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Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso

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El gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.

Según el funcionario porteño, este paso permitirá implementar “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto del acuerdo ya ingresó al Senado, en medio de una semana clave para la discusión del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei de reforma laboral.

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En las últimas horas, el gobierno nacional ya había dado señales para avanzar en un entendimiento con la Ciudad de Buenos Aires y, a través del Decreto 95/2026, dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el convenio es parte de una “mesa de trabajo conjunta” y son optimistas en que el traspaso se pueda dar en el corto plazo.

El decreto publicado en el boletín oficial, además, establece la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.

De manera puntual, lo que está en juego es quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en CABA. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

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Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.

Una notificación electrónica del Poder Ejecutivo Nacional de Argentina detalla el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 10 de febrero de 2026. (.)

Al respecto, la Corte alegó en su momento que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.

En paralelo, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.

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En respuesta a estos proyectos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.

La sentencia de la Cámara sostuvo que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.

Para poder rubricar el mencionado convenio, el gobierno nacional debía habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. El convenio no implica un traspaso en forma automática, sino que fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.

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El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital Federal. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.

Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.

Qué competencias se transfieren y cuáles no

Según el texto, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabaj, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:

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  • Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
  • Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
  • Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
  • Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
  • Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.

De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.

Régimen de transición y cierre de juzgados

El acuerdo prevé una transición ordenada:

  • Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
  • La ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
  • Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.

Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.

El rol del Tribunal Superior de Justicia porteño

Uno de los puntos más relevantes es la Cláusula Complementaria, que aclara el alcance del fallo “Levinas”: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.

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Mariano Recalde cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Le baja los derechos a los trabajadores”

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En la antesala de una sesión clave en el Senado, el senador de Fuerza Patria, Mariano Recalde, criticó en duros términos el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según subrayó durante una entrevista en Infobae en vivo, la iniciativa “le baja los derechos a los trabajadores” y no genera condiciones para la creación de empleo. El debate legislativo, previsto para este miércoles, enfrenta a oficialismo y oposición en torno a más de doscientos artículos que buscan modificar de forma integral el régimen laboral argentino.

El senador opositor argumentó que el proyecto representa un retroceso en materia de derechos laborales. Insistió en que “no hay un solo artículo que mejore la vida de quienes trabajan”, y enumeró una serie de puntos que, a su entender, perjudican tanto a empleados como a pequeñas y medianas empresas: “Todo lo que está, se está achicando. No es la jornada de trabajo de ocho horas. Desde 1929 que se consiguieron las ocho horas de trabajo y esta ley la tira por la borda. Una conquista centenaria de los trabajadores”.

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La reforma, que será discutida artículo por artículo, introduce cambios en licencias, indemnizaciones, contribuciones patronales y el régimen de pago de haberes, entre otras áreas. Recalde expuso que “no se amplía la licencia por paternidad, no se mejoran ni las licencias ni las vacaciones” y advirtió sobre la reducción de la licencia por enfermedad, así como la reducción en el pago durante ese período.

“Un trabajador se enferma y va a cobrar el cincuenta por ciento de su salario básico”, señaló, al tiempo que cuestionó la eliminación de la gratuidad y del límite de extracción en las cuentas sueldo.

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El dirigente peronista también reprobó la orientación económica de la reforma, que a su juicio prioriza incentivos a la especulación financiera y la desregulación por sobre la industria nacional. Repasó que durante los gobiernos kirchneristas, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y ARCA, “se inscribieron doscientas treinta y tres mil empresas”, incluso cuando regían dobles indemnizaciones y licencias extendidas: “Los derechos laborales no fueron un impedimento para que lleguen las inversiones, para que se abran empresas, para que las empresas abran sucursales”.

En el mismo sentido, el legislador recordó que experiencias previas de flexibilización laboral en la Argentina no generaron el efecto esperado. “Con De la Rúa dijeron que iban a crear empleo. Terminamos con el pico de desempleo más alto de la historia argentina. Con Menem, flexibilización laboral dos veces, en el 90, en el 94. Terminamos con 18% de desempleo”, subrayó. Citó incluso estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según mencionó, muestran que “nunca se creó empleo bajando derechos”.

Recalde puso el foco también en el impacto de la reforma en el sistema de indemnizaciones y en la tercerización laboral. Afirmó que el nuevo esquema “favorece la interposición fraudulenta de personas insolventes para no cumplir con las obligaciones” y elimina normas antifraude que, en su visión, protegían a los trabajadores: “El que cumple con la ley no tiene juicios. El que las hace, las paga. Y con este gobierno, el que las hace, las paga es menos en materia laboral, porque eliminaron las sanciones por trabajo negro”.

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En cuanto a la situación de las pequeñas y medianas empresas, Recalde diferenció entre quienes cumplen con la legislación y aquellos que evaden sus obligaciones. “Todas las empresas que despiden sin causa tienen que pagar una indemnización. Y si no es solvente, es un problema para el trabajador”, explicó, y señaló que la reforma “favorece la tercerización y la evasión”.

