POLITICA
Sur Finanzas: los detenidos reconocieron ordenes para borrar pruebas y la justicia les ofreció ser “imputados colaboradores”

El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, ofreció acuerdos penales a los cuatro empleados de Sur Finanzas imputados por la destrucción de pruebas y el encubrimiento en la causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la financiera ligada a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. A todos los imputados, que siguen detenidos, se les informó sobre la posibilidad de acogerse al régimen de reducción de pena previsto en “la Ley 27.30441, artículo 41 ter del Código Penal”, también conocida como ”ley del imputado colaborador” o “ley del arrepentido” y que establece un régimen de reducción de pena para quien aporte información relevante, precisa, veraz y comprobable que ayude al a esclarecer delitos graves, identificar autores, detener a los responsables de mayor jerarquía. Los empleados de Sur Finanzas no rechazaron la propuesta y manifestaron que lo consultarían con sus abogados.
Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas son empleados de la propia estructura interna de la financiera y parte del engranaje del encubrimiento y falsificación de pruebas ante los inminentes allanamientos que la justicia iba a realizar el 1 de diciembre de 2025.
Se trata de Juan Miguel Soler, técnico informático encargado de los sistemas; César Zapaia, oficial de cumplimiento; Daniela Sánchez, secretaria privada del empresario Ariel Vallejo; y Rolando Soloaga, jefe de seguridad y de choferes.
Para la Justicia, habrían tenido un rol activo en maniobras destinadas a ocultar y destruir pruebas —incluidos mensajes para borrar información, desconectar programas y retirar equipos informáticos— en el marco del operativo judicial que desarticuló la presunta cueva financiera vinculada al fútbol argentino.

De acuerdo a la reconstrucción de Infobae, la investigación judicial avanzó en las últimas horas sobre el rol de los empleados detenidos en el presunto encubrimiento y la destrucción de evidencia clave. El expediente, iniciado tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión de 3.327 millones de pesos, detalla que la maniobra habría involucrado un plan interno para borrar registros, ocultar equipos y frustrar el avance de la causa. Los peritos judiciales ya trabajan sobre la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves.
Según la resolución del juez, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos”.
Imputaciones y declaraciones
A César Abilio Zapaia el juzgado de Armella le imputa: “El haber ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionados con maniobras de lavado de activos de origen ilícito llevadas adelante por personas físicas a determinar en nombre y con la intervención del grupo empresarial Sur Finanzas, operatorias realizadas con habitualidad y por miembros de una asociación o banda formada para la comisión de delitos de esa naturaleza, hecho este especialmente grave».
Según surge del expediente, y tal se lo hicieron saber en la declaración indagatoria, Zapaia y Juan Soler, el técnico informático, el 10/12/2025, habrían coordinado acciones para el resguardo de diversos elementos tecnológicos pertenecientes a la firma investigada, reconociendo haber escondido durante el allanamiento al menos dos computadores y el celular utilizados por él, otorgando a la prevención dispositivos obsoletos: “se llevaron unas (computadoras) que no se usan”, expresó Zapaia en los chats posteriores y sobre su celular, le escribió a Soler: “tmb lo escondí jajaja” y se ufanó de haber entregado a los policías que realizaban el allanamiento unos teléfonos que ‘no tenían nada’”.

Sobre este tema, y el tener en su domicilio privado una computadora de Sur Finanzas César Abilio Zapaia, declaró ante el juzgado de Armella: “Voy a declarar sobre este hecho en particular que se nombró” y aclaró que no respondería preguntas.
“El tema fue así, yo renuncio a Sur Finanzas. Al día posterior de la renuncia, llega la carta a la oficina de Sur Finanzas. Me llama Susana Hoffman quien era mi gerente, Leandro Aymeric, quien era mi líder, para consultarme acerca del motivo de la renuncia. Yo ahí le manifiesto que no había reconocimiento en la empresa, además de cuestiones económicas y ellos me dicen que lo hubiese charlado antes y que si efectivamente, yo renuncio, no me iban a pagar los haberes correspondientes, como si fuese la indemnización por renuncia. Entonces yo, personalmente, perdón por las palabras, pero de caliente tomo una de las computadoras nuevas que había, la tomo como un reaseguro hasta el día que me paguen los haberes correspondientes y esa computadora me la llevé a mi casa. Vale aclarar que era nueva, no tiene absolutamente nada”.
Respecto del allanamiento del 1 de diciembre de 2025 a Sur Finanzas, Zapaia agregó: “Nos llevaron a todos a una sala, nos piden los teléfonos celulares, el cual brindo el mío personal, el cual es un Samsung S20 de color azul medio violeta y brindo dos teléfonos que se usaban en la oficina de cumplimiento y los pongo a mi nombre porque el líder del equipo no se encontraba en el allanamiento. Me hacen ir a la oficina donde está el área de legales y bueno van dos policiales y gente de ARCAy toman todas las computadoras que había en el sector, tanto PC fijas como notebooks.Nos piden posterior a eso, los patrones de desbloqueo de los dispositivos de lo cual accedo y brindo las claves, de mi teléfono personal, de los dos teléfonos y de la computadora personal laboral”.

