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La CGT prepara un paro nacional de 24 horas como respuesta al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, con la idea de expresar el rechazo de los principales sindicatos frente a cambios considerados lesivos para los derechos de los trabajadores en la legislación que, desde el jueves, ya tiene media sanción del Senado.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió esta mañana Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical, en declaraciones a Radio 10.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), compuesto por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso para la fecha del debate parlamentario, sin fecha concreta aún.

La Confederación General del Trabajo (CGT) vive una tensión creciente entre la conducción dialoguista, que apostaba por negociaciones legislativas, y las fuerzas internas, en las bases, que exigen una reacción más contundente.

Pese a la intención inicial del triunvirato —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Jerónimo— de citar al Consejo Directivo para el miércoles, la cúpula decidió adelantar la reunión para el lunes a las 16, en modalidad virtual, para definir la convocatoria a una huelga de 24 horas.

Un directivo sindical expresó a Infobae días atrás: “El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”.

Tal vez por eso, Jerónimo fue categórico este domingo en la entrevista radial y aseguró que el proyecto de reforma laboral debe sufrir modificaciones: “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, remarcó el jefe del Sindicato del Vidrio y explicó que la CGT “entiende que no fueron escuchados sus pedidos” y dijo que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza general.

“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando mañana se junte el consejo directivo lo terminará de confirmar oficialmente, vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.

Fuentes cercanas a la cúpula cegetista negaron divisiones y sostienen que el consenso interno ha cristalizado en torno a la necesidad de una medida de fuerza, especialmente ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.

El rechazo sindical se fundamenta en dos ejes: la protección de derechos laborales y la defensa de las estructuras de financiamiento gremial.

El documento interno de la CGT sostiene que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional” y califica el proyecto de “regresivo y perjudicial para los trabajadores”.

Entre los puntos más objetados se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho de huelga y las restricciones a asambleas sindicales. Especialmente polémica es la reducción de los montos para pagar salarios en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

El informe cegetista enfatiza: “Afecta el bolsillo del trabajador en momentos en que tiene gastos adicionales derivados de su condición médica”, puntualizando que habrá un recorte del 50% del salario si la enfermedad o accidente resulta de una actividad voluntaria.

Jerónimo sostuvo que la central obrera viene advirtiendo con claridad que el proyecto constituye “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos, tanto colectivos como individuales del mundo del trabajo”, y remarcó que la iniciativa no tendrá impacto real en la creación de empleo, sino que responde a la necesidad de “tapar el fracaso del plan económico del gobierno, privilegiando a los sectores más concentrados y a la especulación financiera”.

El dirigente afirmó que muchos legisladores no comprendieron el alcance del texto hasta etapas avanzadas de su tratamiento, e instó a representantes políticos y gobernadores a reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas que generaría su aprobación.

Jerónimo señaló que la CGT no rechaza la discusión sobre modernización laboral, pero sostuvo que “cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”, condición que —según afirmó— no se verificó en este caso, ya que “los planteos sindicales no fueron considerados”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fundamentó esta modificación al afirmar: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”.

El ministro destacó además que la medida busca limitar licencias prolongadas que históricamente generaron “costos ocultos” para las empresas.

En ese sentido, Jerónimo remarcó que Struzenegger “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores» y aseguró que en el Gobierno “tienen un grado de perversidad hacia el pueblo, no hay margen para seguir sosteniendo este proceso político que le hace tanto daño al pueblo”.

El tratamiento de la reforma laboral enfrenta obstáculos logísticos, con los feriados complicando el regreso de diputados aliados a la Capital y una fecha probable de sesión que oscila entre el jueves 19 y el miércoles 25.

“Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, había dicho Jerónimo antes a Radio con vos.

En el oficialismo existe confianza en la aprobación, pero la resistencia de bloques dialoguistas y provincias introduce un factor de incertidumbre, especialmente por cambios de último momento como los vinculados al pago de sueldos mediante billeteras digitales o la cobertura de licencias por enfermedad.

Algunos dirigentes de la CGT mantienen la esperanza de que diputados del PRO y partidos provinciales impulsen enmiendas, o incluso obstruyan la aprobación, mientras que otros ven inevitable la judicialización de la ley.

El documento gremial remite a los principios de progresividad y no regresión consagrados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e insiste en que la reforma debería surgir de un proceso tripartito.

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La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles 18 de febrero al plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

La convocatoria ya aclaró que entre las 14 y las 17 habrá invitados, entre ellos especialistas, las centrales sindicales de la CGT y la CTA y cámaras empresariales. Luego se firmarán los dictámenes con la intención de llevar el proyecto al recinto al día siguiente, en una sesión especial prevista para las 14, y sancionarlo con fuerza de ley.

