POLITICA
Un gobernador reveló “amenazas” para que los peronistas no aprueben la reforma laboral en el Congreso
A pocas horas del debate por la reforma laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expuso presiones y amenazas dirigidas a diputados y senadores del peronismo para que no apoyen el proyecto impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es modernizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. La denuncia evidenció la tensión interna que atraviesa el justicialismo en la antesala de una votación clave.
El eje del conflicto se sitúa en el bloque Convicción Federal, conformado por cinco senadores que mantienen una postura ambigua respecto al bloque peronista, integrado por 28 legisladores. Su decisión resultará determinante para el desenlace. Mientras tanto, la Casa Rosada acelera negociaciones con los gobernadores para asegurar una victoria en el primer tramo parlamentario, que se definirá este miércoles en el Senado, en un contexto marcado por la presión sindical, la resistencia del kirchnerismo y un clima político cada vez más tenso.
La advertencia de Sáenz se produjo en el momento más delicado de la negociación, cuando el oficialismo busca quebrar la disciplina interna del peronismo para alcanzar la mayoría, mientras el sector liderado por el kirchnerismo intenta unificar posturas para bloquear una ley considerada estratégica para el modelo libertario.
El anticipo de esa decisión ya ocurrió en Misiones, la propia Salta y, últimamente, Jujuy. De hecho, el apoyo de la senadora Carolina Moisés al Presupuesto ya derivó en la intervención del PJ de esa provincia. “Amenazan con repetir eso en otros distritos. Podría ser Tucumán o, incluso, La Rioja”, reveló una fuente partidaria que pidió anonimato.
La reforma laboral constituye el principal objetivo político del gobierno de Javier Milei en su primer gran desafío legislativo. El proyecto será debatido este miércoles desde las 11 en una sesión signada por la tensión, con una movilización convocada por la CGT, advertencias sindicales en varias provincias y la firme oposición del kirchnerismo, que intenta transformar la votación en un límite político para el Presidente.
En este escenario, Convicción Federal quedó en el centro de la escena. Sus integrantes, vinculados a gobernadores del interior, sostienen desde hace meses una relación conflictiva con la conducción del bloque peronista. Aunque formalmente permanecen en el espacio, actúan de manera autónoma, con agenda propia y diálogo fluido con la Casa Rosada. No responden de forma automática a las decisiones del kirchnerismo y, en muchos casos, priorizan los intereses provinciales.
Este margen de autonomía los convirtió en actores clave: su eventual respaldo al oficialismo puede inclinar la balanza en un contexto de paridad. Por ello, concentran buena parte de la presión política, tanto desde el Gobierno como del propio peronismo.
Se trata, mayoritariamente, de senadores que representan distritos con alta dependencia de recursos nacionales y economías regionales golpeadas por la recesión. Para ellos, la reforma laboral trasciende la discusión ideológica o simbólica y adquiere un sentido económico: la ven como una posible herramienta para atraer inversiones, mejorar el clima de negocios y sostener el empleo en contextos de alta fragilidad social.
Este enfoque pragmático contrasta con la estrategia del kirchnerismo, que privilegia el enfrentamiento político con el Ejecutivo y rechaza cualquier iniciativa que pueda fortalecer al Gobierno en el Congreso. Para ese sector, la reforma representa una línea infranqueable.
De acuerdo con fuentes legislativas, en las últimas semanas los integrantes de Convicción Federal y otros senadores del interior recibieron llamados desde distintos niveles del peronismo. Algunos contactos fueron de naturaleza política tradicional; otros incluyeron advertencias explícitas sobre las consecuencias internas de respaldar al oficialismo.
El bloque apuntado está integrado, además de la jujeña Moisés, por Fernando Aldo Salino (San Luis), Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán), Jesús Fernando Rejal (La Rioja).
En este contexto se inscriben las declaraciones de Sáenz, que verbalizaron un malestar latente. “Tenemos voluntad de acompañar la reforma laboral y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen”, afirmó el gobernador, marcando distancia tanto del alineamiento automático con el Gobierno como del rechazo cerrado que promueve el kirchnerismo.
