En las últimas horas huvo avances en la Justicia respecto de las investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y sus principales dirigentes. Ordenaron procedimientos en al menos 10 clubes de fútbol por los contratos con Sur Finanzas.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este jueves procedimientos para buscar documentación sobre contratos con la empresa de Ariel Vallejo, quien fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

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Según pudo saber TN, la Justicia busca conocer, entre otras cosas, la nómina completa de autoridades y comisión directiva de cada club. En ese sentido, se constatará que figuren las inscripciones correspondientes, y los domicilios y datos personales de cada uno. Se investiga particularmente el período desde el 2021 a la fecha.

Respecto de los contratos, se apunta a encontrar las actas de comisión directiva donde se trataron y/o aprobaron contratos de sponsoreo con Sur Finanzas. También se buscan pruebas de préstamos y descuentos de cheques vinculados al holding.

En tanto, los operativos van detrás de los libros contables, para tener acceso al inventario y los balances de cada club, así como también tener identificados a los responsables del área contable.

Asimismo, se intentará tener un aceso a los contratos de sponsoreo completos, originales, anexos, adendas y modificaciones, así como también el listado de comprobantes de pagos de Sur Finanzas. También se buscan contratos con otras empresas y sus condiciones.

Los operativos están a cargo de la Policía Federal y se ordenaron en los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.

Vallejo fue citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación apunta a movimientos financieros sospechosos en su empresa, que está vinculada a la AFA y a Chiqui Tapia.

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El conglomerado Sur Finanzas habría obtenido una ganancia ilícita producto de presuntas estafas a distintos clubes (Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Temperley, entre otros).

De acuerdo a la información que se maneja en la investigación, la ganancia ilícita se habría conseguido a partir de la imposición de “condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques, suscripción de mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma e instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”.

Vallejo habría liderado una asociación ilícita compuesta al menos por Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Eliana Sánchez, Gerardo Salvador Carrozza, Micaela Alejandra Sánchez, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rodolfo Soloaga, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra. Según lo recabado por la Justicia, habría operado a partir del 21 de septiembre del 2020 hasta el 1° de diciembre de 2025.

La Justicia investiga ahora si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.

Otro de los ilícitos en cuestión sería el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L..

AFA, Justicia, Sur Finanzas

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la construcción de casi 400 viviendas destinadas a policías y familias de clase media, utilizando fondos que hasta ahora se asignaban a la urbanización de villas. El plan fue presentado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde un predio recuperado en Nueva Pompeya tras más de 20 años de usurpación.

La decisión marca un cambio en la política habitacional porteña y busca ofrecer soluciones concretas a quienes aspiran a acceder a su primera vivienda. El programa se ejecutará en los próximos tres años y forma parte de una estrategia para acompañar a quienes “trabajan, cumplen y se esfuerzan todos los días para salir adelante”, según palabras del alcalde.

El esquema de financiamiento y edificación se realizará a través del Instituto de la Vivienda (IVC) y el Banco Ciudad, con un enfoque en la clase media y el personal de la Policía de la Ciudad. El proyecto contempla la construcción de 190 viviendas en la avenida Varela 2951 (Villa Soldati), 136 en Cochabamba 1150 (Constitución) y 53 en avenida La Plata 2253 (Nueva Pompeya).

Este último terreno fue recuperado por el Estado porteño en noviembre, tras más de dos décadas de ocupación irregular. El nuevo edificio que allí se hará, junto al Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC 42), contará con 8 monoambientes, 29 departamentos de un dormitorio y 16 de dos dormitorios, distribuidos en 9 pisos; incluirá también locales en la planta baja, SUM, parque interno y cocheras.

Jorge Macri justificó la decisión de reasignar los fondos del IVC, tradicionalmente destinados a la urbanización de villas, para financiar créditos hipotecarios y construcción de viviendas para sectores medios y personal policial.

“Con la plata que antes se destinaba a regalar viviendas en las villas, vamos a construir nuevas para familias de clase media y para policías. Va a ser hogar de la gente que trabaja, de los que cumplen y de los que se esfuerzan todos los días para salir adelante. Se terminó el vale todo”, sostuvo el jefe de Gobierno durante la presentación, acompañado por el titular de la Policía porteña, Diego Casaló.

Y agregó: “El desastre que fue este predio dice mucho del abandono al que estaba sometida la Ciudad. Había cientos de propiedades usurpadas y nadie hacía nada. Pero vinimos y recuperamos el lugar, como tantos otros. Y ahora se viene la construcción.”

La línea de créditos para policías contará con préstamos en UVAs del Banco Ciudad, con una tasa de interés fija subsidiada por el Ejecutivo local que se ubica en un 7% (TNA), y acceso a un porcentaje de financiación mayor según la antigüedad y el mérito del solicitante. El valor de la cuota mensual no podrá superar el 25% de los ingresos netos del beneficiario o su grupo familiar, y el programa apunta a revertir una situación en la que, de los más de 30.500 policías de la Ciudad, solo alrededor de 5.350 residen en el territorio porteño.

En paralelo, la administración porteña anunció una nueva línea de créditos hipotecarios para la primera vivienda de clase media, con una tasa de interés subsidiada de 7,5% más UVAs (dos puntos menos que la tasa de mercado, que ronda el 9,5%), y cuotas comparables o inferiores a los valores de alquiler. El presupuesto de la Ciudad para este año prevé $13.171 millones para programas de ayuda habitacional dirigidos a sectores medios.

El cambio de destino de los fondos fue justificado por el Gobierno como una forma de focalizar la inversión en la expansión del acceso a la vivienda propia y de responder a sectores históricamente postergados en la política habitacional. A partir de ahora, los recursos del IVC se canalizarán exclusivamente hacia créditos para la adquisición de la primera vivienda, mientras que el Banco Ciudad amplió su oferta de préstamos hipotecarios UVA para adquisición, refacción, mejora o ampliación de vivienda única y permanente, con montos de hasta $150 millones y plazos de hasta 20 años.

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