POLITICA
El estreno de la hegemonía mileísta
“Gran semana por delante”. La frase del jefe de gabinete, Manuel Adorni, en su amanecer tuitero dominical no pretendió ser una manifestación de buenos deseos sino un augurio de lo que está por venir en los próximos días.
La optimista expresión hace pública así la intención oficialista de inaugurar, a partir del miércoles, en el Congreso, una hegemonía nacida del triunfo en las recientes elecciones legislativas.
El acto inaugural se daría con la aprobación de la reforma laboral, en el Senado, y del nuevo régimen penal juvenil, en Diputados. Por contraste, la media sanción de esos dos proyectos del Gobierno resaltaría el vacío, la orfandad y la impotencia de la oposición, en todas sus versiones.
La más sonora de las debilidades que quedará expuesta será la del peronismo, en general, y la del kirchnerismo, en particular. Para Cristina Kirchner y su brazo político -La Cámpora- significará la consagración de un ocaso inexorable, que anteayer tuvo una de las más duras manifestaciones.
Fue su rendición negociada en la conducción del PJ bonaerense, que de Máximo Kirchner y lo suyos pasó a manos de Axel Kicillof y los intendentes peronistas, quienes hace ya casi dos años comenzaron a levantarse contra el dedo y la voz de “la jefa” y obligaron al gobernador a empezar a romper el cordón umbilical con quien fue su madre política y quien lo había llevado a ganar la primera elección de su vida.
El avance de la reforma laboral en el Senado, a la que todavía le quedan varios detalles por terminar de definir, con negociaciones que irán hasta el filo del comienzo de la sesión y concesiones que el Gobierno intenta mantener en secreto, pondrá en el centro de la escena la debilidad histórica que atraviesa el movimiento fundado hace 81 años por Juan Perón.
Hasta acá y mientras el peronismo no estuvo proscripto, ni la más mínima modificación de la legislación laboral vigente (en muchos casos desde hace cinco décadas o más) fue realizada sino tenía el sello de su autoría. Y mucho menos cualquiera que derogara institutos legales o limitara derechos que para el peronismo eran intocables.
La “modernización” (como le gusta al gobierno que se denomine a la reforma) que se apresta a aprobar el Senado, si nada de lo previsto falla, abre una nueva era en el marco regulatorio de las relaciones del trabajo, no sólo acorde con los cambios en la producción, la economía y la sociedad registrados en el último medio siglo y acelerados en la última década y media.
La iniciativa avanza hasta a cotas altísimas de desregulación con el sello liberal y con la limitación de algunas protecciones para los trabajadores que ni Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa o Mauricio Macri intentaron hacer y aún así fracasaron estrepitosamente.
En esta ocasión, en cambio, hasta algunos legisladores del bloque justicialista, que responden a al menos tres gobernadores peronistas, votarán en general la iniciativa mileísta. Impensable hace apenas dos años. Un cambio de época. Expresiones de una nueva hegemonía y del ocaso de la civilización peronista. Al menos, por ahora.
Los sectores más directamente involucrados del peronismo en la cuestión laboral, como los sindicalistas, y los dirigentes, mandatarios provinciales y legisladores más nítidamente opositores al Gobierno se conforman ahora con mostrar una resistencia que no excede de lo meramente simbólica, tanto en la calle como en el Congreso. Dos ámbitos que fueron bastiones inexpugnables e hicieron inviable las iniciativas reformistas de las tres administraciones no peronistas anteriores a la de Milei.
Un bloque fracturado de hecho en la Cámara alta y una movilización sin muchas expectativas de ser multitudinaria frente al Congreso serán la representación cabal de la decadencia y la crisis de liderazgo y representación por la que transita el peronismo.
Apenas si se ilusionan los sindicalistas y los dirigentes del PJ con alguna limitación en su aplicación que, luego de sancionada, pueda lograr en las primeras instancias judiciales, pero sin ninguna certeza de que eso prospere cuando sea evaluada en instancias superiores.
Expertos del oficialismo y también algunos no encuadrados en el pensamiento mileísta, en cambio, dudan de que finalmente pueda haber trabas para la aplicación de la iniciativa si es sancionada, finalmente, por la Cámara de Diputados. Pero para eso todavía falta demasiado. Tanto que la Casa Rosada ni siquiera ha empezado el laboreo en la Cámara baja para lograr las adhesiones necesarias.
