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INTERNACIONAL

Una denuncia de agresión sexual en la policía de España complica a Pedro Sánchez

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Una denuncia de agresión sexual contra el cargo operativo más alto de la Policía Nacional de España sacude al gobierno de Pedro Sánchez y cuestiona los mecanismos internos tanto dentro de la fuerza de seguridad como del Ministerio del Interior del que depende.

No sólo porque el presunto abusador, el ahora ex director adjunto operativo José Angel González, renunció en vez de ser expulsado de la Policía, sino también porque la mujer que lo acusa de haberla violentado es una agente policial que asegura haber recibido presiones por parte de superiores para no denunciar.

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González presentó su renuncia el martes, apenas supo que se había hecho pública la admisión a trámite de la querella por agresión sexual presentada en los tribunales por una subordinada suya.

La oposición al gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez le recrimina no haber cesado al jefe policial de inmediato.

La actitud del gobierno frente a esta grave acusación también está en la mira porque, según algunos testimonios, desde el Ministerio del Interior le habrían dado al denunciado la posibilidad de elegir entre irse voluntariamente o ser apartado de la Policía Nacional.

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De acuerdo con el relato, que la víctima incluyó en su denuncia judicial, el abuso se cometió en abril del año pasado cuando ella, que estaba de guardia en la comisaría de Coslada, un municipio de la Comunidad de Madrid, recibió la orden de acudir al restaurante donde González estaba comiendo.

La instrucción era clara: pasar a buscar al alto mando en coche y llevarlo hasta su domicilio privado. Fue allí donde, según la denuncia, el jefe operativo la forzó a mantener relaciones sexuales no consentidas.

La agente que denunció haber sido víctima de una violación admitió que habían mantenido una relación sentimental en el pasado que ella resolvió terminar. Según sus palabras, González no se resignaba a la ruptura.

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Después de meses de temor a represalias por parte de la cúpula policial, de haber sido presionada por la mano derecha del jefe operativo para no denunciar la agresión y de tramitar una licencia en su trabajo por el “calvario” psicológico que estaba viviendo, la agente se decidió y, a principios de enero, inició un proceso penal contra su ex en un juzgado de Madrid.

La denuncia, sin embargo, se hizo pública recién esta semana.

“Estoy hundido, soy inocente”, se defendió el ex jefe policial ante la prensa conservadora española con la que habló.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice haber conocido lo que sucedió por los medios, al mismo tiempo que el resto de los españoles.

Según Grande-Marlaska, apenas se enteró, solicitó que se apartara al director adjunto operativo de su cargo y sus funciones.

Desde el Partido Popular, la principal fuerza opositora al gobierno, no le creen. Y piden su renuncia.

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Pruebas

Este viernes, el abogado de la agente que denuncia haber sido violada aportó a los tribunales una grabación de unos 40 minutos que la mujer llegó a registrar la noche del presunto abuso.

“Hay listas de llamadas, hay conversaciones de WhatsApp, hay informes médicos. Existe un material probatorio abundante”, dijo este viernes Jorge Piedrafita, el defensor de la denunciante, quien afirmó haber sido contactado por otras presuntas víctimas de abusos dentro de la Policía.

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Según el abogado Piedrafita, dentro de la fuerza de seguridad circulaban versiones sobre comportamientos condenables de González.

“Era un baboso, un putero. Parece que la bragueta la tenía ligera. Mucha gente sabía esto pero nadie hizo nada lo cual me parece preocupante”, dijo el abogado.

La querella, presentada el 9 de enero, acusa a González de haber cometido cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. En todos es aplicable el agravante de abuso de superioridad.

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Las pruebas aportadas por el abogado no sólo apuntarían al jefe policial sino también a cómo el comisario Oscar Sanjuan, mano derecha del acusado, habría presionado a la agente para evitar que la denuncia estuviera en boca de toda España.

