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El comunicado del Ministerio de Seguridad por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

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WASHINGTON.- El fuerte revés que le aplicó la Corte Suprema norteamericana a Donald Trump, al anular la mayoría de los aranceles globales, y el contraataque del presidente, que anunció una nueva tarifa general mediante otros mecanismos, podría impactar en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones que la Argentina selló con Estados Unidos el 5 de febrero pasado, que tiene un amplio componente tarifario.

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La Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento del presidente Javier Milei en una querella por injurias que había planteado el director de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.

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La diputada libertaria María Celeste Ponce denunció este viernes que durante la sesión de este jueves fue agredida por Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, y su asesora. El presunto hecho de violencia habría ocurrido tras la tensa jornada legislativa en la que se aprobó la reforma laboral, en la cual La Libertad Avanza pidió la expulsión de Florencia Carignano por incidentes.

“Fue cuando terminó la sesión, alrededor de las 2. Yo generalmente me voy por la salida principal. Ahí me increpó con otras persona más que creo que era su asesora y me dijo que yo en redes sociales había hablado de sus estudios, pero yo no soy de hacer ese tipo de comentarios”, expresó la diputada en LN+.

En tanto, continuó: “Luego me volvió a increpar en la bajada de la escalera y ahí su asesora me pegó un pechón. Yo iba con tacos y me podría haber caído. Por eso solicité los videos, para avanzar con la denuncia”.

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La Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento del presidente Javier Milei en una querella por injurias que había planteado el director de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.

Milei había bautizado a Fontevecchia como “Tinturelli” y “quebrador serial”, le dijo que “vive de la pauta” y lo llamó “ensobrado”.

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Ahora el máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, confirmó el sobreseimiento de Milei por el delito de injurias que le había atribuido el periodista y empresario.

En la causa se investigaban tres episodios donde Fontevecchia se había considerado injuriado por el Presidente en distintas apariciones públicas antes y después de asumir el poder.

El Banco Central (BCRA) volvió a acelerar la compra de dólares hoy, al alzarse con US$167 millones por sus intervenciones sobre el mercado cambiario local, cifra representativa de poco más del 35% de las divisas operadas en el segmento de contado (US$ 476 millones) en el día.

La adquisición, que supera en siete veces la cuota de participación que esta entidad había anunciado para esta primera etapa de su plan de remonetización de la economía por la vía de reservas, confirma que intenta dosificar la caída del billete, que cerró hoy a nivel mayorista a $1376 (valor que no tocaba desde mediados de octubre pasado), tras caer $13 más en la jornada y otros $23,50 en la semana corta, por los feriados de Carnaval.

De este modo, acumuló adquisiciones por US$324 millones esta semana atípica, por US$1255 millones en lo que va del mes (+8,39% durante enero) y por US$2413 millones en lo que va del año, al cabo de las 33 ruedas en que iniciara tímidamente esta racha, el pasado 5 de enero.

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La diputada de La Libertad Avanza Julaian Santillán presentó un proyecto de resolución donde solicita la sanción disciplinaria contra la legisladora de Unión por la Patria Florencia Carignano por desenchufar los cables de los taquígrafos en el debate por la reforma laboral.

La jueza María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri en la causa que investiga por falso testimonio a su exasesor, Jorge Abello, en el marco de una serie de hechos laterales que rodearon al atentado a Cristina Kirchner en 2022.

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Cleri quedó involucrado en la investigación por un mensaje de texto que habría recibido de Abello, aunque eso pudo ser constatado por la Justicia.

La cita estaba prevista para el mediodía de este viernes, pero fue postergada porque Cleri no contaba con el patrocinio de ningún abogado defensor. Según indicaron fuentes al tanto del caso, finalmente se le asignó como abogado al defensor oficial Hernán Silva, pero aún no se fijó fecha para la nueva audiencia.

El Gobierno se anotó la segunda victoria legislativa de este año, luego de que Diputados aprobara esta madrugada la reforma laboral. Aunque el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva, las acciones responden en las primeras negociaciones del día con una suba del 5% en la Bolsa porteña, el dólar toca mínimos desde octubre del año pasado y el riesgo país vuelve a tender a la baja.

En la última rueda de esta semana, el tipo de cambio mayorista cerró a $1375,97, lo que significó una caída diaria de $15,01 (-1,08%). La última vez que se registró una cifra nominal similar fue a mediados de octubre del año pasado, antes de las elecciones de medio término.

