Luego de una semana agitada por las polémicas en torno a Manuel Adorni, el Gobierno busca pasar rápidamente de página y se prepara para comenzar el debate en el Congreso de las primeras reformas, varias de las cuales sufrieron cambios de último minuto, mientras avanza en las negociaciones con las provincias para conseguir los votos necesarios para aprobarlas.

Hace algunas semanas, el propio jefe de Gabinete anticipó, a través de un mensaje que publicó en las redes sociales, la lista de proyectos que enviaría el Poder Ejecutivo en esta etapa inicial, aunque en estos días algunos se modificaron, otros se quitaron y hibo también agregados.

Una de las iniciativas que estaba previsto que se tratara ahora y finalmente se va a demorar -una vez más- es el nuevo Código Penal, el cual se viene trabajando incluso desde administraciones anteriores.

Si bien el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había dejado un texto listo con más de 900 artículos, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisarlo antes de avanzar.

El funcionario entrante les pidió recomendaciones a los principales actores del mundo judicial y, durante una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, se decidió volver a redactarlo para que quede más corto, entre otras mejoras que se harían.

En cambio, el oficialismo mandará a la Cámara de Diputados un paquete de medidas orientadas a endurecer las penas para determinados delitos y crear nuevas tipificaciones para cuestiones cotidianas y que el mandatario nacional entiende que son más urgentes.

Entre las novedades hay sanciones para ilícitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas, casos de incumplimiento de deberes alimentarios, trapitos, grooming y abuso sexual infantil.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, logró sumar al temario de estas sesiones ordinarias la demorada “Ley de Hojarasca”, que también se venía anunciando desde hace tiempo.

Con este proyecto, el Gobierno buscará derogar cerca de 70 normas que considera obsoletas, ya sea porque fueron superadas por otras más modernas; porque remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos; porque eliminarlas implica un avance en el proceso de desburocratización; porque afectan libertades individuales, o porque quedaron sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo.

Entre las leyes que dejarían de regir si se sanciona esta iniciativa está, por ejemplo, una de 1864 que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona u otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial.

El miércoles, luego de la conferencia de prensa que brindó para intentar acallar las críticas en su contra, Adorni recibió a Sturzenegger para terminar de definir los detalles del texto que un día después fue firmado por el Presidente.

Entre las medidas que estaban en la lista original y que permanecerán sin cambios -al menos por ahora- está la de propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y la regularización dominial para la integración socio urbana.

Esta iniciativa entrará por el Senado y es por eso que el jefe de Gabinete también se reunió en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, que encabeza el bloque de La Libertad Avanza en ese recinto.

Además, el Ejecutivo pretende sancionar las modificaciones a las leyes de glaciares (que ya tiene media sanción), de discapacidad y de financiamiento universitario.

Para avanzar con todas estas medidas, las autoridades nacionales saben que necesitan el respaldo de las provincias y es por esta razón que el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país.

Hace dos semanas se reunió con los mandatarios de San Juan, Claudio Poggi, y Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el viernes último viajó a Mendoza para encontrarse con Alfredo Cornejo.

Si bien comenzó por los dirigentes aliados o más cercanos a la Casa Rosada, el objetivo del funcionario es visitar a casi todos los gobernadores, con excepción de aquellos opositores duros, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja).

En este sentido, en el oficialismo quieren acelerar las negociaciones para evitar que toda conversación comience a ser opacada por la campaña electoral de cara al 2027, que calculan que empezará a fines de este mismo año.

“Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios”, advirtió un integrante de la mesa política libertaria.

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declaraba,@madorni,pic.twitter.com/JO2XTpm2d1,March 25, 2026,Cecilia Devanna,Conforme a

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló este viernes la sentencia que condenaba al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera YPF en 2012.

Por dos votos contra uno, los jueces revocaron en parte la condena impuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska y rechazaron los principales argumentos de los demandantes, que reclamaban daños por incumplimiento contractual tras la expropiación.

Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que integraron la mayoría, sostuvieron que los reclamos de los accionistas minoritarios contra Argentina e YPF “no son reconocibles según la ley argentina”.

Este punto resulta fundamental, ya que reconoce que la decisión de la expropiación de la empresa fue discutida y avalada por el Congreso de la Nación. Es decir, se realizó bajo la norma legal vigente en la Argentina.

Eso deriva en que los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados. En cambio, cumplen una función organizativa interna de la sociedad anónima y no generan obligaciones contractuales que permitan reclamar daños por incumplimiento.

Los magistrados enfatizaron que la Ley General de Expropiaciones regula de manera integral el proceso de estatización y desplaza cualquier reclamo de naturaleza contractual. Por esa razón, tampoco existía obligación de realizar una oferta pública de adquisición de acciones a los minoritarios una vez concretada la expropiación.

Esto, además, confirma la postura reiterada por la Argentina, que se repitió durante distintos gobiernos, y es que cualquier reclamo por la expropiación debe dirimirse en la justicia local.

“Los accionistas presentan una apelación cruzada, impugnando la sentencia del tribunal de distrito a favor de la empresa y el rechazo de sus reclamaciones por impedimento promisorio contra ambos demandados. Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, sostuvo el Estado en la apelación.

Este fallo evita que el país tenga que pagar una suma millonaria a Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, y también evita que pueda sufrir el embargo de activos estratégicos, como Vaca Muerta.

El tribunal también rechazó otros argumentos de los demandantes, como el promissory estoppel (estoppel por promesa), y consideró que las pretensiones carecen de fundamento.

El largo proceso judicial por la expropiación de YPF

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York no fue unánime, dado que el camarista José Cabranes disintió de sus colegas Denny Chin y Beth Robinson.

La Argentina había presentado la apelación al fallo original de Preska en septiembre de 2024. Recién en octubre de 2025 se hizo una audiencia de argumentos orales, en la que la defensa argentina y la de los demandantes expusieron y contestaron las preguntas del tribunal.

Desde entonces, el tribunal estaba abocado a resolver el caso “de cero”. Hace diez días, esa corte había suspendido el proceso para activar embargos, con el que los demandantes intentaban cobrar la sentencia, y también el trámite por el que buscaban que se declarara en desacato a la Argentina por incumplir distintos procedimientos.

El caso YPF tiene más de una década en la justicia de Nueva York. Los demandantes Petersen y Eton Park —luego patrocinados por Burford— reclamaron una indemnización por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera y no les pagó de igual manera que lo hizo con Repsol.

Tras el fallo de Preska de septiembre de 2023, la Argentina inició un camino judicial para revertir esa sentencia. En el medio, el caso contabilizó cinco apelaciones ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York.

Con la decisión de este viernes de la Corte de Apelaciones, esas presentaciones quedaron desestimadas y Preska deberá anularlas o reformularlas.

Además, el Gobierno obtuvo en varias instancias del caso el apoyo de Estados Unidos y otros países, que se presentaron como “amicus curiae” en distintos trámites que involucraron el extenso proceso.

YPF, Nueva York, Justicia