“No estoy en los cuadernos”. Con leves variaciones, la oración fue una pieza común en la defensa que ensayaron este jueves dos exfuncionarios del kirchnerismo y un empresario durante sus respectivas indagatorias en una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas.

Fueron Omar Periotti y Sergio Férgola, que cumplieron funciones dentro de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante todo el periodo investigado y están acusados como miembros de una asociación ilícita; y Rubén David Aranda, director de la constructora Chimen Aike S.A., señalado en una anotación por haber entregado 250.000 dólares.

Todos están acusados en el tramo conocido como la “Camarita”, el modo en que se aludía informalmente a las reuniones en las que distintos empresarios se repartían la obra pública durante el kirchnerismo, encuentros que transcurrían mayormente en la Cámara de Empresas Viales.

“No estoy mencionado en ninguno de los cuadernos”, se defendió Periotti hoy en una nueva audiencia del juicio, en la que primó nuevamente el silencio entre los indagados, que fueron ocho.

Entre 2003 y 2015, Periotti fue el máximo responsable de DNV, el organismo encargado de la planificación, la construcción y el mantenimiento de la red vial nacional. También responsable de los pagos a las empresas que se alzaban con los contratos que, según la acusación, se digitaban en la “camarita”.

Periotti negó los cargos y afirmó hoy que nunca recibió “instrucciones de Néstor o Cristina Kirchner” y que tampoco nunca realizó “actos que perjudicaran al Estado” o que fueran impropios del cargo que ocupaba.

“Señores jueces, mi nombre no figura en el texto de todos los cuadernos de que trata esta causa, yo no estoy en mencionado en ninguno de esos cuadernos”, sostuvo.

Por su parte, Férgola, exgerente de DNV, no declaró en su indagatoria, pero su defensa solicitó con éxito que se leyera un fragmento de un descargo suyo previo, anterior al juicio, en el que sostenía que su imputación no surgía de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y que su nombre tampoco fue mencionado entre los arrepentidos, el otro gran pilar del caso.

El “papelito”

Antes que él, prestó declaración el empresario Aranda. Según la acusación, basada en una anotación distinta a la de los Cuadernos, pero hallada en una agenda del chofer Centeno, Aranda hizo un pago de 250 mil dólares a Nelson Lazarte y mantuvo 45 comunicaciones con Roberto Baratta, ambos funcionarios que respondían al entonces ministro Julio de Vido.

Aranda se defendió hoy diciendo que ese manuscrito era un “papelito” que no podía valer alzarse en su contra como prueba. Reconoció que la patente mencionada en él era la de su vehículo, una Toyota Hilux, pero afirmó que el monto y la fecha fueron escritos por una persona distinta a Centeno.

“Yo no estoy en las causas cuadernos, no me citó nadie, no me nombra nadie”, afirmó.

En tanto, optaron por no prestar declaración indagatoria los empresarios Alberto Ángel Padoán, Miguel Ángel Marconi, Mario José Maxit y César Arturo de Goycoechea, y un exfuncionario de Vialidad, Sergio Hernán Pasacantando.

En un firme pronunciamiento de respaldo a la Corte Suprema de Justicia, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales reclamó que el Consejo de la Magistratura apruebe el nuevo reglamento de selección de jueces, cuya votación hoy decidió aplazar.

“Es de esperar que el Consejo de la Magistratura de su aprobación al Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados elaborado por la Corte Suprema y lo ponga en práctica en cuanto ello sea posible”, dijeron los académicos.

En una declaración firmada por el presidente Alberto Bianchi y por Marcelo Gebhardt, secretario de la entidad, los abogados y juristas apoyaron la iniciativa y su aplicación para acabar con la “discrecionalidad” y dar transparencia a los mecanismos para elegir jueces.

La Corte, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dictó la Acordada 4/2026 que aprueba un “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”.

El presidente Horacio Rosatti, que preside el Consejo de la Magistratura, no firmó. En su vocalía explicaron que su doble rol le impedía firmar este documento.

La institución calificó a este nuevo reglamento como “una valiosa iniciativa” que está “fundada en los principios centrales del sistema republicano de gobierno”.

La Academia dijo que el proyecto merece “el más amplio apoyo”. Coincidió con la Corte Suprema en que el sistema de concursos públicos de antecedentes y oposición representa “uno de los ejes centrales” de la reforma constitucional de 1994.

Dijeron que al incorporar el artículo 114 a la Carta Magna, instituyó al Consejo de la Magistratura como el órgano exclusivo encargado de intervenir en el delicado proceso de selección de los jueces que integrarán los tribunales inferiores.

El espíritu de aquella modificación constitucional fue establecer un mecanismo para “limitar de tal manera la discrecionalidad que anteriormente ejercía el Poder Ejecutivo” en la etapa previa a la designación de los magistrados.

Haciéndose eco de los argumentos plasmados por la propia Corte Suprema en su acordada, la Academia señaló que la experiencia acumulada durante la aplicación del régimen actual ha dejado al descubierto “la necesidad de precisar, entre otros aspectos, las pautas que regulan la entrevista personal”.

Los expertos explicaron que la “relativa amplitud” con la que la instancia de la entrevista está diseñada provocó distorsiones en el proceso de selección.

Advirtieron que, en muchos casos, estas entrevistas orales fueron “decisivas en los resultados finales del concurso”, alterando el destino de las designaciones sin que su valoración se desarrolle sobre la base de “criterios suficientemente objetivos y estandarizados en cuanto a su ponderación, fundamentación y límites cuantitativos”.

Frente a este escenario , la Academia Nacional de Derecho sostuvo que “es necesario formular reglas más claras y previsibles”. El objetivo es garantizar que la entrevista personal deje de funcionar como un filtro arbitrario, asegurando que “no sea una instancia decisoria y cumpla adecuadamente su finalidad institucional”.

Solo ajustando la normativa, aseguran, se logrará “evitar que la evaluación de los postulantes se haga de modo disfuncional”. El documento subraya que estas modificaciones normativas permitirán que la selección final “recaiga en las personas más idóneas y meritorias”.

Para ello, proponen que la etapa final del concurso “no altere de manera significativa el orden de mérito establecido en las instancias técnicas previas”, de modo de impedir que el examen de los candidatos sea subvertido “en función de criterios meramente subjetivos”.

Si no se aprueba e implementa este nuevo reglamento, advirtieron se corre el riesgo de que “la discrecionalidad que antes poseía el Poder Ejecutivo” termine mutando y se convierta “en una prerrogativa de los jurados de los concursos”, desvirtuando por completo la letra, el mandato y el espíritu de la Constitución.