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POLITICA

Un régimen penal juvenil para la opinión pública

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El jueves 12 la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil. Dos narrativas se disputan la explicación sobre lo sucedido. La primera, la de los impulsores del proyecto, es que la política ha “saldado una deuda histórica” con la sociedad, que en porcentajes abrumadores inundaba las encuestas con respuestas afirmativas a la pregunta de si bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. La segunda, proveniente del progresismo, achaca a los representantes haber sucumbido ante la ira de una turba punitivista e irreflexiva.

Ambas narrativas comparten una premisa discutible: que los diputados se hayan limitado a hincarse ante la opinión pública. Las encuestas, con un 60, 70, 80% de respuestas a favor de bajar la edad, pueden parecer terminantes. Sin embargo, el tránsito de una encuesta a una política pública no es lineal: una ardua tarea interpretativa separa las dos o tres respuestas binarias que pueden obtenerse de una encuesta y la complejidad de una política pública que debe enfrentar los dilemas del mundo real. La opinión pública es genérica y abstracta; la redacción de una ley, en cambio, exige definiciones, especificaciones, detalles. Sobre estas decisiones, entonces, deberemos juzgar al Congreso.

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Hagamos el ejercicio de tomar las encuestas por lo que dicen que valen: una enorme mayoría de los encuestados cree que a los 13 o 14 uno entiende la criminalidad de ciertos actos y puede recibir un reproche estatal al respecto. No sabemos por qué hechos, con qué garantías, ni con qué penas, y hasta donde sé no ha habido un esfuerzo serio por entenderlo. Es difícil, entonces, guiarse por estas encuestas al momento de diseñar un sistema concreto.

Nos queda, entonces, lo que han dicho los miembros del Gobierno que se han erigido en voceros de este reclamo. Sus figuras más visibles han militado este proyecto con un eslógan sin mucho sentido: Delito de adulto, pena de adulto (¿cuáles serían los “delitos de niño”?). Cuando buscan explicarlo, sin embargo, siempre lo ejemplifican con los mismos delitos: homicidio y robo con armas. Una asesora presidencial lo dijo con todas las letras: “Se aplica a delitos graves. No estamos hablando de una simple travesura, sino de delitos graves como robo a mano armada, violaciones, asesinatos… Delitos que del otro lado tienen una víctima real que merece justicia”. Evidentemente, de lo que se trata aquí es de castigar delitos gravísimos.

Otros aspectos del discurso oficialista dan más pistas sobre el tipo de ley que, en su concepción, debería sancionarse. Por ejemplo, ha sido muy frecuente la apelación a unirse a otros países de la región, que han fijado su edad de punibilidad en 12, 13 o 14 años. Además, la mayoría de los diputados oficialistas han enfatizado la necesidad de “resocializar” a los adolescentes que han cometido delitos, permitiéndoles salir de su situación y encontrar un lugar legítimo en la sociedad.

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Si estas motivaciones son sinceras, sin embargo, el proyecto votado no las honra. La Cámara Baja ha sido víctima de una dinámica política patológica, conocida como polarización de grupos: cuando un grupo ha adoptado una decisión, se premia a quienes impulsen ir en esa dirección y se castiga a los que planteen prevenciones o matices. El Senado tiene una oportunidad de mejorarlo; no para acercarlo a lo que piden sus detractores sino, precisamente, para hacerlo más parecido a lo que ellos mismos dicen defender.

En primer lugar, ¿por qué no limitar la pena de prisión a los delitos más graves? Alcanza con imaginar las infracciones al Código Penal que podría cometer cualquier adolescente de cualquier estrato social para darnos cuenta de que su aplicación automática sería ilógica: un graffiti podría ser delito de daños; truchar consumiciones en un boliche, delito de estafa; lastimar a alguien en una pelea en un boliche, lesiones graves, y así. Es difícil asumir que una mayoría cree que la pena de prisión para estos casos sea una respuesta racional o proporcionada.

