ECONOMIA
Reforma laboral: cuál es el costo fiscal de la iniciativa que pone en jaque las cuentas de los gobernadores

La baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que se incluye en la reforma laboral es uno de los puntos que más está generando tensiones entre los gobernadores y el Ejecutivo por el impacto sobre las cuentas provinciales que implicaría.
Más en detalle, la reducción de alícuotas para ejercicios fiscales a partir de 2026 sería del 30% al 27% y del 35% a 31,5%. La menor recaudación por esa vía conllevaría una disminución en la coparticipación para las provincias.
Según cálculos del economista y presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, el costo fiscal anual directo de la propuesta es de 0,22% del PBI y va a empezar a impactar recién en el año 2027, en caso de que la reforma se apruebe con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.
“Esto es así porque las empresas van a tributar el saldo correspondiente a 2026, a partir de mayo de 2027. El costo fiscal anual directo se distribuye 0,09% del PBI para Nación y 0,13% del PBI para provincias y CABA”, indica el informe.

Resalta que es importante cuantificar relativamente la resignación de recaudación. En efecto, se tiene que para las provincias y CABA equivale al 2% del total de transferencias automáticas nacionales que reciben por año.
Entre los planteos que los gobernadores llevaron al Gobierno nacional, figuraba la exigencia de implementar medidas que compensen la merma en la recaudación derivada, en particular, del capítulo fiscal incluido en la reforma laboral y más precisamente dicho cambio en Ganancias. Los mandatarios provinciales se iban a reunir esta semana para debatir la cuestión pero finalmente el encuentro se suspendió, en plenas negociaciones con el Ejecutivo.
En consonancia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y sus pares Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán; sostuvieron días atrás: “La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”,
En Casa Rosada sostienen que es un punto sujeto a negociación y que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto, siempre y cuando “no se afecte el espíritu” de la norma. Por lo demás, aseguran que hay un amplio consenso para que se apruebe en las próximas semanas, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. “La reforma tiene que salir”, enfatizan, al mismo tiempo que aseguran que “expondrán” a todos aquellos que no quieran aliviar la carga tributaria.

Advierten que la rebaja de Ganancias se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.
La incógnita central, dice Argañaraz, es en qué magnitud y en qué plazo crecerá la base imponible del impuesto a las Ganancias, ya sea por una menor evasión fiscal o por un repunte de la actividad económica, tras la reducción de las alícuotas.
Según sus estimaciones, la recaudación anual por este tributo debería incrementarse en torno al 10% en términos reales para que el Estado pueda recuperar, a través de un ingreso adicional equivalente al 0,22% del PBI, lo resignado por la baja de impuestos a las empresas.
En este marco, el economista plantea 3 escenarios:
- Escenario 1 (optimista): la baja de alícuotas del impuesto a las ganancias en 2026 amplía la base imponible y permite que, ya en 2027, las empresas paguen un impuesto incremental equivalente a la pérdida de recaudación generada por la reducción de tasas. Desde ese año en adelante, la recaudación se mantiene al menos en ese nivel, por lo que no hay pérdida fiscal: la menor recaudación inicial se compensa totalmente con el aumento derivado de la medida. En este escenario, ni la Nación ni las provincias ven afectada su recaudación, pero sí se concreta la baja de alícuotas.
- Escenario 2 (pesimista): la reducción de alícuotas no tiene ningún efecto positivo sobre la recaudación. En este caso, todos los años se registra una pérdida fiscal equivalente al 0,22% del PBI. Se trata del escenario más adverso, en el que tanto la Nación como las provincias pierden de manera sostenida un 0,22% del PBI anual durante todo el período en que se mantenga la baja de alícuotas.
- Escenario 3 (intermedio): la recaudación adicional crece de manera gradual y compensa cada año un cuarto de la pérdida inicial, es decir, alrededor del 0,055% del PBI por año. Bajo este supuesto, la recaudación total recién se recupera en el cuarto año, en 2030. Durante los primeros años se produce una caída de ingresos que luego se revierte, lo que vuelve al esquema fiscalmente viable, aunque con la necesidad de financiamiento transitorio si no se compensa mediante una reducción del gasto público.
“El proyecto debe ser analizado con la recaudación adicional derivado de la baja de alícuotas y no con la recaudación derivada de un mayor PBI real. Pero esto no inhabilita a que la baja de recaudación por baja de alícuotas sea financiada con mayor recaudación de ganancias y de otros impuestos por mayor crecimiento del PBI real. Es un tema para una discusión política”, afirma Argañaraz.
“Es la filosofía del gobierno nacional actual la de financiar la baja de impuestos con el crecimiento de ingresos por mayor PBI real, dada una disminución del peso relativo del gasto público”, agrega.

