La Cámara Federal de Casación Penal debe definir si la investigación para determinar quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar de 5,5 hectáreas ligada al número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, queda en el fuero federal, como quieren los acusados, o en el fuero en lo Penal Económico, donde estaba.

Y un camarista que tendrá el voto decisivo, Carlos Mahiques, quedó en el ojo de la tormenta. Jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que festejó su último cumpleaños precisamente en ese predio a fines del año pasado, entre autos de colección, magistrados, fiscales, lujo y champagne. Incluso uno de los jueces consultados por reconoció que asistió al evento. Mahiques niega que esa fiesta haya ocurrido, aunque después desafía con una pregunta: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?“, y agrega: ”No siento que sea algo por lo que deba excusarme».

Apodado “Coco” en los tribunales, Mahiques cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo celebró se convirtió en un secreto a voces en los pasillos de Comodoro Py. Acaparó elogios y envidias hasta que a fines de 2025 estalló el escándalo que sacude al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha, Pablo Toviggino, sospechado de ser el verdadero dueño de la quinta por medio de testaferros. Desde ese momento, los elogios mutaron en incomodidad entre los asistentes y la envidia se transformó en alivio entre quienes no fueron invitados.

“Sí, sucedió; la fiesta fue semanas antes de que explotara todo lo de la AFA”, indicó a una fuente al tanto de lo ocurrido en el predio ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, a 58 kilómetros al noroeste del Obelisco. “Fueron más de 20 personas; hubo jueces, fiscales, de todo”, añadió, tras pedir reserva estricta de su nombre para evitar eventuales represalias.

Ese “de todo” habría abarcado camaristas, operadores judiciales y figuras del “quién es quién” de los tribunales desde hace décadas, que se acercaron en sus automóviles particulares u oficiales. “Casi todos con custodios”, detalló una fuente, que elevó la cifra de asistentes a 50.

Consultado por , sin embargo, Mahiques negó haber celebrado su cumpleaños en esa quinta. “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?”, añadió. “Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

-La fiesta era una cuestión privada, pero al quedar en sus manos la definición sobre dónde quedará una investigación judicial, sea el fuero federal o el Penal Económico, pasa a ser una cuestión de interés público, planteó .

-Trato con infinidad de personas y así es como me he cruzado con Tapia y Toviggino en eventos sociales, como el cumpleaños de un tercero o en alguna cancha, pero no soy amigo de ellos. Tampoco tengo el ethos [por el “carácter” o “modo de ser”] de Comodoro Py, y veo que muchos jueces y fiscales han ido a lugares más complicados, pero no reciben este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué será?

-Funcionarios, fuentes de la AFA y de tribunales nos confirman que el evento ocurrió, incluso una persona nos afirma que asistió…

-Y si fuera así, ¿qué? No hay un “violenciamoralmetro” que determine cuándo hay que excusarse. Y si hubiera ocurrido la fiesta, lo que niego, no siento que sea algo por lo que deba excusarme. Además, la noche de mi cumpleaños tuve una cena con un exalumno, el intendente de Pilar [por Federico de Achával], en un lugar donde me crucé con algunos judiciales, nada más.

-No nos hablan del 1 de noviembre, sino de una celebración en esa quinta por su cumpleaños, antes del estallido del escándalo, con helicópteros de por medio e invitados utilizando los autos que luego fueron secuestrados por la Justicia.

-A ver… no he ido en helicóptero a ese predio y no me gusta volar en helicóptero… pero si tus fuentes te dicen lo que te dicen, bien. Prefiero que seas vos el que publique lo que consideres que tiene que publicar, porque te respeto…

El eventual arribo de invitados en helicóptero es, cabe aclarar, un interrogante sin respuesta judicial. Fuentes consultadas indicaron que el mal tiempo impidió los vuelos durante esa jornada. Y hasta el momento no surge del expediente una constancia documental que vincule los más de 60 vuelos registrados desde abril de 2025 en la aeronave matrícula LV-FKY, desde y hacia la quinta con el cumpleaños de Mahiques.

En esa línea, además, cuando fueron citados a declarar por el primer magistrado a cargo la pesquisa, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, dos pilotos la firma Flyzar dijeron no recordar quiénes fueron sus pasajeros, quedando al borde de una denuncia por presunto falso testimonio.

Flyzar pertenece al empresario Gustavo Carmona. Sus colaboradores indicaron ante la consulta de que sus aeronaves no completaron vuelos desde o hacia la quinta vinculados a una fiesta de cumpleaños. Por su parte, Carmona, veterano en servicios a la élite empresarial, conoce a los Mahiques; incluso compartieron una comida en Punta del Este semanas atrás.

La lista de supuestos invitados también permanece en reserva, al igual que las fotos y videos de la fiesta. Según indicaron las fuentes consultadas a , entre los asistentes figuraron colegas de la Casación, magistrados con vínculos aceitados con la AFA y compañeros de aquel viaje a Lago Escondido que salió a la luz en diciembre de 2022 tras un hackeo ilegal de teléfonos que difundió el kirchnerismo, dos días antes de que un tribunal oral condenara por el “caso Vialidad” a Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los que no asistieron, por el contrario, descollaron algunos jueces de primera instancia de Comodoro Py, como María Servini, y algunos colegas de la Casación, como Juan Carlos Gemignani, distanciados de Mahiques desde hace años.

