POLITICA
Procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández en la causa por corrupción con los Seguros

El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gobierno. La firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A. fue acusada de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y quedó alcanzada por un embargo de 2.870.729.545,61 pesos.
La decisión judicial también incluyó el procesamiento de otras seis empresas intermediarias de seguros y de un exfuncionario de la Quinta de Olivos. En conjunto, el fallo apunta a un esquema de intermediación con Nación Seguros que habría permitido el cobro de comisiones millonarias en contratos con organismos públicos entre el 10 de diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.
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El pronunciamiento fue dictado por Casanello en los últimos días de su subrogancia al frente del Juzgado Federal Nº 11, donde tramita el expediente. Allí resolvió la situación procesal de ocho personas jurídicas y de Hugo Daniel Rodríguez, un estrecho colaborador de Alberto Fernández durante su gestión presidencial.
Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.
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También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.
En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.
En su resolución, el juez sostuvo que las empresas imputadas se beneficiaron económicamente de la actuación ilegal de personas físicas que las representaban formal o informalmente y que no adoptaron medidas adecuadas para prevenir hechos de corrupción. Según el fallo, las firmas “toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica”, no denunciaron los hechos investigados a partir de mecanismos internos de control y no implementaron programas de integridad ni sistemas de supervisión orientados a prevenir ilícitos.
El magistrado remarcó, además, que ninguna de las compañías procedió a la devolución de los beneficios que habría obtenido de manera indebida, a pesar de los riesgos evidentes que implicaban sus contrataciones con organismos estatales y con Nación Seguros, la aseguradora pública involucrada en el esquema investigado.
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La causa Seguros ya había tenido un fuerte impacto político en noviembre pasado, cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían elementos suficientes para sostener que el entonces Presidente intervino en favor de intereses privados vinculados a su entorno a través de su secretaria María Cantero, pareja de Martínez Sosa.
Según lo señalado por el Tribunal de Apelaciones, la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, tras un decreto firmado por Fernández, generó un aumento exponencial de los negocios derivados de esa relación. Esa situación, indicaron los jueces, fue aprovechada por intermediarios privados, con la intervención de funcionarios de la aseguradora estatal y la connivencia de brokers organizados en torno a Martínez Sosa.
Alberto Fernández, SEGUROS, Nación Seguros, corrupción K
POLITICA
LLA hizo valer su número y se quedó con las presidencias en las comisiones constituidas de Diputados

El bloque de La Libertad Avanza consolidó su dominio en la Cámara de Diputados durante la configuración de las comisiones para las sesiones extraordinarias, asegurándose la presidencia de todas las nuevas formaciones y profundizando el perfil de gobierno parlamentario que impulsa el oficialismo. Esta maniobra refuerza el control libertario en momentos en que, según las críticas de la oposición, se limita el pluralismo y la representación proporcional en el órgano legislativo.
Al cierre de la maratónica jornada, la bancada libertaria retuvo la totalidad de las presidencias de las siete comisiones constituidas ese día, a las que se suman las de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Bertie Benegas Lynch, y Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, ambas creadas en diciembre. La diputada oficialista Silvana Giudici justificó la medida al señalar: “De las 46 comisiones permanentes estamos constituyendo 9 y a este bloque, por la proporcionalidad, le corresponden 19, por lo que no nos arrogamos mayor representatividad de la que tenemos”.
La sesión comenzó a las 10:00 en la Sala 2, cuando se conformó la comisión de Familias, Niñez y Juventudes, liderada por la diputada salteña María Gabriela Flores. Más tarde, Álvaro Martínez de LLA (Mendoza) asumió la presidencia de la comisión de Justicia y, al mediodía, Lisandro Almirón de Corrientes quedó a cargo de Legislación del Trabajo. El oficialismo, con 95 diputados que lo posicionan como la primera minoría, contó con el respaldo de bloques satélites como el PRO y la UCR, lo que facilitó su estrategia para copar las presidencias.
Este avance fue inmediatamente cuestionado por Unión por la Patria, cuyo bloque decidió reservarse la postulación de sus representantes como gesto de protesta. La diputada Paula Penacca advirtió: “Queremos dejar sentado que se están constituyendo comisiones que varias fuerzas políticas estaban al frente ejerciendo la presidencia y ha sido la decisión del oficialismo asumir la presidencia de todas. No hay necesidad de esto, debe haber una representación genuina de todos los bloques y vamos a insistir con esto”. Penacca también criticó el apresuramiento del oficialismo, afirmando: “Ingresaron un proyecto de reforma de la ley penal juvenil a la mañana y a la tarde lo retiraron. Es absurdo que nos quieran llevar a patadas en el culo”.