El debate parlamentario se da en un contexto de acuerdo entre oficialismo y sectores dialoguistas del Senado que, según informó Infobae, consensuaron modificaciones importantes al dictamen original. Entre los cambios, se destaca la eliminación de una baja en Ganancias para grandes empresas, la reducción menor de contribuciones patronales y ajustes en el fondo de indemnizaciones. Pese a estas correcciones, Recalde reiteró que “no hay una sola que le dé un beneficio al trabajador”.

Por último, el senador de Fuerza Patria rechazó la eliminación de sanciones para empleadores con trabajadores no registrados y cuestionó la amnistía implementada con la ley Bases, que, según relató, no tuvo impacto positivo en la generación de empleo.

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Respaldándose en cifras oficiales, concluyó: “Hace un año y medio hicieron una amnistía, una moratoria, un perdón a todos los que tenían trabajo negro con la ley Bases, con la promesa de que con esa modificación, con la eliminación de las multas, que incrementaban las indemnizaciones, a partir de ahí los empresarios no iban a tener miedo de contratar y ahí se iba a generar empleo. El tema es que pasó en un año y medio, cerraron 21.900 empresas”.

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Mayra Mendoza acusó de mentiroso a Diego Santilli y el ministro salió a responderle: “Dato mata relato”

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La diputada bonaerense Mayra Mendoza acusó de mentiroso al ministro del Interior, Diego Santilli, luego de que el funcionario defendiera la reforma laboral impulsada por el Gobierno y atribuyera al kirchnerismo la falta de creación de empleo formal en los últimos años.

El intercambio se desató a partir de una entrevista radial, continuó en redes sociales y escaló más tarde a la pantalla de LN+, donde Santilli retomó el tema en una charla con el periodista Luis Majul. Allí sostuvo que “no se generó un puesto de trabajo neto” durante las gestiones anteriores y afirmó que “dato mata relato”, al insistir con que la precarización laboral no comenzó con la administración actual sino que fue fruto de los gobiernos kirchneristas.

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Santilli desmintió afirmaciones de Mayra Mendoza en relación a la reforma laboral

La discusión tuvo su punto de partida por la mañana, cuando Eduardo Feinmann planteó en Radio Mitre que los detractores del proyecto oficial califican la iniciativa como “esclavista” y orientada a promover empleos de bajo costo. Santilli recogió esa caracterización y apuntó contra las administraciones previas.

“Eso es lo que el kirchnerismo durante todos estos años”, expresó, y agregó que “si hace 15 años no generamos un puesto de trabajo formal en la Argentina”. En ese sentido, sumó: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación: en la pobreza, sometido y arbitrado por los gerentes de la pobreza”.

El ministro vinculó la propuesta con medidas adoptadas por el presidente Javier Milei y por la ministra Sandra Pettovello. Según indicó, el objetivo es que más personas accedan a empleo registrado. “Lo que quiere ahora es que tenga laburo formal, porque eso implica tener derecho a vacaciones, a la salud y a tener una jubilación”, señaló.

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A partir de la circulación de ese fragmento, Mayra Mendoza publicó una serie de mensajes en su cuenta de X. La legisladora comenzó con una referencia al periodista que entrevistó al ministro. “Nunca pensé coincidir con Eduardo Feinmann, pero en esto sí: es una reforma esclavista”, escribió, y planteó que la iniciativa busca “legalizar la precarización actual y llevar a todos los que aún están dentro de la formalidad a la misma situación”.

Santilli sostuvo que el kirchnerismo fue responsable de la precarización en la Argentina

Luego dirigió sus cuestionamientos directamente al ministro. “Sabemos que tu práctica en la vida es la mentira. Sos mentiroso, pero está mal mentir, Diego Santilli, y más siendo funcionario público”, afirmó. En la misma publicación, objetó la cifra mencionada por el ministro y contrapuso su propia lectura: “Decís que van 15 años sin generar trabajo como si todo fuese lo mismo, pero en los 12 años de gobiernos peronistas sí se generó empleo formal, más de 5 millones”.

La diputada también ubicó el origen de las dificultades en otro período. “El problema va de 2015 en adelante, desde que comenzó Mauricio Macri”, sostuvo, y añadió que las políticas aplicadas por las gestiones no peronistas “destruyen todo lo construido”. En esa línea, advirtió sobre el impacto del rumbo económico. “Si siguen con tarifazos, bajando salarios y con precios carísimos de todo, no va a haber consumo, se cae toda actividad y por ende no habrá empleo”, publicó.

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Mayra Mendoza acusó de mentiroso al ministro SantilliNicolás Suárez –

Más tarde, en LN+, Santilli volvió sobre el planteo y respondió a las acusaciones. “Es todo relato en esta gente”, afirmó. Acto seguido, cargó contra los gobiernos anteriores: “Los que han precarizado el trabajo en la República Argentina son ustedes, que han generado pobreza, inflación, destrucción de las pymes y de los comercios”.

