POLITICA
El Gobierno no evalúa pedir ser querellante en la causa contra Spagnuolo por las presuntas coimas en ANDIS

El Gobierno mantiene su postura de no involucrarse en la causa contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y por el momento no va a solicitar ser querellante en la investigación por la que ya fueron procesados el ex funcionario y otras 18 personas.
Las autoridades nacionales optan por continuar al margen de la denuncia y confían en la inocencia de todos los integrantes del Gabinete que son mencionados en el expediente, entre los cuales está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por esta razón, en la Casa Rosada no diseñaron ninguna estrategia judicial por este tema, ya que consideran que se tomaron las medidas correspondientes cuando se filtraron los audios que dieron origen a las sospechas de corrupción.
“Es un tema que está investigando la Justicia. El Gobierno transfirió las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la transparencia en el organismo”, señaló a Infobae una persona cercana a la cúpula libertaria.

Al respecto, en el oficialismo asegurán que no hay preocupación por lo que pueda suceder con Spagnuolo y remarcan que es “la defensa la que se ocupará” de dar las explicaciones pertinentes sobre las acusaciones.
Este lunes, juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director de la ANDIS como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.
De acuerdo con lo que sostuvo el magistrado en su resolución, “se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal”, compuesta tanto por funcionarios estatales de ese organismo como por actores particulares, “que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.
Aunque en la investigación aparecen varios funcionarios que todavía siguen en sus cargos, el Poder Ejecutivo no va a pedir –a priori– ser querellante: “Por ahora no. Todo está bajo estudio”, detalló un integrante de la mesa judicial.

La denuncia original fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, que representó a la ex presidenta Cristina Kirchner en varias causas, también de presuntos hechos de corrupción.
El letrado se basó en los audios que circularon en diferentes medios periodísticos, en los que se escucha la voz de Spagnuolo reconociendo un mecanismo montado en la ANDIS para cobrar sobre precios en medicamentos y obtener así una ganancias que, según dijo, llegaba hasta las esferas más altas del Gobierno.
Esto derivó en una serie de operativos policiales a través de los cuales, por ejemplo, se le secuestraron 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros a Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio.
La ex funcionaria del Ministerio de Economía es hija del empresario y operador en el mundo de las droguerías, Miguel Ángel Calvete, y ambos están también procesados en el marco de esta causa, como partípes necesarios.
Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las compañías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios al Estado. Según la prueba recolectada, los sospechosos habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.

En la primera grabación que se conoció sobre este caso, Spagnuolo argumentaba que un porcentaje del dinero involucrado iba para Karina Milei, mientras que posteriormente también se lo nombró al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de su mayor confianza.
No obstante, en el círculo íntimo de la secretaria general explicaron a este medio que tampoco se va a denunciar al ex titular de la ANDIS por injurias: “No se va a accionar porque tampoco está acreditado que él haya dicho algo concreto, porque nunca aceptó que los audios fueran suyos”, detallaron.
Luego de la polémica inicial, el propio presidente Javier Milei respaldó públicamente a su hermana y aseguró que tiene “una absoluta tranquilidad al respecto” y confió en que “tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”.
“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo… Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que siga actuando, que haga lo que tenga que hacer”, sostuvo durante una entrevista con Radio Mitre, a fines de noviembre pasado.
POLITICA
Reunión clave en Casa Rosada: la mesa política define los puntos más controvertidos de la reforma laboral

La Mesa Política del Gobierno está reunida desde las 10 de la mañana en Casa Rosada para definir los últimos consensos antes de avanzar con la confección final del proyecto de Reforma Laboral que será tramitado mañana en el Senado. La coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave. También se esperan determinaciones clave sobre el avance de otros proyectos que, con menor grado de avance, también tienen intenciones de prosperar en las próximas semanas en comisiones.
La reunión entre los principales dirigentes del oficialismo fue convocada días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dispone su despacho de la planta baja de Casa Rosada para encontrarse con el resto de funcionarios.
Sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; quienes entraron por la explanada de Balcarce 50 fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Todos ellos, parte del elenco estable de estos encuentros, que tienen como finalidad la puesta en común y la coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave.
Como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, también se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse.
Y es que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.
En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.

El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.
El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.
El Poder Ejecutivo ya les comunicó que se inclinarán por esta segunda vía, aunque todavía no está confirmado por los mismos emisarios del oficialismo. Incluso, fuentes del oficialismo indicaron a Infobae que la prolongación en los plazos para la baja sigue siendo probable. Una alternativa es la baja del 50% en 2027 y la otra mitad en 2028.
El artículo contempla disminuciones del 35% al 31,5% y del 31% al 27% para la segunda y tercera categoría del tributo de Ganancias. Aunque esto recién tendrá impacto a partir del 2027, diferentes estimaciones fiscalistas marcan que la pérdida sería de 0,22%, de los cuales 0,13 puntos deberían ser cubiertos por las provincias y 0,9 puntos por la Nación.
Para no embarrar esta discusión, en el Gobierno ya evalúan la posibilidad de impulsar esta reforma tributaria en un futuro proyecto de ley. A última hora de este martes está prevista una reunión final entre Bullrich y sus aliados de la Cámara Alta para revisar el texto y evitar errores de redacción antes de presentar el documento definitivo en la sesión.
El oficialismo está en condiciones de descartar el artículo 212 que faculta a Luis Caputo a poder determinar los cambios tributarios de la Ley cuando lo disponga. También se eliminarían los apartados del proyecto que derogan ciertos estatutos como el del Periodista. La Casa Rosada también aceptó a que no se trate el artículo que habilita al pago de salarios en billeteras virtuales, medida que perjudicaba a los bancos tradicionales.
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POLITICA
La Libertad Avanza retiró su proyecto de baja de la edad de imputabilidad y acordó con aliados llevarla a 14 años

