POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
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El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.
Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.
El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.
La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).
Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.
La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.
El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.
Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.
Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.
El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.
Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.
El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.
La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.
El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.
Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.
Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.
POLITICA
Strada y Sagasti cruzaron a Luis Caputo por involucrarlas en la polémica por los créditos del Banco Nación
La senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Julia Strada cruzaron al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que las involucrara en la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Las dirigentes kirchneristas rechazaron lo señalado por el titular del Palacio de Hacienda y defendieron públicamente sus operaciones.
El episodio se originó a partir de una publicación del periodista Eduardo Feinmann en la red social X, donde señaló que la diputada y la senadora tenían créditos hipotecarios en el BNA. Caputo contestó ese mensaje y escribió, con tono irónico: “Felicitaciones a ambas. Gran decisión. ¡Dos votos inesperados para el presidente Milei en el 2027!“.
La respuesta no se hizo esperar. La primera en expresarse fue Fernández Sagasti, quien le respondió al ministro y rechazó las acusaciones. “Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequea. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde”, sostuvo y agregó: “Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo. Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, trae la tuya del exterior”.
Por su parte, Strada -exdirectora del Banco Nación- también le respondió a Caputo. “Me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda”, criticó.
Junto con su respuesta, la diputada compartió una serie de publicaciones en las que detalló el proceso completo del pedido de su crédito hipotecario en el BNA.
Según explicó, el proceso se inició en junio de 2025 y concluyó en marzo de 2026. Además, dijo que tomó un monto inferior al ofrecido: “Respecto al monto, tomé menos dinero del que me ofrecían, porque no queríamos afrontar una cuota que nos costara pagar después”.
Sin embargo, el cruce en redes creció y sumó nuevas derivaciones. A través de su cuenta en X Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, publicó: “Lo único malo de que al país le vaya bien es que también salen beneficiados los kukas (sic). Una pena, realmente”.
“Mostrá los papeles de tu crédito papi”, le achacó Strada a Carreira, quien aparece mencionado en el listado de personas involucradas el otorgamiento de créditos del BNA del oficialismo.
En paralelo, la diputada mantuvo otro intercambio con el exlegislador porteño de LLA Ramiro Marra, quien le reprochó que no había crédito hipotecario durante el gobierno de Alberto Fernández. “Julia, lo que importa es que lo hiciste durante un gobierno liberal y no bajo tu gobierno ¿la razón? El crédito hipotecario no existía. Me alegra ver que incluso los Kirchneristas viven mejor y pueden acceder a nuevas oportunidades”.
No obstante, Strada volvió a hacerse eco de las acusaciones y puso el foco en la transparencia de los procedimientos. “Che vendedor de atún. Decile a tus socios que muestren los papeles del crédito. Lo que importa es si hubo atajo o no”, expresó.
créditos hipotecarios del Banco Nación,Julia Strada,Luis Caputo,Ramiro Marra,Conforme a,,Presunto enriquecimiento. Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares,,“¿Quién es? Nadie sabe”. Elisa Carrió arremetió contra Adorni por las hipotecas,,Mensaje llamativo. El reposteo de Milei a una publicación en la que se acusó a un funcionario de conspirar contra su gobierno,Julia Strada,,»El kilo de asado a $24.130″. Milei apuntó contra una diputada de Unión por la Patria por un archivo en el que afirmaba que el dólar estaría a $3.700,,»Se colgó de nuestras banderas». Las reacciones de Ofelia Fernández y otras referentes del kirchnerismo a la denuncia de Fabiola Yañez,,»Nos gobierna un resentido». Una diputada kirchnerista culpó a Milei y dio siete razones por las que YPF debería haber elegido a Bahía Blanca
POLITICA
El Tribunal de Ética de la AFA falló a favor de Chiqui Tapia y avaló sus declaraciones patrimoniales
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recurrió al propio Tribunal de Ética de la entidad para que avale sus declaraciones juradas patrimoniales y determine que no es una Persona Expuesta Políticamente (PEP), una categoría definida por la Unidad de Información Financiera (UIF) que implica mayores controles para prevenir el lavado de dinero.
El tribunal, que está compuesto por magistrados de altísimo rango del Poder Judicial, firmó un fallo como si se tratara de la justicia real: validó sus presentaciones y concluyó que no está alcanzado por ese régimen ni por su rol en la AFA ni por su cargo como presidente del CEAMSE.
Los magistrados se basaron para fallar en una reglamentación desactualizada -Nro 134/2018- de la Unidad de Información Financiera. Desde 2023, la normativa vigente es indiscutible en cuanto a la condición de Persona Políticamente Expuesta de Tapia por su rol en la empresa pública de residuos.
La decisión, que se publicó ayer en “Y mañana qué”, fue firmada en julio de 2025 por Diego G. Barroetaveña, Manuel Fernández y Mario E. Kohan, integrantes del Tribunal de Ética de la AFA.
Barroetaveña es presidente de al Cámara Nacional de Casación Penal -y actualmente no forma parte del tribunal de la AFA después de que la Corte lo obligara a renunciar-; Kohan se desempeña como juez de la Cámara de Casación bonaerense; y Fernández es abogado, hijo del camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández y sobrino del operador judicial Javier Fernández. Todos integran el Tribunal de Ética de la AFA que intervino como si tuviesen jurisdicción sobre hechos por fuera del fútbol.
Dice el fallo: “El Sr. Claudio Fabián Tapia no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la Resolución UIF N.° 134/2018″. El texto también recurre a la doctrina de los actos propios para reforzar su razonamiento. Señala que Tapia ya había ocupado un cargo en el CEAMSE en 2017 sin haber sido considerado PEP por ninguna.
La razón por la que ahora es intimado es porque la UIF pulió y actualizó el listado de Personas Políticamente Expuestas. “Nadie puede cambiar su conducta anterior en perjuicio de otro”, cita el documento en latín (“nemo potest mutare consilium suum ni fraudem alterius), en una de las varias referencias doctrinarias que incluye para sostener su conclusión.
Con ese marco, el Tribunal de Ética resolvió “tener por válidas y formalmente eficaces” las declaraciones juradas de Tapia y establecer que no reviste la condición de PEP. La decisión se adopta, según aclara el propio texto, “dentro de las competencias de este tribunal”.
Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), AFA
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