El presidente del gobierno español, bajo presión por los casos de abuso en su partido y ahora en la policía. Foto: EFE

Según el relato de la víctima, Sanjuan le ofreció elegir el puesto de trabajo que deseara dentro de la Policía a cambio de su silencio, propuesta que ella rechazó.

Renuncia y jubilación

El ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Angel González, se jubiló este mismo viernes.

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Era el máximo jefe de la Policía Nacional desde 2018 y tenía a su cargo 70.000 agentes. Se lo conocía como “Jota” y los españoles se familiarizaron con él porque solía aportar a diario, por televisión, el reporte de las operaciones policiales durante la pandemia.

Se había hecho policía en la provincia de La Rioja, donde nació. Se graduó en la Academia Militar de Zaragoza y luego de ser jefe superior de la Policía en Aragón llegó a director adjunto operativo con 59 años.

Su renuncia dio lugar al nombramiento de la comisaria principal Gemma Barroso como jefa de la Policía en funciones. Barroso le ofreció protección a la agente que denunció a González y la mujer la aceptó. Desde esta semana cuenta con custodia policial las 24 horas.

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Porque dentro de los chats de la fuerza policial comenzó a circular su nombre y recibió varios mensajes, denunció su abogado.

Polémica política

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuntó al presidente Sánchez y a Grande-Marlaska.

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“Lamentablemente, ni el ministro ni el presidente del gobierno están a la altura de sus responsabilidades”, dijo el jefe de la oposición.

“La responsabilidad política de Marlaska es incompatible con seguir en el cargo”, agregó Núñez Feijóo.

“Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré”, respondió Grande-Marlaska a quienes pedían su cabeza.

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Desde el gobierno, Sánchez respaldó a su ministro: “Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, entendería que se pidieran responsabilidades, pero se ha actuado desde el principio con empatía, con coherencia y con contundencia” .

“Sería bueno que quienes exigen la dimisión a Fernando Grande Marlaska, se lo aplicaran -dijo Pedro Sánchez-. En el PP hay un no crédito a la víctima. Esa doble vara de medir no debería admitirse. No le vamos a aceptar lecciones a aquellos que, cuando tienen estos casos, se dedican a encubrir y a estigmatizar a la víctima, que es lo que hemos visto con la ex concejala de Móstoles.”

El presidente se refirió así al escándalo que estalló dentro Partido Popular de Madrid, donde una ex funcionaria denunció al intendente de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral.

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La ex concejala afirmó que agotó las instancias dentro de su partido en busca de un amparo que no consiguió y por lo cual renunció a su cargo y dejó la política.

No sólo eso: según su versión, el PP la habría presionado para silenciar su denuncia, que finalmente fue archivada por el partido.

“Es un caso fabricado contra el PP”, lo definió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La denunciante ya se presentó ante la Justicia.

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INTERNACIONAL

Más preocupación por Nahuel Gallo en Venezuela: denuncian una trampa en la Ley de Amnistía con las fechas y hay malestar entre los familiares

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Organismos de derechos humanos y familiares de presos políticos denuncian que la Ley de Amnistía aprobada por la dictadura de Venezuela tiene un recorte arbitrario con las fechas, dentro del período de 28 años que abarca. Sostiene que deja excluidos a 400 detenidos, entre los que figura el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Este jueves, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó la Ley de Amnistía, 20 días después de que la anunciara la presidenta encargada Delcy Rodríguez

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Si bien Delcy Rodríguez, quien juró en el cargo dos días después de la captura del dictador Nicolás Maduro, había anticipado que la amnistía abarcaría desde 1999 hasta 2026, el texto especifica solo 12 dentro de esos 27 años, por lo que deja por fuera a cientos de detenidos.

Los organismos de derechos humanos remarcan que en la letra chica de la ley, por cómo fueron elegidos los meses, hay 15 años entero de los 28 que quedaron afuera. «Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico», cuestionó Gonzalo Himiob, vice de Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país y que monitorea la situación de los presos en Venezuela.