El oficialismo retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años que había enviado al Congreso y presentará uno nuevo, que lleva el piso a 14, como lo impulsa la oposición, pudo saber TN de fuentes parlamentarias. El Gobierno quiere debatir la iniciativa el próximo jueves en sesión en la Cámara Baja.
Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen inicial la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Actualmente la base de imputabilidad se ubica en 16 años.
Leé también: En el segundo año de gestión de Milei, la Argentina empeoró su calificación en el ranking mundial que mide la corrupción
El proyecto es similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Con la salvedad que en esta oportunidad el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que prevean el financiamiento para la efectiva implementación de la ley, en caso de que se sancione.
Desde bloques aliados adelantaron que la nueva iniciativa entraría después de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja. De todos modos aclararon que, pese a la iniciativa original que planteaba el piso de imputabilidad en 13 años, que estaba acordado con el oficialismo de antemano que el consenso era que partiera desde los 14. Cambio clave que el Gobierno decidió aceptar para agilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.
Desde el oficialismo plantearon que la iniciativa se habría retirado por objeción administrativa y que sigue vigente el dictamen de 2024, al que le sumarían partidas presupuestarias contempladas en el nuevo proyecto.
Noticia que está siendo actualizada.-
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POLITICA
Reforma laboral: “Estoy convencido de que tenemos el número para aprobarla”, aseguró Diego Santilli

A horas del debate decisivo, Diego Santilli, ministro del Interior, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Santilli defendió con énfasis la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la oposición por sostener un sistema que, según él, frena la generación de empleo formal.
Cambios concretos: vacaciones flexibles, indemnizaciones y fin a la industria del juicio
El funcionario adelantó que la nueva ley laboral permitirá acordar vacaciones de manera flexible, dejando atrás la rigidez del régimen anterior. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, explicó Santilli, quien subrayó que la normativa vigente se había vuelto obsoleta y estaba llena de parches.
Uno de los puntos centrales será la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a garantizar indemnizaciones en tiempo y forma para empleados de pequeñas y medianas empresas. “Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, destacó.
Además, Santilli insistió en que la reforma apunta a terminar con la industria del juicio y la multiplicación de multas que, hasta ahora, encarecían los despidos y paralizaban la contratación. “Estamos matando también ese lugar”, afirmó.
Respuesta a la oposición y apuesta por la formalización
Frente a las críticas que tildan la norma de “ley esclavista”, Santilli devolvió la acusación: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación de pobreza”. Apuntó contra el kirchnerismo por, según su visión, haber perpetuado la informalidad y el clientelismo.
El ministro insistió en que la reforma busca ampliar derechos y que los trabajadores informales accedan a cobertura de salud, vacaciones y una jubilación futura. “El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales”, sostuvo.
Impuestos, fondos discrecionales y la disputa por los ATN
Santilli negó cualquier maniobra de presión sobre los gobernadores para conseguir votos, desestimando la existencia de una “nueva Banelco” o entrega de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) discrecionales. “Los dos años con menor entrega de ATN son los del presidente Milei. Incluye al que te habla como ministro”, remarcó.
El funcionario reiteró que toda la política fiscal del Gobierno apunta a bajar impuestos y devolver excedentes a la sociedad. “Cada peso excedente va a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad”, afirmó.
PYMES: alivio ante el riesgo judicial y mirada federal
El titular de Interior reconoció que muchos empresarios sentían que contratar era “una bomba de tiempo” por el riesgo de juicios laborales. Explicó que la reforma busca reducir ese miedo, adaptando las normas a las realidades productivas de cada región. “No es lo mismo un comercio en Santiago del Estero que en La Pampa o una actividad minera en el norte que una petrolera en Neuquén”, graficó.
Actualización de juicios laborales y el debate pendiente
Sobre la actualización de los juicios laborales, Santilli sostuvo que la eliminación de multas es un paso clave y que hay proyectos en marcha para fijar una tasa única de actualización, evitando la actual dispersión de criterios. “Lo que estamos buscando es una tasa en un proyecto individual que está listo para tratamiento”, precisó.
El poroteo final: confianza en la media sanción
Con la votación a horas de producirse, Santilli se mostró convencido de que el oficialismo logrará la media sanción en la Cámara alta. “Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”, aseguró. El ministro resaltó que la meta es formalizar trabajadores y recuperar ingresos para las provincias y la Nación: “Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el cien por ciento del impacto de ganancias”.
Por lo pronto, este mediodía habrá una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para analizar cómo se encuentran las negociaciones y terminar de definir hasta qué punto está dispuesto a ceder el Poder Ejecutivo con cambios en el proyecto, cuyo texto final se conocería recién mañana en el inicio de la sesión.
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