Sin embargo, el proyecto actual mantiene la pena de prisión para todos los delitos del Código Penal. Es cierto que se prevén algunas salvaguardas para que los adolescentes puedan evitar la prisión, por ejemplo, si es su primera imputación, pero está siempre como amenaza incluso para los delitos más leves. El proyecto prevé, también, que los fiscales puedan optar por no perseguir ciertos delitos (el llamado “principio de oportunidad”), pero, inexplicablemente, lo hacen de tal modo que es más severo con los adolescentes que con los propios adultos. El Senado fácilmente podría corregir estos aspectos. Si es necesario, podría invocar incluso justificaciones presupuestarias o pragmáticas: un proyecto que prevé castigar todos los delitos, incluso los más leves, no solamente es más irracional, también es más lento y caro.

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En segundo lugar, si es necesario acercar la legislación argentina a la de los países vecinos, podrían imitarse otros aspectos tanto o más importantes que la edad de imputabilidad. El proyecto, por ejemplo, mantiene las escalas de pena de los adultos, con un límite superior de 15 años de prisión. Esta asimetría es paradójica: se reduce, de hecho, la pena de los delitos más graves, mientras la de los más leves se mantiene igual. En contraste, los países que suelen mencionarse como modelo no solo tienen máximos más bajos (tres años en el caso de Brasil, cinco o diez en Chile y Uruguay, ocho en Colombia), sino que también reducen proporcionalmente la pena junto con la edad. El Senado podría proponer imitar a nuestros vecinos también en esto.

Finalmente, si la vocación de la mayoría es lograr la resocialización de los adolescentes que han cometido delitos, la clave estará en la partida presupuestaria (hoy insuficiente) que permita la implementación del proyecto, especialmente por parte de las provincias con la deseable asistencia del Estado Nacional. Sin embargo, hay una modificación que puede incluirse fácilmente: prohibir que los adolescentes conserven un registro de antecedentes penales, que lo obligaría a dar explicaciones a cualquier empleador futuro cuando realmente esa posibilidad de resocialización exista.

Se trata de reformas concretas, poco ambiciosas y fácilmente justificables para legisladores de cualquier partido político. Se trata también, uno puede permitirse creer, de normas que serían apoyadas por una mayoría de la sociedad si existiera un debate público robusto al respecto, y no simplemente una lectura temerosa de las encuestas.

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Celebración violeta en el Congreso: negociación ley por ley y doble crisis peronista

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En el final de una semana política densa, el oficialismo celebró de madrugada en Diputados y desayunó el viernes con otro avance en el Senado. La reforma laboral terminó con aprobación cómoda en la Cámara baja -podado ya el inviable artículo de las licencias por enfermedad- y apenas unas horas después pasó por comisiones en la otra ala del Congreso, para quedar en los umbrales de la sanción. El Gobierno quedó así a un paso de coronar su mayor objetivo de las sesiones extraordinarias. ¿Cómo? Asoman dos trazos gruesos en ese cuadro: la asimilación del mecanismo de negociación en continuado -que demanda concesiones- y la doble crisis que arrastra el peronismo, expuesta en el núcleo K y en el juego propio de varios gobernadores.

Desde el inicio, todavía en diciembre, había quedado a la vista que la negociación con socios legislativos y gobernadores iba a ser el único camino posible para convertir en ley el proyecto laboral. El tema pasó entonces para febrero, segunda tanda de las extraordinarias, y tal como fue conversado con aliados -también, por vías más reservadas, con algunos jefes sindicales-, hubo modificaciones y tachaduras sobre el texto original. Fueron varias decenas. El último paso -la poda del artículo 44- obligó a un renovado ejercicio negociador. Le dio frutos a Olivos.

