Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaron que la inflación perforará el 1% mensual en agosto próximo o en los meses subsiguientes.

Con los precios corriendo a una velocidad más cercana al 3% que al 2%, los analistas observan ciertos desafíos en la ambiciosa meta que se fijó el Gobierno para este año, entre los que se cuentan el reacomodamiento de precios relativos y regulados, como las tarifas de servicios públicos, así como la pérdida de dos anclas que se utilizaron en los primeros dos años de gestión para el proceso de desinflación.

En línea con las proyecciones presidenciales, en declaraciones recientes, Caputo vaticinó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) quebrará el 1% durante el octavo mes de 2026. A la vez, el funcionario reconoció que intentar llevar la medición anual a una dígito anual requiere un “programa mucho más agresivo” que el que aplicaron países que lograron domar el flagelo inflacionario en poco tiempo.

En concreto, Economía busca retornar al sendero de desinflación con un esquema basado en el mantenimiento y profundización del superávit fiscal, que implica que no se imprimen más pesos para costear los desequilibrios de las finanzas públicas, y una política monetaria restrictiva.

A pesar de los vaticinios oficiales, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó que, al menos hasta agosto, el IPC no empezará con 0. El sondeo, del que participan las principales consultoras, bancos y entidades financieras del país, traza un camino descendente desde el 2,7% de febrero hasta el 1,5% de agosto.

Diversos procesos de estabilización de precios en países como Israel, Perú y Chile muestran que la reducción de inflaciones muy elevadas, superiores al 100% anual, hacia niveles en torno al 30% suele lograrse en plazos relativamente cortos. Sin embargo, el descenso posterior, desde ese 30% anual hasta tasas de un dígito porcentual anual, demanda más tiempo y enfrenta mayores desafíos. Esta dificultad adicional se explica en parte por los ajustes en los precios relativos, que resultan más complejos cuando la inflación ya no es tan alta y las distorsiones se vuelven menos evidentes.

La clave radica en cómo impactan los cambios de precios relativos en el promedio del índice. Cuando productos puntuales, como la carne o ciertos alimentos, suben mucho más que otros, el IPC puede mostrar un aumento aunque la mayoría de los valores permanezcan estables o incluso bajen. Esto no implica necesariamente una inflación generalizada, sino una variación puntual en algunos rubros.

Según la visión oficial, si se descuentan los efectos de la devaluación y la inflación internacional, el indicador podría ubicarse por debajo del 1%, reflejando una mayor estabilidad en el resto de los precios.

Los economistas consultados por Infobae coincidieron, en mayor o menor medida, que el objetivo fijado desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo luce, al menos, desafiante. Los principales factores que limitarían una baja tan contundente de la inflación son el reordenamiento de los precios relativos, así como el abandono del ancla cambiaria y salarial para frenar el proceso inflacionario.

El director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, argumentó que “el Gobierno va haciendo cosas para que eso ocurra: ha corregido la situación fiscal, es prudente y bastante duro monetariamente, con lo cual podría bajar en algún momento fuertemente la inflación”.

Tiscornia explicó: “Parados con los ojos de hoy y con lo que ha pasado en los últimos meses parece difícil, pero lo cierto es que también en ese período hubo factores puntuales, como la suba de los servicios públicos, la carne, el turismo y ahora en marzo la educación. Entonces, es difícil animarse a decir que va a arrancar con cero”.

Desde la perspectiva de C&T, el camino actual para reducir el ritmo de la suba de precios es “correcto” aunque el proceso para alcanzar una cifra alineada con el resto del mundo “es cambiar comportamientos que están muy arraigados en Argentina”, en referencia a decisiones de los consumidores y las empresas que pueden potenciar la inercia inflacionaria.

Por su parte, la economista de LCG, Florencia Iragui, sostuvo que en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, “resulta difícil pensar en poder reducir el porcentaje de inflación mensual con rapidez y en una magnitud bastante elevada; no quiero decir imposible, pero sin ir más lejos, resulta difícil recortar 2 puntos porcentuales del IPC cuando el gas en febrero presentó subas cercanas al 17% mensual”.

Iragui remarcó que la persistencia de la inercia inflacionaria es un desafío. Frente a la percepción de que la inflación podría acelerarse o, en el mejor de los casos, mantenerse en niveles actuales, la dinámica resulta difícil de modificar y permitir que caiga por debajo del 1% mensual.