Desde la bancada libertaria, Giudici replicó: “No hay intención de llevar a nadie a patadas en el culo, puedo dar fe que así era en años anteriores”, y defendió el procedimiento bajo la premisa de la proporcionalidad parlamentaria.
La nómina de comisiones conformadas incluyó Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, con José Peluc (LLA, San Juan) como titular; Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la diputada Juliana Santillán (LLA, Buenos Aires); y la comisión del Instituto del Mercosur, cuya presidencia hasta ahora estaba en manos del peronismo, siendo designado en su lugar el ex diputado del PRO, actual libertario, Damián Arabia, designación que fue eje de una disputa durante la jornada.
La estrategia libertaria encontró escasa resistencia efectiva por parte de los bloques opositores, que optaron por retirarse de las reuniones en señal de disconformidad. “Se quedaron con todo, es un muy mal inicio”, comentó un diputado de la oposición que se mantuvo en silencio durante los procesos de conformación de las comisiones.
En este esquema, La Libertad Avanza se queda con la potestad de convocar o no y de manejar el temario de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación, no solo para los temas que se debatirán entre mañana y el 27 de febrero, sino que también quedarán de esa manera por los próximos dos años, hasta que nuevamente se renueve la mitad de los diputados que integran la Cámara de Diputados de la Nación.
POLITICA
La CGT logró cambios clave en la reforma laboral que dejan a salvo el financiamiento de los sindicatos

En la CGT respiran aliviados. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los 28 cambios acordados en la reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado y allí se incluyen dos modificaciones que exigía la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2 por ciento de los salarios, y se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Otro punto importante es que el proyecto dejará que los empleadores sigan siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, y se deberá tener una autorización de la Secretaría de Trabajo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Cuáles son los cambios clave que negoció el Gobierno para aprobar la reforma laboral mañana en el Senado

El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado arribaron esta tarde a un acuerdo por la ley de reforma laboral que, si no hubiese sorpresas de último momento, será aprobada mañana en la sesión extraordinaria a iniciarse desde las 11. Los cambios al dictamen de mayoría que sacó a las apuradas en diciembre la jefa libertaria, Patricia Bullrich, son trascendentales e involucran Ganancias – más plata para gobernadores y Nación-, guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales en aportes compulsivos, el sostenimiento de porcentaje destinado a obras sociales, y la amortiguación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones.
Con las concesiones que aceptó el Gobierno libertario, el oficialismo y dialoguistas se disponen a ir mañana al recinto de la Cámara alta, desde las 11, para aprobar el proyecto y girarlo cuanto antes a Diputados. Previo a la casi repentina conferencia que comandó Bullrich -se sabía desde el mediodía-, donde dio un panorama general del texto -poca referencia a las modificaciones-, los jefes de las distintas bancadas realizaron la reunión de Labor Parlamentaria y blindaron un consenso para que en la sesión extraordinaria de este miércoles, en la votación en particular, se discuta lo menos posible el texto. Es decir, ir directo por títulos y, quienes tengan alguna objeción, la aclaren antes sobre los artículos que no deseen acompañar. De esta manera, se agilizaría un engorroso y delicado trámite.
Llaves para la luz verde
*Se elimina el artículo 190 del dictamen, que hablaba de una baja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%.
*Queda la “contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia” en la ley de obras sociales. Se quería bajar al 5%. Sí se aclara que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”.
*Se elimina el artículo 137, que imponía que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».
*Aportes compulsivos. Ahora, el acuerdo habla de que “a partir de la sanción de la presente Ley, los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores“.

En tanto, “los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Se excluyen “las cláusulas que acuerden otros beneficios en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.
Sobre el final del artículo, se resalta: “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Tampoco resultarán obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos“.
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