Luego profundizó su denuncia: “Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido”, explicó en TN. Según su relato, el mecanismo es directo: si los legisladores no votan en contra del proyecto, la conducción nacional interviene las estructuras provinciales del PJ.
Sáenz recordó antecedentes de intervenciones partidarias en Salta, Misiones y Jujuy, que —según describió— funcionaron como castigos políticos. No habló de hipótesis, sino de hechos concretos.
En la lógica que describió, el control del sello partidario constituye la principal herramienta de disciplinamiento. En muchas provincias, el PJ sigue siendo la plataforma electoral central; perderla implica quedar expuesto ante rivales internos, perder estructura territorial, financiamiento y capacidad de armado.
“Es la única herramienta electoral que tienen muchos gobernadores”, explicó. En un sistema donde los sellos alternativos suelen ser débiles y las alianzas, inestables, perder el partido equivale, en muchos casos, a quedar políticamente desarmado.
Mientras el peronismo intenta procesar su interna, el Gobierno aceleró su ofensiva hacia los mandatarios provinciales. En la Casa Rosada consideran que la relación con los gobernadores será decisiva para asegurar los votos y evitar sorpresas en el recinto.
En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene prevista una reunión con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, centrada en financiamiento, obra pública y asistencia fiscal. Simultáneamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá al mandatario de Chaco, Leandro Zdero, con una agenda que incluye recursos provinciales, programas nacionales y apoyo legislativo.
No se trata de reuniones protocolares: forman parte de una estrategia sistemática para reconstruir alianzas, ofrecer incentivos concretos y neutralizar resistencias. En el oficialismo reconocen que, sin apoyo provincial, la reforma queda expuesta.
“Sin las provincias, no pasa”, repiten en el entorno presidencial.
El bloque peronista, con 28 integrantes, llega a la sesión atravesado por desconfianzas internas. La conducción busca sostener una postura unificada, pero enfrenta crecientes dificultades para contener a los sectores dialoguistas. La derrota electoral, la falta de liderazgo y las tensiones entre Nación y provincias han erosionado la disciplina.
Convicción Federal opera como termómetro de esa crisis: exige margen para negociar beneficios concretos para sus distritos y resiste quedar atrapado en una lógica de confrontación permanente, lo que los convierte en blanco de críticas internas.
Desde el kirchnerismo los acusan de “coquetear” con el oficialismo y de anteponer intereses provinciales a la estrategia nacional. Ellos responden que no están dispuestos a asumir los costos económicos y sociales en sus provincias por una disputa política que consideran ajena.
En el trasfondo emerge la figura de Cristina Kirchner, referencia principal del sector más duro del peronismo. Su entorno promueve una oposición frontal a la reforma y trabaja para evitar fugas.
En este esquema, las intervenciones partidarias funcionan como mecanismo de control. No solo disciplinan a los dirigentes actuales, sino que envían una señal preventiva al resto: apartarse de la línea tiene consecuencias.
Sáenz, enfrentado de manera sostenida al kirchnerismo, desafió públicamente esa lógica. Su denuncia trasciende la coyuntura y cuestiona el modelo de conducción.
“Acá lo que se defiende son los privilegios de la política y de algunos representantes de los trabajadores”, señaló, en una crítica que también alcanzó a sectores sindicales que rechazan cualquier cambio en el statu quo.
A la disputa política se suma la presión gremial. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y anticipó un clima de fuerte presión en las inmediaciones del Congreso. Si bien evitó llamar a un paro general, la marcha busca marcar un límite simbólico a la reforma y condicionar a los legisladores indecisos.
En varias provincias, los gremios hicieron sentir su peso con advertencias directas. Avalar el proyecto puede derivar en conflictos locales, paros sectoriales y desgaste político. Para numerosos legisladores, ese factor resulta tan determinante como las presiones partidarias.
El voto quedó así atrapado entre tres presiones: la del partido, la sindical y la del Gobierno nacional.
Para Milei, la votación representa un test de liderazgo: es su primera reforma estructural en un Congreso fragmentado y sin mayoría propia. Un revés abriría interrogantes sobre su capacidad para imponer la agenda.