Con la designación del coronel mayor retirado Ariel Guzmán como administrador, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, dio el primer paso hacia la liquidación de la obra social de los militares, cuya disolución fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia y arrastra todavía una deuda de $200.000 millones.

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“El coronel Guzmán conducirá el período de transición del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que se extenderá por un año”, dijo a una fuente del ministerio. Cerca de Presti recordaron que la decisión del ministro es que el Estado se haga cargo de la deuda. El titular de Economía, Luis Caputo, intervendrá en la definición de los pagos a los acreedores de la obra social, en su mayoría prestadores.

Según pudo saber , en varios puntos del país se mantienen cortes en las prestaciones que dificultan, incluso, la atención de cuadros graves, como el de una niña de 7 años cuya familia enfrenta demoras en la entrega de alimentación especial que necesita por prescripción médica, dijeron fuentes de Iosfa. También revelaron que la obra social tiene aún un déficit mensual operativo de $12.000 millones y varias prestaciones permanecen cortadas.

La Cámara Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa que investigó su cruce en el Congreso con el diputado radical Facundo Manes, que lo denunció penalmente por presuntas amenazas.

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Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II, sostuvieron que el choque que protagonizaron ambos en los pasillos del Congreso, después que el presidente Javier Milei inaugurara el 1° de marzo las sesiones ordinarias, no pasó de un intercambio acalorado, en el marco de un contexto legislativo, y que, por más que Manes se haya sentido intimidado por el asesor, no hacía falta producir más pruebas para esclarecer los hechos.

Santiago Caputo increpa a Manes en los pasillos del Congreso

El camarista Roberto Boico, en tanto, votó en disidencia con sus colegas, al sostener que la investigación aún estaba incompleta.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) emitió hoy un comunicado en el que cuestiona la decisión del juez Diego Amarante de llamar a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia, cabeza de la asociación, a Pablo Toviggino, su tesorero, y a otros dirigentes involucrados en la causa que revisa un presunto desvío millonario de aportes sociales e impuestos.

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“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, señaló la entidad que preside Tapia en el comunicado.

Y añadió: “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”.

La firma inició trámites para terminar los proyectos que habían comenzado durante el chavismo. Dos turbinas que iban a viajar a Caracas “duermen la siesta” en Mendoza.

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En términos concretos,Impsa solicitó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos que le otorgue una licencia para poder entablar conversaciones con CorpoElec, que es la Corporación Eléctrica del gobierno venezolano. La compañía necesita obtener ese permiso porque la ley norteamericana prohíbe negocios con agentes sobre los que pesan sanciones.

Gobierno se anotó la segunda victoria legislativa de este año, luego de que Diputados aprobara esta madrugada la reforma laboral. Aunque el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva, las acciones responden en las primeras negociaciones del día con una suba del 4% en la Bolsa porteña, el dólar toca mínimos desde octubre pasado y el riesgo país vuelve a tender a la baja.

En la última rueda de la semana corta, el índice accionario S&P Merval avanza 0,8% y cotiza en 2.861.505 unidades (US$1971 al ajustar por el dólar contado con liqui), tendencia que logra poner fin a la racha de números negativos que acumula desde que empezó febrero. En el panel principal, se destacan los papeles de Sociedad Comercial del Plata (+4,6%), Transener (+3,2%) y Metrogas (+2,3%).

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Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street(ADR) operan, sin embargo, con variaciones dispares.Por un lado, trepan los papeles de Globant (+2,3%), Grupo Financiero Galicia (+0,8%) y Mercado Libre (+0,7%). Por el otro, caen Edenor (-1,8%), Tenaris (-1,7%) y Pampa Energía (-1,3%).

La vicepresidenta aludió al revés que recibió Trump en las redes. Defendió la política arancelaria en Argentia y expuso diferencias con la apertura a las importancias en las Argentina. “Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, manifestó.

El mensaje de Villaruel en las redes.

Este viernes, mientras se discutía en la Comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado la reforma laboral modificada tras el debate en Diputados, Patricia Bullrich mantuvo un fuerte cruce con la senadora peronista Florencia López.No van a alcanzar los helicópteros», dijo la opositora al trazar una comparación con la crisis de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa. La jefa de la bancada liberataria la llamó “golpista”

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López realizó un discurso con fuertes críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei a raíz del cierre de la fábrica de neumáticos Fate y a la reforma laboral. “Hay una recesión brutal. Pasa que la gente no tiene plata para comprar, para consumir. Acaba de cerrar Fate, 1000 trabajadores en la calle. No venden. Han hecho una apertura indiscriminada de las importaciones sin antes hacer el paso previo. Estamos de acuerdo en las aperturas. Pero primero fortalezcamos lo nuestro, si no, lo van a aniquilar, lo van a destrozar”, consideró la senadora del bloque justicialista.

