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El Gobierno delegó en Manuel Adorni la facultad para transferir la Justicia Laboral a CABA

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A través del Decreto 95/2026, el Gobierno dispuso que desde este lunes el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta medida se da a poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral y que la discusión en el Senado ingresara en una semana definitoria, con una sesión convocada para el miércoles próximo, a partir de las 11.

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Este lunes, Patricia Bullrich se reunió en la Cámara alta con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota. Asimismo, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para terminar de decidir qué hacer con el capítulo fiscal del proyecto, que es cuestionado por algunos gobernadores y sectores de la oposición.

Allí, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibirá en sus oficinas a Patricia Bullrich; Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según supo este medio, la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con actividades durante la jornada, está en duda.

El Gobierno es optimista con que el proyecto salga y, por eso, facultaron a Adorni para transferir la Justicia Laboral a CABA.

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Este martes se reunirá la mesa política

Con esto, a partir de ahora será tarea de Manuel Adorni negociar y cerrar el traspaso de competencias laborales con las autoridades de CABA. El decreto establece además la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.

El conflicto trasciende la letra de este decreto. Se trata de quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en la Ciudad. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.

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Al respecto la Corte, alegó que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación advirtió sobre las consecuencias de no concretar la transferencia judicial (Foto: EFE)

La disputa tomó impulso en años recientes, cuando se sancionaron en la Legislatura porteña la Ley 6.789, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, la ciudad creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia. Todo el sistema quedaba listo para comenzar a funcionar, pero surgieron obstáculos.

En respuesta, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.

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La sentencia de la Cámara sostiene que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.

Desde la Presidencia de la Nación justificaron el decreto de hoy citando esas mismas sentencias. Sostienen que falta un acuerdo concreto con la Ciudad y que el paso indispensable es habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. Cuando finalmente se logre el entendimiento, ese texto deberá pasar por el Congreso de la Nación para su aprobación final.

En la fundamentación, el Poder Ejecutivo afirma que la medida está dentro de sus atribuciones constitucionales y recuerda que el presidente tiene la facultad de delegar tareas en el jefe de Gabinete.

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El documento publicado hoy no implica que la Justicia Laboral pase bajo control porteño en forma automática. Fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.

El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.

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Reunión clave en Casa Rosada: la mesa política define los puntos más controvertidos de la reforma laboral

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La Mesa Política del Gobierno está reunida desde las 10 de la mañana en Casa Rosada para definir los últimos consensos antes de avanzar con la confección final del proyecto de Reforma Laboral que será tramitado mañana en el Senado. La coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave. También se esperan determinaciones clave sobre el avance de otros proyectos que, con menor grado de avance, también tienen intenciones de prosperar en las próximas semanas en comisiones.

La reunión entre los principales dirigentes del oficialismo fue convocada días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dispone su despacho de la planta baja de Casa Rosada para encontrarse con el resto de funcionarios.

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Sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; quienes entraron por la explanada de Balcarce 50 fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Eduardo Lule Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli entran a la Casa Rosada en Buenos Aires, cruzando el umbral de la histórica sede gubernamental (Julián Alvez)

Todos ellos, parte del elenco estable de estos encuentros, que tienen como finalidad la puesta en común y la coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave.

Como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, también se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse.

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Y es que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.

Eduardo Vischi, Patricia Bullrich y Martín Goerling Lara en la salida de un encuentro del Senado

El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.

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El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.

El Poder Ejecutivo ya les comunicó que se inclinarán por esta segunda vía, aunque todavía no está confirmado por los mismos emisarios del oficialismo. Incluso, fuentes del oficialismo indicaron a Infobae que la prolongación en los plazos para la baja sigue siendo probable. Una alternativa es la baja del 50% en 2027 y la otra mitad en 2028.

El artículo contempla disminuciones del 35% al 31,5% y del 31% al 27% para la segunda y tercera categoría del tributo de Ganancias. Aunque esto recién tendrá impacto a partir del 2027, diferentes estimaciones fiscalistas marcan que la pérdida sería de 0,22%, de los cuales 0,13 puntos deberían ser cubiertos por las provincias y 0,9 puntos por la Nación.

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Para no embarrar esta discusión, en el Gobierno ya evalúan la posibilidad de impulsar esta reforma tributaria en un futuro proyecto de ley. A última hora de este martes está prevista una reunión final entre Bullrich y sus aliados de la Cámara Alta para revisar el texto y evitar errores de redacción antes de presentar el documento definitivo en la sesión.

El oficialismo está en condiciones de descartar el artículo 212 que faculta a Luis Caputo a poder determinar los cambios tributarios de la Ley cuando lo disponga. También se eliminarían los apartados del proyecto que derogan ciertos estatutos como el del Periodista. La Casa Rosada también aceptó a que no se trate el artículo que habilita al pago de salarios en billeteras virtuales, medida que perjudicaba a los bancos tradicionales.