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El oficialismo expuso pragmatismo, realismo libertario. Pero no ocurrió en un día y, está claro, el interrogante es si termina armando un sistema de alianzas sólido, no necesariamente con traducción electoral. Al menos por ahora, se trata de un ejercicio ley por ley, costoso, que en el caso de los jefes provinciales tiene como eje cuestiones de plata. El marco es conocido. La recaudación viene a la baja desde hace seis meses, el impacto en la coparticipación no es menor y, según fuentes cercanas a gobernadores, la mayoría de los distritos no tiene margen para nuevos ajustes.

Las votaciones de este mes entusiasman a los operadores violetas. Más de 40 votos en el Senado, como ocurrió antes del capítulo de Diputados, reponen en ese imaginario los cálculos para nombrar jueces y hasta para ampliar la Corte Suprema. Se verá. El foco inmediato vuelve a estar puesto en la Cámara alta. Por lo pronto, si no aparece nada extraño en el camino, a fines de la semana que viene sería ley la reforma laboral y también el Régimen Penal Juvenil, como renglones más destacados.

La fragmentación política y, más precisamente, la crisis profunda de los partidos nacionales -y luego, las coaliciones- desdibujó por completo lo que fue JxC y deteriora de manera creciente al peronismo. Impacta a favor del oficialismo, aunque con costos. Se multiplican los interlocutores, a veces con poco. Es un tablero en el que las fichas se cuentan de a una. Dicho de otra forma: cada gobernador pone en la mesa el número de legisladores que le responden y cada espacio aliado o socio hace valer lo suyo en el recinto.

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Lo registra Martín Menem desde hace rato y lo anota últimamente Patricia Bullrich. Juega centralmente Diego Santilli con las provincias, operan Karina Milei y, con agenda propia, Santiago Caputo. No quiere decir que las internas estén superadas -algunas, han recrudecido, como ocurre con las ambiciones porteñas-, pero el peso del poder ordena en el Congreso. También, la realidad y la asimilación de cada prueba.

Bancada oficialista del Senado. Ahora se viene el segundo capítulo de la ley laboral

El giro más notorio del oficialismo se produjo en diciembre con el Presupuesto 2026. La caída inesperada de un capítulo gravitante -que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en el área de discapacidad- provocó de entrada una mezcla de ira y cerrazón para reponer el tema, pero rápidamente hubo señales de aceptación de lo ocurrido en Diputados. Con buen número de votos, el proyecto fue sancionado sin esos puntos. Los gobernadores negociaron según sus necesidades -ATN, deudas, fondos para cajas de jubilaciones, en algunos casos- y, para terminar de distender, la reforma laboral pasó para la segunda entrega de extraordinarias.

Los jefes provinciales de buen entendimiento con Olivos volvieron a mostrar sus cartas ahora, con la ley laboral. Terminaron por empujar y sellar un acuerdo con el Gobierno -de mutua conveniencia, en el delicado contexto de recaudación- para dejar de lado el artículo que establecía una baja de ganancias para empresas. Y fueron decisivos para liquidar el artículo de las licencias por problemas de salud. En la misma línea, condicionaron su apoyo los socios del espacio PRO/UCR. Quedó desechada así la idea oficialista de buscar alguna diagonal que evitara la vuelta al Senado. La baja del artículo 44 fue suficiente para no pasar sobresaltos en Diputados. Y terminó de allanar el camino para la sanción de la ley.

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Para completar el cuadro, la oposición dura registra crujidos en aumento. El último contraste fue exhibido por los gobernadores. Se afirmó el esquema de jefes provinciales del PJ o aliados, inorgánico pero coordinado, como espacio negociador. Ahí se anotan Salta, Tucumán, Catamarca y, cercanos, Misiones tradicionalmente y Santa Cruz, de manera más reciente. En espejo, el peronismo/K promovió un documento de rechazo a la reforma que destacó la posición de Buenos Aires, Formosa, Catamarca y La Pampa, más un par de aliados. Igual, algunos de ellos tienen puentes con el Gobierno.

