Promesas a los gobernadores de obra pública, financiamiento de deuda y el reparto discrecional de fondos en conceptos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cambio de apoyo legislativo. La inclusión furtiva de un artículo que disponía descuentos salariales ante licencias por lesiones o enfermedades que casi hace tambalear la ley. Un pacto con la “casta sindical” para que los jefes gremiales conserven intactas sus cajas. El lobby de políticos, empresarios y gremialistas para sacar tajada de una negociación farragosa. La desinformación oficial de manera intencional, y el surgimiento de un fondo millonario cuyo fin sería el financiamiento de las indemnizaciones a costa de los aportes al sistema previsional. La enumeración sirve de epítome de una ley de reforma laboral que Javier Milei ordenó acelerar en sesiones extraordinarias tras su fallida maniobra de hacerlo por decreto, al filo del fin de año de 2023, cuando llevaba apenas una semana en el poder y lo anunció por cadena nacional.

El apoyo de los gobernadores

Después de haber logrado que la Casa Rosada desistiera del capítulo fiscal, que afectaba a los recursos que se distribuyen en concepto de coparticipación, los jefes provinciales decidieron darle los votos a Milei en el Congreso para avanzar con la reforma laboral. Seis mandatarios, en su mayoría de raíz peronista, fueron decisivos para lograr el quorum el jueves en Diputados y abrir la sesión. Se trata de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones). Con sugestivas ausencias, también aportó su cuota al triunfo libertario el cordobés Martín Llaryora, como el santafecino Maximiliano Pullaro.

Los acuerdos anudados con cada mandatario son diferentes. En todos los casos fueron negociaciones en las que la ideología quedó de lado y se impuso el intercambio. Una suerte de mercantilización del voto que siembra sospechas sobre la transparencia legislativa.

Al catamarqueño Jalil, por ejemplo, le aseguraron futuras inversiones mineras condicionadas a la sanción de la Ley de Glaciares. A Orrego lo tentaron con la misma manzana, según fuentes del Ministerio del Interior. Al tucumano Jaldo, le depositaron para la Navidad $20.000 millones en concepto de ATN y el jueves hasta criticó el paro de la CGT pese a haber cerrado su campaña electoral del año pasado con el referente camionero que tiene Hugo Moyano en su provincia. Curioso lo del delfín de Alperovich y Manzur: desafió el año pasado con cortarle la melena al león y ahora hasta parece dispuesto a peinarlo.

Con el misionero Passalacqua, el peón de Carlos Rovira, además del reparto de recursos, se conversa sobre un supuesto pacto de no agresión electoral rumbo a 2027, una estrategia que podría repetirse en otros distritos. Al exsindicalista petrolero Vidal parece que bastó con la cesión de tierras que YPF le transfirió a Santa Cruz. Con Llaryora y Pullaro la negociación habría pasado por las trasferencias de las cajas jubilatorias. Sus diputados jugaron a favor de la reforma laboral y evitaron obstaculizar al oficialismo en las votaciones más complicadas, como el fondo para las indemnizaciones o la derogación de estatutos profesionales.

El artículo “invisible” de las licencias

Cuando vio que peligraba realmente la sesión en Diputados, el Gobierno decidió retirar de la ley el artículo 44, que disponía descuentos salariales del 50% para faltas vinculadas a problemas médicos atribuibles al empleado y del 25% cuando se trata de enfermedades sobrevinientes.

Una revisión del derrotero del artículo 44 demuestra que se incorporó al dictamen de mayoría del Senado 24 horas antes del debate. El gran misterio que persiste es quién pidió la incorporación del artículo, un secreto que Patricia Bullrich mantiene guardado. ¿Fue Federico Sturzenegger el que intervino vía Milei, a través de la Secretaría Legal y Técnica? “Ya está. Lo hizo el bloque de La Libertad Avanza, con el apoyo de 41 senadores”, dijo Bullrich, seca y tajante.

“Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%”, explicó con naturalidad Sturzenegger en una entrevista en la que puso el problema en escena. Tal vez si el ministro de Desregulación callaba, el artículo hubiera quedado tal cual como se votó en el Senado. Un homenaje a Karina Milei, que bajó línea a los legisladores oficialistas para que voten los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sin la necesidad de ser leídos previamente. Muchos libertarios siguieron la indicación al pie de la letra.

El pacto con la CGT

Ni siquiera estaba en la versión del final del último borrador que circuló antes del comienzo de la sesión del 11 de febrero en el Senado. Con el debate arrancado, la idea oficialista era limitar los “aportes solidarios” a los gremios al 2% y autorizarlos hasta enero de 2028. Con este acuerdo, los jefes sindicales se aseguraban su caja por lo menos hasta su retiro, ya que muchos de ellos rozan los 80 años y al problema financiero se lo dejarían a sus eventuales herederos. Pero con el debate en curso comenzó a tomar fuerza lo que finalmente se votó: el Gobierno dio marcha atrás con la poda de recursos a las obras sociales sindicales, sostuvo las cuotas solidarias y mantuvo a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical.