A su juicio, el descenso del indicador de variación de los precios al consumidor dependerá de la evolución de la actividad económica, las importaciones que actúan como un ancla frente a los valores de los precios locales y las medidas que aplique el equipo económico en los próximos meses.

Para el director de Economía de Fundar, Guido Zack, es complicado que se materialice el escenario que vislumbra el oficialismo. En tan sentido, subrayó que el principal objetivo debería ser que la inflación se reduzca de manera estable por debajo del 2% mensual.

Zack explicó que “hay movimientos de precios relativos que impiden que la desinflación del 30% al 10% sea rápida. En particular, destacó que las tarifas están rezagadas, lo que impacta en prácticamente todos los precios de la economía, y que dicho rezago se mantiene a través de subsidios. En consecuencia, si el Gobierno quiere reducir el gasto público por ese lado, eso tiene un impacto inflacionario”.

Martín Kalos, director ejecutivo de Epyca Consultores, coincidió en que el Gobierno precisa de “tiempo y paciencia” para bajar la inflación a niveles internacionales. Además, subrayó que se agotaron las dos anclas que se utilizaron en la primera parte del plan de estabilización: los salarios y el tipo de cambio.

“Cuando esas dos anclas se agotaron, a mitad de 2025, la inflación dejó de desacelerarse. Si bien hoy hay un leve proceso de apreciación, no hay espacio para que el dólar corra muy detrás del resto de los precios. Y tampoco, en principio, uno querría creer que tampoco van a volver a generar una caída de los salarios. Los salarios están en los niveles de hace dos años, a excepción de los del sector público nacional. Eso tampoco puede volver a ser usado de ancla. A eso se suma las tarifas de servicios públicos, que fueron un poco atrasadas antes de las elecciones”, describió.

Kalos concluyó: “Si todo le sale muy bien al Gobierno, puede pasar que la inflación empiece con 1%, pero la verdad es que no es el escenario más probable. Lo sano sería que del casi 3% actual vaya bajando y si para fin de año estamos en uno y pico, es un buen dato. El problema ahí es discursivo porque el Gobierno se pone una meta demasiado exigente y que incluso puede ser contraproducente”.

La histórica fábrica textil Textilana, responsable de la marca de sweaters Mauro Sergio, atraviesa uno de los momentos más delicados desde sus inicios. La empresa, ubicada sobre la Ruta 88 en Mar del Plata, dejó de producir en noviembre de 2025 por la fuerte caída de ventas y mantiene suspendidos a 175 trabajadores, mientras otros operarios temen por la continuidad de sus puestos.

En total, son casi 300 empleados los que ven peligrar su trabajo en una de las pocas textiles que todavía continúa en actividad en la ciudad.

El esquema de suspensiones comenzó el 16 de noviembre de 2025, luego de una negociación con el sindicato. Desde entonces, los trabajadores cobran el 78% del salario y, según el acuerdo original, debían reincorporarse el 1° de abril. Sin embargo, el escenario de sobrestock y la falta de ventas hacen prever que las suspensiones podrían extenderse.

Según fuentes sindicales y reportes de medios locales, la empresa incluso analiza extender las suspensiones hasta junio si el mercado no muestra señales de recuperación.

La histórica textil de Mar del Plata en su momento más difícil

Textilana es considerada la empresa textil más importante de Mar del Plata y tiene una larga trayectoria en la industria nacional.

La compañía fue fundada en los años 70 por Mauro Sergio Todisco, quien comenzó con una sola máquina de tejer manual. Con el paso del tiempo la empresa creció y en la década del 80 la marca Mauro Sergio comenzó a expandirse con locales propios.

Con tecnología traída de Europa y una producción cada vez mayor, la empresa llegó a convertirse en una de las marcas de sweaters más reconocidas del país, con más de una veintena de locales.

A diferencia de muchas firmas del rubro, Textilana integró todo el proceso productivo: desde el hilado y tejido de la lana hasta la comercialización final de las prendas.

En sus años de mayor actividad, la planta llegó a producir hasta dos millones de sweaters por año.

Textilana: de mil trabajadores a menos de 300

El retroceso de la actividad fue notorio en los últimos años. En su mejor momento la empresa llegó a emplear cerca de 1.000 trabajadores, mientras que hoy quedan menos de 300.