El resto de los opositores moderados, como los gobernadores que integran la variopinta y aún amorfa unión transitoria de partidos llamada (en un exceso de entusiasmo) Provincias Unidas, apenas si sumarán su cuestionamiento a algunos artículos en particular, pero sin hacer demasiado ruido, a excepción del capítulo fiscal de la reforma en defensa de sus intereses.
Por eso, ese es el apartado de la redacción original sobre el que más dudas siguen existiendo respecto de su suerte en el debate en el recinto. El Gobierno siguió intentando durante el fin de semana y lo continuará haciendo durante las próximas 72 horas. Los anzuelos, chupetines (comestible y de madera) y promesas que hasta ahora han lanzado los gestores oficiales Diego Santilli y Patricia Bullrich aún no han rendido suficientes frutos para despejar las dudas sobre el tratamiento en particular en ese tema y respecto del fondo de despidos (FAL).
“Nuestros gobernadores no están dispuestos a dar ninguna batalla que no sea la defensa de los intereses de sus provincias [y los propios]. Hasta los peronistas dicen que no piensan salir para quedar pegados con el kirchnerismo, la izquierda y los sindicalistas, que en sus electorados no pueden tener peor imagen”, admite y explica uno de los diputados más lúcidos del espacio.
“Además, los gobernadores tienen que negociar con el Gobierno para no seguir desfinanciándose, lograr algunas obras y, así, empezar a transitar el año que los depositará en el proceso electoral 2027, en el que buscarán ser reelegidos o mantener el poder local. Ese es su gran objetivo. Después verán si tienen plafón para intentar algún proyecto presidencial”, señala el legislador que es uno de los que más trabaja para tratar de hacer de Provincias Unidas un proyecto alternativo al oficialismo libertario. Hoy, una utopía.
El escenario de resistencia parcial o simbólica a la reforma laboral deja al desnudo como pocas otras situaciones la fragmentación y la debilidad estructural del peronismo todo, así como el carácter apenas embrionario de cualquier otra construcción superadora.
En tanto, la reforma del régimen penal juvenil que se propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y endurecer penas pone el kirchnerismo ante el espejo de su escualidez política.
Pese al arraigo como demanda popular que tiene ese cambio, Cristina Kirchner y sus seguidores siempre se han abrazado a su rechazo. Visto con los ojos de la sociedad actual asoma como otro error político del kirchnerismo, aún cuando pudieran asistirlo algunas razones teóricas o a que en la práctica la punibilidad de los menores de 16 años no vaya a solucionar radicalmente el problema de la inseguridad. Pero eso solo ha alimentado su imagen de dogmáticos y ajenos a nuevas realidades sociales y criminales. Los delincuentes juveniles provocan rechazo.
El fin de ciclo del kirchnerismo y el desierto que asoma en el resto del escenario político en cuanto a proyecto nacional abre las puertas para que el Gobierno avance y acelere con “cambios irreversibles” sobre la economía, como lo explicó la semana pasada el periodista y economista Ezequiel Burgo, en Clarín. También celebra en el ámbito político y se ilusiona con “cambios irreversibles” también ese terreno, que lo conviertan en poder hegemónico por muchos años. El desierto puede ser muy pródigo en la generación de espejismos.
El entusiasmo oficialista ante la ausencia de resistencias efectivas y alternativas de poder que amenacen su representación ya ha demostrado que suele potenciar su tendencia natural al sobregiro, las autolesiones y la intolerancia.
La semana pasada fue ejemplar en esa materia. Si no fuera por el anuncio del acuerdo de comercio e inversiones con los Estados Unidos el Gobierno hubieran cerrado otro pésimo comienzo de febrero en el plano político y comunicacional.
Los ataques al mayor industrial del país, el papelón con el nuevo índice de inflación, cuya aplicación se suspendió al borde del debut que había sido anunciado y prometido al FMI por el Gobierno, y los frívolos ejemplos personales que “Toto” Caputo utilizó para cuestionar a la producción textil y de indumentaria nacional entrarían en los anales de los desatinos oficialistas.
Eso si no fuera por los muchos antecedentes que ya acumula la administración mileísta que superan estos derrapes o porque para silenciarlos los potenció anunciando la creación de una oficina/cuenta digital para hacer patrullaje de críticas, informaciones y opiniones publicadas. Nada, vale decirlo, que gobiernos anteriores ubicados en las antípodas de lo que pretende ser este no hayan hecho.