El oficialismo confía en la aprobación de la iniciativa. En eso trabajan Martín Menem, presidente de la Cámara, y Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario. La construcción de mayorías parte de sus 95 diputados nacionales y contaría con el acompañamiento habitual, para la votación en general, del Pro, la UCR, el MID y fuerzas provinciales que ya apoyaron con sus senadores en la Cámara alta, como los misioneros, salteños, neuquinos y sanjuaninos.

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Otros sectores aún definen su posicionamiento, pero desde el oficialismo aseguran que superarán los 140 votos afirmativos. La mayor complicación aparecerá en la votación en particular, ya sea artículo por artículo o por capítulos, donde incluso socios de La Libertad Avanza impulsan modificaciones.

Pedidos de cambios al proyecto

El PRO solicitó cambios al proyecto e insistirá con la libertad de cobro por medio de billeteras virtuales, un punto que había sido incorporado en el dictamen del Senado en diciembre pasado pero que, por presión de las cámaras bancarias, el oficialismo decidió eliminar.

Dentro del interbloque Fuerza del Cambio —integrado también por el MID, la UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz— existen diferentes posturas. Los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone acompañan los reclamos del Pro y suman los propios.

El bonaerense Falcone le dijo a TN que “lo más importante son las normas que incentivan la regularización de trabajadores que hoy no tienen ningún derecho. Por ejemplo la baja de aportes patronales, la capacitación de aspirantes a ingresar al mercado laboral y el régimen de incentivos a las medianas inversiones. Hay aspectos a revisar, como el FAL, la reducción de salarios por enfermedades y las negociaciones por empresa».

“El bloque MID va a apoyar en general, pero vamos a revisar algunos puntos controversiales. Dicho esto, lo determinante va a ser la recuperación de la economía. Si Argentina no crece y se desarrolla la reforma laboral no será suficiente para crear empleo”, indicó Falcone.

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En el sector de la UCR que preside Pamela Verasay están convencidos de acompañar a los libertarios con la sanción del Senado sin modificaciones. Los seis radicales consideran que fueron fructíferas las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Otros espacios del centenario partido, en cambio, pusieron el grito en el cielo: “no hay ninguna cuestión que beneficie a trabajadores formales e informales. Solo saca o reduce derechos. Es una ley que precariza y facilita el despido, y se remplazan indemnizaciones por un Fondo de cese Laboral (FAL) que no incluye en el cálculo, ni aguinaldo, ni vacaciones y para empeorar la pagan los propios trabajadores”, señaló Luis Cerini, secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales.

Lo mismo hizo Provincias Unidas, que lidera la santafesina Gisela Scaglia. Pedirán cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará indemnizaciones con un porcentaje de los recursos de la ANSES. Otro punto de diferencia es el capítulo vinculado al nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda, en tanto, anticiparon el rechazo total de la iniciativa. Aunque los diputados Raquel “Kelly” Olmos y Eduardo Valdés, de UxP, presentaron por separado propuestas alternativas de modernización laboral.

Valdés propuso un Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción, orientado a reafirmar la centralidad del trabajo como derecho humano fundamental y a establecer un dique normativo frente a cualquier intento de regresión en materia de derechos laborales: “la modernización laboral que exige el siglo XXI va de la mano con más derechos. Hay que saltar la trampa de la falsa dicotomía que plantea el gobierno nacional”.

Crecimiento de Innovación Federal

La bancada de Innovación Federal en Diputados, que lidera el misionero Alberto Arrúa, sumó a dos nuevos integrantes: Claudio Álvarez, de San Luis, y Gerardo González, de Formosa, dos exlibertarios que se acercaron al nuevo espacio de la mano del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El bloque responde a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, con sintonía permanente con la Casa Rosada. Lo integran Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, del Frente Renovador misionero; Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, de Salta; más las dos recientes incorporaciones, Álvarez y González.

“Compartimos una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina”, dijo Gustavo Sáenz tras presentar a las nuevas incorporaciones. Por su parte, el diputado Gerardo González reafirmó el compromiso del sector al señalar: “Estoy convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos”. Esta semana acompañarán al oficialismo con la sanción de la reforma laboral.

González se había alejado a fines de 2025 del bloque de La Libertad Avanza para integrar un nuevo espacio, Coherencia. Claudio Álvarez, en tanto, juró en diciembre pasado en reemplazo del puntano Carlos D’Alessandro.

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