En la conferencia de prensa de la ONG en Caracas, donde también estaban familiares de los detenidos, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, aseguró que Nahuel Gallo «en ningún lado de la amnistía está incluido» y destacó la presencial de la suegra del gendarme en la conferencia.

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«La amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones, pero es un logro», destacó Romero, quien igualmente enfatizó que no se podrá alcanzar la reconciliación y la reunificación del país, «sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos».

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, y el artículo 6 de la ley determina para ese año la amnistía sólo para «los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024».

Según cifras de la ONG, en Venezuela «hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad que estuvieron encarceladas» y son numerosos los mayores de 70 años presos, pese a que la legislación contempla medidas sustitutivas de libertad basadas en el principio humanitario.

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Los grupos humanitarios también pidieron en una rueda de prensa que se desmantele “el sistema represivo” que dio pie a las encarcelaciones. Y, por otro lado, advirtieron también que el futuro de muchos de los potenciales beneficiarios de la amnistía esta «todavía amenazado por la persecución política» como consecuencia que la ley está sujeta a «una excesiva discrecionalidad».

Consideraron además un despropósito que sean “los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente, arbitrariamente”, los encargados de “interpretar la ley para otorgar beneficios”, en lugar de designar “jueces ad hoc” para ese fin.

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«Hasta que esto no cambie, vamos a tener todavía la amenaza en un futuro de que incluso aquellos que van a ser amnistiados puedan ser nuevamente encarcelados», insistió Romero.

En tanto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó en un comunicado que todas sus “preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de ley de amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalamos oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos».

«Hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales», enfatizó JEP.

El gobierno de Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros. Voceros del gobierno han dicho que han sido liberados casi 900 reclusos desde diciembre, aunque el Foro Penal hasta el miércoles registraba la liberación de 448 personas por motivos políticos.

Con información de la Agencia AP

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US to unveil platform aiming to bypass internet censorship in China, Iran and beyond

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

FIRST ON FOX: The State Department has finalized a new privacy-preserving app intended to give users worldwide access to what officials describe as the same uncensored internet available to Americans, even in countries with strict online repression such as China and Iran and as Europe enacts tighter content oversight. 

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The platform, Freedom.gov, will roll out «in the coming weeks,» Fox News Digital has learned. 

It will operate as a one-click desktop and mobile application compatible with iOS and Android devices.

MARCO RUBIO VOICES CONCERN THAT AMERICANS MAY SOMEDAY BE ARRESTED FOR SOCIAL MEDIA POSTS WHEN VISITING EUROPE

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The app is open-source and includes built-in anonymity protections. 

The initiative comes as governments worldwide tighten control over digital speech, from China’s «Great Firewall» to sweeping internet shutdowns in Iran and new regulatory regimes in Europe. U.S. officials say Freedom.gov is designed to offer a technological counterweight — exporting what they describe as America’s open internet model to users living under censorship.

«In the interest of total transparency, we made Freedom.gov completely open-source. But we also made it completely anonymous,» a State Department official said. «Anyone can see how it works. No one, including us, can track or identify you.»

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The State Department, led by Sec. Marco Rubio, has finalized a new privacy-preserving app intended to give users worldwide access to what officials describe as the same uncensored internet available to Americans.  ( Alex Brandon / POOL / AFP via Getty Images)

According to the official, the application does not log IP addresses, session data, browsing activity, DNS queries or device identifiers that could be used to personally identify users.

Specific details about the app’s underlying technical structure were not disclosed.

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Governments with sophisticated censorship systems historically have moved quickly to block or criminalize circumvention tools. Authorities can restrict app downloads, block domains, throttle traffic or impose penalties on users.

Whether Freedom.gov maintains accessibility in heavily restricted environments may depend on its technical architecture and its ability to adapt to countermeasures.

Iran protests

Iran protests death toll rises as Rubina Aminian joins hundreds allegedly killed by government forces. (MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images))

starlink logo on phone near portrait of elon musk

The rollout comes amid intensifying global battles over internet governance, as governments across Europe and beyond move to assert greater control over online content.  (Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket)

The initiative is being led by Under Secretary for Public Diplomacy Sarah Rogers, who oversees the State Department’s Digital Freedom office.