«Hemos llegado a ser casi 1000 trabajadores durante la época de Néstor y Cristina Kirchner, con Mauricio Macri quedamos 600, en la pandemia la empresa mantuvo el número y este gobierno nos terminó noquear. Con las subas de los servicios y la baja del consumo, sumado a las importaciones, ya no dan más. Más allá de las desinteligencias que hemos tenido con los patrones, siempre se mantuvo la fábrica y pasaron un montón de gobiernos, pero este gobierno la terminó de matar», señalaron trabajadores de la planta.

Incluso al inicio del gobierno de Javier Milei la empresa había incorporado 50 nuevos operarios, con la expectativa de una recuperación del mercado. Sin embargo, al no concretarse ese repunte, esos contratos fueron los primeros en no renovarse.

Caída de producción y exceso de stock

La crisis productiva ya se venía manifestando desde 2024, cuando la empresa comenzó a reducir su nivel de actividad.

Mauro Galván explicó que «en los últimos dos años la fábrica ya no funcionaba al 100%, había bajado al 70% y luego a menos del 50%». Según detalló, «primero cerró el sector remeras y reubicó a unos 20 compañeros. No hay producción, hay compañeros haciendo algunas tareas pero no hay trabajo«.

Hoy la planta funciona con personal reducido y gran parte del plantel permanece sin tareas debido al stock acumulado de prendas que no se logran vender.

A pesar del difícil panorama, los trabajadores destacan el esfuerzo de los dueños de la empresa, Sergio y Roxana Todisco, hijos del fundador, por mantener la actividad.

En la empresa nunca dejaron de pagar los sueldos y tienen a todo el personal en blanco y con sueldos mejores que otras textiles. Para sostener parte de la actividad, la empresa comenzó a realizar trabajos de lavado de lana para otras firmas, una estrategia que busca generar tareas y evitar despidos.

Lo que sucede con Textilana refleja un problema más amplio que atraviesa la industria textil argentina.

La caída del consumo interno, el aumento de los costos y la mayor presencia de indumentaria importada modificaron el panorama del mercado. También influyó el crecimiento de plataformas internacionales de venta online que ofrecen prendas a precios difíciles de igualar para los fabricantes locales.

En ciudades con tradición textil como Mar del Plata, el impacto es particularmente visible. La ciudad llegó a tener más de 500 empresas textiles y hoy quedan menos de 100, incluidos pequeños talleres.

Cada vez más personas reciben avisos por movimientos en sus billeteras virtuales. No se trata de un impuesto nuevo, sino de controles más estrictos entre la información financiera y la que cada uno declara ante el fisco.

En las últimas semanas se multiplicaron las notificaciones enviadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el principal organismo fiscal argentino, vinculadas a movimientos registrados en billeteras virtuales. El fenómeno generó inquietud, consultas y temor en algunos casos.

Desde una perspectiva técnica, lo que ocurre no resulta sorpresivo: estamos frente a la consolidación de un modelo de fiscalización digital que el sistema tributario nacional viene desarrollando desde hace años. No implica un impuesto nuevo ni un cambio normativo abrupto, sino que es consecuencia lógica de un sistema financiero donde todos los movimientos quedan registrados.

Se mantiene una percepción extendida, sobre todo entre pequeños contribuyentes y emprendedores, de que las billeteras virtuales exponen menos ante el fisco que el sistema bancario tradicional. Este supuesto ya no se ajusta a la situación actual. Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Personal Pay, entre otras, operan dentro del sistema formal y están alcanzadas por regímenes informativos sobre acreditaciones, saldos y volúmenes operativos.

La administración tributaria procesa esa información y, cuando los datos financieros no son coherentes con lo declarado en Monotributo, IVA o Ganancias, el sistema emite alertas. La clave no radica en la herramienta de pago utilizada, sino en mantener la consistencia fiscal.

La fiscalización tradicional era selectiva y posterior; hoy el control es sistémico y casi simultáneo. La tecnología permite cruzar información en volúmenes inéditos. Desde lo técnico, esto representa un cambio estructural: el riesgo fiscal ya no surge solo de inspecciones presenciales, sino de comparar automáticamente bases de datos. En la práctica, significa que la diferencia entre ingresos reales y lo declarado se detecta con mayor rapidez.