Sobre los chats, el imputado reconoció:
“Acá viene algo que quiero pedir disculpas porque hice algo de ‘tarado’, informé que durante el allanamiento, oculté una computadora dentro de una bolsa lo cual no es cierto porque esa computadora no estuvo en la oficina, era la computadora que yo tenía en mi casa, era una computadora nueva y bueno justamente, le estaba pidiendo la clave, porque al ser justamente una computadora nueva, no tenía nada y quería acceder”.
Ante los chat que lo involucran sobre el ocultamiento de una de las comoutadoras de la empresa investigada César Abilio Zapaia dijo: “Le informo ‘lo escondí’, riéndome, lo cual también quiero pedir disculpas, por tarado, por hacerme el gracioso, lo que no es cierto, porque el celular también me lo secuestraron, el cual brinde la clave y consta en el acta de secuestro”.
Juan Miguel Soler
La justicia le imputa los mismos presuntos delitos que a César Abilio Zapaia. Según surge del análisis de la extracción forense sobre los teléfonos celulares secuestrados se registró una conversación en la cual éste dialoga con Micaela Sánchez, el día 1/12/25 a las 07.44 hs -fecha en que se efectuaran los primeros allanamientos- “manifestándole la nombrada ‘SoY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA’, a lo que Soler le contesta QUE NECESITAS? y MICAELA le envía mensajes que dicen: POSIBLEMENTE PASE EN TODAS (por los allanamientos a las oficinas de Sur Finanzas), YA SABES, ordenándole ‘BORRALES LAS PLANO, PLANI SI PODES’. Se desprende otra conversación del dispositivo del declarante con un contacto agendado como NAHIARA SUR FINANZAS CORP en la cual la mentada Nahiara le pide el día 3/12/25 a las 15.26 que se conecte a su PC y se la limpie bien». (Las mayúsculas corresponden al expediente).
En la indagatoria también le mostratron la comunicación registrada con una persona agendada en su celular como «SUSANA SUR FINANZAS» la cualle pide el día 01/12 a las 02.07 de la madrugada que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas, llamándolo bajo el nombre de Gastón”. (SIC de la causa).

Juan Miguel Soler declaró no ser empleado en realación de dependencia de la empresa de Ariel Vallejos sino ser “monotributista y le facturaba los trabajos por ejemplos: hacer hostings, tener en cuenta las fechas de vencimiento, mantenimiento de las compus, también los mails”. Señaló que “anteriormente tenía un jefe llamado Gastón Pannia, que hacía trabajos para Sur Finanzas, luego me llama a mí para ayudarlo a trabajar con él, con esta empresa, iba una vez cada tanto al principio, y luego iba más seguido porque demandaba más, eso hará hace año y medio o dos años”.
Sobre los mensajes, Soler sostuvo: “Hubo un mensaje de Susana que me pedía que borre las cosas de las computadoras de los cajeros, que había programas que no se usaban como Facebook o adobe, que eso no tenía que estar en esas computadoras, porque ahí estaba el sistema de cambios. Creo que no hice nada”.
Consultado por la fiscalía sobre la orden recibida a la madrugada el imputado respondió: “Eso no es usual pero a veces me mandan cualquier hora de cualquier día. No recuerdo si fui a la sucursal a hacerlo. Estoy tratando de decir toda la verdad”.
Respecto de la conversación con Micaela Sánchez, la secretaria de Ariel Vallejo, respondió: ““Por lo que me leyeron, sí, per o que no recuerda y no sé qué son las plani”.
Sobre la orden de limpiar computadoras el imputado, que como el resto sigue detenido a disposiciín del juez Luis Armella respondió: “Limpiar puede ser de programas que le estén trabando la máquina, las famosas cookies, archivos temporales, eso es para agilizar la máquina, pero también a veces se ponía de cero para que ande bien la máquina”.