Para el peronismo, será una prueba de cohesión. Para los gobernadores, un examen de supervivencia. Para los legisladores, una apuesta individual.
Cada voto tendrá consecuencias más allá de esta ley. Quienes respalden al oficialismo deberán afrontar eventuales represalias internas; quienes se alineen con el rechazo, arriesgan su vínculo con la Nación.
“Así es muy difícil trabajar”, sintetizó Sáenz. No aludía solo a esta votación, sino a un sistema en el que el debate político queda subordinado al castigo interno, la autonomía se penaliza y discutir una ley implica poner en riesgo la propia estructura.
La reforma laboral se debatirá este miércoles desde las 11, en medio de la presión sindical, la resistencia kirchnerista y una negociación frenética con los gobernadores. La discusión de fondo ya está planteada: quién detenta el control dentro del peronismo y hasta dónde está dispuesto a llegar para conservarlo.
CGT
POLITICA
Reunión clave en Casa Rosada: la mesa política define los puntos más controvertidos de la reforma laboral
La Mesa Política del Gobierno está reunida desde las 10 de la mañana en Casa Rosada para definir los últimos consensos antes de avanzar con la confección final del proyecto de Reforma Laboral que será tramitado mañana en el Senado. La coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave. También se esperan determinaciones clave sobre el avance de otros proyectos que, con menor grado de avance, también tienen intenciones de prosperar en las próximas semanas en comisiones.
La reunión entre los principales dirigentes del oficialismo fue convocada días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dispone su despacho de la planta baja de Casa Rosada para encontrarse con el resto de funcionarios.
Sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; quienes entraron por la explanada de Balcarce 50 fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Todos ellos, parte del elenco estable de estos encuentros, que tienen como finalidad la puesta en común y la coordinación de la estrategia política del oficialismo nacional para proyectos o políticas clave.
Como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, también se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse.
Y es que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.
En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.
El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.
El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.
El Poder Ejecutivo ya les comunicó que se inclinarán por esta segunda vía, aunque todavía no está confirmado por los mismos emisarios del oficialismo. Incluso, fuentes del oficialismo indicaron a Infobae que la prolongación en los plazos para la baja sigue siendo probable. Una alternativa es la baja del 50% en 2027 y la otra mitad en 2028.
El artículo contempla disminuciones del 35% al 31,5% y del 31% al 27% para la segunda y tercera categoría del tributo de Ganancias. Aunque esto recién tendrá impacto a partir del 2027, diferentes estimaciones fiscalistas marcan que la pérdida sería de 0,22%, de los cuales 0,13 puntos deberían ser cubiertos por las provincias y 0,9 puntos por la Nación.
Para no embarrar esta discusión, en el Gobierno ya evalúan la posibilidad de impulsar esta reforma tributaria en un futuro proyecto de ley. A última hora de este martes está prevista una reunión final entre Bullrich y sus aliados de la Cámara Alta para revisar el texto y evitar errores de redacción antes de presentar el documento definitivo en la sesión.
El oficialismo está en condiciones de descartar el artículo 212 que faculta a Luis Caputo a poder determinar los cambios tributarios de la Ley cuando lo disponga. También se eliminarían los apartados del proyecto que derogan ciertos estatutos como el del Periodista. La Casa Rosada también aceptó a que no se trate el artículo que habilita al pago de salarios en billeteras virtuales, medida que perjudicaba a los bancos tradicionales.
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POLITICA
La Libertad Avanza retiró su proyecto de baja de la edad de imputabilidad y acordó con aliados llevarla a 14 años
El oficialismo retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años que había enviado al Congreso y presentará uno nuevo, que lleva el piso a 14, como lo impulsa la oposición, pudo saber TN de fuentes parlamentarias. El Gobierno quiere debatir la iniciativa el próximo jueves en sesión en la Cámara Baja.
Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen inicial la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Actualmente la base de imputabilidad se ubica en 16 años.
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El proyecto es similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Con la salvedad que en esta oportunidad el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que prevean el financiamiento para la efectiva implementación de la ley, en caso de que se sancione.
