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POLITICA

El ministro de Justicia de la Ciudad analizó la baja en la edad de imputabilidad

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La Cámara de Diputados aprobó recientemente la baja en la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que puso en primer plano el debate sobre el tratamiento de los menores en conflicto con la ley. En este contexto, Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, expuso su posición y analizó las implicancias para el sistema judicial porteño en diálogo con Infobae al regreso.

La discusión sobre la imputabilidad de los menores de edad se instaló con fuerza tras la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo y con amplio respaldo de sectores opositores. En ese marco, Tapia se manifestó a favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal. “Estoy a favor. La imputabilidad tiene que ver para mí, está relacionado con el entendimiento que tiene, con el razonamiento que tiene alguien que comete un delito, que infringe la ley y en función de eso tiene que tener y ser sancionado”, sostuvo el ministro porteño.

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La Ciudad de Buenos Aires, según explicó el funcionario, cuenta desde 2017 con un régimen penal juvenil transferido, aunque la falta de traspaso total de competencias judiciales limita la autonomía plena. “La ciudad de Buenos Aires ya tiene el régimen penal juvenil desde el 2017 transferido. Ahora, como no existe todavía las transferencias de competencias judiciales, esta parte de la ley penal juvenil, como algunos otros delitos, ya han sido transferidos a la ciudad”, precisó Tapia.

El ministro detalló el funcionamiento del sistema local para menores de edad, que abarca a jóvenes de 16 a 18 años, así como a quienes tienen entre 18 y 21 años, aunque estos últimos deberían estar bajo responsabilidad federal.:“La ciudad, a través del Consejo del Menor y del Niño, ya administra aquellos condenados o juzgados o procesados para los menores de edad, de dieciséis como es hoy hasta los dieciocho y también se hace cargo de dieciocho a veintiuno, aunque ya para esa edad tendría que estar en el Servicio Penitenciario Federal”.

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El funcionario porteño subrayó que el debate no se agota en la reducción de la edad de imputabilidad. “No es todo un tema de baja de imputabilidad. En la escala, por ahí sí somos de los países que tienen una edad de imputabilidad mayor. Se puede bajar, por supuesto que se puede bajar, pero acá de lo que se trata es de tener una tarea sobre todo de prevención y de un trabajo de qué manera se puede reinsertar aquel menor que no solo es quien infringe la ley, sino que tiene también un entorno muchas veces bastante más complejo, que no se trata únicamente de tenerlo adentro o encerrado”, argumentó Tapia.

El ministro remarcó la importancia de definir con precisión qué delitos estarían incluidos bajo el nuevo sistema. “No se trata de que todos los delitos entren en este sistema, porque no es solo el encierro lo que se busca”, puntualizó. Además, señaló la disposición de la administración porteña para invertir en infraestructura, aun cuando la responsabilidad principal recae en la administración nacional.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario describió un escenario en el que los detenidos quedan en comisarías porteñas, ante la falta de cupo en el sistema federal, lo que genera complicaciones tanto para la custodia de los jóvenes como para la labor policial. “Vos podés ir teniendo distintas herramientas para aquel que no cumple una norma, sea sancionado como consecuencia de ese incumplimiento. El tema acá, después, es que si se infringe la norma, las leyes están para cumplirlas y después para que se cumplan y que se hagan cumplir y que no por un tema de ideología, entremos en las distintas interpretaciones”, expresó Tapia.

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La gestión porteña, según el ministro, trabaja para reforzar la capacidad de alojamiento en comisarías y avanza en la construcción de nuevos establecimientos fuera del ejido urbano. “La ciudad está terminando una cárcel en Marcos Paz que se hizo de manera conjunta con la Nación, con un objetivo, que es liberar Devoto. Para que desde el lado de la ciudad, para cumplir con los vecinos de la ciudad, una promesa de hace muchos años de sacar una cárcel del ejido urbano”, afirmó.

Por último, Tapia resaltó la consolidación de la autonomía porteña y la búsqueda de una justicia más ágil y cercana al ciudadano. Según el ministro, “el cumplimiento efectivo de las normas y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y reinserción social para menores infractores” son ejes centrales de la política judicial impulsada desde la Ciudad de Buenos Aires.

