Un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica rechazaron mediante un duro documento la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron al Gobierno que “no resuelve el problema”, sino que “lo profundiza”.

Señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico, y en cambio pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel.

Reconocieron que es necesaria una reforma para adecuar las normas a los compromisos internacionales en defensa de los menores de edad, pero señalaron que “el debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”.

Dijeron que una propuesta normativa “debe surgir del compromiso con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni de la manipulación del legítimo malestar social”.

Bajo el título “Cuando el oportunismo reemplaza al realismo”, mencionaron: “Constatamos que el oportunismo político prescinde incluso de los datos empíricos disponibles y, a partir de hechos particulares, instala un discurso de soluciones aparentes e ilusorias”.

La carta abierta está firmada por Cáritas Nacional, que preside monseñor Gustavo Carrara; la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, que preside el obispo de Azul, monseñor Hugo Salaberry, e integra el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.

Está dirigida a los legisladores que debaten un proyecto del Gobierno para cambiar la ley penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años.

Las organizaciones eclesiásticas rechazaron el proyecto para bajar la edad de imputabilidad; lo consideraron una medida regresiva que “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo desplaza y lo endurece”.

Criticaron que el debate actual se esté dando en un clima político donde “predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático” y señalaron que esta reforma ”surge del “oportunismo electoral” y la manipulación del malestar ciudadano, en lugar de buscar soluciones a los problemas estructurales de los sectores más vulnerables.

Los religiosos cuestionaron la capacidad del Estado para implementar una reforma de este tipo y alertaron sobre la creciente desfinanciación en materia social.

Indicaron que es ilusorio pensar que el sistema penitenciario actual pueda garantizar la reinserción de niños y adolescentes. En cambio, alertan que el encarcelamiento temprano suele aumentar los niveles de reincidencia y violencia, en lugar de disminuirlos.

Contra la consigna de “delito de adulto, pena de adulto”, la Iglesia opuso argumentos científicos y estadísticos. Por un lado, afirmó que “el cerebro adolescente está en desarrollo y no tiene la misma capacidad de control de impulsos que un adulto, lo que cuestiona la idoneidad de bajar la edad penal”.

Por otro lado, mencionaron que países con una edad de imputabilidad de 12 años, como Ecuador, Honduras y Brasil, tienen tasas de homicidio drásticamente más altas (entre 23 y 45 cada 100.000 habitantes) que Argentina, que tiene un índice de 3,8 cada 100.000 habitantes, mientras mantiene la edad en 16 años.

“El ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, sentenciaron. Y recordaron que “nuestro país, con la edad de imputabilidad más elevada, es uno de los menos violentos de la región”.

Recordaron que hay una baja incidencia en la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en delitos. Así están presentes en el 0,42% de los procesos penales y, mayoritariamente, en delitos contra la propiedad, no homicidios.

El texto advierte que el proyecto de ley que discute el Congreso presenta “serios cuestionamientos de constitucionalidad” al contradecir tratados internacionales de derechos humanos y el principio de no regresividad.

Denunciaron que la ley permitiría tratar a niños como punibles sin garantizar un debido proceso especializado, habilitando incluso su alojamiento en dependencias de fuerzas de seguridad.

Lejos de proponer “no hacer nada”, la Iglesia sugirió un abordaje diferente que incluya que los menores de 16 años sean atendidos por juzgados de Familia y el Sistema de Protección de Derechos, no por el sistema penal.

Pidieron “urgentemente” recursos para el tratamiento de las adicciones, al señalar que el consumo de sustancias comienza en muchos casos a los 9 o 10 años.

Defendieron la puesta en práctica de una justicia restaurativa, para los mayores de 16 años, con modelos que involucren a víctimas, victimarios y la comunidad, en la reparación del daño, lo que demostró reducir la reincidencia casi a cero.

Los obispos hicieron un llamado a la sociedad para no caer en la “cultura del descarte” y advirtieron que bajar la edad de imputabilidad instala la idea de que los niños son peligrosos, cuando en realidad son víctimas del abandono estatal y el narcotráfico.

“Urge abandonar el falso dilema entre hacer algo o no hacer nada. Lo que se impone es hacer lo correcto”, concluyó el texto, que cita al Papa Francisco sobre la necesidad de ofrecer privilegios de inclusión a los niños en lugar de castigos penales.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos. La medida busca rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno que se tratará ese mismo día en el Senado.

CATT calificó en un comunicado a la iniciativa oficial como “regresiva”. “Avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”, expresaron.

En la reunión del Consejo Directivo sostuvieron que la reforma busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

La CATT también advirtió que, desde hace cuarenta años, ante cada estancamiento económico, “se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza”. Sin embargo, la entidad señaló que esto, a su parecer, no ocurrió: “Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”.

Juan Carlos Schmid, Secretario General, consideró, en esa misma línea, que la reforma “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.

Por su parte, Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, expresó: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”.

El mismo miércoles la CGT (Confederación General del Trabajo) se movilizará. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.

La decisión de movilizarse fue tomada por el consejo directivo de la CGT. Pese a las deliberaciones, la opción de llamar a una huelga general perdió fuerza en esta instancia, pero no se descarta para ejercer presión si el proyecto de ley avanza y debe ser tratado en la Cámara de Diputados.