Por otro lado, en términos generales, la reforma laboral, según la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. “La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)“, destacaron en un informe.
Sucede que, además de Ganancias, se propone el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), eliminación de impuestos internos (seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves); de los dos Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera; y del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA.
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ECONOMIA
En plena misión del FMI en Buenos Aires, Sturzenegger se reunió con Georgieva en Arabia Saudita

Mientras una delegación del FMI ya está en el país para avanzar con la revisión del acuerdo con la Argentina, Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva en Arabia Saudita.
Los funcionarios se encontraron en el marco de un foro del organismo internacional cuyo foco está puesto en las políticas de desregulación y reformas necesarias para impulsar el crecimiento de los países. El ministro había sido recomendado por el presidente Javier Milei para asistir al encuentro.
El encuentro se dio en AlUla, en Arabia Saudita y quedó reflejado en mensajes públicos de ambos funcionarios. “Excelente intercambio con Federico Sturzenegger sobre la agenda 2026 de nuestro Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento y cómo podemos poner en práctica los conocimientos adquiridos en los debates del Consejo ante los miembros más amplios del FMI”, escribió Georgieva en su cuenta de X.

Sturzenegger, por su parte, destacó los avances del Gobierno argentino en materia de desregulación. “Hoy me reuní en AlUla con Kristalina Georgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países”, posteó, y cerró el mensaje con el lema libertario “VLLC”.
Sturzenegger llegó al Consejo Asesor del FMI por recomendación directa del presidente Javier Milei, quien en distintas intervenciones públicas explicó cómo se gestó ese vínculo con la titular del organismo. Según relató el primer mandatario, el acercamiento comenzó durante una conversación informal en el marco de una reunión del G7, a la que asistió invitado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En ese intercambio, Milei expuso su visión sobre crecimiento económico, productividad e inteligencia artificial, y cuestionó lo que definió como un exceso de regulaciones en economías con rendimientos crecientes. Según el Presidente, esa conversación derivó luego en un trabajo empírico del FMI que validó la hipótesis de que una menor carga regulatoria está asociada a mayores tasas de crecimiento.
Ese proceso, afirmó Milei, fue el que llevó a Georgieva a proponer la incorporación de Sturzenegger al Consejo Asesor del Fondo, como referente de un gobierno orientado a liberar restricciones y promover el crecimiento económico. De hecho, de acuerdo con los datos que el Ministerio de Desregulación exhibe en su página web, desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026, se modificaron o eliminaron 2.412 normas, mientras que se quitaron o desregularon unos 14.392 artículos de diferentes áreas temáticas.
La reunión en AlUla se dio en el marco de la AlUla Conference for Emerging Market Economies, un foro anual lanzado en 2025 que reúne a ministros de Finanzas, presidentes de bancos centrales y altos funcionarios de economías emergentes y países desarrollados. El evento busca debatir estrategias para enfrentar la incertidumbre global, fortalecer la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento sostenible.
La edición 2026 del foro abordó temas como la reconfiguración del comercio global, el impacto de la incertidumbre sobre los sistemas financieros , la política monetaria en contextos de transformación estructural, la política fiscal en economías expuestas a shocks y el crecimiento liderado por el sector privado, con un fuerte foco en tecnología e inteligencia artificial.
La reunión ocurrió en simultáneo con la llegada a la Argentina de una misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi. Los ejecutivos llegaron al país con el fin de realizar la segunda revisión del programa acordado con el Gobierno.
El objetivo central de esta instancia es evaluar el cumplimiento de las metas económicas, en especial la acumulación de reservas internacionales, uno de los compromisos que —según fuentes oficiales— quedó rezagado hacia el cierre de 2025, pero que mejoró en el arranque de 2026.
De hecho, hasta la fecha, el Banco Central completó 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en la compra de divisas, tanto en el mercado cambiario como a través de operaciones en bloque. En lo que va de 2026, la entidad sumó más de USD 1.400 millones, cifra que representa aproximadamente el 14% de la meta anual establecida para la acumulación de reservas.
Durante los próximos días, la delegación mantendrá encuentros con autoridades locales para analizar la marcha del programa y definir si se habilita el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, asociado a esta etapa de revisión.
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ECONOMIA
El cepo cruzado frena el giro de dividendos de 2025 y mantiene trabas para años anteriores

