunque sí podría contribuir a reducir fricciones regulatorias y mejorar el acceso para determinados nichos”, dice un pasaje.

Sin embargo, agrega, el acuerdo debe verse como parte de una estrategia de apertura económica, en línea con los avances de los últimos dos años —desde niveles muy altos de protección— hacia una creciente apertura económica.

Por eso, concluye Invecq, “los compromisos asumidos en materia regulatoria, de inversiones y de alineamiento normativo sugieren una profundización del vínculo económico con EEUU que trasciende el comercio de bienes: el acuerdo se inscribe en una estrategia más general de acercamiento bilateral orientada a fortalecer la relación con Washington y a consolidar apoyos externos en el frente financiero y geopolítico. En este sentido, el entendimiento puede interpretarse menos como un instrumento estrictamente comercial y más como una señal de posicionamiento internacional, con potenciales implicancias sobre el acceso al financiamiento, la inversión extranjera y la inserción global del país”.

En 1992 la Fundación Pro Vivienda Social empezó a trabajar en microcréditos para la construcción de viviendas en barrios populares. A fines de esa misma década, por experiencia acumulada y demanda de las propias familias, derivó hacia temas de infraestructura: acceso a redes de servicio.

Así, por caso, participó en planes de electrificación en el “Barrio 31” en Retiro y organizó fideicomisos para acceso a gas domiciliario de los vecinos de “Cuartel V”, un megabarrio del partido de Moreno, lindante con José C.Paz y al sur de Pilar, en el conurbano bonaerense.

Con las redes cloacales a más de 30 kilómetros, se priorizó el acceso a gas, cuya red troncal estaba a solo 2 kilómetros, contó María Pazo, directora de la Fundación. El proyecto de gasificación benefició a más de 10,000 familias a través de fideicomisos vecinales, posibles gracias al trabajo y la organización de los propios vecinos.

En muchos casos, contó Pazo, para las tareas de conexión domiciliaria los vecinos eligieron gasistas locales, remunerados por cuenta y orden de las familias a través de los fideicomisos administrados por la Fundación y fondeados con recursos del Foncap, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras.

“Los gasistas locales trabajaban como monotributistas, realizaban las conexiones internas de gas y eran remunerados por cuenta y orden de los vecinos, con la Fundación como administradora del fideicomiso”, recalcó Pazo.

Los vecinos pudieron así financiar en hasta 48 cuotas, en las facturas de gas posteriores, las obras de conexión a sus hogares.

A pesar de ese modelo comunitario, un gasista inició en 2016 una demanda contra la Fundación, alegando “relación de dependencia”. Y convenció a otros cuatro gasistas que hicieran lo mismo, además de testimoniar en su demanda.

El juicio se planteó en CABA y aunque la demanda original en 2016 fue por $1,1 millones, el fallo en segunda instancia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que la Fundación debe pagar al gasista $184,6 millones, monto al que llegó aplicando indexación e intereses y que excede en 16.682% la demanda original y en 1.885% el monto sin capitalizar, de $9,3 millones, según un fallo de la misma Cámara, según consta en el escrito presentado por la Fundación al Tribunal Superior de Justicia porteño.

El impagable fallo por parte de la ONG podría multiplicarse por la demanda de los otros 4 gasistas, que testimoniaron en el primer juicio.

Solo la primera demanda bastaría para el quiebre de la Fundación y -dijo María Pazo- sería un precedente muy desalentador para otras ONG y Fundaciones de trabajo social. Los vecinos están indignados, contó a Infobae.

De hecho, a mediados de diciembre, decenas de vecinos y organizaciones sociales solicitaron públicamente al TSJ que revoque el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, al que calificaron de “arbitrario” y advirtieron que si la sentencia se mantiene, no solo cerraría la Fundación Provivienda Social, sino que se agravaría la falta de un marco laboral adecuado para las entidades sin fines de lucro, debido a interpretaciones judiciales “arbitrarias e injustas”. La solicitada fue respaldada por vecinos y entidades comunitarias.

En el juicio, la Fundación presentó los contratos de adhesión a los fideicomisos, facturas de los gasistas y comprobantes de pago por servicios para demostrar la inexistencia de relación laboral.

El fallo de la Cámara Laboral, dice la directora de la ONG, desconoce el funcionamiento de los modelos comunitarios y, en particular, la figura del fideicomiso, clave en planes de tipo social.

Invocando fallos que reconocen al Tribunal Superior de Justicia de CABA como tribunal competente en ciertos litigios, la Fundación presentó un recurso extraordinario.

El escrito alega que la Cámara hizo una interpretación inconstitucional del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que esa interpretación “viola la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad”, significa un “despojo” y “violenta los artículos 17 y 18 de la Constitucional”.

El escrito, al que accedió Infobae, denuncia, entre otras cosas:

• Exorbitancia de la condena: la liquidación arroja la suma de $184,6 millones pero según un fallo de la Cámara, sin capitalizar el monto sería de $9,3 millones, además de que en primera instancia ante el mismo fueron la demanda prosperó por $1,1 millones. “Esto es –dice- el fallo llega a una suma más de 100 veces superior a la demanda original (en rigor, como precisó Infobae, el monto defl fallo es 18.360% superior a la demanda nominal de origen)
• Que el fallo afirma una relación laboral que se sostiene “dogmática y únicamente sobre testimonios de gente que tiene interés en el resultado del pleito, por la sencilla razón de que  esos testigos mantienen, con idéntico patrocinio que el actor, pleitos semejantes contra los mismos demandados. No existe otra prueba”.
• Declara la inconstitucionalidad del artículo 10 de la “Ley Bases” que impulsó el gobierno nacional.
• “Al fallar contra la Ley Bases y aplicar las normas allí derogadas, aplica sin cortapisas las leyes 25.343 y 25.343 a pesar de que esas normas han sido derogadas por la ley Bases”. Aplicar nomas derogadas, dice el escrito, “abulta la indemnización dramática y desproporcionadamente, ignorando un fallo del propio TSJ porteño.
• Ignora los testigos de la parte demandada “quienes desmienten al demandado” y argumentos decisivos, como que mi demandado era el administrador fiduciario de un fideicomiso de vecinos” y que, según el Código Civil y Comercial de la Nación “el fiduciario no responde por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso”.

En un pasaje clave, la presentación afirma: “No existe prueba válida alguna (…) que acredite la relación de dependencia del actor con mi mandante (…) tampoco respeta el debido proceso una decisión contraria a una ley nacional, basada en normas derogadas y que declara la inconstitucionalidad de dos leyes federales que han sido convalidadas constitucionalmente por V.E. en fecha no muy lejana”.

Está en juego no solo la existencia de la Fundación, sino un modo de trabajo de otras organizaciones que ayudan en barrios populares: más de 30% de las conexiones a gas domiciliario en Moreno se realizaron vía fidecomisos, precisó María Pazo.

El fallo laboral, concluyó, “pone en riesgo un modelo de desarrollo comunitario y desalienta a otras organizaciones de hábitat a emprender proyectos ambiciosos con vecinos, lo que anularía 30 años de trabajo”.