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«Freedom.gov is the latest in a long line of efforts by the State Department to protect and promote fundamental freedoms, both online and offline,» Rogers said. «The project will be global in its scope, but distinctly American in its mission: commemorating our commitment to free expression as we approach our 250th birthday.»

Reuters previously reported that the State Department was developing the Freedom.gov platform.

The rollout comes amid intensifying global battles over internet governance, as governments across Europe and beyond move to assert greater control over online content.

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GOOGLE’S DECISION TO WALK BACK BIDEN-ERA YOUTUBE ACCOUNT BANS HAILED AS ‘HUGE DEVELOPMENT’ FOR FREE SPEECH

In Europe, regulators have tightened oversight under new laws aimed at policing digital platforms. The European Union’s Digital Services Act expands government authority over major platforms and requires removal of illegal content, including hate speech and extremist material, with regulators empowered to impose steep fines for violations.

In the United Kingdom, the Online Safety Act imposes new obligations on platforms to address harmful and illegal content and includes age-verification requirements for certain services. Critics warn the measures risk incentivizing aggressive content removal and expanding government influence over lawful speech online.

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Elsewhere, restrictions have been more direct. Russia recently moved to ban WhatsApp, further consolidating state control over digital communications.

China maintains the world’s most sophisticated online censorship system, widely known as the «Great Firewall,» blocking foreign news outlets and social media platforms while promoting a state-controlled digital ecosystem.

Iran repeatedly has imposed sweeping internet shutdowns during periods of unrest. During protests, government blackouts have cut citizens off from global communications.

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CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FOX NEWS APP

The Wall Street Journal previously reported that thousands of Starlink satellite internet terminals were covertly brought into the country following a blackout, in an effort backed by the United States to help dissidents bypass censorship. 

Iranian authorities have attempted to jam satellite signals and criminalized possession of such equipment. Satellite connectivity — which does not rely on domestic telecommunications infrastructure — has emerged as one of the few viable lifelines during shutdowns.

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INTERNACIONAL

La vieja gurú de las inversiones de Uruguay, acusada de estafar a sus clientes, busca llegar a un acuerdo para evitar la cárcel

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Sara Goldring, corredora de bolsa imputada por apropiación indebida en Uruguay

Sara Goldring fue la primera mujer en entrar a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), ubicada en el casco histórico de la capital de Uruguay. Viajaba dos veces por año para formarse en Estados Unidos y se convirtió en una gurú de las finanzas, que sabía todos los secretos del mundo de los negocios. A muchos de los que confiaban sus ahorros en ella les hizo ganar fortunas, de acuerdo a un perfil de esta empresaria publicado por El Observador.

Goldring sabía que, por ejemplo, cuando los operadores bursátiles de Wall Street se iban a almorzar era el momento de comprar. Ella estaba horas monitoreando en su mesa seis pantallas de Bloomberg con los precios de las principales acciones. Almorzaba en su escritorio. No quería perderse el minuto a minuto.

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Desde ese lugar Goldring también vio cómo se derrumbó.

Goldring fue la primera mujer
Goldring fue la primera mujer en la Bolsa de Valores de Montevideo (EFE/Raúl Martínez)

Goldring pasó de ser la “diosa” –en sus propias palabras– a ser una diabla que ahora enfrenta una pena de prisión de cuatro años acusada de estafar a sus clientes, de acuerdo al pedido del fiscal Enrique Rodríguez. Y también busca llegar a un acuerdo con ellos.

La corredora de bolsa uruguaya –que estaba al frente de Custodia Valores Mobiliarios (CVM) vio cómo el saldo en las cuentas de sus clientes se desplomaba y decidió esconder esa información. Fue en 2022 que la empresa informó que enfrentaba pérdidas millonarias y una investigación reveló que utilizaba fondos de algunos inversores para compensar las pérdidas de otros.

