POLITICA
Las relaciones cárnicas: de Roca-Runciman a Milei-Trump

El debate sobre el acuerdo con Estados Unidos ha estado dominado por discusiones económicas sobre su impacto sectorial, su potencial para promover cadenas de valor y pormenores técnicos de derecho comercial.
El foco del debate es curioso porque los acuerdos pueden hacerse o deshacerse si la política no acompaña y su éxito o fracaso dependerá fundamentalmente de desarrollos geopolíticos.
Cualquier economista reconocería que las instituciones son endógenas a las estructuras de incentivos y estrategias de los actores. De allí que una pregunta eminentemente política se encuentre en el candelero ¿Es un acuerdo tan asimétrico una estrategia acertada dadas las dinámicas de poder entre Estados Unidos y China?
El acuerdo sería un error si, como sostienen algunos, coincidimos más de lo debido a una hegemonía norteamericana declinante. El paralelismo más sugerente es con el tratado Roca-Runciman de mayo de 1933 en el cual Argentina, entonces enfrentada al proteccionismo británico, aseguró una cuota de 390.000 toneladas de carne a cambio de concesiones que el nacionalismo interpretó como coloniales.
Aquel acuerdo (como este) fue notablemente asimétrico—nos obligaba a vender carne de frigoríficos británicos, pagar con ello deuda contraída en Londres y dar trato preferencial a otros productos. Sin embargo, la conclusión de que Argentina cometió un error por atarse a una potencia declinante—cuando Estados Unidos estaba en plena depresión y Gran Bretaña poseía el mayor imperio de ultramar de la historia, abarcando aproximadamente un cuarto de la tierra y su población—es anacrónica.
El destino del Imperio Británico distaba de ser evidente en ese entonces. En la larga cadena de contingencias imprevisibles que lo fue develando, una ironía notable se dio cuando, tras el hundimiento del Graf Spee en diciembre de 1939, el canciller José María Cantilo propuso al embajador británico Sir Esmond Ovey romper relaciones con Berlín, pero Londres concluyó que la neutralidad argentina era más funcional para que el suministro de carne—la cuota asegurada por Roca (h)—pudiera sortear a los submarinos alemanes y la propuesta fue descartada. Así, aquellas relaciones cárnicas tuvieron consecuencias terribles para la Argentina, pero las razones son mucho más complejas e imprevisibles de lo que la historiografía revisionista presupone.
Aun cuando históricamente imprecisa, la analogía con el tratado Roca-Runciman permite formular la más relevante de las preguntas geopolíticas por detrás de este acuerdo ¿Se está alineando Argentina otra vez con un hegemón en declive?
Aunque China hoy duplica la producción y el comercio manufacturero de Estados Unidos—como este duplicaba a Gran Bretaña en el período de entreguerras—por entonces la economía norteamericana triplicaba a la británica y ya igualaba su productividad per cápita. Pekín, en cambio, incluso con las mediciones más favorables, apenas iguala el producto global de su rival pese a tener una población cuatro veces mayor. A diferencia del período de entreguerras, el 65 por ciento de la economía mundial hoy se concentra en los servicios, mientras que las manufacturas—ámbito en el que el gigante asiático ha logrado destacarse—representan apenas una quinta parte. Medida en términos per cápita, esta ventaja en riqueza y productividad es tres veces mayor a la que el Reino Unido jamás tuvo sobre los Estados Unidos.
Pero para anticipar quién prevalecerá no basta la economía: el equilibrio militar es decisivo. La transición entre el Reino Unido y Estados Unidos sólo fue sellada tras dos guerras mundiales. En este sentido, aunque China haya podido ponerse a la par en algunos aspectos económicos, esto la ha convertido en un rival prodigioso en el Pacífico y desatado dinámicas geopolíticas que pueden llegar a detener su ascenso.
Hoy Estados Unidos no enfrenta ningún desafío a su hegemonía militar—al menos nada remotamente comparable al desafío que Alemania representó para Gran Bretaña. El gasto en defensa de Washington es cuatro veces el de Pekín en términos absolutos. Militarmente, China está contenida por tres portaviones y bases estadounidenses en la primera cadena de islas frente su costa, apoyadas en alianzas estrechísimas con Seúl, Taipéi y Tokio—sin considerar el control de rutas marítimas más allá.