Tras la victoria legislativa de este viernes por la madrugada, con la aprobación de la ley de reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a reunir a la mesa política y al Gabinete en pleno.

El primero de esos encuentros será el lunes, a las 14:30, y el segundo, con el Gabinete en pleno, el martes por la mañana. El encuentro con todos los ministros será el primero del año, luego de que Adorni tuviera encuentros personales con los distintos ministros, de forma bilateral.

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“Vamos a terminar de definir lo que queda de extraordinarias y las prioridades de marzo”, detallaron cerca del jefe de ministros. Al tiempo que aludieron a que se está trabajando en el armado del listado de proyectos 2026 que el Poder Ejecutivo “empezará a priorizar”. Parte de esa hoja de ruta se espera que se conozca el domingo 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

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El paro realizado este jueves por la CGT generó una pérdida económica de 575 millones de dólares, según comunicó el Gobierno a través de la Oficina de Respuesta Institucional. Además, habló de un “nivel de acatamiento promedio de entre el 30% y el 50%, según la actividad y la región”.

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Según la Oficina recientemente creada, el Gobierno tuvo en cuenta “la interrupción parcial de la producción, los servicios, el comercio, la logística y el transporte en todo el país”.

Más de 5 millones de personas se vieron afectadas por la paralización del transporte público: más de 1 millón de pasajeros en trenes, 4 millones en colectivos del AMBA y cerca de 100.000 pasajeros aéreos.

En un trámite veloz, que demandó algo más de una hora de debate, el proyecto de ley de reforma laboral obtuvo esta mañana dictamen de comisión en el Senado y quedó, así, en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Javier Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1° de marzo.

El despacho acepta la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.

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El economista Carlos Melconian puso en duda este viernes una de las grandes promesas del presidente Javier Milei para este 2026: que para mitad de año la inflación comience con cero. Además, advirtió sobre la continua compra de dólares por parte de los argentinos a pesar de un tipo de cambio planchado este verano.

“Salto [inflacionario] no va a haber. La tendencia hacia arriba la llamamos a 2,8%, pero escapar no se va a escapar, entra en un terreno resbaladizo donde le va a costar bajar. Estos son procesos largos. No debería ser una conversación de blanco o negro. Ir de 300% [anual] a 30% es un éxito, ir de 30% a un dígito anual va a ser muy complicado, muy. Yo no perdería crédito en la palabra diciendo que vamos a cero coma y todo eso», analizó el extitular del Banco Nación.

En diálogo con radio Mitre, aseguró que a mitad de año el IPC mensual no va a comenzar con un cero, pero luego consideró: “La inflación va a colapsar. Este es un modelo ortodoxo, clásico, tradicional, que hace que se mantenga la inflación a raya. No es un plan de estabilización que tiene una baja tortuosa”.

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El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los artículos claves de la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora deberá tratar el Senado. El Gobierno lo presenta como un instrumento para financiar las indemnizaciones por despido, pero los opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional.

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De los 26 títulos y más de 200 artículos que componen la reforma, fue uno de los que el ministro de Economía, Luis Caputo, se negó a negociar. La oposición lo intentó voltear en la discusión en particular, pero el oficialismo desplegó un fuerte dispositivo de disuasión para evitarlo. El trabajo dio sus frutos: el capítulo II de la reforma laboral, que contenía el artículo del FAL, se aprobó finalmente con 130 votos positivos, contra 117 rechazos y tres abstenciones. El oficialismo tuvo cinco votos menos que los obtenidos en la aprobación en general. Estos son los principales puntos que establece la norma.

Dos contadoras que trabajan para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declararon ante la Justicia que el tesorero Pablo Toviggino concentraba toda la información impositiva vinculada a la entidad y que daba las órdenes para ejecutar los pagos. Esos testimonios fueron valorados por el juez Diego Amarante al momento de citar a indagatoria a los jerarcas de la AFA, a los que acusa haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos por más de $19.300 millones.

Una de las contadoras que declaró como testigo es Mónica Bouvet, a cargo de la gerencia de Administración y Control de la AFA. Ante la Justicia aseguró que las declaraciones juradas vinculadas a las percepciones del decreto 510/2023 (que estableció el régimen previsional de los clubes) se elaboran en su área y que luego ella misma informa “por mail” a Toviggino sobre los vencimientos.