El ministro también cuestionó el esquema de asistencia social implementado en años previos. “Se la pasaron hablando de la pobreza y lo único que hicieron fue ponerle intermediarios a la pobreza”, dijo. Y completó: “Este gobierno llegó y le dio a los que más lo necesitan”.


@edufeiok,https://t.co/XM7PkfsGM0,February 10, 2026,Diego Santilli,Mayra Mendoza,Conforme a,,Ganadores y perdedores. Punto por punto, las concesiones que hizo el Gobierno para aprobar la reforma laboral,,»Son la vieja guardia». La exvicegobernadora de Santa Fe apuntó contra el kirchnerismo por la protesta policial,,LN+. Santilli, sobre el conflicto policial en Rosario: “Está mal dejar indefensos a los ciudadanos”,Diego Santilli,,LN+. Santilli, sobre el conflicto policial en Rosario: “Está mal dejar indefensos a los ciudadanos”,,Previa a la sesión. Santilli dijo que el Senado aprobará la reforma laboral y que van a insistir con el artículo de Ganancias,,Café de por medio. Ritondo visitó a Santilli y le garantizó el apoyo de Pro a la reforma laboral y la ley penal juvenil

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Jorge Macri defendió la reforma laboral y aseguró: “Da un marco de mayor certeza al nuevo empleo”

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a defender la nececidad de la reforma laboral al asegurar que “da un marco de mayor certeza al nuevo empleo”. En una entrevista con Infobae en vivo, el mandatario porteño se refirió a la regulación vigente, el impacto de la informalidad y las barreras para el desarrollo del empleo privado, a pocas horas del comienzo del debate legislativo donde oficialismo y oposición se enfrentan en torno a más de doscientos artículos.

Macri puso en cuestión el marco regulatorio actual al afirmar que “el marco laboral actual no estaba funcionando”, destacando la existencia de casi el 40, 45 o 50 por ciento de empleo informal, según distintas mediciones. Para el funcionario, esa informalidad implica que “la reforma laboral ocurrió de hecho, que es el laburo en negro”, una situación que, consideró, afecta gravemente la generación de empleo en blanco y la previsibilidad para empleadores y trabajadores.

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Durante la entrevista, el Jefe de Gobierno sostuvo que la principal barrera para el empleo registrado hoy no reside en las cargas sociales ni en la cuota sindical, sino en la inseguridad jurídica que enfrentan las pequeñas y medianas empresas frente a los juicios laborales. “La industria del juicio laboral es lo que hace que cualquier pyme te diga: ‘O no doy laburo, o si lo tomo, lo tomo en negro, porque total me van a hacer un juicio ridículo igual, y de esta manera, por lo menos, mientras no pago los impuestos’”, explicó Macri, quien además remarcó que la Ciudad está avanzando en la creación de un fuero laboral propio que permita dejar atrás lo que describió como la “doctrina Recalde”, la cual, según su visión, “destruyó trabajo de manera sistemática” a través de indemnizaciones y multas que solo beneficiaron a estudios jurídicos.

En ese sentido, Jorge Macri sostuvo que el nuevo marco permitirá a las pymes prever con mayor claridad los costos de la desvinculación: “Por cada año de antigüedad de alguien que labura conmigo, tengo que tener la previsión de un mes de sueldo para pagarlo si lo despido”, detalló el jefe de Gobierno. Para él, esa previsibilidad “da un marco de mayor certeza al nuevo empleo” y no modifica los derechos ya adquiridos por quienes actualmente trabajan en blanco.

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El funcionario también propuso habilitar nuevas formas de contratación, incluyendo acuerdos por empresa o modalidades laborales adaptadas a realidades cambiantes, como el trabajo en plataformas digitales. Puso como ejemplo la posibilidad de que un empleado y su empleador acuerden concentrar cuarenta horas semanales en menos días, si ambas partes así lo desean. “¿Por qué no permitir que eso se transforme en un acuerdo específico, darle certeza y darle libertad?”, preguntó Jorge Macri. “Tengo que volver a confiar en que la gente puede defenderse sola, porque si no, se defiende de la peor manera, que es también aceptando que le paguen en negro o no teniendo más remedio que hacerlo”, agregó.

En relación a la situación impositiva local, Macri destacó que la Ciudad de Buenos Aires depende casi exclusivamente de su sector privado, al carecer de recursos naturales o ventajas geográficas. “Nuestro diferencial es el capital humano. Si al privado no le va bien, no hay estado viable ni futuro para todos”, subrayó el funcionario, y advirtió que la litigiosidad laboral impacta más fuerte en el costo de los recursos humanos que los tributos recientemente modificados.

El jefe de Gobierno también remarcó la importancia de formar capital humano para los desafíos que se avecinan y defendió la necesidad de dotar a las partes de mayor libertad para negociar condiciones laborales de acuerdo a realidades diversas. “Lo que sí debes darle es libertad a las partes para que acuerden realidades de trabajo que son cambiantes”, señaló.

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Frente al escenario actual, Jorge Macri insiste en la necesidad de reglas más claras y flexibles para fomentar la creación de empleo registrado y anticipar los desafíos de un mercado laboral en transformación.

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