El comienzo de la cuarta fase del programa económico mostró resultados positivos con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumulando compras por más de USD 1.400 millones en 24 jornadas y baja en las cotizaciones oficiales, lo que redujo la brecha con los dólares financieros. Sin embargo, en ese contexto sigue vigente un “mini cepo” dispuesto por el Gobierno, cuya vigencia resulta cuestionada por las empresas, en medio de la incertidumbre sobre la duración del escenario financiero actual.
Previo a las elecciones legislativas, cuando aumentó la diferencia entre la cotización del dólar oficial y los financieros (MEP y Contado con Liquidación en el exterior, -CCL-), el BCRA implementó una restricción cruzada para impedir operaciones de arbitraje que permitían obtener ganancias.
Mediante la Comunicación 8336, se dispuso que quienes acceden al dólar oficial quedan inhabilitados para operar en los mercados financieros (MEP y CCL) durante los 90 días siguientes. Inicialmente, la medida se aplicó a directivos del sector bancario y luego se extendió a todas las personas humanas.
“La persona humana residente que compra dólar oficial debe comprometerse a no realizar, de manera directa, indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera desde el momento de la adquisición y por los 90 días corridos posteriores”, explicaron a Infobae desde una importante empresa de servicios financieros.
La persona humana residente que compra dólar oficial debe comprometerse a no realizar, de manera directa, indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera en los 90 días siguientes (BCRA)
La única excepción contempla la compra de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir de la suscripción primaria de títulos de deuda emitidos por residentes en moneda extranjera, siempre que el comprador los mantenga en cartera al menos 15 días hábiles.
También se permite la compra de títulos con liquidación en moneda extranjera en el marco de la reinversión de cobros en esa moneda correspondientes a servicios de capital y/o intereses de títulos emitidos por el Tesoro Nacional o el BCRA, dentro de los 15 días hábiles.
“La restricción cruzada fue una medida coyuntural que, tras las elecciones, perdió sentido”, dijo a Infobae Gonzalo Guiraldes, socio y economista de la consultora Audemus. Considera que, en caso de que el Gobierno decida avanzar con una flexibilización cambiaria, sería pertinente comenzar eliminando restricciones para las empresas.
Actualmente, el mercado cambiario muestra que los precios del dólar mayorista, minorista, MEP y CCL se mantienen con mínimas diferencias entre sí. En este contexto, los analistas sostienen que la continuidad de la restricción cruzada parece cada vez menos justificada, salvo que el equipo económico proyecte otro comportamiento para el dólar oficial respecto a los alternativos en los próximos meses.
La restricción cruzada fue una medida coyuntural que, tras las elecciones, perdió sentido (Guiraldes)
Consultadas por Infobae, fuentes del BCRA aseguraron que -hasta este momento- no se contempla la posibilidad de levantar la restricción cruzada para personas humanas.
Entre los operadores del mercado persiste el malestar tras el anuncio de que los dividendos del 2025 quedaron liberados del cepo, ya que en la práctica esto no se cumple. “Depende de si el accionista es extranjero o local y también de su participación en la sociedad”, contó a Infobae un importante director de una ALyC en off the record.
Si el accionista que recibe dividendos recurre al mercado para obtener dólares a través del contado con liquidación (CCL), interfiere en el funcionamiento del Mercado Libre de Cambios. Lo mismo ocurre si adquiere bonos en dólares y luego los transfiere. “Puede comprar dólares en el Banco Central y transferirlos al exterior mediante su banco”, precisó el idóneo. Sin embargo, advirtió que esta operación resulta compleja debido a las dificultades que enfrentan los clientes.
Cuando el accionista posee una cuenta bancaria en el exterior, el banco en Argentina suele imponer obstáculos para realizar la transferencia, según fuentes consultadas. “El oficial de cuenta deriva el trámite al departamento de comercio exterior, donde rara vez responden por correo electrónico, y con menor frecuencia de forma presencial o telefónica, lo que lleva a muchos a desistir», ejemplificó el informante.
Existen alternativas, como la compra de obligaciones negociables (ON) que pueden adquirirse en el mercado local y permiten el pago en dólares cable, evitando así afectar el Mercado Libre de Cambios.
Existen alternativas, como la compra de obligaciones negociables (ON) que pueden adquirirse en el mercado local y permiten el pago en dólares cable, evitando así afectar el Mercado Libre de Cambios
Aunque algunos accionistas optan por “romper” el mercado debido a que, si bien la brecha es baja con el MEP, es mayor con Contado con Liquidación en el exterior.
“En un contexto donde todas las empresas prestan atención a los márgenes, cada centavo cuenta”, dijo a este medio un operador.