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La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires definió las impugnaciones de listas distritales para sus elecciones partidarias y dejó fuera de carrera a la nómina que impulsaba el intendente de Tigre, Julio Zamora, para controlar esa estructura política. Quedó en pie solo la candidatura de Luis Samyn Duco, el candidato de Sergio Massa. El jefe comunal y el exministro de Economía fueron aliados políticos, pero desde hace años están enfrentados. En simultáneo, quedó habilitada de modo oficial otra de las internas más duras del conurbano, la que sostienen en Morón el intendente, Lucas Ghi, y el exjefe comunal Martín Sabbatella, ambos de Nuevo Encuentro, pero con listas propias en el peronismo municipal.

En total, las resoluciones de la junta partidaria dejaron activas 12 internas distritales en el marco de unas elecciones partidarias marcadas por el acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora para dejar como presidente del PJ bonaerense al gobernador Axel Kicillof.

En redes sociales, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger celebró la aprobación por parte de Diputados de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

“La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas”, escribió el funcionario libertario.

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Tras ello sumó: “Para entender los detalles de la ley sigo recomendando el documento del Consejo de Mayo que ya en Diciembre explicaba lo que se pretendía y repasa el articulado punto por punto. Un éxito contundente del presidente Milei, pero sobre todo un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal por tantos años. VLLC!“.

Javier Milei

El dispar acatamiento del paro general de la CGT y la aprobación en general que se apresta a dar, esta madrugada, la Cámara de Diputados a la reforma laboral impulsada por el Gobierno expuso con fidelidad el juego de roles que cada uno de los actores políticos interpretó este jueves. Y reflejó cabalmente la correlación de fuerzas que hoy rige en la Argentina.

Como indica una tan pragmática como cínica máxima legislativa, “la oposición se quedó con los gritos y el Gobierno se llevó la ley”. Un ejemplo incontrastable de que nadie tiene el control absoluto de la situación, pero hay un ganador que ejerce un fuerte predominio en la escena pública.

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El oficialismo aprobó en Diputados el proyecto de reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado, sin el polémico artículo 44, que proponía reducir drásticamente el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente de un trabajador. A raíz de esta modificación, la iniciativa debe retornar a la Cámara alta para convertirse en ley.

El proyecto, de poco más de 200 artículos, está agrupado en en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.

La protesta frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral que trata Diputados se desarrolló sin sobresaltos hasta las 16 horas, cuando comenzaron los primeros incidentes entre las fuerzas de seguridad y un pequeño pero creciente grupo de manifestantes que arrojó botellas y agitó las vallas del Congreso, sobre la avenida Rivadavia.

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El debate por la reforma laboral en Diputados no estuvo exento de tensiones, cruces y otras perlitas que supieron adornar la maratónica sesión en el Congreso. La jornada del jueves estuvo atravesada por varios momentos que generaron revuelo tanto dentro del recinto como en las redes sociales. Kelly Olmos, Agustina Propato, Florencia Carignano, Horacio Pietragalla y Rodolfo Tailhade fueron algunos de los protagonistas.

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La diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, y su esposo, el abogado Franco Bindi, recibieron un revés judicial de la Cámara Federal de Casación, que rechazó su recurso para que puedan nombrar defensores en una causa donde se investiga una denuncia de supuesto espionaje contra Karina Milei.

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De los 26 títulos y más de 200 artículos que componen la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay uno solo imprescindible para Luis Caputo, ministro de Economía: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que si bien fue pensado para financiar las indemnizaciones por despido, economistas y opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional.

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Adorni apuntó contra la CGT en las primeras horas del paro

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó este jueves a la cúpula de la CGT por el paro nacional al asegurar que “no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”.

“Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, indicó el funcionario libertario.

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Tras ello dijo en declaraciones a La Casa Streaming que la medida perjudica a los trabajadores que desean asistir a sus empleos: “Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”.

Por otra parte, hizo una comparación con el anterior gobierno. “Con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, enfatizó.

Paro General por la reforma laboral.
Constitución
Martín Cossarini

La medida de fuerza, que durará 24 horas, es contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que se tratará hoy, a partir de las 14, en la Cámara de Diputados. No hay subtes, trenes ni vuelos y sólo funcionan algunas líneas de colectivos. A la huelga adhirieron -además de los gremios del transporte- trabajadores estatales y empleados de comercio, aunque hay negocios abiertos.