Esa declaración, con todo, expuso de hecho que el sello del PJ nacional gravita cada vez menos. Y también, que el quiebre es de una franja del peronismo del interior con el círculo que aún expone la marca de CFK. No es todo. En el Senado, es cada vez más notoria la tensión en el espacio de UxP por desgaste de conducción. Y esto último está asociado al otro factor doméstico, es decir, el trance del núcleo kirchnerista, expresado en la pulseada entre Axel Kicillof y la ex presidente. Doble crisis.

Los operadores del Gobierno festejan en estas horas los éxitos legislativos. No borran sus propias tensiones: de arrastre aunque más contenidas en la superficie, entre Karina Milei y Santiago Caputo; repetidas y sin retorno como en el caso de Victoria Villarruel; algo más novedosas como los recelos con Bullrich, y de manera más visible en este tramo con Federico Sturzenegger. De todos modos, por debajo de la celebración, el foco se corre hacia los nuevos proyectos para tratar de sostener la iniciativa a partir del 1° de marzo. También, hacia la Justicia, ante la posible judicialización de algunos puntos de la reforma laboral. Y no sólo se trataría de los jefes sindicales. Se verá si el impacto político de la sanción de la ley modera reacciones en ese frente, que no se reduce a Comodoro Py.

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¿Hay paro de colectivos hoy o no? Esto es lo que se sabe sobre la medida de fuerza

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La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una huelga nacional que afecta los servicios públicos en respuesta al debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El sector de los conductores de colectivos y otros rubros del transporte paraliza sus tareas habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias.

El funcionamiento de los ómnibus este jueves depende de la prestataria de cada línea. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su adhesión al cese de actividades a pesar de la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano el pasado 11 de febrero. La parálisis de las terminales de corta, media y larga distancia es mayoritaria en casi todo el territorio nacional.

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La Unión Tranviarios Automotor ratificó la adhesión al paro a pesar de la conciliación obligatoria vigente
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La empresa DOTA decidió no sumarse a la protesta nacional. Esta determinación permite la circulación de sus unidades en diversos recorridos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El resto de las firmas permanece de paro por la convocatoria gremial que la central obrera anunció días atrás. La CGT brindará precisiones sobre el alcance de la medida en una conferencia de prensa a las 16 en su sede de la calle Azopardo.

La huelga nacional cosecha este jueves una adhesión casi total de los gremios del transporte. No circulan trenes de ninguna de las líneas metropolitanas ni de larga distancia. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad suspendieron sus servicios desde el primer minuto de este jueves.

Paro de la CGT de hoy, jueves 19 de febrero

El servicio de subte y Premetro también permanece interrumpido por la adhesión de los Metrodelegados a la jornada de protesta. Las estaciones de trasbordo lucen vacías y con sus accesos cerrados al público. La actividad aérea sufre importantes irregularidades: Aerolíneas Argentinas informó que la cancelación de 255 vuelos afecta a más de 31.000 pasajeros en toda su red. La firma mantiene 100 vuelos operativos gracias a su propio servicio de handling en gran parte de las terminales del país.

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La jornada comenzó con focos de conflicto en las principales autopistas. Trabajadores de la planta de neumáticos Fate cortaron la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de la calle Uruguay. El reclamo surgió tras el anuncio del cierre de la producción y el despido de 900 empleados. Efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo para liberar la traza.

Los trabajadores de la planta de neumáticos Fate realizaron un corte en la Panamericana por 900 despidos

Otros bloqueos ocurrieron en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el Puente Pueyrredón. Organizaciones sociales y partidos de izquierda se desmarcaron de la conducción de la CGT y realizaron manifestaciones activas. Las fuerzas federales desalojaron el acceso desde Avellaneda antes de las diez de este jueves para normalizar la circulación vehicular. En el Puente La Noria también se registraron interrupciones totales por parte de manifestantes que rechazan el proyecto de ley oficialista.