Para el corto plazo no hay optimismo respecto a la posibilidad de que se levanten estas restricciones, sobre todo cuando Argentina no pudo cumplir con la meta de acumulación de reservas fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD -2.600 millones para diciembre de 2025.
“Quizás hacia el segundo semestre podría tener más probabilidad de ocurrencia”, dijo el ministro Luis Caputo en la semana en entrevistas con medios televisivos y radiales.
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ECONOMIA
Malestar por la camiseta de la Selección: se produce en Tailandia pero, según el sector textil, hacerla en Argentina no cambiaría el precio final

Durante la última semana, la industria textil estuvo en el centro de la escena. Es que, a más de una docena de empresas que ya anunciaron la reducción o el cierre de su producción local, se sumó el dato de que las importaciones de indumentaria y calzado totalizaron USD 1.506 millones en 2025.
En este contexto y luego de algunos intercambios con el ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que no compra ropa en la Argentina por sus elevados precios, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), respondió a las críticas sobre el costo de los productos textiles y ejemplificó con el caso de la camiseta de la Selección Argentina.

“La camiseta del último Campeón del Mundo hecha en otro país y a precios ALTÍSIMOS”, publicó Drescher en su cuenta de X, junto con una imagen que demuestra el característico “Made in Thailand”, acompañado del precio de la remera, que cuesta $ 262.999 en la Argentina. La etiqueta aclara, no obstante, que el precio sin impuestos nacionales sería de 217.355 pesos.
Drescher, creador de marcas de indumentaria femenina como Caro Cuore y Vitamina y actual dueño de Jazmín Chebar, agregó en su posteo que “la Cámara de la Indumentaria recomienda al gobierno nacional dejar de subsidiar el trabajo de otros países y comenzar por bajar los impuestos abusivos al trabajo argentino y bajar las tasas de interés leoninas que son las más altas del mundo”.
Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, Adidas, sponsor oficial de la Selección Argentina desde hace más de 25 años, es quien decide la plaza de producción de las camisetas. “Nos llamó la atención que siendo la Argentina uno de los 15 países en el mundo que fabrica oficialmente las camisetas, se decida que se fabrique en Tailandia, teniendo una fabrica nacional que provee a Adidas y que tiene la misma calidad, porque se cumplen los mismos estándares que en cualquier otra planta del mundo”.
Según pudo saber este medio, la diferencia en el costo de mano de obra entre la Argentina y Tailandia es del 20% aproximadamente. A eso se le suman otros insumos, como la tela, la etiqueta, el estampado, entre otros. Por eso, en el sector insisten: “El precio de venta de la camiseta, que es altísimo, demuestra que tranquilamente se podría haber hecho en la Argentina”.
No obstante, reconocen que “son decisiones de una apertura de la producción que termina generando puestos de trabajo para otros países, en un momento en el que la Argentina los necesita, ya que en el último tiempo cerraron miles de empresas. Los talleres cierran, las fabricas importantes suspenden producción y hay un golpe muy duro a la industria en general”. Drescher develó que, por ejemplo, las camisetas de Boca y River ahora se producen en Brasil, mientras que la de San Lorenzo se importa desde Ucrania.
En una aparición radial anterior, Drescher había desglosado los factores que inciden en el precio final de la indumentaria: “Arranca con 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, 14,85% de costo de las seis cuotas, más el 15% del costo de alquiler, da 55%. Lo que le queda a la empresa es 45% y no pagó la diseñadora, no pagó el camión, no pagó la publicidad, no pagó el diseño, nada. Solamente el 45%. Esto no pasa en ninguna parte del mundo”.

Además del IVA, el precio de la indumentaria incorpora impuestos que se pagan en cada transacción y que no se desagregan en el valor final de la prenda. En ese esquema, la mano de obra representa apenas el 20% del costo total, por lo que “producir en el exterior no tiene un impacto determinante en el precio”, comentaron en la industria. El caso de la camiseta de la Selección fabricada en Tailandia es un ejemplo de que el problema de la industria “no pasa por el costo laboral”.
La carga impositiva local es, según explican en la industria, lo que genera que, a pesar del aumento en las importaciones, no se ve una baja de precios en el país, sino que genera un margen extra para el importador y desempleo por cierres de fábricas en las provincias.
Según datos de la cámara textil, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 16.000 puestos de trabajo en el sector. Además, las importaciones de ropa crecieron un 61%, lo que equivale a más de 392.000 toneladas. “Se han perdido 200.000 puestos de trabajo formales, y en informales son centenares de miles, que todavía no se ve en la estadística”, detalló la entidad.
La entidad destacó, además, que por tercer año consecutivo las prendas aumentaron muy por debajo de la inflación general. Con base en datos del Indec, contaron que durante 2025 los precios de indumentaria y calzado acumularon una suba de 15,3%, frente a una inflación promedio de 31,5%, lo que ubicó al rubro como el de menor incremento del año.
Drescher precisó a su vez que esta tendencia se sostuvo desde finales de 2022: entre diciembre de aquel año y diciembre de 2025, la inflación general acumuló 792,1%, mientras que la ropa registró un alza de 473,3 por ciento.
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