POLITICA
Reforma penal juvenil: un especialista afirmó que el Estado falló en la contención de jóvenes en conflicto con la ley
El debate en torno a la edad de responsabilidad penal en Argentina mantiene su vigencia y polarización. En entrevista concedida a Infobae en Vivo A las Nueve, Roberto Picozzi, abogado y miembro de Usina de Justicia, manifestó su respaldo a la reforma penal juvenil y remarcó la prioridad de proteger tanto a las víctimas como al conjunto social. “Nosotros estamos del lado de las víctimas, pero al estar del lado de las víctimas no estamos en contra ni de la sociedad ni de los victimarios”, sostuvo Picozzi.
Al referirse a la relevancia del proyecto, Picozzi enfatizó la necesidad urgente de actualizar la legislación. “Es muy difícil sostener hoy que un joven de quince años no entiende lo que está haciendo”, argumentó al equipo de Infobae. El abogado señaló que la vigente demanda social exige “sacarlos de la calle, sacarlos de ese entorno tóxico es bueno para ellos y para la sociedad”.
La demora legislativa fue otro de los puntos clave abordados. El referente de Usina de Justicia consideró injustificable la ausencia de una nueva norma durante casi cinco décadas. “Cuarenta y seis años ya dan una idea de que no se podía seguir esperando y perfeccionando algo que no existía”, afirmó. Si bien reconoció el avance del proyecto, advirtió: “Mientras discutimos eso, saquémoslos de la calle, saquémoslos del entorno que los ha llevado a ser delincuentes”.
El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.
Al mismo tiempo, Picozzi insistió en la importancia del entorno social y familiar para el destino de los adolescentes en conflicto con la ley. “Familia, droga, alcohol, abusos, desprotección, falta de educación, falta de oportunidades laborales. Tienen un futuro que, si lo revisan, es bastante pobre”, sostuvo. Al plantear un abordaje integral, agregó: “Un chico que estuvo desde los diez años con un revólver en el bolsillo no tiene ninguna salida”.
En cuanto a la resocialización, el abogado subrayó el valor de sumar instancias educativas y oficios dentro del sistema penal juvenil. “Un oficio pueden aprenderlo dentro de la cárcel. Las viejas penitenciarías tenían carpintería. El preso tiene que trabajar porque si no se aburre”, explicó, al sugerir que la reforma penal juvenil contemple alternativas formativas.
La discusión sobre la infraestructura adecuada y el riesgo de que menores sean enviados a cárceles de adultos también estuvo presente. Picozzi fue tajante: “Mandarlo a una cárcel de mayores es la única alternativa que no se puede poner sobre la mesa, no pueden ir ahí. No puede un chico de quince años ir a una cárcel con cinco presos de treinta años”, advirtió. Consultado sobre el articulado del proyecto respecto a la detención de menores, aclaró: “La ley dice que no van a ir ahí”.
El componente ideológico del trámite parlamentario fue objeto de crítica. “En la discusión, muchos de estos temas no se trataron. Fue una discusión muy ideológica. En algún momento esa ideología tiene que tener algo que es un poco superior, que es el bien común”, analizó el abogado.
Acerca de la reincidencia, Picozzi remarcó la función social del sistema penal juvenil. “Cuando salen, lo mejor para ellos y para la sociedad es que esos chicos no vuelvan al delito, que quieran reinsertarse y que puedan reinsertarse”, expuso. Añadió: “La resocialización no es solo en favor del delincuente, es a favor de la sociedad”.
Sobre la responsabilidad estatal, el abogado expresó: “Muchas veces se habla de que la sociedad fracasó en estas cosas. Yo no me siento responsable de esto. Si algo fracasó fue el Estado y los que lo manejan”, señaló durante la conversación con Infobae.
Reconociendo los límites de la reforma, Picozzi fue prudente respecto a las expectativas generadas. “No creo que sea la solución total, no creo que resuelva todos los problemas. Seguro que alguno va a resultar, seguro que vamos a estar mejor con una unidad de 14 que con una de 16”, reflexionó. También alertó sobre posibles consecuencias: “Alguien dice: ‘Las bandas van a empezar a contratar soldaditos de doce y trece años’. Puede ser, pero esa ya es la patología y ahí es muy difícil combatir eso”.