El personal de salud garantiza únicamente las guardias mínimas en los centros asistenciales durante este jueves. Los empleados del sector sanitario integran el grupo de las organizaciones gremiales con cese de actividades activo por la jornada nacional de protesta. Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, ratificó la participación de los trabajadores en los hospitales públicos. El sindicato también mantiene una fuerte presencia en más de 800 municipios del país. Los rubros de comercio, turismo y hotelería también interrumpieron sus tareas habituales en adhesión al reclamo de la central obrera.

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Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

afecta los servicios públicos en respuesta al debate,funcionamiento de los ómnibus,Audiencia,Reforma laboral,Paro de colectivos,,Colectivos, aviones, bancos. Uno por uno, los servicios paralizados y los rubros que funcionan,,Uno por uno. Qué gremios adhieren al paro general de hoy,,Importaciones chinas. El mensaje de Milei en medio del conflicto en Fate: “¿Cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?»,Audiencia,,En vivo. Qué se sabe de la muerte de Sofía Devries: la investigación sobre la fatal excursión de buceo,,20 heridos. Así fue el momento en el que un camión de gas explotó y provocó la muerte de cuatro personas en Chile,,Tenía 53 años. La dura enfermedad que enfrentó Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy que murió este jueves

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POLITICA

Del Congreso al PJ Bonaerense: el peronismo busca cerrar sus grietas ante una marcada pérdida de poder

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El peronismo volvió a atravesar una semana complicada en el Congreso. Esta vez la derrota fue en la Cámara de Diputados, donde, como suele ocurrir cuando los proyectos se encaminan a su aprobación, la oposición se quedó con los discursos, los reproches y los enojos, mientras que el oficialismo obtuvo los votos y el triunfo. Eso ocurrió al límite entre jueves y viernes en la Cámara baja, cuando el gobierno nacional aprobó la reforma laboral y celebró la impotencia de su rival.

La unidad de la oposición más firme alcanzó 115 votos, en medio de una sucesión de gritos, cruces y maniobras en el barro legislativo. El bloque de Unión por la Patria (UP) estuvo cerca de hacer caer la sesión por un descuido de La Libertad Avanza (LLA) que, entrada la noche y tras varias horas de debate, dejó sin quórum la sesión. Un error de principiante que sigue mostrando las falencias en la gestión de recursos parlamentarios del espacio libertario. Al oficialismo lo salvaron la experiencia de Luis Petri y Silvana Giudici, que lograron ganar tiempo para que los propios regresaran al recinto.

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El bloque peronista intentó por todos los medios frenar la reforma laboral, pero chocó con sus propios límites. Al igual que en el Senado, volvió a pesar el pasado: la derrota electoral del año anterior. Menos votos en las urnas, menos manos en el Congreso. La lógica es directa. Además, se sumó el apoyo de gobernadores del propio espacio político que están cada vez más distanciados del bloque mayoritario del peronismo, como los catamarqueños y tucumanos que responden a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

El respaldo, ya sea por el quórum o por los votos afirmativos, de esos mandatarios, junto a los de Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), le dio al Gobierno la posibilidad de consolidar su estrategia y aprobar la ley. “De eso no se vuelve. Van a tener que explicar en sus provincias lo que avalaron. Ahora o más adelante, pero lo van a tener que explicar”, advirtió un diputado peronista sobre la postura de los gobernadores.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, es uno de los peronistas más apuntados por el kirchnerismo luego de la sanción de la reforma laboral

La advertencia sobre el futuro no es casualidad. El peronismo de UP está dispuesto a mantener en el centro de sus cuestionamientos internos lo que los legisladores de esos sectores votaron. “Atacaron la base de nuestra fuerza política que son los trabajadores. Cruzaron un límite”, reflexionó una senadora nacional que fue de las más vehementes al criticar el proyecto. La dirigencia peronista apunta a los propios mientras intenta comprender por qué las mayorías, entre ellos muchos trabajadores asalariados, dejaron de acompañarlos.

