POLITICA
El Gobierno extenderá las extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumará al temario una nueva ley de Financiamiento Universitario
Tras apelar la medida cautelar que obliga la aplicación la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional suma al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades, según confirmó una fuente inobjetable a Infobae. Se trata de una determinación que será incorporada por decreto y que persigue la intención de dar respuesta al sector que reclama una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las altas casas de estudio.
Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar un último proyecto al temario para intentan apaciguar las demandas de las autoridades universitarias con el debate de una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregonta la administración libertaria.
La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema. Como contó este medio, los planes apuntaban a dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas que solicita el sector.
“Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, contó ante este medio una fuente calificada.
La determinación se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo. “El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara”, argumntó un funcionario en tema.
Ante la ambición del Ejecutivo, en Balcarce 50 se muestran optimistas con los objetivos trazados para el receso de verano, y pese a que el reglamento establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, existen antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto y sin la necesidad de acuerdos parlamentarios formales de aceptación.
Más allá del reclamo de las autoridades universitarias, el conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.
Luego de que un sector de la mesa política planteara la necesidad de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán pasar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.
Asimismo, el decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas también incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, es decir, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.
La determinación apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.
El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el periódo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.
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En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó 14 nuevos allanamientos y hay cuatro personas detenidas.
Entre ellas, se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma. El 1 de diciembre de 2025, la mujer le ordenó a Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.
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Juan Soler, empleado de la financiera, detenido porque en una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, ordenó que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.
También fue detenido Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo. La Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
El cuarto detenido es Rolando Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
Los allanamientos se dieron en el expediente que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.
En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
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La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.
La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Sur Finanzas, Justicia
Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.
Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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