Más aún, aislado por dos océanos y sin rivales inmediatos en su vecindario, Estados Unidos podría cómodamente replegarse y dejar que los vecinos de China—desde Japón hasta la India, e incluso Rusia en el largo plazo—tomen cuenta de su contención. Estados Unidos está mejor posicionado para jugar en el Asia del siglo XXI un papel similar al que desempeñó en la Europa del siglo XX, emergiendo como árbitro estratégico.
Claro, si China siguiera creciendo pacíficamente, cuadruplicando sus cifras actuales de productividad per cápita y gasto militar, llegaría un punto en el cual igualaría a los Estados Unidos. Quizás entonces podría sobreponerse a sus poderosos vecinos y al cerco norteamericano. Frente a este escenario la pregunta del millón es si Washington puede frenar el ascenso chino. Claramente, el intento actual de aislar económicamente a Pekín responde a esta preocupación.
Algo es casi seguro: mientras China no abandone sus ambiciones, Estados Unidos no dejará de intentar frenarla. Esta observación es, quizás, central para la planificación estratégica de países como la Argentina en el mediano plazo. Este año, Pekín logró una tregua momentánea al intento de desacople norteamericano por su control sobre la producción de tierras raras, pero Estados Unidos volverá a la ofensiva. Como lo declaró Marco Rubio, Argentina viene a jugar un papel central en la estrategia de Washington de diversificar estos suministros y esto se refleja en el acuerdo.
Sin dudas, el acuerdo Milei-Trump fue asimétrico. Como en todos los acuerdos de este tipo firmados recientemente—por Guatemala, Ecuador y El Salvador—Washington requirió concesiones unilaterales en acceso a mercados, reducción de trabas burocráticas, propiedad intelectual y la exclusión de China de ciertas áreas.
Sin dudas, con mejores equipos negociadores se podría haber obtenido un resultado más decoroso en aspectos que van desde el tono del acuerdo, hasta los mecanismos adoptados para efectivizar las concesiones políticamente acordadas—como la ausencia de la cuota, la mayor concesión norteamericana, en el mismísimo acuerdo. Pero una crítica honesta requiere consistencia lógica y una dosis de realismo respecto de las alternativas sobre la mesa. De lo contrario, las críticas ideológicas incurren en contradicciones espectaculares, como quienes rechazan el tratado Roca-Runciman desde el antiimperialismo y defienden el alineamiento con otra potencia hegemónica, o quienes critican el acuerdo con Trump por su impacto en nuestro tejido industrial y proponen vínculos con China basados en nuestra mayor complementariedad como exportadores de materias primas. En definitiva, un acuerdo solo puede evaluarse en relación con las alternativas disponibles.
En las Américas, frente a Trump, no parece haber hoy en día muy buenas alternativas. Sin siquiera considerar la delicada situación de Delcy Rodríguez, los casos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro demuestran que las concesiones que no se ofrecen inicialmente, se consiguen a través de los palos. Mientras Lula (como von der Leyen) inició la partida bajo aranceles del 50 por ciento, Milei (como Takaichi y Starmer) prefirió aceptar la asimetría desde un inicio ates que sumarle a esta los costos adicionales de la confrontación. Se verá si ser un aliado confiable en el hemisférico occidental es una buena estrategia, pero la primera mano, en términos comparados, no se ve tan mal.
En el escenario doméstico, el tratado sin dudas ha tenido un saldo positivo y provee de un ancla comercial y geoestratégica que se suman a la monetaria, cambiaria y fiscal.
La diplomacia de las relaciones cárnicas deberá ser procesada domésticamente también en lo que puede ser una caja de Pandora, por los intereses que toca—que ya se han cobrado dos cancilleres.
No deberíamos olvidar que tras el acuerdo Roca-Runciman la polarización en torno al infame escándalo de las carnes ensangrentaría las bancas del Congreso; una tragedia que, esperemos, no se repita ni siquiera como farsa.
