“¿Usted es del área de prensa? ¿Su nombre?“. Las preguntas se repitieron este lunes en la puerta de ingreso a la Casa Rosada. Bajo la llovizna que cubría Buenos Aires, una agente de la Policía Federal y un efectivo de Casa Militar tomaban lista y chequeaban los nombres en la pantalla de su celular. Así, varios periodistas acreditados se enteraron de que no podían pasar.

El Gobierno decidió restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024.

“Es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”, dijeron voceros oficiales ante la consulta de . Ante la pregunta específica sobre los medios alcanzados por la decisión, evitaron compartir el listado y apuntaron: “Todos los que están involucrados”.

La medida, según pudo saber , se extendió a la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem. Le comunicaron al Círculo de Periodistas Parlamentarios que suspenden las acreditaciones de los medios La Patriada, el Destape, A24 y Gritos del Sur. Aclararon que no era algo “personal” con los periodistas, sino con los medios.

“En el Senado no va a ocurrir”, le respondieron a desde la Cámara que preside Victoria Villarruel, enfrentada con Milei.

La reacción del Gobierno podría ir más allá: en la Casa Rosada evalúan convocar “en las próximas horas” a los responsables de los medios señalados “para que ”expliquen” lo sucedido, afirmó una fuente oficial.

“Podría haber casos de traición a la patria. Hubo injerencia de un país extranjero sobre la Argentina”, agregó el funcionario.

Según pudo saber , hubo al menos seis casos −entre ellos El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero− en los que periodistas acreditados no pudieron ingresar este lunes a la Casa Rosada para cubrir las actividades de la administración nacional. Tampoco se les informó por cuánto tiempo se extendería la prohibición para desempeñar su tarea.

La información sobre lo sucedido alrededor del caso se conoció el último viernes, según reveló un consorcio de investigación periodística que accedió a una filtración de documentos e informes de inteligencia rusos.

Tal como contó el último viernes, un consorcio de periodistas de investigación accedió a una filtración de informes de inteligencia rusos en los que se reveló que un grupo de espionaje conocido como “La Compañía” desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno libertario durante 2024.

La campaña de desprestigio consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

Según el material al que accedió el consorcio de periodistas, la campaña de desacreditación incluyó la realización de encuestas, reuniones y sesiones informativas sobre partidos políticos y sindicatos, perfiles de líderes políticos y “entrevistas con expertos”, incluyendo “políticos (peronistas), politólogos de la oposición y economistas”.

Los trabajos de “La Compañía” en la Argentina también abarcaron análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y un plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.

La filtración abarca un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.

La filtración dejó en evidencia, cuantificó y hasta cotizó el valor de “una red para la distribución de contenidos mediáticos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”. Para eso, detalló más de 250 artículos de noticias, análisis y opinión que se publicaron en más de 20 medios de comunicación digitales entre junio y octubre de 2024 a un costo de al menos 283.100 dólares, convirtiendo a la Argentina en el país de América Latina y África donde más dinero desembolsó Rusia para esos fines, de acuerdo con lo revelado.

La Casa Rosada, en tanto, ya había denunciado la injerencia de “La Compañía” en la Argentina. En junio de 2025, acusó a cinco ciudadanos rusos, residentes en el país, de desarrollar tareas sospechosas en coordinación con el Kremlim. Entre ellos, señaló a Lev Konstantinovich, al que identificó como el “encargado de financiamiento y de promover vínculos con colaboradores locales”, y a su esposa, Irina Iakovenko.

Las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha prevén protestar este martes con cortes de calles y ollas populares en casi medio centenar de puntos en todo el país, que incluirán piquetes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires que el gobierno nacional intentará impedir con la aplicación del protocolo antipiquetes, mecanismo que la semana pasada avaló un fallo judicial. Los manifestantes reclamarán que no se elimine el plan social Volver al trabajo (VAT).

Los organizadores de la protesta pretenden concretar seis cortes en accesos a la Ciudad a partir de las 10. Son parte de la segunda etapa de un cronograma de protestas contra la eliminación del plan Volver al Trabajo que activaron hace una semana, con asambleas en cabeceras ferroviarias y una protesta frente al barrio privado Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene una de sus propiedades bajo investigación judicial.

El Ministerio de Seguridad nacional no prevé diagramar operativos especiales de las fuerzas federales en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para esta marcha puntual, en la que aplicará el protocolo antipiquetes, que la semana pasada revalidó la Justicia, luego de un previo fallo en contra de su utilización. “Como siempre, se va a trabajar para no permitir cortes ni piquetes, y hacer cumplir el protocolo, que fue respaldado la semana pasada nuevamente por la Justicia”, anticipó a una fuente de la cartera de Alejandra Monteoliva. Tampoco prepara un despliegue especial de seguridad la Ciudad de Buenos Aires, según pudo saber este diario.

La semana pasada, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró válida la resolución 943/2023, que establece el protocolo antipiquetes. A fines del año pasado, el juez Martín Cormick la había anulado, al hacer lugar a una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Había considerado que el protocolo tiene vicios en su conformación legal.

Además de los piquetes que intentarán activar en los ingresos a la Ciudad, los manifestantes (de agrupaciones como el Movimiento Evita, el Polo Obrero y Libres del Sur, entre otras agrupaciones) buscarán protestar en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino y, Rosario, y en puntos clave de provincias como Santa Cruz, Río Negro, Formosa, San Juan, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y San Luis.

La consigna central de la convocatoria piquetera es “No al cierre del ‘Volver al Trabajo’. Trabajo sin salario es esclavitud”. El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin de ese programa social y su reemplazo por vouchers de capacitación en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan ex-Potenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000. El VAT se dejará de pagar a partir de este mes, por lo que el Ministerio de Capital Humano engrosará su presupuesto disponible.

Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el ex-Potenciar Trabajo, que se ancló en $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad. Se cobra a cambio de tareas laborales en barrios, unidades autogestionadas, terminalidad educativa o prácticas formativas, entre otras.