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La Libertad Avanza retiró su proyecto de baja de la edad de imputabilidad y acordó con aliados llevarla a 14 años

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El oficialismo retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años que había enviado al Congreso y presentará uno nuevo, que lleva el piso a 14, como lo impulsa la oposición, pudo saber TN de fuentes parlamentarias. El Gobierno quiere debatir la iniciativa el próximo jueves en sesión en la Cámara Baja.

Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen inicial la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Actualmente la base de imputabilidad se ubica en 16 años.

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Leé también: En el segundo año de gestión de Milei, la Argentina empeoró su calificación en el ranking mundial que mide la corrupción

El proyecto es similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Con la salvedad que en esta oportunidad el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que prevean el financiamiento para la efectiva implementación de la ley, en caso de que se sancione.

Desde bloques aliados adelantaron que la nueva iniciativa entraría después de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja. De todos modos aclararon que, pese a la iniciativa original que planteaba el piso de imputabilidad en 13 años, que estaba acordado con el oficialismo de antemano que el consenso era que partiera desde los 14. Cambio clave que el Gobierno decidió aceptar para agilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.

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Desde el oficialismo plantearon que la iniciativa se habría retirado por objeción administrativa y que sigue vigente el dictamen de 2024, al que le sumarían partidas presupuestarias contempladas en el nuevo proyecto.

Noticia que está siendo actualizada.-

imputabilidad, Diputados

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Reforma laboral: “Estoy convencido de que tenemos el número para aprobarla”, aseguró Diego Santilli

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A horas del debate decisivo, Diego Santilli, ministro del Interior, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Santilli defendió con énfasis la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la oposición por sostener un sistema que, según él, frena la generación de empleo formal.

Cambios concretos: vacaciones flexibles, indemnizaciones y fin a la industria del juicio

El funcionario adelantó que la nueva ley laboral permitirá acordar vacaciones de manera flexible, dejando atrás la rigidez del régimen anterior. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, explicó Santilli, quien subrayó que la normativa vigente se había vuelto obsoleta y estaba llena de parches.

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Uno de los puntos centrales será la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a garantizar indemnizaciones en tiempo y forma para empleados de pequeñas y medianas empresas. “Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, destacó.

Además, Santilli insistió en que la reforma apunta a terminar con la industria del juicio y la multiplicación de multas que, hasta ahora, encarecían los despidos y paralizaban la contratación. “Estamos matando también ese lugar”, afirmó.

Respuesta a la oposición y apuesta por la formalización

Frente a las críticas que tildan la norma de “ley esclavista”, Santilli devolvió la acusación: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación de pobreza”. Apuntó contra el kirchnerismo por, según su visión, haber perpetuado la informalidad y el clientelismo.

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El ministro insistió en que la reforma busca ampliar derechos y que los trabajadores informales accedan a cobertura de salud, vacaciones y una jubilación futura. “El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales”, sostuvo.

Impuestos, fondos discrecionales y la disputa por los ATN

Santilli negó cualquier maniobra de presión sobre los gobernadores para conseguir votos, desestimando la existencia de una “nueva Banelco” o entrega de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) discrecionales. “Los dos años con menor entrega de ATN son los del presidente Milei. Incluye al que te habla como ministro”, remarcó.

El funcionario reiteró que toda la política fiscal del Gobierno apunta a bajar impuestos y devolver excedentes a la sociedad. “Cada peso excedente va a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad”, afirmó.

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PYMES: alivio ante el riesgo judicial y mirada federal

El titular de Interior reconoció que muchos empresarios sentían que contratar era “una bomba de tiempo” por el riesgo de juicios laborales. Explicó que la reforma busca reducir ese miedo, adaptando las normas a las realidades productivas de cada región. “No es lo mismo un comercio en Santiago del Estero que en La Pampa o una actividad minera en el norte que una petrolera en Neuquén”, graficó.

Actualización de juicios laborales y el debate pendiente

Sobre la actualización de los juicios laborales, Santilli sostuvo que la eliminación de multas es un paso clave y que hay proyectos en marcha para fijar una tasa única de actualización, evitando la actual dispersión de criterios. “Lo que estamos buscando es una tasa en un proyecto individual que está listo para tratamiento”, precisó.

El poroteo final: confianza en la media sanción

Con la votación a horas de producirse, Santilli se mostró convencido de que el oficialismo logrará la media sanción en la Cámara alta. “Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”, aseguró. El ministro resaltó que la meta es formalizar trabajadores y recuperar ingresos para las provincias y la Nación: “Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el cien por ciento del impacto de ganancias”.

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Por lo pronto, este mediodía habrá una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para analizar cómo se encuentran las negociaciones y terminar de definir hasta qué punto está dispuesto a ceder el Poder Ejecutivo con cambios en el proyecto, cuyo texto final se conocería recién mañana en el inicio de la sesión.

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