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Las tensiones actuales tendrán impacto en el corto plazo, cuando las distintas tribus del peronismo busquen construir una alternativa nacional. En la oposición prevén que la mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios, por lo que cada elección provincial será una batalla particular para el PJ, que enfrenta un panorama adverso para recuperar poder territorial.

El kirchnerismo activó rápidamente una cacería de brujas en el peronismo del interior. Busca separar, con el argumento del apoyo a Milei, a quienes consideran que traicionaron los valores de la oposición y a quienes, por haber avalado reformas profundas como la laboral, no pueden ser parte de un futuro armado. “Después se quejan de que CFK les interviene el partido, pero votan todo a favor de Milei, cuando entraron al Congreso en representación del peronismo”, afirmaron cerca de la ex presidenta.

Más explícita fue la diputada santafesina Florencia Carignano, quien aseguró que “Cristina Kirchner nunca traicionó a los laburantes” y advirtió que si hubiese hecho “lo que hizo Jalil”, entonces “no estaría presa, porque lo más fácil es entregarse al poder”. El kirchnerismo volvió a señalar a los gobernadores de Tucumán y Catamarca como traidores, y trazó una línea clara entre ellos y los peronistas que apoyaron a Milei.

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El peronismo bonaerense logró una tregua que quedó plasmada en la lista de autoridades que tendrá el PJ Bonaerense este año

El sector más duro del peronismo dejó varias advertencias durante la semana. Durante la sesión de labor parlamentaria en el Senado, la riojana Florencia López se dirigió a Patricia Bullrich y, a las pocas horas de sancionada la reforma laboral, le dijo: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como hicieron antes”. Pensando en el futuro, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó que si el peronismo regresa al poder en 2027, lo primero será “derogar y eliminar esa ley”.

Por momentos, la división interna cambió de eje. La disputa dejó de ser entre el kirchnerismo y Kicillof, para pasar a estar entre el sector de los kirchner y los gobernadores del interior. El mandatario bonaerense no intervino en esa disputa. Tampoco lo hizo nadie de su espacio. No pretende dar esa pelea interna. Prefiere posicionarse como principal opositor, lo que dirige la atención hacia su figura.

En simultáneo a la crisis legislativa, el peronismo bonaerense cerró un acuerdo de unidad en las listas del PJ de la provincia. Se oficializaron los consejeros y autoridades que tendrá el partido bajo la conducción de Kicillof. Un punto de encuentro que disipó algunas tensiones y marcó un pacto de no agresión por unos días.

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Los consejeros por rama quedaron equilibrados entre el kicillofismo y el cristinismo. Una forma de evitar una escalada de tensión. Ingresaron nombres vinculados al Gobernador como Verónica Magario, Fernando Espinoza, Mariano Cascallares, Walter Correa, Alberto Descalzo, Gustavo Barrera y Mauro Poletti; y otros de la línea de CFK como Federico Otermín, Marisa Fassi, Karina Menéndez, Santiago Révora, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta.

La tregua en la construcción del nuevo PJ fue la única noticia positiva para el peronismo en la última semana. En la práctica, implica algunos días de calma y el ordenamiento del partido y los principales espacios de poder detrás de la conducción política de Kicillof. Una pelea interna menos para afrontar. Quedan otras pendientes, como la definición de tres cargos clave en el Senado provincial: la vicepresidencia primera, la secretaría administrativa y la jefatura del bloque justicialista.

El peronismo atraviesa días difíciles, en los que percibe la falta de poder y, al mismo tiempo, no encuentra el camino para construir un nuevo espacio político. Mientras tanto, el tiempo avanza y Milei afianza la gestión política de su gobierno, hoy menos conflictiva que el año pasado.

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Axel Kicillof

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