De acuerdo a su versión, la desvalorización estaba explicada por la debacle que tuvieron durante la pandemia las acciones de empresas que cotizaban en Nasdaq. Y el ocultamiento de esta información llevaron a que Goldring esté imputada por apropiación indebida y ahora deba enfrentar la máxima pena para este delito.

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Fiscal pide cuatro años de
Fiscal pide cuatro años de prisión para corredora de bolsa

Para el fiscal que sigue el caso, la corredora se apropió de forma indebida de USD 21 millones que pertenecían a los ahorristas.

¿Cómo fue la maniobra? La corredora se amparó en el mandato de libre administración que le habían dado los clientes para vender opciones de put para la cartera de clientes que tenían un perfil agresivo. En los bancos del exterior operaba a través de la modalidad de “cuenta ómnibus” –de varios clientes–, una práctica habitual en el mercado.

La venta de puts es una operación que implica que el comprador adquiere el derecho pero no la obligación de vender un activo, que en este caso eran acciones de empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Se trata de una operación que implica un riesgo alto porque, si bien pueden generar importantes beneficios, si el precio de las acciones baja más allá del valor acordado previamente pueden haber grandes pérdidas.

Goldring explica su caída por
Goldring explica su caída por debacle que tuvieron durante la pandemia las acciones de empresas que cotizaban en Nasdaq (REUTERS/Brendan McDermid)

Según el relato del fiscal, los clientes que tenían posiciones en la cuenta ómnibus y que no habían invertido en operaciones put, vieron afectados sus valores porque fueron utilizados “en forma indebida e inconsulta por la acusada para solventar las pérdidas sufridas por los clientes”.

CVM tenía unos 479 clientes, de los cuales unos 120 tenían un perfil inversor moderado y otros cinco un perfil conservador, informó El Observador. Había uno que no había definido su perfil y otros 353 que tenían un perfil agresivo. Algunos pocos clientes tenían fondo de USD 1 millón a USD 2 millones en su cuentas y había otros pocos con USD 50 mil. Pero la media estaba entre los USD 100.000 y los USD 300.000.

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Tras la acusación del fiscal Rodríguez, la ahora ex corredora de bolsa busca dar por cerrado el tema e intenta acordar con los damnificados para devolverles un 60% del total de los activos que les pertenecían.

La propuesta cuenta con el visto bueno de la Liga de Defensa Comercial –la interventora de la empresa–, al tiempo que algunos de los damnificados ya han adherido al acuerdo. Otro grupo de inversores se niega por completo. Los plazos originales que había establecido la interventora vencieron, pero aún se está a tiempo de cerrar un acuerdo porque se desconoce cuándo empezará el juicio oral.

Goldring logró saber los secretos
Goldring logró saber los secretos del mundo de las inversiones (REUTERS/Brendan McDermid)

Hasta ahora se ha alcanzado el 60% de las firmas y se requiere una mayoría del 75% de los créditos reconocidos para dar por cerrado el acuerdo. Con esto, el juicio penal se cerraría.

De acuerdo a la versión del medio uruguayo, los inversores que se oponen al acuerdo entienden que esta propuesta solo beneficia a Goldring, que tiene un patrimonio millonario. Pero los cercanos a la vieja corredora señalan que tiene 76 años y que su reputación ya fue dañada.

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Los allegados a Goldring estiman que se llegará a cubrir unos USD 13 millones de los USD 21,8 millones de deuda estimada total.

El acuerdo propuesto señala: “Se ofrece asimismo el efectivo propiedad de CVM que resulte una vez cubiertos los pasivos y pagos pendientes (despidos, honorarios, etc), los saldos positivos que surjan concluidos los juicios y abonado el pasivo de United Brokers SA, la otra sociedad propiedad de Goldring, que operaba en zona franca, así como la venta de bienes”.

Pero hay un grupo de damnificados que asegura que se les debe unos USD 100 millones y tienen la esperanza de que en Estados Unidos haya cuentas con más dinero.

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