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Paro General por la Reforma Laboral.
Aeroparque
Martín Cossarini

Sí funcionan algunas líneas de colectivo porque la empresa DOTA no se sumó al paro y abrieron supermercados, aunque con personal limitado. Los bancos están cerrados y sólo funcionan en la modalidad homebanking o con personal jerárquico.

La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y manifestantes que se desmarcaron de la CGT -que llamó a un paro sin movilización- y decidieron salir a la calle. Algunos de los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortaron por unos minutos la Panamericana, mientras que otros grupos interrumpieron los accesos a la ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. En todos los casos intervinieron fuerzas federales.

corte en la subida al puente Pueyrredón, sobre avenida Mitre, en Avellaneda.
Paro general por la reforma laboral
Sebastián Hipperdinger

La cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei había sido anticipada días atrás y fue ratificada este miércoles, cuando se confirmó que la reforma laboral será tratada en la Cámara baja. En este contexto, 13 gremios se sumaron a la medida de fuerza de la central obrera.

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Además de referirse al paro general, el jefe de gabinete habló sobre el conflicto con la empresa Fate, que cerró sus puertas y dejó a más de 900 trabajadores sin empleo en la previa del tratamiento de la reforma laboral.

“Llama la atención que una empresa que hace quince años está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo que hoy reclama o se pregunta por qué cerró, cierre sus puertas de un día para el otro antes del tratamiento de la reforma laboral”, expresó.


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Villarruel defendió los aranceles de Trump y criticó la apertura económica: “Favorece la dependencia de China”

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La vicepresidenta Victoria Villarruel, en ejercicio del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, cuestionó las políticas de liberación de importaciones de la administración libertaria.

Sus declaraciones surgieron tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que revocó la decisión de Donald Trump de imponer aranceles globales para proteger la industria local. Para la funcionaria, la anulación de esos gravámenes “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”, trazando un paralelo con la situación económica argentina tras el reciente cierre de la fábrica FATE.

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Villarruel defendió la postura proteccionista del mandatario republicano y advirtió sobre los riesgos de la desregulación comercial. “Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista”, expresó.

En este sentido, marcó una diferencia de principios con la gestión nacional al sentenciar que “para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, posicionándose en favor del fortalecimiento del sector industrial frente a la competencia externa.

La mandataria profundizó su crítica al proceso de apertura económica que fomenta el ingreso de productos del exterior, señalando que esta dirección profundiza las crisis internas. “La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, cuestionó.

Finalmente, Villarruel instó a no conformarse con un modelo económico limitado, afirmando que el país tiene “todo para ser una potencia mundial”. Según su visión, el debate de fondo en la actualidad política y económica se resume en una elección de soberanía productiva: “No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”.

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Un régimen penal juvenil para la opinión pública

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El jueves 12 la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil. Dos narrativas se disputan la explicación sobre lo sucedido. La primera, la de los impulsores del proyecto, es que la política ha “saldado una deuda histórica” con la sociedad, que en porcentajes abrumadores inundaba las encuestas con respuestas afirmativas a la pregunta de si bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. La segunda, proveniente del progresismo, achaca a los representantes haber sucumbido ante la ira de una turba punitivista e irreflexiva.

Ambas narrativas comparten una premisa discutible: que los diputados se hayan limitado a hincarse ante la opinión pública. Las encuestas, con un 60, 70, 80% de respuestas a favor de bajar la edad, pueden parecer terminantes. Sin embargo, el tránsito de una encuesta a una política pública no es lineal: una ardua tarea interpretativa separa las dos o tres respuestas binarias que pueden obtenerse de una encuesta y la complejidad de una política pública que debe enfrentar los dilemas del mundo real. La opinión pública es genérica y abstracta; la redacción de una ley, en cambio, exige definiciones, especificaciones, detalles. Sobre estas decisiones, entonces, deberemos juzgar al Congreso.

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Hagamos el ejercicio de tomar las encuestas por lo que dicen que valen: una enorme mayoría de los encuestados cree que a los 13 o 14 uno entiende la criminalidad de ciertos actos y puede recibir un reproche estatal al respecto. No sabemos por qué hechos, con qué garantías, ni con qué penas, y hasta donde sé no ha habido un esfuerzo serio por entenderlo. Es difícil, entonces, guiarse por estas encuestas al momento de diseñar un sistema concreto.

