POLITICA
Errores para revivir a una oposición moribunda
Los manuales sobre técnicas de reanimación deberían actualizarse con urgencia. En muy poco tiempo, los principales dirigentes y legisladores mileístas han demostrado un singular talento para revivir a adversarios moribundos.
El tratamiento y la aprobación de la reforma laboral en el Senado por una amplia mayoría (un hito desde la recuperación de la democracia) debería encabezar el nuevo manual de reanimación. Justo cuando todo indicaba que, por el contrario, semejante logro político-parlamentario daba insumos para empezar a imprimir el certificado de defunción del peronismo del siglo XXI y el paso por Diputados debía sumar nuevos elementos letales.
Sin embargo, la subrepticia e irregular inclusión del artículo sobre licencias por accidentes sufridos fuera del contexto laboral, que recorta el salario de los trabajadores afectados, da oxígeno a los desfallecientes críticos y pone en riesgo el trámite expedito de una ley que todos los gobiernos no peronistas soñaron y fracasaron en su intento.
Se trataría de un caso emblemático de mala praxis, después de que el largo proceso de negociación parecía mostrar una aptitud política para alcanzar objetivos complejos de tal magnitud que La Libertad Avanza (LLA) no había exhibido hasta ahora y que revelaba una capacidad y velocidad de aprendizaje casi prodigiosa.
Hasta que la polémica e irritante inclusión de último momento saliera a la luz no había demasiados elementos que pudieran unificar el babélico universo opositor en un rechazo eficaz.
La incapacidad del Gobierno para explicar y asumir ese artículo y, mucho más, la forma en la que se lo incorporó, amenazan ahora con lograr lo que parecía de otra dimensión: que el texto votado en el Senado sea aprobado en general en Diputados, pero sufra reformas parciales que lo devuelvan a la Cámara alta. Demoras e incertidumbres imprevistas. Sin hablar de eventuales cuestionamientos en sede judicial.
Las concesiones hechas a los gremios y a los gobernadores de la oposición cooperativa, sin incomodar casi a los empresarios, habían acotado la capacidad de protesta tanto como expuesto la impotencia del sindicalismo y la dirigencia política perokirchnerista para ponerle freno en la calle o en el Parlamento al proyecto que para el Gobierno es uno de los pilares de la construcción de un nuevo modelo de país. No solo en lo económico. Pero el diablo, la impericia o la codicia suelen meter la cola. Y lo hicieron. Ahora la CGT hasta se anima a amenazar con un paro general que no entraba ni en sus alucinaciones hace 72 horas.
En pocos asuntos tan nodales y simbólicos de su tradición y doctrina la oposición peronista se había mostrado tan débil y fragmentada. Ese cuadro tenía todas las posibilidades de ser ratificado en la Cámara de Diputados. La confusión identitaria y la crisis de autoridad y liderazgo quedarían así expuestos abismalmente, como para acelerar el proceso agónico del kirchnerismo, cada vez más alejado de su condición de espacio hegemónico del movimiento.
De todas maneras y a pesar de estos deslices, el proceso de reconfiguración peronista se advierte como indetenible.
No obstante, el Gobierno dilata el desenlace al caer en errores no forzados y autolesionarse. En lugar de maximizar el beneficio que le ofrece día a día la existencia de una oposición debilitada y dividida, parece empeñarse en revitalizarla. Como si la pulsión por sostener como adversario primordial al kirchnerismo decadente pudiera más que la razón para avanzar sin tropiezos en asuntos fundamentales. Serían actos típicos de la descalificada casta política que privilegiaba el rédito inmediato por sobre el beneficio duradero de largo plazo. Imperdonable para el ideario libertario.
Aún así y a riesgo de que sus yerros le resulten muy costosos para el proyecto que protagoniza, no le será fácil al oficialismo seguir dándole sobrevida al kirchnerismo para que continúe oficiando de la gran contracara atemorizante por su eventual regreso. Una herramienta que al mileísmo le ha servido para que, votantes a los que solo los acerca el espanto al pasado, lo absuelvan o le toleren formas y contenidos que les rechinan.
El peronismo hoy se bifurca en tres riachos de distinta magnitud y potencia, que enmarcan un archipiélago agrietado, en proceso de achicamiento y confusión. La relación con el Gobierno suele ser un delimitador bastante eficaz. La alteridad tiene en estos tiempos más efecto que las tradiciones y las doctrinas.
Por un lado, se ubica el kirchnerismo que, con sus respectivas subdivisiones, se presenta a la vanguardia de la resistencia antimileísta. Ahí, en primer lugar, está el cristinismo auténtico, con Cristina Kirchner (en prisión), su hijo Máximo, más La Cámpora y el revoltoso Juan Grabois con sus adláteres de la economía popular e informal. Vendría a ser esta la rama declinante.
El subconjunto K se completa con los cristinistas disidentes, cuyo abanderado es Axel Kicillof, impulsado y sostenido por intendentes bonaerenses (los minigobernadores), acompañado con diferentes intensidades por un puñado de gobernadores, legisladores y dirigentes, que pretenden una renovación y una emancipación del camporismo, sin animarse a enfrentar directamente a la expresidenta tanto por antiguos afectos y nostalgia como cálculo.
Por otro lado, se encuentran los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, que en su mayoría pertenecen a provincias mineras o hidrocarburíferas. Mantienen el carnet peronista como santo y seña ante sus fieles más que como documento de identidad. Y lo usan para justificar demandas y reclamar concesiones al gobierno de Milei, siempre dispuestos a quebrarse antes que a romperse, con la mira puesta en la caja, que la política económica mileísta tendería a engrosarles con inversiones y desarrollos productivos extractivos. El horizonte les ofrece un futuro de jeques.
Por último, asoma un sector variopinto e informe, compuesto por un par de gobernadores que también suelen compartir picados con Kicillof, exgobernadores, legisladores nacionales, sindicalistas y dirigentes de distinto peso, edad y cosmovisión. Los une su alejamiento en distintas etapas e intensidades del kirchnerismo y, especialmente, del cristinismo, así como la intensión o la ilusión de volver a ser una alternativa de poder nacional para salir de la inopia a la que los condena su condición de opositores impotentes. Una realidad impensada para el histórico partido del poder de la Argentina.
Sin embargo, todavía no se animan a construir una corriente propia que desafíe o enfrente abiertamente al kirchnerismo y se libere de las mochilas de piedras que les obliga a llevar. Por ahora es casi un trabajo clandestino.
“No podemos ni ir a los medios porque no podemos responder a preguntas inevitables e incómodas, como, por ejemplo, si Cristina está o puede ser justamente condenada por corrupción. No estamos en condiciones de correr el riesgo de perder el 15% de votantes que tiene ella”, dice un veterano dirigente peronista que trabaja en ese proyecto, pero al mismo tiempo dice ser fuente de consulta de varios sectores, incluido el cristicamporismo.
Entre sus referencias no figura el caso de los disidentes del menemismo, tempranamente convertidos en opositores durante el apogeo del experimento liberperonista del riojano. El Grupo de los 8, en el que sobresalían el sindicalista ya fallecido German Abdala y Carlos “Chacho” Álvarez, quien llegaría a la vicepresidencia en 1999 en la coalición con el radicalismo, que se conoció como la Alianza y derrotó al candidato peronista Eduardo Duhalde. La gran duda es si el fracaso en el gobierno de ese experimento, antes que su éxito político electoral, es el gran disuasor para explorar ese camino o solo una excusa ante la falta de audacia, ambición y vocación, que muchos admiten signa la política actual, con muy escasas excepciones.
El rosario de penurias de estos peregrinos del desierto se completa con un déficit que consideran crucial. “El problema no es de identidad. Yo me río cuando me hablan de eso. Para el peronismo y los peronistas lo que es fatal es no tener ni siquiera una figura para ofrecer, ya no te digo un líder, capaz de atraer y ampliar”, agrega el dirigente, que entre sus apuestas figura el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac.
La posibilidad de saldar esa deficiencia parece más lejana después de ver la actuación de algunos de los referentes de este sector en el debate por la reforma laboral y, también, en el mucho menos taquillero sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Los parecidos con una feria de ropa vintage fueron demasiados. Como estrategia destinada a captar nuevos consumidores para esta vieja marca suena riesgosa.
Tal vez por eso mismo, de manera inorgánica y muy incipiente, desde este último espacio se han empezado a trazar puntos para ver si logran armar una línea tendiente a recuperar algún protagonismo y llegar a ofrecerse como una opción. Por primera vez en muchos años, el horizonte de estos peronistas está en el largo plazo, aunque no por voluntad propia. Miran más a las elecciones presidenciales de 2031 que a las de 2027.
No difieren mucho de lo que admiten algunos referentes del kicillofismo, a pesar de que para el gobernador bonaerense las urgencias son otras.
Por un lado, tiene que gobernar lo que se niega a que la llamen “la provincia inviable”, como la calificaron algunos conspicuos macristas. El paro que ya anunció para el día de comienzo de clases uno de los sindicatos docentes bonaerense expone los desafíos que tiene su proyecto presidencial. La ilusión de que los efectos del ajuste los pagaría Milei y lo absolverían o lo eximirían a él de reclamos no estaría asegurada.
Para la gestión, además, necesita de la cooperación del cristicamporismo y del massismo, y ninguno de ellos está dispuesto a solventar su autonomía sin cobrarle altos intereses. Un laberinto complicado, sobre todo cuando se advierte que buena parte de sus soportes son intendentes a los que los fieles de Cristina y Máximo Kirchner no les hacen la vida fácil y viceversa. La rendición acordada del hijo bipresidencial para dejar en manos de Kicillof la presidencia del PJ bonaerense no aseguró la paz en todos los territorios.
Por otro lado, el gobernador está obligado a sostener un proyecto presidencial para 2027. En caso contrario, estaría condenado a ser un “pato rengo” a los que sus rivales saldrían a cazar dada la imposibilidad legal de presentarse para otra reelección. Obligado a salir por arriba.
Sin embargo, ya le han hecho sentir que un candidato presidencial bonaerense, sin orígenes peronistas, no es la primera opción que elegirían sus compañeros, sobre todo los que manejan territorios provinciales. Salvo como prenda sacrificial ante una probable derrota en 2027. En el peronismo todos están dispuestos a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero a nadie le gusta trasponerla.
Ese escenario es el que rige algunas conductas dentro del peronismo. “En 2026 Axel es el candidato presidencial, guste o no. A Cristina y Máximo y a los demás no les queda más que aceptarlo. La cuestión es qué pasará y cómo llegarán en 2027”, señala un interlocutor de la exfamilia presidencial.
En las cercanías de Kicillof saben y admiten esas conjeturas y restricciones. La realidad les es adversa fuera del universo peronista bonaerense.
“Es muy impresionante lo que está pasando. Mucha gente dice que está peor que antes y que este año y el próximo no creen que vayan a estar mejor. Pero que hay que esperar. Así no es fácil armar un proyecto presidencial opositor”, admite una figura que interactúa con la cúpula del gobierno bonaerense. La historia reciente parece no haber perdido nada de su capacidad para temerle al retorno.
Así, romper con el pasado, signado por el kirchnerismo, asoma como un imperativo para todo aquel que pretenda sumar adhesiones que excedan a su declinante núcleo duro. Se trata de un peso muerto que arrastrará a cualquiera que no pueda, no sepa o no quiera romper con ese lastre, pero parece una misión imposible para Kicillof y los suyos.
De todas maneras, Kicillof no es el único que antes de pensar en su futuro debe atender su presente, que lejos de aliviarse se complica. Puede decirlo el santafesino Maximiliano Pullaro, al que se le sublevaron por reclamos salariales los mismos policías que le habían dado su capital más preciado de su gestión: la abrupta disminución de la violencia. Y lo esperan agazapados docentes y trabajadores de la salud.
La luz de esperanza de estos radica, así, fuera de sus posibilidades de injerencia y acción. “Siempre está Milei y su capacidad de autolesionarse. Sin contar con los efectos que está teniendo en la vida cotidiana de muchos argentinos el programa económico, marcado hoy por la inflación y la recesión”, reconoce uno de los consejeros del gobierno bonaerense.
El desatino cometido por el oficialismo nacional en la redacción sobre la marcha del proyecto de reforma laboral con la artera inclusión de la reducción salarial por accidentes sufridos fuera del ámbito laboral y la incapacidad de sostenerlo y explicarlo aportan otro motivo para alimentar las escasas ilusiones de los adversarios.
Y ni hablar de su recrudecido patrullaje de los medios y redes sociales con la deleznable vocación por atacar, descalificar y estigmatizar a periodistas. Como si no le bastara con los constatables resultados fallidos en la consideración popular de la orwelliana Oficina de Respuesta Oficial.
Las técnicas mileístas para reanimar opositores moribundos gozan de muy buena salud, justo cuando perecían haber empezado a archivarse.
Claudio Jacquelin,Javier Milei,Reforma laboral,Axel Kicillof,Conforme a,Javier Milei,,Contra jueces y gremios. El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral,,Límites del «súper peso». Dólar en mínimos, carry trade ganador y una inflación que no cede, un esquema que corre riesgos, según analistas,,“Qué vergüenza y desilusión». Libertarios cuestionan a Villarruel por mostrase en La Rioja con Quintela
POLITICA
El Gobierno confía en aprobar la reforma laboral en Diputados, pero negocia una salida por las licencias médicas
Desde el viernes por la tarde, cuando el Poder Ejecutivo formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, se activó una cadena constante de llamados y contactos reservados entre la Casa Rosada, el Congreso y los principales bloques parlamentarios. Durante los primeros días del fin de semana largo de Carnaval, hubo un flujo permanente de conversaciones telefónicas y chats entre funcionarios, legisladores y emisarios distribuidos en diferentes puntos del país. El objetivo fue único y explícito: encontrar una salida política al conflicto por las licencias médicas para evitar que la reforma laboral quede empantanada en la Cámara de Diputados.
La señal de alerta llegó apenas horas después de la media sanción en el Senado. Legisladores aliados comenzaron a expresar reservas sobre el impacto del artículo 44, algunos gobernadores solicitaron precisiones y referentes sindicales endurecieron su discurso público, incluso con la amenaza de una huelga general. Ante este escenario, el Gobierno desplegó un operativo de contención que involucró a los niveles más altos de su estructura política y se extendió durante todo el fin de semana largo.
Tanto la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, como el titular de la Cämara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en contacto con la mesa política, que integran la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el estratega Santiago Caputo; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La consigna fue lograr una salida consensuada antes de que la discusión ingresara formalmente en el plenario de comisiones, que está previsto para el miércoles al mediodía. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, fue consultada sobre las alternativas posibles para enfrentar esta imprevista encrucijada: ceder para tener la ley o buscar una “diagonal”.
Las conversaciones incluyeron a radicales, dirigentes del PRO, referentes del peronismo dialoguista y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país, muchos de ellos de origen peronista. En la mayoría de los casos se trató una primera aproximación para sondear posiciones, aunque también hubo intercambios más extensos sobre los alcances técnicos del artículo cuestionado. El clima general fue de cautela: nadie anticipó un rechazo frontal, pero tampoco hubo garantías cerradas.
El Gobierno sostiene que cuenta con los votos para aprobar la ley, aunque admite en privado que, sin una corrección al régimen de licencias, el proyecto podría sufrir modificaciones que lo obliguen a regresar al Senado y retrasen su sanción definitiva. La preocupación principal no es perder la votación, sino abrir un nuevo trámite legislativo que altere el calendario de las extraordinarias. “Está difícil en Diputados. No va a ser fácil que salga sin cambios. Va a haber que hamacarse”, resumió en diálogo con Infobae uno de los negociadores oficiales.
El foco del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado establece:
“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo
De los accidentes y enfermedades inculpables
Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.
Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”
En términos prácticos, la norma implica una reducción significativa respecto del régimen vigente, que garantiza el pago del cien por ciento del salario durante ese período. Para el oficialismo, el cambio apunta a corregir lo que considera un esquema que incentiva el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Para los sindicatos y sectores de la oposición, se trata de un retroceso en derechos adquiridos.
Patricia Bullrich asumió el rol de principal defensora pública del capítulo cuestionado. En declaraciones a TN, afirmó que el texto fue debatido durante semanas y que contó con el respaldo de los 42 senadores que votaron la ley. Además, insistió en que el objetivo central es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.
Para reforzar su argumento, la ministra detalló comparaciones internacionales: en Portugal se abona el 65% del salario durante las licencias por enfermedad inculpable, en Francia y Alemania el 70%, en Uruguay el 70%, en España el 64%, en Suiza y Suecia el 80%, en Austria el 50%, en Italia el 67%, en Bélgica el 60% y en Finlandia el 70%. Según su planteo, Argentina es una excepción al mantener el pago del 100% del salario incluso en situaciones no vinculadas a la actividad laboral.
Desde el entorno presidencial sostienen que el ausentismo en el sector privado ronda el 15% y que el régimen vigente genera costos elevados para las empresas. El diagnóstico oficial indica que ese esquema desalienta la contratación y encarece la estructura laboral formal. Al mismo tiempo, admiten que el artículo, tal como fue aprobado, requiere una precisión para evitar efectos indeseados en casos de enfermedades graves.
A partir de ese punto comenzó a delinearse la estrategia central del Ejecutivo, definida internamente como una “diagonal”. La idea consiste en evitar una modificación formal del texto aprobado por el Senado e introducir, en paralelo, precisiones mediante instrumentos complementarios. El objetivo es descomprimir la tensión sin reabrir el trámite legislativo.
Actualmente, se analizan tres alternativas. La primera, que concentra mayor consenso, es un decreto reglamentario que establezca criterios médicos claros y garantice el pago pleno en casos de enfermedades severas, crónicas o irreversibles, siempre que estén acreditadas de manera fehaciente. La segunda opción es impulsar una ley complementaria que aborde exclusivamente el contenido del artículo 44, aunque eso requeriría un nuevo debate parlamentario. La tercera, aceptar cambios directos en el articulado, es considerada la menos probable, ya que obligaría a devolver el proyecto al Senado.
La Unión Cívica Radical juega un papel decisivo en ese esquema. Su bloque, presidido por Pamela Verasay, acompaña el proyecto y no tiene intención de bloquear su aprobación, pero exige una solución clara para el tema de las licencias médicas. Durante el fin de semana hubo contactos reservados entre referentes radicales y la mesa política del Gobierno para explorar los márgenes de una reglamentación que no altere el texto votado.
El PRO también respalda la reforma, aunque introduce su propia agenda. Su presidente de bloque, Cristian Ritondo, anticipó que insistirán en reincorporar la posibilidad de cobrar salarios a través de billeteras virtuales. En diálogo conInfobae, afirmó: “No se trata de obligar a nadie a usar billeteras virtuales, sino de garantizar que quien quiera hacerlo pueda hacerlo. Es libertad para trabajar y libertad para cobrar”. Ese planteo no pone en riesgo el acompañamiento general, pero suma una variable adicional a la negociación.
Los bloques peronistas no kirchneristas expresan mayores reservas, especialmente en provincias con fuerte impacto sindical. Sin embargo, tampoco están dispuestos a hacer naufragar el proyecto. En ese espacio se evalúa facilitar el quórum y, en algunos casos, abstenerse para no quedar asociados a una reforma sensible sin aparecer como responsables de su caída.
En paralelo, la CGT y el Frente de Sindicatos Unidos intensificaron su presión. Durante el fin de semana hubo contactos informales con diputados de distintos bloques y advertencias sobre el costo político de acompañar el artículo 44 sin modificaciones. Cristian Jerónimo advirtió en declaraciones periodísticas: “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. Jorge Sola reforzó esa postura al señalar: “Seguramente resolveremos una medida de fuerza. Cualquier trabajador en el estadio de su vida laboral termina enfermándose, sea pasajero o algo grave”. En este caso, le sumó un factor de preocupación: anticipó que la UTA podría adherirse y dejar sin colectivos, al menos, las horas del debate.
Así como la sesión del plenario de comisión está prevista para el miércoles al mediodía en el Anexo del Congreso, la intención es tratarla el mismo jueves, en un debate que promete extenderse por hasta 20 horas.
En el entorno presidencial relativizan el impacto potencial de un paro, aunque reconocen que una protesta masiva durante el debate parlamentario podría influir sobre legisladores indecisos de extracción peronista. La estrategia oficial es concentrarse en la ingeniería de votos y cerrar un esquema que permita evitar modificaciones formales. El reloj del 28 de febrero, fecha límite de las sesiones extraordinarias, funciona como condicionante permanente.
Para Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa de gobierno. Busca reducir la informalidad, que ronda el 43% del mercado laboral, y fomentar la creación de empleo formal. Una demora prolongada o un regreso al Senado comprometaría uno de los ejes centrales de la estrategia política del Gobierno y obligaría a reordenar prioridades en el Congreso. Es que el Presidente quiere llegar a la apertura de sesiones ordinarias con ese objetivo logrado. Como ocurrió los últimos dos años, el 1° de marzo abrirá el período legislativo a las 21 del domingo, que se transmitirá por cadena nacional.
El escenario actual es de equilibrio inestable. El oficialismo considera que tiene los votos, pero necesita ordenar matices internos y contener a sus aliados. La CGT evalúa si convoca a un paro general y los bloques dialoguistas analizan sus costos políticos. En ese cruce de intereses, el artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en el punto más sensible de la reforma laboral y en una prueba decisiva para la capacidad negociadora del Gobierno.
Mesa Política
POLITICA
El Gobierno se planta por la reforma laboral y rechaza modificar el polémico capítulo de las licencias médicas
El Gobierno nacional endureció su posición en la negociación parlamentaria por la reforma laboral y decidió no introducir cambios en el proyecto aprobado por el Senado, pese a las críticas que despertó el capítulo referido a las licencias por enfermedad. La Casa Rosada busca acelerar su sanción definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
En el oficialismo consideran clave que la iniciativa no regrese a la Cámara alta, ya que implicaría demoras y pondría en riesgo su promulgación antes del 1° de marzo. Por ese motivo, la mesa política trabaja para convocar en los próximos días a un plenario de comisiones en Diputados y avanzar con el dictamen.
El punto más cuestionado es el apartado vinculado a ausencias laborales por enfermedad o accidente no laboral, que tomó notoriedad pública luego de las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien utilizó como ejemplo lesiones derivadas de actividades voluntarias —como jugar al fútbol— para explicar el alcance de la norma. En el propio oficialismo admiten que ese episodio generó incomodidad interna y expuso diferencias en el armado del proyecto.
Reforma laboral: Milei quiere aprobarla sin cambios en Diputados, pero la oposición busca corregirla
Qué cambia con las licencias médicas
El texto aprobado introduce modificaciones sustanciales al régimen vigente. La reforma no elimina la licencia por enfermedad, pero modifica la cobertura económica y los plazos.
De acuerdo con el proyecto, el trabajador cobrará el 50% del salario si la dolencia o el accidente se originó en una actividad voluntaria y riesgosa, mientras que percibirá el 75% cuando no esté vinculada a ese tipo de conductas. Actualmente, el esquema prevé el pago del 100% del sueldo durante la licencia.
También se establecen límites temporales: la cobertura será de hasta tres meses para empleados sin cargas de familia y de hasta seis meses para quienes sí las tengan. El régimen vigente permite extenderla hasta 12 meses en trabajadores con más de cinco años de antigüedad.
Además, la norma incorpora requisitos formales. Las ausencias deberán justificarse con certificados médicos firmados digitalmente por profesionales habilitados y el empleador tendrá la posibilidad de realizar controles propios. En situaciones particulares podrá intervenir una junta médica oficial o requerirse un dictamen en institutos especializados.
En la CGT advierten que “están dadas las condiciones” para un paro general contra la reforma laboral
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es reducir irregularidades. En distintos despachos oficiales argumentan que la legislación actual permitió abusos en la utilización de licencias médicas y remarcan que la cobertura por enfermedad continúa vigente, aunque con nuevos parámetros.
Tensiones políticas y negociación en Diputados
El capítulo genera resistencias incluso entre bloques aliados. Algunos legisladores advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo podría derivar en un aumento de litigios laborales.
Pese a esos cuestionamientos, en Balcarce 50 unificaron la postura: no habrá modificaciones. El oficialismo apuesta a conseguir los votos necesarios en Diputados para convertir la reforma en ley sin alterar el texto sancionado por el Senado.
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Fondo de Asistencia Laboral,Reforma Laboral,Senado,Sesiones extraordinarias
POLITICA
Javier Milei volverá esta semana a EEUU para reunirse con Donald Trump en la primera cumbre del Board of Peace
Luego de una semana convulsionada en el que el Gobierno logró avanzar con varias reformas en el Congreso, el presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump, en el marco de la primera cumbre del Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo que creó el líder republicano para solucionar algunos de los conflictos mundiales.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el mandatario nacional saldría en un vuelo especial desde Buenos Aires este miércoles, para llegar a Washington a primera hora del jueves.
En la capital norteamericana, el libertario se encontrará además con los líderes de otros 26 países, incluido el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que finalmente aceptó la invitación a participar de esta entidad.
La última vez que Milei y Trump se vieron fue en Suiza, donde, mientras se desarrollaba el Foro Económico de Davos, el Presidente firmó el acta que, justamente, anunciaba el ingreso de la Argentina a esta Junta.
Para ese entonces, todavía no había finalizado el proceso de revisión del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que ahora ya está prácticamente listo -faltan detalles- para ser enviado al Congreso, donde se espera que sea ratificado.
Este tratado busca “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y la infraestructura y la tecnología”.
“Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, destacó la Oficina del Presidente.
La nueva visita de Milei a Washington se dará con el acuerdo ya firmado y con su tratamiento parlamentario en plena etapa inicial. De hecho, las autoridades nacionales no descartan agregarlo al temario de las sesiones extraordinarias.
En lo que respecta a la Junta de la Paz, se espera que en este primer encuentro se comiencen a analizar soluciones para el conflicto armado que se vive desde hace décadas en la Franja de Gaza.
Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei siempre ha defendido a Israel frente a las constantes críticas globales por su decisión de entrar a esta zona en disputa, como consecuencia del ataque terrorista perpetrado por Hamas en octubre de 2023.
Sin embargo, el libertario también destacó siempre que pudo el rol de Trump como uno de los máximos líderes de occidente, y ratificó su alineamiento geopolítico con Washington.
Así lo hizo, por ejemplo, en su reciente mensaje grabado transmitido en la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, celebrada en Mar-a-Lago, la residencia del referente republicano.
“Un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro”, afirmó Milei, en alusión a la intervención en Venezuela realizada a principios de enero de este año.
El mandatario tenía previsto asistir a ese evento, pero tuvo que suspender su participación cuando se confirmó que tan solo unos días más tarde iba a tener que volver a los Estados Unidos para la cumbre de la Junta, en la que tendrá un contacto garantizado con Trump.
Tal como anticipó Infobae, si bien la Casa Blanca les pide mil millones de dólares a los países que participan de esta organización, para garantizarse una silla en la mesa de decisiones, la Argentina no tiene pensado abonar esa suma.
“No vamos a pagar nada. El pago es solamente para asegurarte el lugar en el futuro. Es medio complejo cómo lo diseñaron, pero no vamos a tener que abonar nada”, explicó a este medio un integrante del Gobierno.
Es que, de acuerdo con el borrador del estatuto del Board, los Estados invitados por Trump en esta primera instancia podrán incorporarse de manera gratuita por tres años, y luego su permanencia quedará sujeta a la decisión del mandatario norteamericano, que puede volver a convocarlos o no. El aporte económico es, específicamente, para no tener que depender de eso.
A principios de marzo, en tanto, Milei también asistirá a la cumbre de presidentes a la que llamó el propio Trump para fortalecer la relación con sus aliados en América Latina para frenar la ofensiva regional de China.
En este caso, el libertario también se encontrará con Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Tito Asfura, de Honduras.
Asimismo, a mediados de este mismo mes también estará en Manhattan, Nueva York, para encabezar el Argentina Week, evento de tres días que tiene como objetivo posicionar al país como destino atractivo para inversores globales.
Los co-organizadores del evento, junto a la Embajada Argentina en EEUU, son los bancos J.P.Morgan Chase, el Bank of America y Kaszek, una firma de desarrollo de inversiones fundada en 2011 por Hernan Kazah y Nicolás Szekasy.
“Alguna vez escuché que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que esta iniciativa llega en el momento adecuado: cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes que no tiene precedentes históricos”., comentó al respecto el embajador en norteamérica, Alec Oxenford.
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