Rolando Esteban Soloaga
Como al resto de los detenidos e imputados se lo acusa de haber ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionadas con maniobras de lavado de activos de origen ilícito llevadas adelante por personas físicas a determinar en nombre y con la intervención del grupo empresarial Sur Finanzas. Según consta en la causa penal: “El declarante, alias ‘Rolo’, sería quien habría comandado a los choferes, Juan Cervín y Sergio Da Silveira, siendo que luego de los primeros allanamientos llevados a cabo el 1/12/25, convocó a Juan Cervín, primero en una estación de servicio y luego en su domicilio para brindar directivas concretas de la operatoria. Así, habría dado indicaciones sobre las camionetas que se presume que serían para ocultarlas».
Entre los chat que escribió los investigadores destacan los siguentes textos:
-“Buenas noches, chicos, mañana 11:00 hs en la covacha de civil dejen las camionetas lejos de la sucursal y Buenas noches estimados!!,
-“Disculpen la hora, mañana nos juntamos en casa 19:00 hs, pidió Ariel (Vallejo) para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos, y va a informar cómo seguimos con el trabajo, si quieren ir antes y me dan una mano a organizar se los agradezco! Muchas gracias chicos, Si no pueden o algo avísenme».
En un grupo de Whatsapp del que Cervín es parte y llamado «guardias playón segui» el día 6/12/2025, redactó: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos a hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando. La grilla va hacer día x medio de 10 a 18hs los equipos que ya estaban trabajando donde también vamos a hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle como sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene».
En el expediente se aclara que “la camioneta secuestrada el día 11/12/2025 en Turdera corresponde a una TOYOTA SW4 dominio AC 201 VR, la cual poseía un ploteado removido en el que se leía ‘TRASLADO DE VALORES MANTENGA DISTANCIA’”.
Rolando Esteban Soloaga se acogió a su derecho de no declarar.

Daniela Eliana Sánchez
El juzgado de Armella la acusa de coordinar “un plan destinado a ocultar y destruir evidencia, dado que habría sido ella quien impartiera las órdenes claves para la despatrimonialización de la firma instruyendo el retiro del grueso del capital de las sucursales, indicando expresamente dejar solo un ‘puchito’ de dinero, para ser hallado y luego secuestrado por la prevención, presumiéndose también que por pedido suyo, Micaela la mantuvo informada sobre la posible presencia policial en la zona, como así también la anotició del arribo de la fuerza a distintas sucursales, ordenando Daniela Sánchez “Entonces dejá de hacer movimientos”. Por otra parte también habría dado la orden de que “Agustín borrara todas las cámaras”.
Daniela Eliana Sánchez tampoco declaró. Prefirió el silencio.
Los últimos allanamientos
El resultado de los 14 allanamientos realizados, según documentación a la que accedió Infobae, permitió el secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo, tanto en domicilios particulares como en sedes de empresas vinculadas a la causa.
- En el domicilio de Daniela Sánchez (Adrogué, Buenos Aires) se secuestraron un teléfono Motorola, seis tarjetas bancarias, dos cuadernos con anotaciones, pases de cancha de River Plate y Racing Club, pasaporte, DNI, plaquetas de reconocimiento de Sur Finanzas, dinero en pesos argentinos, colombianos, reales y dólares, plaquetas entregadas a Ariel Vallejos por clubes de fútbol, llaves, documentación de seguros y joyas.
- En la vivienda de Juan Miguel Soler (Adrogué) se incautaron dos discos externos, dos notebooks, cinco pendrives, un teléfono celular y dos computadoras de escritorio.
- En el domicilio de César Zapaia (CABA) se confiscaron un teléfono Samsung, una notebook Lenovo y un iPad Apple.
- En la vivienda de Rolando Soloaga (Longchamps) se secuestró un celular Samsung.
- En distintos domicilios vinculados a Nahiara Gamarra, Agustín Ismael Maciel, Cecilia Elizabeth Fioretti y Susana Hoffmann se incautaron celulares, documentos y soportes informáticos.