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POLITICA

Con un comunicado, la embajada de Rusia rechazó la acusación sobre una presunta campaña de desprestigio contra Milei

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Este jueves se conoció una campaña de desinformación presuntamente impulsada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei. Según detalla la investigación, la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos con el fin de afectar la imagen del mandatario.

Tras la difusión del informe, el Gobierno advirtió que va a avanzar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.

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Desde la embajada de Rusia respondieron con un escueto: “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos”.

Con un comunicado, la embajada de Rusia rechazó la acusación por una presunta campaña contra Milei (Foto: IG: /rusemb.argentina)

Asimismo, indicaron que “los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.

Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyeron.

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La postura del gobierno argentino

Javier Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.

“Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son solo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió en su cuenta de X.

La SIDE ya había advertido sobre esta operatoria a fines de 2025. En un comunicado oficial, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. Según precisaron, se trataba de una estructura con antecedentes en maniobras de injerencia internacional que buscaba consolidar redes de influencia en el país.

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El Presidente Javier Milei advirtió que irán «hasta las últimas consecuencias» en la investigación por la operación rusa en contra del Gobierno. (Foto: captura X @JMilei)

Respecto de la publicación de los contenidos, el informe señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos. Varios de esos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial.

Los datos surgen de un informe elaborado por un consorcio internacional de periodistas. De acuerdo con los documentos analizados —una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas—, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. El material fue examinado en Argentina por el sitio Filtraleaks, en el marco de un trabajo conjunto con organizaciones periodísticas internacionales.

Rusia

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POLITICA

Sandra Pettovello echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccessi. Lo hizo tras conocer que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, algo que según le dijeron fuentes de la cartera a TN ella no cuestiona, pero choca con el “perfil bajo” que pretende cultivar en su área.

En los últimos días se conoció que un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.

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Desde la entidad bancaria le aseguraron a TN que se cumplieron los requisitos y descartaron cualquier tipo de irregularidad: “No hay excepciones. El que califica, accede”, manifestaron.

Desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos y argumentaron que “en cualquier país la gente saca créditos”. De este modo, buscaron bajarle el tono a la polémica y desestimaron las denuncias por presuntas irregularidades.

Cuál es la normativa del Banco Nación

El Banco Nación, en su reglamentación, señala que los créditos para el sector público pueden solicitarlos personas que trabajen en relación de dependencia, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal y empleados de las empresas pertenecientes al Grupo YPF, que cobren sus haberes a través de esa casa.

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La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden será de 85 años inclusive.

En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.

Sandra Pettovello, Banco Nación

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POLITICA

Temen dilaciones: La Corte quiere apurar en el Consejo los cambios en el sistema de selección de jueces

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El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.

El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite.

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Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la inicidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.

La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.

Los efectos de esa “discrecionalidad” quedaron a la vista en la ventana hacia el pasado que abrió el lunes el envío al Senado del pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti. Tal como contó , en parte gracias a los puntos que ganó en la entrevista personal, Emilio Rosatti saltó del cuarto al primer lugar en ese ranking de mérito.

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Horacio Rossatti preside la Corte y el ConsejoEnrique García Medina

Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales.

El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia el proceso de selección de jueces- para “limitar la injerencia” de la política. Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%.

“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”, dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación.

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Carlos Rosenkrantz en el acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la NaciónCSJN

Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja “en los aspirantes serios”, que alteran el orden de mérito “sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.

Los caminos

“Si lo dilata [al proyecto de la Corte dentro del Consejo], va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”, dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte.

El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares.

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“Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones”, advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.

Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes, para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti en el actoCSJN

Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo “sobre tablas”, lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.

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Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte.

Algunos constitucionalistas mostraron reparos en la forma en que la Corte presentó la iniciativa. Andrés Gil Domínguez sostuvo en redes que “la CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”.

El volumen que ganó el asunto, habiendo tantos otros proyectos en el Consejo, produjo en algunos consejeros la sospecha de que en el fondo del proyecto se libra una batalla interna de la Corte, que tuvo en este tema un realineamiento, con Rosenkrantz y Lorenzetti en la misma vereda.

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Aún aquellos que ven con buenos ojos volver a sopesar el peso de las entrevistas defienden el camino adoptado por el Consejo, afirmando que es el habitual y respeta el “procedimiento interno”.

Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.


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