Pero los desaciertos por exceso de envalentonamiento no se reducen al plano retórico y de la disputa política, si no que suelen complicar objetivos nodales del propio gobierno.
Eso es lo que está pasando con la reforma laboral debido a la inclusión de un capítulo fiscal, que es resistida por los gobernadores por afectar lo que reciben por coparticipación, y sobre lo cual Milei se han mostrado intransigente para modificar.
“No creo que logremos los votos para que en particular se apruebe la rebaja de Ganancias para las empresas. El problema que tenemos es que Toto [Caputo] se pasó de rosca con lo de la reducción de impuestos y la metió en la reforma laboral cuando ya está previsto que se trate este año una super reforma fiscal. Empiojó innecesariamente el tratamiento de una trasformación que en 50 años no se pudo hacer y nunca estuvo tan cerca de salir con cambios tan profundos”, admite un conspicuo integrante del Gobierno.
Si el ejemplo vale para lo funcional hay otro que resalta como un cartel de neón para lo político-comunicacional en la siempre lábil relación entre gobiernos y ciudadanos. También lo protagonizó el ministro de Economía.
La jactancia con la que Caputo senior se puso como ejemplo para demonizar a la industria textil al decir que nunca se había comprado ropa en la Argentina puede ser un arma de doble filo.
Si bien muchos expertos en opinión pública y en comportamientos sociales reconocen que comprar ropa u otros artículos importados es un aspiracional de una amplia mayoría de argentinos, incluidos muchos que nunca accederán a ellos o que son perjudicados por eso, también se reforzaron algunas alertas por su efecto negativo en lo electoral.
Al respecto Eduardo Fidanza advirtió: “Uno de los motivos de rechazo o desconfianza sobre Macri, en su apogeo, expresados en sectores medio bajos y bajos era que su mundo, sus problemas y su mirada no tenían nada en común con los de ellos. Lo de Caputo puede generar y profundizar un distanciamiento similar ahora”. A pesar de que Milei es el primer político de derecha liberal que, entre 2021 y 2023, logró penetrar y obtener el voto de los sectores populares.
La conjunción policlasista que llevó al libertario a la presidencia ya mostró fisuras y filtraciones severas en las elecciones legislativas del año pasado, a pesar del triunfo nacional. El ausentismo y el mapa de votantes de 2025 terminaron mostrando una composición de adhesiones al oficialismo más parecida a la del macrismo de 2015 que al del mileísmo de 2023.
“El paso de la lucha contra la casta a la ostentación del lujo puede ser peligroso”, señala Fidanza.
La ausencia de competencia y el rol de actor hegemónico (o monopólico) suele generar distorsiones, excesos y riesgos. También para los que gozan de ese status dominante. Para seguir con atención en la semana inaugural de la hegemonía mileísta.
Claudio Jacquelin,Conforme a
POLITICA
Bullrich se reunirá hoy con los dialoguistas en el Senado para definir el articulado final de la reforma laboral
A poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral, la discusión en el Senado ingresó en una semana definitoria, con una sesión extraordinaria convocada para pasado mañana, a partir de las 11. El destino de la ley intentará ser blindado durante una reunión clave que mantendrán por la tarde de hoy -a las 18- la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota.
Desde que se firmó el despacho en cuestión -diciembre último-, la aprobación en general de la iniciativa estuvo asegurada, salvo para los pícaros operadores de turno que recién días atrás se enteraron que, en estas compulsas, las que importan de verdad son las votaciones en particular.
En dicha instancia es donde el asunto aún no está comprometido, con el oficialismo y algunos acompañantes -no todos- que pasaron de un 80% cerrado a un 95%, como mencionó la propia Bullrich días atrás. No sería extraño que, en las próximas horas, la ex ministra de Seguridad hable de 97 o 98%. Hasta el miércoles, este desgastante juego sin efectos reales continuaría por el mismo carril. Como si el tema no mereciera respeto y rigurosidad, tras décadas de intentos fallidos.
Durante el fin de semana, Infobae contó que los potenciales aliados del Gobierno ya le avisaron a Bullrich que, tras el guiño inicial en el recinto, para la votación en particular se sugeriría una moción que implica capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.
