La baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que se incluye en la reforma laboral es uno de los puntos que más está generando tensiones entre los gobernadores y el Ejecutivo por el impacto sobre las cuentas provinciales que implicaría.

Más en detalle, la reducción de alícuotas para ejercicios fiscales a partir de 2026 sería del 30% al 27% y del 35% a 31,5%. La menor recaudación por esa vía conllevaría una disminución en la coparticipación para las provincias.

Según cálculos del economista y presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, el costo fiscal anual directo de la propuesta es de 0,22% del PBI y va a empezar a impactar recién en el año 2027, en caso de que la reforma se apruebe con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

“Esto es así porque las empresas van a tributar el saldo correspondiente a 2026, a partir de mayo de 2027. El costo fiscal anual directo se distribuye 0,09% del PBI para Nación y 0,13% del PBI para provincias y CABA”, indica el informe.

Resalta que es importante cuantificar relativamente la resignación de recaudación. En efecto, se tiene que para las provincias y CABA equivale al 2% del total de transferencias automáticas nacionales que reciben por año.

Entre los planteos que los gobernadores llevaron al Gobierno nacional, figuraba la exigencia de implementar medidas que compensen la merma en la recaudación derivada, en particular, del capítulo fiscal incluido en la reforma laboral y más precisamente dicho cambio en Ganancias. Los mandatarios provinciales se iban a reunir esta semana para debatir la cuestión pero finalmente el encuentro se suspendió, en plenas negociaciones con el Ejecutivo.

En consonancia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y sus pares Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán; sostuvieron días atrás: “La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”,

En Casa Rosada sostienen que es un punto sujeto a negociación y que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto, siempre y cuando “no se afecte el espíritu” de la norma. Por lo demás, aseguran que hay un amplio consenso para que se apruebe en las próximas semanas, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. “La reforma tiene que salir”, enfatizan, al mismo tiempo que aseguran que “expondrán” a todos aquellos que no quieran aliviar la carga tributaria.

Advierten que la rebaja de Ganancias se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

La incógnita central, dice Argañaraz, es en qué magnitud y en qué plazo crecerá la base imponible del impuesto a las Ganancias, ya sea por una menor evasión fiscal o por un repunte de la actividad económica, tras la reducción de las alícuotas.

Según sus estimaciones, la recaudación anual por este tributo debería incrementarse en torno al 10% en términos reales para que el Estado pueda recuperar, a través de un ingreso adicional equivalente al 0,22% del PBI, lo resignado por la baja de impuestos a las empresas.

En este marco, el economista plantea 3 escenarios:

• Escenario 1 (optimista): la baja de alícuotas del impuesto a las ganancias en 2026 amplía la base imponible y permite que, ya en 2027, las empresas paguen un impuesto incremental equivalente a la pérdida de recaudación generada por la reducción de tasas. Desde ese año en adelante, la recaudación se mantiene al menos en ese nivel, por lo que no hay pérdida fiscal: la menor recaudación inicial se compensa totalmente con el aumento derivado de la medida. En este escenario, ni la Nación ni las provincias ven afectada su recaudación, pero sí se concreta la baja de alícuotas.
• Escenario 2 (pesimista): la reducción de alícuotas no tiene ningún efecto positivo sobre la recaudación. En este caso, todos los años se registra una pérdida fiscal equivalente al 0,22% del PBI. Se trata del escenario más adverso, en el que tanto la Nación como las provincias pierden de manera sostenida un 0,22% del PBI anual durante todo el período en que se mantenga la baja de alícuotas.
• Escenario 3 (intermedio): la recaudación adicional crece de manera gradual y compensa cada año un cuarto de la pérdida inicial, es decir, alrededor del 0,055% del PBI por año. Bajo este supuesto, la recaudación total recién se recupera en el cuarto año, en 2030. Durante los primeros años se produce una caída de ingresos que luego se revierte, lo que vuelve al esquema fiscalmente viable, aunque con la necesidad de financiamiento transitorio si no se compensa mediante una reducción del gasto público.

“El proyecto debe ser analizado con la recaudación adicional derivado de la baja de alícuotas y no con la recaudación derivada de un mayor PBI real. Pero esto no inhabilita a que la baja de recaudación por baja de alícuotas sea financiada con mayor recaudación de ganancias y de otros impuestos por mayor crecimiento del PBI real. Es un tema para una discusión política”, afirma Argañaraz.

“Es la filosofía del gobierno nacional actual la de financiar la baja de impuestos con el crecimiento de ingresos por mayor PBI real, dada una disminución del peso relativo del gasto público”, agrega.

Por otro lado, en términos generales, la reforma laboral, según la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. “La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)“, destacaron en un informe.