La negociación tuvo como interlocutores a Santiago Caputo, Diego Santilli y Lule Menem, por parte del oficialismo, y a Gerardo Martínez, Jorge Sola y Cristian Jerónimo en representación de la CGT, según confirmaron desde ambas orillas. “Bullrich acataba lo que le bajaban desde Casa Rosada”, dijo uno de los sindicalistas que el 11 de febrero digitó los cambios del proyecto final hasta último momento.

En la CGT lo celebraron como un triunfo: salvaron la caja. Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE, sintetizó el pacto: “Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores”. Aguiar tiene una cruzada contra los jefes cegetistas: los desafió a presentar sus declaraciones juradas, algo que él se tomó como costumbre desde sus inicios sindicales en Río Negro.

La polémica por las licencias que abrió Sturzenegger sumado a la presión de la izquierda y otros gremios díscolos terminó de empujar a la CGT a activar su cuarto paro general contra Milei. La estrategia que se debate ahora internamente es seguir con los paros a repetición o judicializar la reforma laboral. Irán primero a los tribunales, con la intención de que el reclamo colectivo paralice la aplicación de la ley, como ya sucedió, por ejemplo, con el capítulo laboral del DNU 70/23. “Vamos a judicializar toda la ley, es inconstitucional”, anticipó Sola.

Lobby

En su afán de forzar cierta autonomía de La Libertad Avanza, el Pro cuestionó que se haya quitado del proyecto la posibilidad de cobrar el sueldo a través de billeteras virtuales. La vehemencia del reclamo del bloque macrista en favor de las fintech fue algo sugestiva y se interpretó como un pedido para que se tenga en cuenta a empresas como Mercado Pago, de Marcos Galperin. Se impuso finalmente el lobby de los bancos, que conservan el monopolio.

Pasó algo similar con las empresas de plataformas, que lograron a través de sus nexos con el Gobierno que se mantenga en el proyecto la inexistencia de vínculo laboral con los repartidores o choferes que trabajen para sus apps. Es decir, siguen sin ser considerados trabajadores.

El fondo para las indemnizaciones

El Gobierno presenta al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un instrumento para financiar las indemnizaciones por despido del sector privado, pero los opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional. Lo compararon con lo que fueron los AFJP.

Se estima que recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales. Será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). En la oposición sospechan que estos fondos terminen teniendo, como función principal, la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana. En ninguno de los dos ministerios dieron precisiones sobre qué entidades creen que serán las que manejen el FAL.

Desinformación

En el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero sostuvo que “la ley va a aplicar a los nuevos trabajos y que las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente”. Reforzó el concepto en una entrevista con , en la que lo ejempificó con la derogación del estatuto del periodista. “Los periodistas que ya están [en actividad] continúan con todos sus derechos. La derogación no es por el refuerzo de la indemnización [que contempla] sino porque no hay incorporaciones nuevas”, argumentó.

La ley, sin embargo, se aplicará a todos los trabajadores en actividad al momento de su promulgación. Será así porque el oficialismo no aceptó bajar en tinta en la ley lo que Cordero expuso ante los senadores.

La oposición lo intentó modificar sin éxito tanto en el Senado como en Diputados. Durante su intervención en la sesión del 11 de febrero, el senador Mariano Recalde (PJ) pidió agregar un artículo 57 bis, que diga textualmente: “Las disposiciones del presente Título –el I– serán de aplicación a los contratos de trabajo que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley”. El senador Bruno Olivera Lucero, miembro informante de La Libertad Avanza, rechazó las modificaciones y el proyecto quedó tal cual como estaba redactado. Sucedió algo similar en Diputados. Sergio Palazzo (PJ) pidió un agregado que especifique que la aplicación de la ley era para los empleos que se generen a partir de su promulgación. El diputado libertario Lisandro Almirón también rechazó la propuesta con una mueca de ironía.

La sucesión de triunfos en el Congreso, el encogimiento de la oposición y el veranito cambiario en la Argentina del dólar barato dan la apariencia de un Gobierno blindado. Sin embargo, se renuevan viejas señales de alerta con secuelas en el empleo y en la economía doméstica. En julio de 2025, dos de las tres fábricas de neumáticos del país activaron Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y redujeron plantilla. En Bridgestone hubo 452 despidos más decenas de salidas de manera acordada. En Fate hubo 97 despidos. El miércoles, siete meses después, Fate anunció su cierre definitivo.