Desde bloques aliados adelantaron que la nueva iniciativa entraría después de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja. De todos modos aclararon que, pese a la iniciativa original que planteaba el piso de imputabilidad en 13 años, que estaba acordado con el oficialismo de antemano que el consenso era que partiera desde los 14. Cambio clave que el Gobierno decidió aceptar para agilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.
Desde el oficialismo plantearon que la iniciativa se habría retirado por objeción administrativa y que sigue vigente el dictamen de 2024, al que le sumarían partidas presupuestarias contempladas en el nuevo proyecto.
Noticia que está siendo actualizada.-
imputabilidad, Diputados
POLITICA
Reforma laboral: “Estoy convencido de que tenemos el número para aprobarla”, aseguró Diego Santilli
A horas del debate decisivo, Diego Santilli, ministro del Interior, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Santilli defendió con énfasis la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la oposición por sostener un sistema que, según él, frena la generación de empleo formal.
Cambios concretos: vacaciones flexibles, indemnizaciones y fin a la industria del juicio
El funcionario adelantó que la nueva ley laboral permitirá acordar vacaciones de manera flexible, dejando atrás la rigidez del régimen anterior. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, explicó Santilli, quien subrayó que la normativa vigente se había vuelto obsoleta y estaba llena de parches.
Uno de los puntos centrales será la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a garantizar indemnizaciones en tiempo y forma para empleados de pequeñas y medianas empresas. “Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, destacó.
Además, Santilli insistió en que la reforma apunta a terminar con la industria del juicio y la multiplicación de multas que, hasta ahora, encarecían los despidos y paralizaban la contratación. “Estamos matando también ese lugar”, afirmó.
Respuesta a la oposición y apuesta por la formalización
Frente a las críticas que tildan la norma de “ley esclavista”, Santilli devolvió la acusación: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación de pobreza”. Apuntó contra el kirchnerismo por, según su visión, haber perpetuado la informalidad y el clientelismo.
El ministro insistió en que la reforma busca ampliar derechos y que los trabajadores informales accedan a cobertura de salud, vacaciones y una jubilación futura. “El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales”, sostuvo.
Impuestos, fondos discrecionales y la disputa por los ATN
Santilli negó cualquier maniobra de presión sobre los gobernadores para conseguir votos, desestimando la existencia de una “nueva Banelco” o entrega de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) discrecionales. “Los dos años con menor entrega de ATN son los del presidente Milei. Incluye al que te habla como ministro”, remarcó.
El funcionario reiteró que toda la política fiscal del Gobierno apunta a bajar impuestos y devolver excedentes a la sociedad. “Cada peso excedente va a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad”, afirmó.
PYMES: alivio ante el riesgo judicial y mirada federal
El titular de Interior reconoció que muchos empresarios sentían que contratar era “una bomba de tiempo” por el riesgo de juicios laborales. Explicó que la reforma busca reducir ese miedo, adaptando las normas a las realidades productivas de cada región. “No es lo mismo un comercio en Santiago del Estero que en La Pampa o una actividad minera en el norte que una petrolera en Neuquén”, graficó.
Actualización de juicios laborales y el debate pendiente
Sobre la actualización de los juicios laborales, Santilli sostuvo que la eliminación de multas es un paso clave y que hay proyectos en marcha para fijar una tasa única de actualización, evitando la actual dispersión de criterios. “Lo que estamos buscando es una tasa en un proyecto individual que está listo para tratamiento”, precisó.
El poroteo final: confianza en la media sanción
Con la votación a horas de producirse, Santilli se mostró convencido de que el oficialismo logrará la media sanción en la Cámara alta. “Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”, aseguró. El ministro resaltó que la meta es formalizar trabajadores y recuperar ingresos para las provincias y la Nación: “Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el cien por ciento del impacto de ganancias”.
Por lo pronto, este mediodía habrá una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para analizar cómo se encuentran las negociaciones y terminar de definir hasta qué punto está dispuesto a ceder el Poder Ejecutivo con cambios en el proyecto, cuyo texto final se conocería recién mañana en el inicio de la sesión.
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