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POLITICA
La CGT adelantó una reunión para debatir un paro general de 24 horas contra la reforma laboral

Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.
El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por las fuertes presiones internas para hacer una protesta más dura contra la reforma laboral, ya que para muchos sindicalistas no alcanza con salir nuevamente a la calle.
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles o jueves próximos, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión cuando empezaron a recibir señales de varios dirigentes de que querían ir al paro para profundizar su rechazo al proyecto.
“El triunvirato preferían no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso, que, de todas formas, advirtió que el tema será objeto de un intenso debate este lunes.
Es que el sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.
El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.
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La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil

Las coincidencias y miradas comunes que históricamente en la Argentina acercaron a la Iglesia Católica y los cultos evangélicos, reflejadas particularmente en los llamados a la paz social en los tiempos de crisis, encuentran puntos disonantes en las posiciones frente a la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El proyecto, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dio su primer paso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado.
La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) celebró la aprobación del proyecto en la Cámara baja y estimó fundamental “la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. Los principales referentes de las comunidades evangélicas compartieron dos encuentros –en noviembre y en diciembre pasados- con el Presidente en la Casa Rosada.
“Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos”, expresó en una declaración la entidad que preside el pastor Christian Hooft.
Para la Iglesia Católica, en cambio, la reducción de le edad de imputabilidad –de 16 a 14 años- constituye “un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensión directa con la ley 26.061, que establece que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las personas adultas y en el Estado”.
Así lo expresaron las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, junto con Cáritas, en una carta dirigida a los diputados y senadores que intervienen en el debate legislativo. Advierten, en tanto, que la reducción de la edad punible no baja el delito.
El debate sobre este tema sensible se presenta en momentos en que el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al papa León XIV una carta del presidente Milei para invitarlo a visitar la Argentina. Aunque todavía no recibió a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo titular es el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
La Iglesia Católica transmite en la carta a los legisladores su disposición a promover un aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo que referentes y profesionales territoriales desarrollan en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes. Una tarea que se construye “en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, los Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios”.
Las comisiones episcopales señalan que la Iglesia suma su aporte al conjunto de voces de instituciones y organizaciones, como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras.
Celebran, al respecto, que todos han sido escuchados, pero no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.
Entre otros aportes, expresan que “es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener “el desfinanciamiento en materia de políticas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental”.
Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone la aplicación de la Justicia Restaurativa. “Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador”, explican las comisiones episcopales.
En su pronunciamiento, los cultos evangélicos se solidarizan con quienes “sufren las consecuencias de los delitos”. Y entienden que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema -social, económica, educativa y familiar- y que apunten a la reinserción social”.
Aciera considera que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes”. Señala, además, que el Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”.
Sin embargo, entre las coincidencias que muestran ambos pronunciamientos, los cultos evangélicos declaran que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”.
“El éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas”, concluye la declaración de Aciera.
Mariano De Vedia,Javier Milei,Iglesia,Conforme a,Javier Milei,,Caso $LIBRA. La ruta de los 100 millones de dólares que permanecen ocultos a un año del escándalo,,»La quieren muerta». Grabois apuntó contra el Gobierno por la condena a Cristina Kirchner,,A la espera de dólares. La pregunta del millón: ¿por qué no llegan las inversiones?
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La Corte de Santa Fe rechazó por unanimidad la recusación de Pullaro contra cuatro ministros en plena disputa por la ley previsional

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió de manera unánime rechazar las recusaciones impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro contra cuatro de sus integrantes, en el marco de la controversia por la reforma previsional provincial. La decisión del máximo tribunal, adoptada por sus siete miembros, se conoció pocos días antes de la apertura del año judicial y en un contexto de elevada tensión institucional, donde la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo ocupa el centro del debate.
El gobierno provincial había solicitado apartar a los ministros Rubén Weder, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez de los expedientes relacionados con la constitucionalidad de la reciente ley previsional, bajo el argumento de que su vínculo cercano a la jubilación podía comprometer la imparcialidad. El planteo, presentado el 19 de diciembre por el fiscal de Estado Domingo Rondina, señalaba que los magistrados estarían alcanzados de manera actual o potencial por las nuevas disposiciones y, por ende, debían inhibirse de intervenir en las causas.