La instancia es compleja debido a que del lado opositor se encontrarán unidos el por ahora casi mudo kirchnerismo, un puñado de peronistas en modo amor/odio con Javier Milei, y dos o tres silvestres provinciales siempre al “salto por el bizcocho”. El análisis de la ley laboral fue poco profundo por quienes detestan a la administración central. La Casa Rosada, feliz.
Para el convite de hoy, los pasos de Bullrich parecen claros, aunque este oficialismo: “Nunca sabes lo que te va a tocar”. Entonces, la cuenta repetida hasta el hartazgo es la siguiente: La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto.
Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Elena Gadano, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.
En el oficialismo además miran, con cierto cariño, a los cinco “justicialistas” de Convicción Federal, que regalaron gestos cuando se sancionó el Presupuesto 2026. Días atrás, volvió a inflarse el globo de ensayo de ruptura total con el interbloque “Popular”, hoy en manos del formoseño José Mayans. Lo más llamativo de los justicialistas -ahora ofuscados con La Cámpora- es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para votar una iniciativa. Tampoco, para las “avivadas” con inminentes anuncios de ruptura total que, hasta ahora, sólo fueron para negociar.
El panorama es más desalentador si uno revisa las declaraciones de estos meses atrás, cuando se consumó la prisión efectiva de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, ahora enemiga acérrima. Por eso, el Gobierno acelera fiel a su costumbre simplificada de “por todo y contra todos”. Del otro lado, la pelea no es por el poder -hace muchísimo-, sino por la mínima supervivencia en un sistema con menos herramientas -aunque igual de tóxicas que en los últimos largos años- y fondos. Por eso es que la puja de esta semana en el Congreso deja de ser técnica para La Libertad Avanza y vira a simbólica. Mientras tanto, hay demasiadas millonadas en contienda.
Las trifulcas principales a “resolver” apuntan: caída de la Coparticipación, con otra pirueta de mandatarios provinciales para operar una solución, tan sólo después de tres distintas ofrecidas; si los aportes en sindicatos y “entidades” empresariales serán todos voluntarios u obligatorios -guerra sin respuesta y dudas que alarman ya a varios despachos-; la esencialidad de algunas actividades; la ultraactividad y batalla gremial por convenios colectivos de trabajo; los plazos diversos para implementar nuevos mecanismos del mundo laboral o tributario; dineral hacia obras sociales; y el fondo de asistencia ante despidos, entre otras cuestiones. La apuesta opositora es aglutinar enojos para conseguir el milagro en el recinto o ir directo a Diputados -con kirchneristas, peronistas y cómplices disfrazados de radicales u otros híbridos- para forzar modificaciones y un regreso, en segunda división, a la Cámara alta.
POLITICA
El Gobierno se instalará en el Congreso para encabezar las últimas negociaciones por las reformas
El Gobierno encara una semana clave, en la que buscará los primeros triunfos legislativos del 2026 a través de las medias sanciones del nuevo régimen penal juvenil y de la reforma laboral, por los que viene negociando con la oposición dialoguista desde comienzos de año.
Ambos proyectos serán tratados durante estos días, cada uno en una Cámara diferente, por lo que las últimas conversaciones que llevarán adelante los referentes del oficialismo se darán prácticamente en simultáneo en el Senado y en Diputados.
En el primero de esos recintos, el miércoles se debatirá la iniciativa que busca modernizar las leyes de trabajo, la cual generó una fuerte resistencia por parte de algunos sectores, especialmente el de los gremios, que si bien no consiguió el consenso para convocar a un paro, sí anunció una movilización.
Aunque son críticos de esta norma que impulsa la administración del presidente Javier Milei, los sindicatos todavía esperan una oportunidad para poder acordar cambios en algunos de los artículos que los perjudican, como las modificaciones en las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales.
Por su parte, las provincias también elevaron una queja puntual: pidieron algún tipo de compensación por la caída en las recaudaciones que significaría la baja de las alícuotas de Ganancias para las sociedades.
Aunque en un momento el Poder Ejecutivo prometió que iba a tomar algunas recomendaciones; recientemente, la cúpula libertaria habría decidido no hacer ningún retoque sobre el texto que ya tiene dictamen.
En tanto, el jueves la batalla será en Diputados, donde el escenario, en principio, estaría más claro, ya que el régimen penal juvenil contaría con el respaldo de varios bloques, y no solo de los aliados, como el PRO y el MID, sino también de otros que habitualmente están más alejados de La Libertad Avanza (LLA), como Encuentro Federal, de Miguel Ángel Pichetto.