Sucede que, además de Ganancias, se propone el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), eliminación de impuestos internos (seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves); de los dos Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera; y del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA.

El Gobierno busca que el próximo miércoles 11 de febrero se trate en el Senado la reforma laboral y, aunque consiguió el apoyo en general de los gobernadores, aún existe un punto que traba las negociaciones: la baja del impuesto a las Ganancias a sociedades. Pero el oficialismo tiene sobre la mesa una propuesta por parte de los mandatarios aliados, quienes aseguran que, en este contexto de baja de ingresos, le serviría al ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la semana pasada, trascendió la versión de que ya habría un acuerdo entre el Gobierno y las provincias dialoguistas respecto a la baja del impuesto a las Ganancias a sociedades. La solución consistiría en condicionar la baja de la alícuota a otra variable (por ejemplo, la actividad) para garantizar la compensación de ingresos de las provincias. Pero los mandatarios no lograron acordar sobre qué variable ajustarlo.

Según pudo saber Infobae, en las últimas horas los gobernadores aliados presentaron otra propuesta en la mesa de negociación: postergar la baja del impuesto a las Ganancias dos años y hacerlo en dos etapas: 50% en 2027 y 50% en 2028. En el proyecto original del Gobierno se plantea la reducción de alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para ejercicios fiscales a partir de 2026.

“Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, señaló una fuente al tanto de las negociaciones con Casa Rosada.

Para los gobernadores aliados, entre los que se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), se trata de una modificación que también conviene al Ministerio de Economía, que sufre la caída de la recaudación desde hace seis meses.

“La reforma de Ganancias impacta en Nación y en el financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)”, mencionaron en una de las provincias. Como la recaudación nacional ya viene cayendo hace meses, sostienen que sumarle la baja del impuesto a las ganancias de sociedades podría afectar el superávit fiscal que el Gobierno tanto celebra y que es el pilar del programa económico.En los cálculos de las provincias aliadas al Gobierno, el proyecto de modernización laboral tiene un costo fiscal total de $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones (0,15% del Producto Bruto Interno (PBI)) los afrontan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El Tesoro Nacional deja de recaudar $1,069 billones (0,10%/PBI) y los fondos para los ATN pierden $26.556 millones.

“Caputo busca responsabilizar a las provincias y a los gobernadores, pero en el fondo le sirve que no avance la reforma o, al menos, que, en lugar de hacerse en un año, las modificaciones se realicen en dos años”, indicó una fuente de una provincia.

En enero, los ingresos fueron de $18,4 billones, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que implicó una variación interanual del 22%. La inflación para ese mismo periodo fue de 31,4%, lo que significó una caída en términos reales. Esto se debe a la reducción de las retenciones al campo y los aranceles a las importaciones.

A pesar de ello, durante la gira de entrevistas que realizó el ministro Caputo tras la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aseguró que mantiene su postura respecto a la baja del impuesto a las Ganancias de sociedades. “Yo propongo y la mesa política, Patricia, Martin, Diego, Adorni y Karina tratan de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.

“Yo propongo y la mesa política, Patricia, Martin, Diego, Adorni y Karina tratan de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.

La propuesta que llevaron a la mesa de negociación los gobernadores peronistas dialoguistas, entre los que se encuentran Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Jaldo (Tucumán), sería condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a otra variable que permita recuperar ingresos, por ejemplo, la actividad.

Entre las alternativas que se evaluaron, y sobre las que aún no hay acuerdo, se propuso que fuera por actividad, ya que eso permitiría a las provincias recuperar ingresos vía el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta idea proviene de uno de los asesores tributarios del Gobierno para la reforma impositiva que se prometió en varias oportunidades, pero que hasta el momento no se presentó.

En medio de los desplomes generalizados, una sola compañía sobresale del resto y registra un alza en su cotización. De hecho, es la única que sube en el mes, avanznado un acumulado de 4%. Se trata de la energética Transener (TRAN), y los analistas relevados por iProfesional detallan qué hacer con este papel «estrella»: si conviene invertir en ella o no.

En concreto, supera por lejos no solo al resto del índice Merval, que en febrero cae 6,9% y que, en el acumulado del corriente año, arrastra un negativo de 2,4%, sino que también le gana por lejos al dólar e inflación.

Además, las acciones de Transener escalan en todo el 2026 alrededor de 11,8%, por lo que es la segunda compañía que más trepa en su cotización desde inicio de enero, luego de ByMA (13,5%).

En resumidas cuentas, se destaca esta empresa como la «estrella» de febrero y del corriente año, pero existen causas que explican por qué su comportamiento es diferente al del resto del mercado bursátil argentino.

Como dato, Transener S.A. (TRAN) es la principal empresa argentina en el transporte de energía eléctrica en alta tensión, ya que opera y mantiene alrededor del 85% de esa red de transmisión del país, con más de 12.000 kilómetros de líneas. Además, a través de su subsidiaria Transba S.A., gestiona otros 6.000 kilómetros de tendidos. Es propiedad, en parte, del gobierno argentino, a través de Energía Argentina (Enarsa), y de otros accionistas, como Pampa Energía.

Justamente, el anuncio del Gobierno de hace unos meses atrás, respecto a que quiere vender su parte en esta compañía, ha impulsado su cotización.

«La suba en las acciones de Transener es por el anuncio de la venta de la compañía, donde el mercado presume que va a haber un precio mejor», resume Ruben Pasquali, analista de Fernández Laya, a iProfesional.

Por su parte, Ignacio Rosenfeld, experto de valuaciones de mercado, completa: «El desempeño positivo de Transener registrado durante las últimas semanas se debe, principalmente, a la noticia de público conocimiento de que el Gobierno busca desprenderse de su participación en la empresa».

Es decir, detalla que, al retirarse el Estado, la compañía se encontraría con «mayor libertad» para definir estrategias que «le permitan mejorar no sólo ingresos, sino también márgenes, lo cual, indefectiblemente, redundaría en una revalorización de su cotización».

De esta forma, Rosenfeld  reflexiona que, si bien a nivel local el sector de transporte de energía todavía presenta significativos cuellos de botella en relación a la generación y la distribución, «naturalmente, la privatización de la participación estatal en la empresa resulta un factor determinante a fin de poder avanzar en las obras de infraestructura que resultan necesarias para el desarrollo del sector energético».

Al respecto, Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, suma información: «La alta volatilidad de Transener se debe a que el Gobierno va a privatizar la participación de Enarsa en Citelec, que es la controlante de la compañía, para lo cual se convocó a una licitación pública que debería terminar en mayo. Al respecto, se publicó el precio base de la licitación y era bastante inferior al precio de mercado, pero ese valor no funciona como referencia de venta, sino como precio ‘piso’ de la subasta».

Acción de Transener: ¿conviene o no comprar?

La acción de Transener (TRAN) subió de precio 30% en 2025 y en 2026 acumula un avance de cerca de 12%, por lo que los analistas consultados por iProfesional detallan si conviene, o no, invertir en esta acción en la actualidad. 

Las acciones de Transener cerraron el viernes a una cotización de $4.000, y según un informe de Research for Traders (RfT), la empresa puede alcanzar a fin de año un precio objetivo de $5.700. 

Es decir, estos analistas proyectan que este activo puede subir desde ahora hasta diciembre alrededor de 42% en pesos y 24% en dólares.

«Recomendamos ´comprar´ las acciones de Transener (TRAN), con un precio objetivo de $5.700 por acción, que refleja un crecimiento moderado pero sostenido en los próximos meses, impulsado por el ajuste tarifario realizado en 2025, que se suma al del año pasado y la estabilidad financiera que empezó a mostrar la compañía», detallan desde RfT, consultora dirigida por el economista Gustavo Neffa. 

Y agregan: «Somos conservadores respecto al crecimiento de los ingresos, pero agresivos en que los márgenes operativos seguirán mejorando. En un escenario de continua normalización regulatoria y estabilidad macroeconómica, Transener presenta un potencial atractivo de revalorización en el mercado».

Al respecto, recuerda que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2025 ha sido «clave» para la compañía. A través de la RTI, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estableció una actualización tarifaria estructural, con un incremento inicial de 42,9% en la remuneración, acompañado de un sistema de ajuste mensual basado en el IPC/IPIM. «Este cambio ha permitido a Transener mejorar sustancialmente su previsibilidad financiera y rentabilidad operativa», concluye Neffa.

Para Rosenfeld, también sostiene que «resulta interesante tener exposición en dicha empresa, a fin de poder aprovechar el eventual upside derivado de la expansión de la empresa».

Por su parte, Guidi opina que, dada esta situación de venta de un accionista importante de la empresa, «debemos esperar que el precio sigua moviéndose de manera muy volátil y que, incluso por momentos, se desacople del resto de las acciones argentinas, pero, de todas maneras, la empresa está subvaluada por los altos márgenes operativos que tiene, posibilidades de crecimiento y bajísima deuda financiera«.

Además de que, al salir el Estado de la participación accionaria, considera que la empresa «debería incrementar su eficiencia y volverse más productiva».

Respecto a la cotización de la acción de Transener, sostiene que «todavía no recuperó el precio de diciembre pasado, por lo que no creo que esté tan subvaluada como, por ejemplo, los bancos, pero podría subir un 20% en dólares. A partir de ahí, la miraría más en detalle, para verificar si está sobrevalorada».-