- En un corralón de Lomas de Zamora se secuestraron varios teléfonos, siete CPUs, cajas con facturas emitidas y recibidas por empresas vinculadas y documentación de inversiones.
- En sucursales de RDA Imágenes se incautaron DVRs de cámaras de seguridad, computadoras y documentación variada.
- En el domicilio de Juan José Castelli 434 se secuestraron celulares, dispositivos postnet, un disco duro de servidor y documentación de operaciones de cambio efectuadas por ARS Cambio SAS.
En el domicilio de Daniela Sánchez (Adrogué, Buenos Aires) se secuestraron un teléfono Motorola, seis tarjetas bancarias, dos cuadernos con anotaciones, pases de cancha de River Plate y Racing Club, pasaporte, DNI, plaquetas de reconocimiento de Sur Finanzas, dinero en pesos argentinos, colombianos, reales y dólares, plaquetas entregadas a Ariel Vallejos por clubes de fútbol, llaves, documentación de seguros y joyas.
En la vivienda de Juan Miguel Soler (Adrogué) se incautaron dos discos externos, dos notebooks, cinco pendrives, un teléfono celular y dos computadoras de escritorio.
En el domicilio de César Zapaia (CABA) se confiscaron un teléfono Samsung, una notebook Lenovo y un iPad Apple.
En la vivienda de Rolando Soloaga (Longchamps) se secuestró un celular Samsung.
En distintos domicilios vinculados a Nahiara Gamarra, Agustín Ismael Maciel, Cecilia Elizabeth Fioretti y Susana Hoffmann se incautaron celulares, documentos y soportes informáticos.

En un corralón de Lomas de Zamora se secuestraron varios teléfonos, siete CPUs, cajas con facturas emitidas y recibidas por empresas vinculadas y documentación de inversiones.
En sucursales de RDA Imágenes se incautaron DVRs de cámaras de seguridad, computadoras y documentación variada.
En el domicilio de Juan José Castelli 434 se secuestraron celulares, dispositivos postnet, un disco duro de servidor y documentación de operaciones de cambio efectuadas por ARS Cambio SAS.
La Justicia también intervino contratos de alquiler de inmuebles presuntamente utilizados por la organización y relevó testimonios de empleados y propietarios sobre el funcionamiento de las oficinas y depósitos allanados.
Los chats están en el expediente. Ya le fueron leídos a los imputados. No los negaron. Siguen detenidos. Mientras las pruebas se acumulan y se analiza la nueva documentación deberan resolver si estan dispuestos a incriminar a sus jefes. Un hecho que acercaría cada vez más a los investigadores a Ariel Vallejos (ya imputado) a las puertas de a Asociación del Fútbol Argentino, y a Claudio “Chiqui” Tapia.
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones

El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.

Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.

Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly

La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS tras el escándalo por las coimas en la compra de medicamentos
Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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Baires Fly SA,Coimas en ANDIS,embargo de bienes,Sebastián Casanello
POLITICA
El Gobierno ultima los detalles de la estrategia para blindar la reforma laboral ante la posible judicialización

Con la media sanción en Senado de la Nación de la reforma laboral, el Gobierno ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma que obsesiona al presidente Javier Milei ante los potenciales embates judiciales que descartan que ocurrirán. Según confirmó a Infobae una fuente inobjetable involucrada en el diseño de la misma, vaticinan que el caso terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema.
De conquistarse la aprobación completa durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada anticipan que se abrirá una instacia de presentaciones judiciales que, detectan, nacerán de la propia Justicia y de los gremios.
Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.
“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, precisó una voz con acceso al despacho presidencial en alusión al ministro del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.

Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, item que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerá por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; la redefinición del cálculo de indemnizaciones; entre otras cuestiones.
Asimismo, detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno le otorgó la potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso. El conflicto reside en la disputa por el ejercicio del poder real sobre los tribunales laborales y se originó con la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control Nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente judicial al tanto.

En los últimos años, tras la aprobación en la Legislatura porteña de las leyes que reorganiza la justicia laboral local y que fija un nuevo Código Procesal para el fuero del Trabajo, la Ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis magistrados y diez juzgados de primera instancia.
En el ecosistema violeta denunciaron que la justicia laboral “ha sido cooptada”, y aseguran que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, arremetió un voz calificada.
Pese a que en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otros bloques, el oficialismo avanzó con su tratamiento en la sesión y obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados hacia finales de febrero.
En paralelo, en la administración libertaria reafirman la vigencia de la proyecto de “Modernización”, mientras trabajan en los últimos retoques de la hermética estratégia judicial. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder», sentenció ante Infobae uno de los involucrados.
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