De todas formas, el oficialismo buscará que no haya sorpresas de último minuto, como sucedió en otras sesiones importantes en el pasado, e intentará asegurarse los votos antes de cada elección.
Para esto, según pudo saber Infobae, desde el martes, los principales enviados del Gobierno prácticamente se instalarán en el Congreso para seguir de cerca las negociaciones finales.
Hasta allí irán el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, en representación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien por sus compromisos de gestión tendrá menos tiempo para dedicarle a este asunto.
Todos ellos estarán exclusivamente abocados a ayudar al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y con la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, a sostener los votos para los proyectos que se van a discutir.
El más complejo, como se mencionó, era el de la reforma laboral, que no contaba, por ejemplo, con el respaldo de los gobernadores que integran el grupo de Provincias Unidas, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)
“Ellos no apoyan el desfinanciamiento a las provincias. Menos en este contexto de caída de coparticipación y recaudación a nivel local. Ya hicieron el ajuste las provincias. Esa es la postura del espacio”, aseguró una persona con diálogo fluido con uno de ellos.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, Llaryora y Pullaro suspendieron una reunión que iban a tener con dirigentes de la CGT, en un gesto de no querer romper el vínculo con la Casa Rosada.
Por su parte, Torres aparece como un jugador clave, con influencia no solo sobre Andrea Cristina, del Frente PRO, sino también sobre Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut.
Asimismo, por un pedido de Santilli a varios de los protagonistas, el Ejecutivo logró suspender un encuentro que los mandatarios tenían previsto encabezar la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la reforma y acordar una postura en común.
Por otra parte, todavía Adorni no convocó a una nueva cumbre de la mesa política nacional, que integra junto a Santilli, Bullrich, Devitt, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor, Santiago Caputo.
El grupo se volvería a ver esta semana para terminar de delinear la estrategia legislativa y pensar cómo avanzar con el resto de los asuntos que están en agenda, como la ley de glaciares y los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y entre el Mercosur y la Unión Europea.
Por otro lado, y tal como anticipó este medio, la cúpula libertaria evalúa extender un día las sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo, ya que con los plazos actuales se complican los tiempos para que sea sancionada antes de esa fecha.
Todos estos puntos debe resolver la Casa Rosada en estos días en los que, finalmente, el Presidente estará en el país, tras haber cancelado el viaje a Miami por cuestiones de agenda y para consentrarse, justamente, en los conflictos locales.
Luego de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Gobierno formalizó la designación de su reemplazante Pedro Lines a través del decreto 93/2026, publicado esta medianoche en el Boletín Oficial.
Además, hizo lo mismo con otros funcionarios, que ocuparán cargos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la Unidad de Asesores.
Leé también: La intimidad de la renuncia del jefe del INDEC y el avance de Karina Milei sobre la mesa judicial del Gobierno
La renuncia de Lavagna al frente del INDEC ocurrió el viernes, en un escenario atravesado por cambios técnicos sensibles, tensiones recientes por la producción de datos sectoriales y una transición metodológica largamente preparada. Comunicada de manera interna y sin anticipos públicos, ocurrió a días de lo que iba a ser la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con esa nueva metodología y sorprendió incluso dentro del propio organismo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que Lavagna tenía prevista la fecha para implementar la nueva metodología en enero, pero que, junto a Javier Milei, decidieron aplazar su aplicación: “Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado. En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”.
“La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, completó.
Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del INDEC que reemplazó a Marco Lavagna
Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.
Hasta su nombramiento, trabajó como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país.
De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).
Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.
Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Leé también: En medio de la polémica por el INDEC, los analistas prevén una inflación de entre 2,4% y 2,6% para enero
Además, entre 1996 y 2004, y luego entre 2007 y 2010, estuvo a cargo de las estimaciones de la Formación Bruta de Capital y participó en la elaboración de las Matrices Insumo-Producto de 1997 y 2004. Además, se desempeñó como consultor del Gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en trabajos vinculados a cuentas nacionales.
Otros nombramientos del Gobierno
Además de Lines, Milei designó este lunes a la abogada Bárbara Yael Pintelos en la vicepresidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman como director y subedirector ejecutivo de Centro Nacional de Ciberseguridad, respectivamente; y a Aimé Ayelén Vázquez como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores.
boletin oficial, Indec
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