La defensa pública y las desigualdades de origen fueron parte del análisis en el estudio. Picozzi valoró: “Hay excelentes defensores oficiales, mejores que muchos abogados privados”. Sin embargo, identificó causas estructurales detrás de la composición carcelaria: “Si uno ve la estadística carcelaria, hay pocos millonarios y pocos universitarios. Pero también es porque en muchos casos no necesitan delinquir o hacen delitos de guante blanco”.
Convencido de que el proceso no admite más dilaciones, Picozzi llamó a avanzar de inmediato y subrayó que el desafío posterior consistirá en controlar y ajustar la implementación de la ley, con el foco puesto en que el cambio legal sea acompañado por mejoras concretas en el sistema y la sociedad.
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Diputados,Reforme Penal Juvenil
POLITICA
La Justicia avanza sobre el borrado de pruebas y encubrimiento de la financiera ligada a la AFA
El Juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, indagó ayer a tres de los cuatro empleados detenidos en la causa Sur Finanzas. El último imputado será interrogado hoy, luego de que su abogado solicitara una prórroga para analizar las pruebas incorporadas al expediente.
En paralelo, los peritos judiciales comenzaron a clasificar la documentación contable y el material informático secuestrado en los 14 allanamientos realizados el jueves en las oficinas, domicilios particulares, depósitos, un parador de Pinamar y galpones ubicados en esa ciudad balnearia, en Lomas de Zamora y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las empresas alcanzadas por las medidas figuran el Centro de Salud RDA Imágenes, en Lomas de Zamora, y Sur Corralón.
El magistrado y su equipo investigan un presunto esquema de lavado de activos, evasión fiscal y encubrimiento de pruebas que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo, financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los cuatro nuevos imputados, todos empleados de Sur Finanzas, son Daniela Sánchez, secretaria privada de Vallejo —también imputado en la causa—; Juan Soler, empleado administrativo; César Zapaia; y Rolando Soloaga, jefe de choferes de la firma. Están acusados de haber participado en maniobras de encubrimiento y destrucción de pruebas destinadas a obstaculizar la investigación judicial.
Según la resolución del magistrado, los imputados “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas, a lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas, con lo cual entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos”.
La fiscal federal Cecilia Incardona les atribuye haber intervenido en un presunto plan interno para ocultar y destruir prueba clave para la causa.
El análisis de teléfonos celulares secuestrados permitió reconstruir conversaciones en las que, según los investigadores, se impartían órdenes para retirar computadoras, extraer dinero en efectivo de sucursales, borrar planillas y eliminar registros de cámaras de seguridad.
La investigación también pone el foco en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien habría enviado un mensaje a Juan Soler con la instrucción de ingresar a las computadoras de los cajeros y desconectar los programas, con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos e impedir el rastreo de operaciones financieras bajo análisis judicial. En uno de los mensajes incorporados al expediente se lee: “Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”.
Como ya informó este medio, Armella dispuso además la detención domiciliaria de otras tres personas: la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los tres fueron detenidos a fines del año pasado cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón de Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires. Están procesados por el delito de encubrimiento agravado.
En el voluminoso expediente judicial consta que en la madrugada del 1° de diciembre de 2025, mientras los efectivos de la Policía Federal desplegaban un mega operativo en Adrogué y distintas localidades de Lomas de Zamora para desbaratar la presunta cueva financiera ligada al fútbol, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se desplegaba un protocolo especial similar al que realizaron los responsables de los laboratorios del fentanilo mortal: borrar servidores, destruir material contable, esconder computadoras y falsificar documentación para engañar a la Justicia y proteger el negocio multimillonario vinculado a la pasión de multitudes.
Las pruebas reunidas llevaron al Juzgado Federal N.° 2 de Lomas de Zamora a ordenar la detención de piezas consideradas clave en la estructura investigada: Juan Miguel Soler (técnico), César Zapaia (oficial de cumplimiento), Rolando Soloaga (jefe de seguridad) y Micaela Sánchez, tesorera de la firma.