Existe debate sobre el alcance de los parámetros utilizados o la necesidad de garantizar los derechos del contribuyente frente a procesos automatizados. Ese diálogo es válido, pero no puede desconocerse que el control digital ya forma parte estable del sistema.

Un problema frecuente: la desactualización fiscal y los cambios en la actividad

En la mayoría de los casos, el conflicto se origina por desactualización de datos o por cambios en la actividad económica no reflejados oportunamente. Por ejemplo: emprendedores que comenzaron con actividad marginal y luego obtienen ingresos regulares; monotributistas que superan parámetros sin advertirlo; personas que cobran servicios mediante billeteras digitales sin formalizar la actividad; transferencias personales mezcladas con cobros comerciales.

El sistema tributario no evalúa la intención de la persona, sino los números: cuánto dinero se mueve, con qué frecuencia y si esos ingresos se repiten. Cuando los movimientos resultan habituales y persiguen un fin económico, la ley los considera actividad gravada. Este principio es básico en materia tributaria.

En ocasiones se cree que una diferencia detectada por ARCA se circunscribe a ese único trámite, pero no siempre es así. La información se comparte y cruza entre organismos. Dado que el sistema tributario argentino es federal, una inconsistencia puede impactar tanto en impuestos nacionales como en tributos provinciales, por ejemplo, Ingresos Brutos.

Pensar que una notificación afecta únicamente la categoría de monotributo resulta una visión incompleta. El análisis debe contemplar todas las consecuencias posibles.

Cuando una diferencia no se corrige a tiempo, puede derivar en exclusiones, ajustes de oficio, intereses y multas acumulativas.

Hoy el control funciona, en gran medida, de forma automática. Los sistemas detectan diferencias a partir de cruces de datos, pero no determinan de manera autónoma si una transferencia fue un préstamo familiar, un movimiento entre cuentas propias o un ingreso gravado si no se encuentra respaldada documentalmente.

Ante una notificación, el contribuyente debe poder explicar y documentar sus movimientos con claridad. No conviene improvisar. Responder sin análisis previo puede implicar reconocer situaciones que requieren más estudio; no responder puede ocasionar ajustes automáticos; regularizar sin planificación lleva a pagar importes mayores a los que corresponderían.

Cada caso es diferente y requiere evaluación técnica. Un error frecuente es suponer que los movimientos pequeños o divididos en montos bajos no generan efectos. Los sistemas no observan una operación aislada, sino los patrones, la frecuencia y los montos acumulados a lo largo del tiempo. No es una transferencia única la que genera alerta, sino la incoherencia entre el total movilizado y lo declarado formalmente.

En la actualidad, los movimientos dejan registro y pueden ser cruzados. Suponer que lo digital es invisible va en contra de la realidad del sistema.

Desde la perspectiva profesional, la mejor estrategia ante este escenario es preventiva. Ordenar la situación fiscal implica revisar periódicamente la categoría de monotributo, evaluar la evolución real de ingresos, separar cuentas personales y comerciales, documentar adecuadamente préstamos o movimientos internos y analizar el impacto en tributos nacionales y provinciales.

La regularización temprana es menos costosa que una corrección posterior. Debatir sobre la carga impositiva o la complejidad normativa resulta legítimo. Sin embargo, el control digital ya es un hecho consolidado.

Hoy el sistema se basa en información y hay una gran cantidad disponible. En este entorno, restar importancia a una diferencia detectada o confiar en que pasará inadvertida puede acarrear consecuencias. La experiencia profesional muestra que, cuando las inconsistencias persisten, con el tiempo se acumulan y el costo resultante es mayor que si se hubieran corregido oportunamente.

No se trata de generar temor, sino de tratar el control digital con seriedad. Hoy el sistema tributario funciona respaldado por el cruce inmediato de información; improvisar aumenta el riesgo. Mantener la situación ordenada, custodiar respaldos y planificar de forma adecuada no se limita a cumplir una obligación formal: protege el patrimonio y la continuidad de la actividad.

La formalidad deja de ser teórica y se convierte en una condición para obtener previsibilidad y estabilidad en el tiempo.

En un contexto donde los sistemas analizan datos de manera automática y masiva, el asesoramiento técnico con criterio profesional sigue siendo la mejor herramienta. Prevenir siempre es más simple y menos costoso que corregir errores tiempo después.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA