ECONOMIA
Reforma laboral: qué cambia tras la decisión del Gobierno de eliminar el artículo de licencias médicas
El debate de la reforma laboral en Argentina sumó un nuevo capítulo tras la determinación del Gobierno de retirar del proyecto original el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedades inculpables. Esta decisión altera el esquema de costos y responsabilidades que el sector empresario esperaba redefinir, manteniendo la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en uno de sus puntos más debatidos por las cámaras patronales y los representantes gremiales.
La modificación propuesta buscaba alterar la naturaleza de los pagos durante los períodos en que un trabajador se encuentra impedido de prestar servicios por razones de salud ajenas al trabajo. Al caerse esta iniciativa, el sistema de seguridad social y las obligaciones directas del empleador permanecen sin los cambios de fondo que habían sido planteados en las mesas de negociación técnica del Consejo de Mayo.
Con la eliminación del artículo 44 del proyecto original, se descartó una de las modificaciones más profundas al régimen de licencias por enfermedad. La normativa que se pretendía implementar estipulaba que, cuando un trabajador sufría un accidente o enfermedad no relacionada con su empleo, el derecho a percibir su sueldo se vería segmentado según el origen de la afección.
En los casos donde la imposibilidad de trabajar surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para la salud, el trabajador pasaba a percibir el 50% de su salario habitual. Los plazos de cobertura se fijaban en tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo, o seis meses para aquellos con familiares legalmente a cargo. Además, la propuesta establecía una restricción para las enfermedades crónicas: solo se consideraba un nuevo episodio, con derecho a cobro, si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.
Por otro lado, si el accidente o la enfermedad no eran consecuencia de una conducta voluntaria del trabajador, el pago correspondía al 75% del sueldo, manteniendo los mismos plazos según la situación familiar. El texto también blindaba este derecho ante decisiones patronales, determinando que, si el empleador aplicaba suspensiones por motivos económicos o disciplinarios, esto no afectaba la percepción del porcentaje salarial previsto durante el período de convalecencia. Al retirarse este artículo, todos estos porcentajes y plazos diferenciados quedan sin efecto, rigiendo nuevamente el esquema tradicional de pago del 100% del salario.
En la previa de la eliminación del artículo, desde el Ejecutivo se sugirió que estos pagos sean no remunerativos, de modo que el trabajador reciba el 100% del ingreso sin el descuento de cargas. También se propuso mantener la redacción original y, en paralelo, sancionar otra ley con un solo artículo que establezca que, en caso de enfermedades graves, corresponde el pago del 100 por ciento. Por el momento, se desconoce si el oficialismo optará por esta última opción.
La decisión oficial generó repercusiones inmediatas en las cúpulas empresariales. La Unión Industrial Argentina (UIA) había sido una de las entidades que más activamente participó en la elaboración de propuestas para este capítulo de la reforma. La intención de los industriales era avanzar hacia un modelo donde el costo de la enfermedad no recayera de forma exclusiva y total sobre la espalda del empleador privado.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, explicó que el debate sobre las licencias médicas “tuvo un tratamiento profundo”, tanto en el Consejo de Mayo como en reuniones con funcionarios. “Nosotros habíamos planteado en algún momento que se pagara el 100% del salario pero no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló. Subrayó además que en otros países de la región, en los casos de enfermedades inculpables, en la primera etapa se hace cargo la empresa, pero posteriormente se hace cargo el Estado.
Para la entidad fabril, la actual legislación argentina presenta una asimetría respecto a los sistemas de seguridad social de países vecinos, donde el riesgo de enfermedad es mutualizado a través de fondos estatales o seguros específicos después de un breve período inicial cubierto por la empresa.
La preocupación central de las cámaras no reside únicamente en el aporte patronal, sino en lo que denominan la “industria del ausentismo” y la falta de previsibilidad ante certificados médicos recurrentes.
La idea del sector empresario era que el trabajador cobrara el neto de bolsillo, que la empresa le pagara la obra social y no abonar las cargas sociales por un tiempo determinado. Aunque ese punto beneficiaba al sector, ya que se advierten abusos relacionados con las enfermedades y los certificados, cuando el Gobierno resolvió eliminarlo, no lo consideraron negativo, ya que evalúan la iniciativa en su conjunto.
Esta mirada sugiere que el empresariado está dispuesto a ceder en este punto específico a cambio de que el resto del paquete de reforma laboral avance sin mayores dilaciones en el Congreso. No obstante, alertan que la problemática de los certificados médicos sigue siendo un foco de conflicto que la reforma, en su versión actual, no termina de resolver.
El régimen que continúa vigente establece que el empleador debe abonar el salario completo con todas sus cargas por períodos de tres a seis meses, dependiendo de la antigüedad del trabajador, y hasta doce meses si este tiene cargas de familia. Para una pequeña y mediana empresa, el sostenimiento de un salario sin contraprestación laboral y con el peso de los impuestos al trabajo suele ser señalado como un factor de vulnerabilidad financiera que puede afectar la estabilidad del emprendimiento.
La intención original de la reforma era aliviar esa presión económica. Al eliminarse el carácter no remunerativo de la licencia, la estructura de costos no sufrirá el alivio esperado originalmente por los equipos técnicos. Según especialistas en derecho laboral, este punto era clave para reducir la litigiosidad, ya que muchas veces el desacuerdo sobre la veracidad de una enfermedad o la extensión de una licencia termina en el fuero laboral, generando costos adicionales por indemnizaciones y multas derivadas de la falta de un control estatal más eficiente.
Con este punto fuera de la mesa, el Gobierno busca agilizar el tratamiento de los ejes que considera troncales para la reactivación del empleo. A pesar de la decepción inicial en algunos sectores industriales por la continuidad del esquema de licencias médicas, el consenso general en el ámbito corporativo es de cautela. Se entiende que la prioridad oficial es garantizar la aprobación parlamentaria de los puntos que generan mayor consenso técnico y político, evitando batallas laterales que podrían empantanar el debate general de la ley en las comisiones legislativas.
La decisión de retirar el artículo de licencias médicas marca un límite claro en la estrategia oficial para evitar que se interprete la medida como una desfinanciación directa del sistema de seguridad social. El equilibrio entre la baja de costos que reclama la UIA y la sostenibilidad del sistema previsional terminó inclinando la balanza hacia la permanencia del régimen actual.
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Barcelona, 7 abr (.).- La multinacional española de fragancias, moda y cosmética avanza en su fusión con la estadounidense en una operación valorada en 50.000 millones de euros, según un informe del banco financiero y de inversiones Jefferies remitido a sus clientes.
El banco de inversión ha actualizado su análisis bursátil de Puig dando por hecho que el acuerdo «se acerca» y ha manifestado que se cerrará en las próximas semanas, citando informaciones de la agencia estadounidense Bloomberg.
Jefferies prevé que la operación consista principalmente en acciones, que unirán a las familias Lauder y Puig, y ha recordado que Puig pospuso su Junta General de Accionistas prevista para el 14 de abril (y la presentación de resultados), algo que atribuye a la cercanía de la fusión entre las dos marcas.
Estée controlaría el 26,7 %
En este escenario, el banco ha modelado para su estudio bursátil una operación financiera que se estructuraría con un componente del 80 % en acciones y un 20 % en efectivo para los accionistas de Puig, lo que supondría una prima del 30 % sobre el precio «no alterado» de la empresa catalana.
Además, el informe del banco estima que la fusión otorgaría a la familia Estée un 26,7 % de control económico y que la familia Puig se quedaría con el 21,7 %, mientras que el resto se repartiría entre los actuales accionistas de Estée Lauder (43,6 %) y los minoritarios de Puig (8 %).
De esta forma, la combinación permitiría mantener la dirección estratégica de Puig dentro del futuro grupo y mantener a Marc Puig como parte del consejo de administración de la nueva Estée Lauder, según los pronósticos del banco.
Unas ventas cercanas a 20.000 millones en 2027
Además, calcula que el nuevo grupo alcanzaría unas ventas combinadas cercanas a 22.000 millones de dólares (19.048 millones de euros al cambio actual) en el ejercicio 2027, con un margen de ebitda proforma que podría superar el 20 % gracias a unas sinergias de costes estimadas en 375 millones de dólares (324,7 millones de euros) sobre gastos de venta, generales y administrativos.
En todo caso, Jefferies mantiene su recomendación de compra sobre Puig, con un precio objetivo revisado de 20 euros por acción, frente a los 20,5 euros anteriores, lo que supone un potencial de revalorización desde los 17,5 euros por título del último cierre.
Cuando está a punto de cumplir dos años de su salida a la Bolsa española, Puig, propietaria de marcas como Rabanne y Charlotte Tibury, informó el pasado marzo que mantenía conversaciones con Estée Lauder para una posible combinación de negocios que implicaría la fusión de ambas compañías, anuncio que hizo caer a Puig un 1 % en el IBEX esa jornada.
De conformarse la fusión, reconfiguraría el mapa de la cosmética global al crear el tercer grupo del sector por capitalización, que Jefferies valora en 50.000 millones de euros.
ECONOMIA
El peso de los impuestos en los autos: por qué los híbridos importados son más baratos que los nafteros en la Argentina
Cuando el Gobierno decidió habilitar un cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos anuales para que pudieran ser nacionalizados sin pagar el derecho de importación extrazona del 35% que establece el Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que la Argentina tiene firmado con Brasil, lo que se buscaba detrás de la excusa de promover la movilidad sustentable era bajar el precio de los autos nuevos en el país.
De hecho, tanto desde del Ministerio de Economía como desde el de Desregulación y Transformación del Estado se promovió la mayor oferta como método para bajar los precios que pagan los argentinos, no solo en autos, sino en todo tipo de rubros.
Sin embargo, un año después, con la primera asignación completa del cupo 2025 y la licitación adjudicada de la totalidad de unidades que se podrán traer al país en 2026, más que bajar el precio de los autos argentinos o Mercosur, lo que sucedió fue que quedó más de manifiesto el peso de los impuestos en el precio de los bienes que pagan los ciudadanos.
Los únicos precios que bajaron en el mercado automotor fueron los de los autos que pagaban el impuesto interno, y los que estaban inmediatamente por debajo de ese precio máximo, que servía como barrera para evitarlo. El cupo de autos híbridos y eléctricos dejó más expuesta que nunca la incidencia del arancel de importación en el precio de los autos, ya que los que son traídos desde fuera de la región son más caros en la Argentina que en el resto del mundo.
Ejemplos de la distorsión
Los ejemplos son muy simples de exhibir, porque hay vehículos que pagan el 35% por ser importados desde Europa, Asia o Estados Unidos, pero tienen una versión híbrida que está eximida del arancel y por lo tanto es más barata, cuando es sabido que cualquier auto que tenga una electrificación parcial o total es considerablemente más caro que uno con motor de combustión interna equivalente. Si es un híbrido, la diferencia de precio es de entre un 10% y un 20% y si es eléctrico, un 50% más.
Ford importa el exitoso C-SUV Territory desde China, que en su versión Platinum con motor de combustión se vende en Argentina en un precio de $56.032.510, pagando el 35% de arancel extrazona. Sin embargo, la versión Híbrida, que si bien tiene menos equipamiento igualmente se ve beneficiada con la exención del arancel, tiene un precio de $51.400.560, es decir un 8% más barata.
Pero esto no le sucede solo a los fabricantes argentinos. El Grupo Antelo, perteneciente al empresario Manuel Antelo, es el importador de Great Wall Motors en Argentina y comercializa, entre otros, los Haval H6 y Jolión, dos C-SUV que tienen versiones nafteras e híbridas.
Nuevamente, se da un caso similar al de Ford. El Haval H6 en versión naftera de tracción simple tiene un precio de USD 36.500. Sin embargo, la versión híbrida de tracción simple se vende en dos versiones de equipamiento, una con un precio de USD 33.500 y la otra en USD 35.500. El Jolión, en tanto, tiene la versión Deluxe con motor de combustión en USD 30.000 y la Deluxe Pro híbrida en USD 28.990, y la versión Supreme naftera en USD 33.000 y la Supreme Pro en USD 31.490.
La situación se da también en autos compactos, aunque con marcas diferentes. Mientras el Renault Kwid naftero fabricado en Brasil tiene un precio de $26.360.000, un auto 100% eléctrico como el chino JMEV Easy EV3, perteneciente al mismo segmento de vehículos urbanos de bajo costo, se puede adquirir pagándolo USD 18.900, lo que representan unos $26.745.000.
La lógica indica que si se quieren empujar los precios locales a la baja se debe presionar en modelos equivalentes que compitan. En la actualidad, hay segmentos que tienen más opciones de vehículos híbridos que de combustión interna, simplemente porque quienes los traen pueden aprovechar un mejor posicionamiento de precios con la exención del arancel.
El segmento de los SUV-C es la mejor forma de comprobarlo. Renault acaba de lanzar al mercado en preventa el nuevo Boreal producido en Brasil, que tiene tres versiones con precios de $50.000.000 a $58.500.000. Sus competidores son Ford Territory naftera con los mencionados $48.110.211 y $56.032.510, el Toyota Corolla Cross que va desde $51.918.000 a $64.083.000 o el Baic X55 II en $52.398.000 (U$D 36.900).
Después, más caros ya están el Jeep Compass que va desde $55.490.000 hasta $72.930.000, el Volkswagen Taos, que arranca en $57.511.950 y llega hasta los $66.319.150, o el Honda ZR-V en $59.990.000. y mucho más lejos está el Peugeot 3008 francés, que tiene un precio de lista de $77.940.000.
En cambio, compitiendo con los SUV-C más competitivos hay varios híbridos subvencionados como el el Changan CS55 Plus (PHEV) en $45.280.000 (USD 32.000), el BYD Song Pro (PHEV) con un precio de $49.685.800 (USD 34.990), el Baic BJ30 Hybrid en $50.836.000 (U$D 35.800), o el Chevrolet Captiva PHEV con un precio de $52.740.900.
Sin embargo, el impacto es relativo en precios por la simple razón de tratarse de un cupo máximo de 50.000 autos por año, lo que equivale a un 8% del total proyectado del mercado para 2026.
Y si se tiene en cuenta que solo es el 60% el de autos electrificados de importadores (el 40% restante es de los fabricantes locales) el porcentaje es menor aún, cercano al 3%. Para que los autos nafteros “sientan” la presión de los importados electrificados, la proporción debería crecer considerablemente, y como se sabe, el convenio con Brasil lo impide.
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ECONOMIA
Chau planes sociales en la Ciudad: así es el nuevo programa obligatorio de capacitación laboral
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación del esquema vigente de planes sociales y la creación de un nuevo programa orientado a la capacitación y la inserción laboral formal. La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
De acuerdo con la información oficial, el nuevo esquema propone una transición desde un modelo de asistencia hacia otro enfocado en la generación de empleo y la autonomía económica de los beneficiarios. La iniciativa contempla un proceso de reconversión con una duración de 12 meses, período durante el cual se implementará el cierre progresivo del sistema actual.
Alcance del programa y revisión de beneficiarios
El programa alcanza a aproximadamente 5.000 personas que actualmente forman parte de distintos planes sociales en la Ciudad. En paralelo, el Gobierno porteño informó que, durante el proceso de revisión del padrón, se detectaron 1.274 beneficiarios considerados irregulares, los cuales fueron dados de baja.
Según los datos difundidos, el esquema anterior implicaba un gasto anual cercano a los $10.000 M y estaba compuesto por 85 convenios con organizaciones. Con la implementación del nuevo modelo, estos acuerdos serán rescindidos.
La medida se enmarca en una revisión más amplia de las políticas sociales aplicadas en las últimas dos décadas, con el objetivo de modificar los mecanismos de asignación de recursos y los criterios de acceso a los beneficios.
Eliminación de intermediarios y pagos directos
Uno de los ejes centrales del nuevo programa es la eliminación de intermediarios en la gestión de los beneficios. A partir de su implementación, los pagos serán realizados de manera directa a los beneficiarios, sin la participación de organizaciones sociales.
El Gobierno de la Ciudad señaló que este cambio apunta a mejorar los mecanismos de control y transparencia en la distribución de los recursos. Asimismo, se establecieron criterios de permanencia que incluyen requisitos vinculados a la residencia, la situación socioeconómica y el nivel de ingresos de los beneficiarios.
En declaraciones públicas, Jorge Macri sostuvo que el nuevo esquema implica una transformación en la política social, al establecer condiciones vinculadas a la capacitación y el trabajo como requisitos para el acceso y la continuidad en el programa.
Estructura del nuevo programa
El nuevo sistema se organiza en torno a cuatro pilares principales que definen su funcionamiento:
- Formación obligatoria: los beneficiarios deberán participar en instancias de capacitación laboral y educativa. La continuidad en el programa estará sujeta al cumplimiento de estas actividades
- Duración limitada: el programa tendrá un plazo máximo de 12 meses, durante los cuales se buscará facilitar la transición hacia el empleo formal
- Articulación con el sector privado: se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, además de empresas y universidades, con el objetivo de generar oportunidades de formación práctica e inserción laboral
- Criterios de elegibilidad: se definieron requisitos específicos para el acceso al programa, orientados a asegurar que los beneficios sean asignados a personas que cumplan con determinadas condiciones sociales y económicas
El diseño del programa prevé la vinculación de los participantes con sectores como servicios, salud, hotelería y mantenimiento, en los que se desarrollarán instancias de capacitación y prácticas formativas.
Rol del Ministerio de Desarrollo Humano
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, encabezado por Gabriel Mraida, será el encargado de implementar y supervisar el nuevo esquema.
Desde esa cartera se indicó que la medida forma parte de un proceso de cambios en la política social local, que previamente incluyó modificaciones en el sistema de comedores comunitarios. En ese sentido, se destacó la incorporación de herramientas digitales para el registro y control de la asistencia.
Control y fiscalización del sistema
En el marco de la revisión de los programas sociales, el Gobierno porteño informó que se detectaron irregularidades en distintos dispositivos de asistencia. Entre los casos señalados se incluyen registros de beneficiarios fallecidos, personas con bienes declarados como vehículos e inmuebles, y titulares con ingresos previsionales elevados.
Asimismo, se identificaron más de 5.000 raciones consideradas irregulares en comedores comunitarios. Como resultado de estas auditorías, se dispuso el cierre de 40 establecimientos.
En relación con el funcionamiento de los comedores, la Ciudad implementó una aplicación que permite registrar a los beneficiarios mediante el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este sistema tiene como objetivo contabilizar las raciones entregadas y mejorar la trazabilidad de los recursos asignados.
Condiciones de permanencia y seguimiento
El nuevo programa establece que los beneficiarios deberán cumplir con una serie de condiciones para mantenerse dentro del sistema. Entre ellas se incluyen la asistencia a instancias de formación, el avance en trayectorias educativas cuando corresponda y el cumplimiento de estándares definidos por la autoridad de aplicación.
El incumplimiento de estos requisitos dentro de los plazos establecidos implicará la pérdida del beneficio. De esta manera, el esquema incorpora mecanismos de seguimiento orientados a evaluar la participación y el desempeño de los participantes.
Articulación con empresas y universidades
Como parte de la estrategia de inserción laboral, el Gobierno de la Ciudad firmó acuerdos con nueve cámaras empresariales, además de empresas y universidades. Estos convenios están orientados a facilitar la capacitación técnica y la generación de oportunidades laborales para los beneficiarios.
Las prácticas formativas previstas en el programa buscan establecer un vínculo directo entre los participantes y el sector productivo, con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso al empleo formal.
Transición hacia un nuevo esquema
El proceso de transición se desarrollará durante un año, período en el cual coexistirán el sistema actual y el nuevo programa. Durante ese tiempo, se prevé la incorporación progresiva de los beneficiarios al esquema de capacitación e inserción laboral, hasta la finalización definitiva de los planes sociales vigentes.
El Gobierno porteño indicó que el objetivo del nuevo modelo es redefinir el rol de la asistencia estatal, orientándola hacia la formación y el empleo como ejes centrales de la política social.
En ese marco, la medida se inscribe en una serie de cambios que buscan modificar los criterios de asignación de recursos y los mecanismos de implementación de programas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.
Qué pasará con quienes no cumplan
De acuerdo con lo informado, el nuevo régimen tendrá reglas más claras que el anterior. Los beneficiarios deberán acreditar participación en las actividades de formación, cumplir con estándares de avance y sostener las condiciones de elegibilidad fijadas por la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad advirtió que que aquellos no cumplan con esos requisitos dentro de los plazos establecidos perderán el beneficio. De esta manera, el programa no solo será temporal, sino también exigente en materia de contraprestación y permanencia.
La idea oficial es que el acompañamiento estatal tenga fecha de finalización y que la ayuda funcione como una herramienta para salir de la dependencia, no para perpetuarla.
El antecedente de los comedores y las irregularidades detectadas
La modificación del esquema de planes sociales se enmarca en una revisión más amplia de la política social porteña. La Ciudad recordó que ya había avanzado sobre el sistema de comedores mediante una aplicación en la que cada persona carga su DNI para registrar cuántas raciones se entregan.
A partir de ese mecanismo de control, el Gobierno aseguró haber detectado más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos o personas con autos, inmuebles y jubilaciones millonarias. En ese proceso, además, fueron cerrados 40 comedores.
Con esos antecedentes, la gestión porteña busca mostrar que el nuevo programa de educación y empleo forma parte de una estrategia más amplia de auditoría, depuración de padrones y rediseño de la asistencia social.
El desafío, hacia adelante, será ver si este nuevo modelo logra efectivamente transformar asistencia en inserción laboral y reducir la dependencia estatal en uno de los distritos más grandes del país.
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