Nos queda, entonces, lo que han dicho los miembros del Gobierno que se han erigido en voceros de este reclamo. Sus figuras más visibles han militado este proyecto con un eslógan sin mucho sentido: Delito de adulto, pena de adulto (¿cuáles serían los “delitos de niño”?). Cuando buscan explicarlo, sin embargo, siempre lo ejemplifican con los mismos delitos: homicidio y robo con armas. Una asesora presidencial lo dijo con todas las letras: “Se aplica a delitos graves. No estamos hablando de una simple travesura, sino de delitos graves como robo a mano armada, violaciones, asesinatos… Delitos que del otro lado tienen una víctima real que merece justicia”. Evidentemente, de lo que se trata aquí es de castigar delitos gravísimos.

Otros aspectos del discurso oficialista dan más pistas sobre el tipo de ley que, en su concepción, debería sancionarse. Por ejemplo, ha sido muy frecuente la apelación a unirse a otros países de la región, que han fijado su edad de punibilidad en 12, 13 o 14 años. Además, la mayoría de los diputados oficialistas han enfatizado la necesidad de “resocializar” a los adolescentes que han cometido delitos, permitiéndoles salir de su situación y encontrar un lugar legítimo en la sociedad.

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Si estas motivaciones son sinceras, sin embargo, el proyecto votado no las honra. La Cámara Baja ha sido víctima de una dinámica política patológica, conocida como polarización de grupos: cuando un grupo ha adoptado una decisión, se premia a quienes impulsen ir en esa dirección y se castiga a los que planteen prevenciones o matices. El Senado tiene una oportunidad de mejorarlo; no para acercarlo a lo que piden sus detractores sino, precisamente, para hacerlo más parecido a lo que ellos mismos dicen defender.

En primer lugar, ¿por qué no limitar la pena de prisión a los delitos más graves? Alcanza con imaginar las infracciones al Código Penal que podría cometer cualquier adolescente de cualquier estrato social para darnos cuenta de que su aplicación automática sería ilógica: un graffiti podría ser delito de daños; truchar consumiciones en un boliche, delito de estafa; lastimar a alguien en una pelea en un boliche, lesiones graves, y así. Es difícil asumir que una mayoría cree que la pena de prisión para estos casos sea una respuesta racional o proporcionada.

Sin embargo, el proyecto actual mantiene la pena de prisión para todos los delitos del Código Penal. Es cierto que se prevén algunas salvaguardas para que los adolescentes puedan evitar la prisión, por ejemplo, si es su primera imputación, pero está siempre como amenaza incluso para los delitos más leves. El proyecto prevé, también, que los fiscales puedan optar por no perseguir ciertos delitos (el llamado “principio de oportunidad”), pero, inexplicablemente, lo hacen de tal modo que es más severo con los adolescentes que con los propios adultos. El Senado fácilmente podría corregir estos aspectos. Si es necesario, podría invocar incluso justificaciones presupuestarias o pragmáticas: un proyecto que prevé castigar todos los delitos, incluso los más leves, no solamente es más irracional, también es más lento y caro.

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En segundo lugar, si es necesario acercar la legislación argentina a la de los países vecinos, podrían imitarse otros aspectos tanto o más importantes que la edad de imputabilidad. El proyecto, por ejemplo, mantiene las escalas de pena de los adultos, con un límite superior de 15 años de prisión. Esta asimetría es paradójica: se reduce, de hecho, la pena de los delitos más graves, mientras la de los más leves se mantiene igual. En contraste, los países que suelen mencionarse como modelo no solo tienen máximos más bajos (tres años en el caso de Brasil, cinco o diez en Chile y Uruguay, ocho en Colombia), sino que también reducen proporcionalmente la pena junto con la edad. El Senado podría proponer imitar a nuestros vecinos también en esto.

Finalmente, si la vocación de la mayoría es lograr la resocialización de los adolescentes que han cometido delitos, la clave estará en la partida presupuestaria (hoy insuficiente) que permita la implementación del proyecto, especialmente por parte de las provincias con la deseable asistencia del Estado Nacional. Sin embargo, hay una modificación que puede incluirse fácilmente: prohibir que los adolescentes conserven un registro de antecedentes penales, que lo obligaría a dar explicaciones a cualquier empleador futuro cuando realmente esa posibilidad de resocialización exista.

Se trata de reformas concretas, poco ambiciosas y fácilmente justificables para legisladores de cualquier partido político. Se trata también, uno puede permitirse creer, de normas que serían apoyadas por una mayoría de la sociedad si existiera un debate público robusto al respecto, y no simplemente una lectura temerosa de las encuestas.

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