El tribunal desestimó de plano el pedido al considerar que las recusaciones eran “manifiestamente improcedentes” y carecían de elementos que acreditaran un interés directo y actual de los jueces en el resultado de los litigios. Los ministros resolvieron que la presentación resultaba “palmariamente extemporánea”, ya que los supuestos motivos esgrimidos eran conocidos con anterioridad al planteo y luego de haberse dictado el llamamiento de autos. El fallo remarcó que la causal invocada por la Provincia no lograba configurar una afectación concreta a la garantía de imparcialidad exigida por la ley.
La resolución de la Corte Suprema de Santa Fe descartó la existencia de un conflicto de intereses y calificó el planteo oficial como una construcción “hipotética”, basada en meras especulaciones y sin sustento en actos formales. El tribunal advirtió que aceptar ese argumento sería “vejatorio de la integridad moral” de sus miembros, ya que implicaría suponer que podrían poner un interés personal por encima de la Constitución y las leyes, incumpliendo así con los deberes propios de su función.
Entre los fundamentos jurídicos, el máximo tribunal recordó que la ley 10.160 establece una interpretación restrictiva de las causales de apartamiento y excluye expresamente los casos colectivos, donde el interés personal de los jueces carece de relevancia frente al objeto del proceso. Se citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechaza recusaciones fundadas en motivos genéricos o conjeturales. Además, se advirtió que admitir apartamientos en este tipo de contextos sería incompatible con la naturaleza y atribuciones de la Corte y alteraría el principio del juez natural.
La polémica ley previsional, sancionada en 2024, introdujo un “aporte solidario” para jubilados con haberes altos y fijó un tope jubilatorio equivalente a veinte haberes mínimos, lo que afecta de forma directa a los ingresos de los futuros retirados del Poder Judicial. Esta reforma generó una ola de amparos y recursos, principalmente impulsados por trabajadores judiciales, que buscan frenar los recortes. El conflicto escaló a raíz de la resistencia pública de más de doscientos magistrados y diversas manifestaciones frente a los tribunales de Santa Fe y Rosario.
En paralelo, la administración de Pullaro promovió una serie de reformas institucionales, entre ellas la ampliación del número de miembros de la Corte y el envío de pliegos para cubrir cargos que aún no están vacantes, lo que provocó cuestionamientos de parte del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Las autoridades del colegio, encabezadas por Iván Kvasina y Cristian Werlen, advirtieron a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura sobre posibles incumplimientos de la directriz constitucional de paridad de género y reclamaron que las designaciones se realicen bajo los más estrictos recaudos legales y constitucionales.
Entre las críticas más severas, los ex camaristas Carina Lurati y Daniel Acosta calificaron la recusación como un “avasallamiento” que afecta la independencia del Poder Judicial y señalaron que la iniciativa tiene como único objetivo lograr una decisión jurisdiccional favorable al Ejecutivo en las causas previsionales. Sostuvieron que se trata de una acción extemporánea y una demostración de poder que podría tener consecuencias sobre la totalidad del cuerpo judicial provincial.
La Corte dispuso, finalmente, que el criterio fijado se extienda a todas las causas donde se discuta la constitucionalidad de la ley 14.283, con el propósito de evitar dilaciones procesales y garantizar la continuidad del funcionamiento judicial. El fallo fue suscripto digitalmente por los jueces Gutiérrez, Bacalini, Erbetta, Falistocco, Spuler, Weder y Zabalza.
En este escenario, la inminente apertura del año judicial, prevista para el 12 de marzo, adquiere una relevancia inusual. El acto, que tradicionalmente marca el inicio formal de la actividad jurisdiccional, se presenta como una instancia clave para observar el desarrollo de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en la provincia, en un clima marcado por la disputa institucional y la incertidumbre respecto al futuro del sistema previsional y la independencia de la Justicia santafesina.
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