El expediente se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.
Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo análisis de la Policía Federal, con intervención de la DAJUDECO y la PROCELAC, en un trabajo orientado a reconstruir el circuito financiero completo.
El foco central de la investigación es la relación entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas en el expediente como “usurarias” y sostiene que la operatoria se habría ejecutado “con el permiso y recomendación de la AFA”.
Incluso, de acuerdo con la documentación judicial, la propia AFA habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.
La operatoria bajo análisis alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Con cuatro nuevos empleados imputados por encubrimiento y destrucción de pruebas, tres personas bajo arresto domiciliario y el análisis en curso de documentación contable y dispositivos electrónicos, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias que quedaron bajo la lupa judicial.
POLITICA
La CGT adelanta una reunión para este lunes y evalúa un paro cuando Diputados trate el proyecto
El fin de semana largo de carnaval tendrá una interrupción para las autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT). Su Consejo Directivo decidió adelantar para este lunes una reunión que estaba prevista para mediados de esta semana, pero el ímpetu oficialista sobre la reforma laboral aceleró los tiempos. Un posible paro general de 24 horas asoma, otra vez, entre las alternativas de respuesta del sindicalismo.
El cónclave será por videoconferencia y está previsto que ocurra a las 16 horas. En la antesala conviven dos posturas: la dialoguista y la dura. Esta última es la que impulsa una actitud más severa en las calles contra el proyecto de modernización laboral, también conocido como reforma, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado.
La llegada del proyecto al recinto de la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha exacta. Pese a eso, en el sindicalismo observaron que el Gobierno podría moverse rápido para que la reforma se convierta en ley. Uno de los escenarios más optimistas dentro del oficialismo propone como hoja de ruta: aprobación del dictamen el miércoles y sesión el jueves. Sin confirmación de que esto efectivamente vaya a suceder así, la CGT decidió no perder tiempo y este mismo lunes debatir si convoca a un paro.
Tal como indicaron fuentes sindicales, la idea de la huelga general buscaría que esta coincida con el debate en el recinto en Diputados. En consecuencia, las fechas todavía no se conocen con exactitud.
El paro general como respuesta de la CGT a posibles cambios en la legislación laboral propuestos por la administración de Javier Milei ya tiene un antecedente. A 45 días de haber asumido, la cúpula sindical ya había convocado su primera huelga con motivo del DNU 70/2023, también conocido como “megadecreto”, que contenía un capitulo sobre empleo.
El segundo paro de la CGT contra Milei se produjo casi cuatro meses más tarde, en mayo de 2024. Menos de un año después, el 10 de abril de 2025, la central obrera convocó la tercera huelga durante la gestión libertaria. A diferencia de estos antecedentes, el debate actual dentro del sindicalismo ocurre con un nuevo tridente cegetista que tomó posición en noviembre pasado, conformado por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).
La postura dialoguista, que efectuará de contrapeso, propone intentar introducir cambios en el proyecto hasta último momento. Dentro de este sector, valoran que el sindicalismo logró que la reforma laboral no tocara la cuota solidaria (un porcentaje del sueldo que se descuenta a trabajadores sin importar si están afiliados a un gremio) y los aportes a las obras sociales a cuenta de los empleadores.
El otro lado de la moneda, el del descontento, puede tener tantos ítems como interlocutores dentro del sindicalismo, sin embargo, en las últimas horas los cambios propuestos para las licencias laborales aparecieron en todas las conversaciones. Se trata de los artículos que reducen el porcentaje de pago de las licencias–del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias.
En este caso, la postura dialoguista se ilusiona en convencer a diputados por fuera del bloque peronista para que introduzcan cambios y, en ese caso, forzar que el proyecto vuelva al Senado. Una estrategia que buscaría ganar tiempo.
Pero no todo es blanco o negro. Dentro del “gris”, existe la posibilidad de volver a repetir una marcha como la de la semana pasada, sin embargo, no es la opción favorita por ninguna de las partes. La jornada del miércoles pasado es un argumento que tienen los sindicalistas para desechar esa idea.
