CÓRDOBA.- Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores se aceleraron a horas de que el oficialismo lleve al recinto del Senado el proyecto de reforma laboral. La discusión, pese a lo extenso de la iniciativa, se centra en el capítulo fiscal que impactará en el 2027 por la baja de Ganancias a empresas. Esas gestiones terminaron por desactivar una reunión de las provincias en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y solo los peronistas avanzaron con un encuentro con la CGT y se posicionaron en contra. Toda la dinámica coincide con una caída de ingresos por coparticipación y de recaudación propia, que tensa los planteos.

Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno nacional eliminó o subejecutó diferentes fondos que recibían las provincias, partidas que aunque con heterogeneidad fueron cubiertas por los gobernadores con el objetivo de no afectar prestaciones.

Media docena de esos gobernadores -todos con contactos con la Casa Rosada- confirmaron a que desde inicios de 2024 le vienen planteando eso a sus interlocutores nacionales, junto con el reclamo por la obra pública parada en la mayoría de las jurisdicciones.

Un apunte con el que se manejan algunos mandatarios de los denominados dialoguistas al que accedió este medio da cuenta de que, en el último trimestre, las provincias perdieron unos $533.000 millones por efecto de la caída de la recaudación provincial (porque la actividad no repunta de manera general) y la de la coparticipación. Ese es el punto clave en el debate del capítulo fiscal de la reforma laboral que rondaría, según el Iaraf, los $144.000 millones mensuales en conjunto.

“Es un cóctel complicado de gestionar -dicen fuentes de ese grupo de mandatarios-. La caída promedio es superior al 3%, y hay varias provincias que están por encima de esa baja, como CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz. Entre 3,5% y 4,5% es el achique de los recursos coparticipables en el último trimestre comparado con el mismo período del 2024/2025”.

Según los datos de ese apunte, la mayor pérdida porcentual real (ajustaron las cifras por el IPC oficial) la registra CABA con 4,6%, le siguen Córdoba con 4,5%, Santa Cruz con 4,4% y La Pampa con 4,3% y La Rioja con 4,1%. Con 4% de caída real quedan Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa. Los distritos que menos redujeron sus ingresos en ese período son Salta (0,7%), Misiones (1,2%) y Neuquén (1,5%).

En materia de recaudación de origen provincial, para el consolidado de 21 jurisdicciones (las que presentan sus datos), en 2025 hubo un alza interanual de 3,4% en términos reales contra el 2024. De los 12 meses, según Politikon Chaco, en nueve hubo subas reales, mientras que en el primer trimestre del año, hubo descensos.

Río Negro fue la que mejor performance presentó, 21,4% anual real con importante tracción de Ingresos Brutos (IIBB), después quedaron Córdoba, Formosa, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero. Solo cinco provincias presentaron retrocesos reales, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Misiones y Salta.

Varios cambios impositivos instrumentados por Nación -la mayoría sin conversaciones previas- afectaron recursos que recibían las provincias. Uno fue el adelanto de Bienes Personales (a través del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales) redujo los fondos coparticipables a mediano plazo. Permitió a los contribuyentes pagar por adelantado hasta cinco años (2023-2027), lo que generó una baja de alrededor de 0,25% del PBI por año durante ese plazo. Al distribuirse con las provincias, estas reciben menos fondos transferidos automáticamente.

Otro punto fue el esquema de anticipos de Ganancias a Sociedades (antes el primer anticipo era del 25% y nueve pagos mensuales del 8,33% y fue reemplazado por un esquema de nueve anticipos iguales del 11,11%) Golpeó a provincias y municipios en el período mayo-junio porque de la plata que tenían planificada para aguinaldo por ejemplo llegó menos. Este año no debería haber problemas ya que tuvieron tiempo para “acomodarse” a la situación.

La eliminación de la percepción de IVA para importaciones redujo la recaudación de esa carga. Este año, también tuvieron más plazo para organizar sus recursos.

Los reclamos de las provincias por una nueva distribución del impuesto a los combustibles líquidos destinado por ley a infraestructura vial, tiene que ver con que el monto se sigue actualizando (aunque en el 2025 fue parcial para impactar menos en el precio del surtidor), pero como las obras están prácticamente paralizadas desde finales de 2023, son recursos que quedan en manos de la Nación. El año pasado, según estimaciones de los legisladores nacionales, se ejecutó el 25%.

En el caso de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) la menor distribución que hace la gestión libertaria reactualizó un reclamo permanente de las provincias, como es que se distribuya el remanente anual. Ese fondo se conforma con el 1% de la masa de recursos coparticipables.

Aunque los gobernadores impulsaron y el Congreso sancionó una ley en esa línea, el Presidente lo vetó. El año pasado quedaron si repartir $740.536 millones; distribuyó $207.500 millones, el 21,9% del total. Desde la asunción de Milei, Nación fue eliminando distintos fondos. En algunos casos, como el del Incentivo Docente (Fonid), no iban directo a las provincias, pero sí hubo gobernadores que complementaron los salarios docentes con recursos propios. Puntualmente para Buenos Aires, en febrero del 2024 se terminó el de Fortalecimiento Fiscal para esa jurisdicción, que iba a mejorar los salarios de la policía bonaerense.

En ese mismo momento Nación cortó el Fondo Compensador al Transporte del Interior, lo que provocó las protestas airadas de todos los mandatarios que se enteraron cuando la medida se publicó. Los reclamos se profundizaron porque afectó particularmente a las provincias y no al AMBA.

En un giro en la causa contra Matías Yofe, titular de la Coalición Cívica (CC) en Pilar, Claudio “Chiqui” Tapia fue aceptado como querellante. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se había presentado ante el juez Walter Saettone para denunciar al imputado, al legislador porteño de la CC Facundo Del Gaiso y al empresario Leandro Camani.

Saettone, magistrado de garantías de San Isidro que viene de rechazar el pedido de recusación por parte de la defensa, resolvió incluir a Tapia en la denuncia en carácter de particular damnificado.

“Resultaría ser posible víctima del hecho investigado”, consideró el juez en el fallo. El magistrado investiga si Yofe incurrió en un acto de extorsión al tomar contacto con personas a las que avisó que iba a denunciar ante la Justicia. Un caso específico es el de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

“No es un gesto simbólico: es un cambio procesal de enorme gravedad para quienes fueron denunciados”, afirmó Gregorio Dalbon, abogado de Tapia. La resolución ahora les permite tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba y colaborar en la investigación a cargo del fiscal Germán Camafreita.

Por su parte, Del Gaiso consideró: “Si ese es el precio por enfrentar a las mafias, lo afronto con gusto. Vamos a seguir presentando las pruebas para demostrar que hay una matriz de corrupción y de lavado de dinero en la AFA”.

El legislador anticipó que ampliará su denuncia en la causa por la mansión de Pilar, la cual tiene a Yofe como denunciante.

“Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, declaró Tapia por Zoom ante el fiscal y ratificó la denuncia que presentó la semana pasada. “Leandro Camani, escudándose en Matías Yofe y Fernando del Gaiso, materializa las denuncias para coaccionarme, junto con periodistas, no descarto que todo sea un concierto de una asociación ilícita”, apuntó.

La Justicia, en el marco de la denuncia por “extorsión”, realizada contra Yofe por el chofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, intenta determinar si existieron ofrecimientos de dinero al dirigente de la CC por parte de terceros y sospecha que él podría haber sido utilizado como fachada. Tanto en la fuerza de Elisa Carrió como cerca de Camani niegan que el empresario y los políticos hayan trabajado juntos.

En su presentación ante el juez Saettone, Tapia vincula la causa que tiene imputado a Yofe, así como su denuncia por la fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a las autoridades de la AFA, a su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (Ceamse).

Es que Camani, empresario y titular de la empresa Secutrans, que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en tres municipios de la provincia de Buenos Aires, habría estado interesado en la instalación de cámaras de fotomultas en zonas administradas por el Ceamse, según declara Tapia.

Ante la negativa de Tapia, “el vínculo con Camani se tornó conflictivo, y comenzaron a manifestarse presiones directas e indirectas orientadas a revertir al decisión adoptada”. Fue así que, como consta en el acta, “Camani transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio, en el sentido que, si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales en mi contra”.

Las advertencias se habrían consumado con la presentación de la denuncia vinculada a la mansión de Pilar, “tramitada en una causa distinta a la presente, pero funcionalmente conectada con la amenaza previa”, la cual tiene como impulsores a Del Gaiso y Yofe.

En el entorno de Camani describen el planteo de la querella como “un delirio” y cuestionan el funcionamiento del juzgado. En una presentación por parte del empresario ante el juez en respuesta a la del titular de la AFA, Camani asegura que jamás mantuvo una “relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el señor Tapia”.

Además, el empresario aclara que su vínculo con Yofe “se circunscribe a las denuncias de hechos de corrupción”, al referirse a las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas bonaerense, en cuya causa ambos son denunciantes de D’Onofrio y Claudia Pombo, dirigente massista y expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

“Jamás he financiado, directa o indirectamente, al señor Yofe ni a persona alguna de su entorno, ni he requerido ni recibido de su parte colaboración fuera del cauce institucional. Por el contrario, he actuado en nombre propio”, sentenció Camani.

La investigación continúa abierta. Se prevé que el fiscal Camafreita reciba a dos testigos de las presuntas amenazas de Camani, referidos por la querella, la próxima semana. Tras esas declaraciones, los investigadores determinarán su competencia en los hechos denunciados por Tapia.