Entonces, la CGT apuró sus tiempos. Apremiada por el ímpetu oficialista buscará decidir por videoconferencia. Sin importar cuál sea su definición, marcará el perfil de su nueva cúpula.
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Javier Milei consolidó su dominio sobre la agenda del Congreso, pero enfrenta desafíos económicos
El presidente Javier Milei logró esta semana dos avances legislativos de alto impacto político: la media sanción de la ley de modernización laboral y la aprobación en Diputados de la ley penal juvenil, que incluye la baja en la edad de imputabilidad. Se trata de iniciativas que, según el oficialismo, ningún mandatario había conseguido modificar desde 1983.
El resultado en ambas cámaras fue contundente. La reforma laboral obtuvo 42 votos en el Senado, mientras que el proyecto vinculado al régimen penal juvenil consiguió 149 votos en la Cámara baja. En la Casa Rosada consideran que se trata de un doble triunfo con fuerte carga simbólica y política.
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La intención del Gobierno es que los textos aprobados en cada cámara no sufran modificaciones en la otra, ni siquiera a pedido del PRO u otros aliados parlamentarios. El objetivo es evitar que el trámite legislativo se dilate y poder exhibir ambas leyes sancionadas antes del 1° de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso.
El Presidente aspira a llegar a esa fecha con las dos reformas consolidadas, como señal de gobernabilidad y de capacidad para construir mayorías en un Parlamento fragmentado. Después de un 2025 que le deparó varios tropiezos legislativos, el oficialismo busca mostrar que recuperó la iniciativa y que el Ejecutivo volvió a tomar el control de la agenda en el Congreso.
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La negociación política fue clave. Una gestión definida como “eficaz y precisa” de Diego Santilli permitió destrabar conversaciones con los gobernadores y romper la inercia que trababa los proyectos. En paralelo, Santiago Caputo mantuvo diálogos con la CGT. Milei, según fuentes oficiales, asumió que para avanzar con una ley “definitoria” de su gobierno debía actuar con pragmatismo: negoció con todos los sectores, incluida la denominada “casta”, y priorizó el resultado final por encima de las diferencias discursivas.
El avance fue celebrado por cámaras empresariales, que ven en la modernización laboral una señal favorable para la actividad privada. En el oficialismo sostienen que se trata de “señales inequívocas” tanto hacia el sistema político como hacia los mercados.
El desafío pendiente: reactivar la actividad
Sin embargo, en el Gobierno admiten que los logros parlamentarios no alcanzan por sí solos para revertir el clima económico. La actividad no termina de despegar y ese es hoy el principal foco de preocupación de los industriales. La Unión Industrial Argentina volvió a plantearle el tema al ministro de Economía, Luis Caputo.
Los números reflejan esa tensión. La capacidad instalada de la industria trabaja al 53,8 por ciento. La inflación de enero se ubicó en 2,9 por ciento y en el rubro alimentos alcanzó el 4,1 por ciento. La canasta básica creció por encima del índice general.
Los salarios registrados continúan estancados: en 2025 aumentaron 28,8 por ciento frente a una inflación de 31,5 por ciento, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo. En el sector público, los ingresos quedaron 17 puntos por debajo del avance de los precios. Esa dinámica explica la debilidad del consumo y golpea en particular a la industria local.
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Caputo es consciente del escenario. Por ahora, su estrategia prioriza mantener el dólar estable, recomponer reservas —el Banco Central compró más de 2050 millones de dólares desde que comenzó el año—, sostener el carry trade y avanzar con la apertura de importaciones.
En el equipo económico y en la Presidencia asumen que marzo será un mes clave y que deberán ofrecer una señal concreta a la población. Con hermetismo, evalúan distintas medidas. Entre ellas, la posibilidad de impulsar el crédito para las pymes como herramienta para dinamizar la actividad.
El Gobierno celebra la victoria legislativa y busca capitalizarla políticamente. Pero sabe que el verdadero examen se juega en la economía real, donde los indicadores todavía no acompañan el optimismo oficial.
Javier Milei, La Libertad Avanza, Luis Caputo
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