Los testimonios varían. Algunos indicaron que la mayoría de los invitados desconocía de quién era la quinta de Pilar –que no se alquilaba a desconocidos para eventos-; otros, que algunos recorrieron las instalaciones, ingresaron al galpón donde había 54 autos de alta gama como Ferrari, Porsche, Audi y Ford Mustang e incluso llegaron a subirse o conducirlos dentro del predio.

Ubicada en la calle Misiones al 4100 de Villa Rosa, la quinta fue valuada en más de US$ 20,8 millones por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro. Incluye un helipuerto –que no estaba declarado ante las autoridades-, dos viviendas importantes, pista ecuestre y caballerizas, canchas de fútbol y de pádel, quincho, spa, gimnasio y el galpón para los automóviles, tasados en al menos US$ 3,8 millones.

Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA son múltiples. Uno de los hijos del camarista, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figura en la página de internet de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández. Otro hijo, Juan Bautista, es fiscal general porteño y aparece en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa) que el “Chiqui” Tapia anunció el 4 de noviembre pasado. Ambos, no obstante, renunciaron a sus cargos en la AFA durante las últimas semanas.

Cercanos al abogado de Toviggino, Alejandro Higa, los Mahiques también mantienen un ida y vuelta continuo con Daniel Angelici, una figura insoslayable a la hora de comprender los tejes y manejes en los tribunales y los consejos de la magistratura de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires. Según reconstruyó , el “Tano” se había distanciado de “Chiqui” Tapia y Toviggino durante los últimos años, pero las estrellas volvieron a alinearse cuando arreció la tormenta.

Ahora, tras una apelación del fiscal Carlos Cearras, “Coco” Mahiques deberá resolver junto a sus colegas de sala, Daniel Petrone y Javier Carbajo, si la investigación por presunto lavado de activos que busca determinar quién es el verdadero dueño de ese predio -que figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada-, queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados, o vuelve al juez Aguinsky, en Penal Económico.

Mahiques lleva décadas tejiendo vínculos con el poder. En diciembre de 2015 asumió como el primer ministro de Justicia de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires; en abril de 2017, logró que el presidente Mauricio Macri impulsara su cuestionado pase de la Cámara Nacional de Casación –que aborda crímenes ordinarios- a la Cámara Federal de Casación -donde se dirimen investigaciones sobre funcionarios públicos, y el 4 de este mes consiguió que Javier Milei solicite al Senado que le dé un nuevo acuerdo para que continúe como juez más allá del límite de los 75 años.

El nuevo acuerdo para Mahiques comenzó a madurar el año pasado. Dentro del Gobierno se abrió el expediente 176/25, y se aceleró durante las primeras semanas de este año, hasta que cosechó las dos firmas clave. A las 18.15 del martes 3 de este mes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estampó su rúbrica. Cuatro horas y media después, a las 22.49, lo siguió el presidente Javier Milei. Y a las 8.25 del miércoles ingresó por la Mesa de Entradas del Senado.

“Coco logró que Milei firme su pliego y lo envíe al Senado en apenas un día”, confirmó un alto funcionario a , que señaló como eslabón clave al asesor Santiago Caputo –que tiene a Sebastián Amerio como hombre de confianza en el Ministerio de Justicia-, al igual que Santiago Viola, el abogado de mayor confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Mahiques logró lo que no lograron docenas de hombres y mujeres que ganaron concursos en el Consejo de la Magistratura y todavía esperan una señal de la Casa Rosada, ni tampoco otros jueces que se acercan al tope de edad, como Irurzun”, detalló a el alto funcionario, en alusión al camarista federal Martín Irurzun, quien durante 2025 solicitó al Gobierno un nuevo acuerdo, y sigue a la espera.

Para algunos, la reforma laboral fue tibia y terminó salvando a la “casta sindical”; para otros, un atropello a derechos laborales históricos. En el centro de esta controversia emerge una pregunta: ¿cuánto, realmente, se reconfigura la arquitectura del poder sindical?

En materia de financiamiento, el esquema no se modifica. Los sindicatos mantienen los aportes a las obras sociales, así como también la cuota sindical que se descuenta por la representación en la negociación colectiva. Dentro del oficialismo coexistían dos enfoques: uno buscaba reducir esos aportes y eliminar la cuota para erosionar de manera decisiva el poder gremial; el otro apostaba a una reforma políticamente viable.

Finalmente prevaleció esta segunda línea tras la negociación con la CGT, y el resultado fue la preservación del statu quo: la cuota quedó sujeta a un tope del 2%, que en la práctica coincide con el promedio que ya recaudaban los sindicatos por este concepto. En perspectiva comparada, el contraste con Brasil es elocuente: la reforma laboral impulsada por Michel Temer en 2017 eliminó el impuesto sindical obligatorio y redujo en torno al 90% los ingresos de los sindicatos en apenas un año.

Hay otro componente que no se altera: la estructura sindical. Se mantiene el monopolio por rama y no se avanza hacia un pluralismo al estilo chileno (sistema en el cual el trabajador puede elegir a qué sindicato afiliarse) ni se introducen mecanismos de democratización interna o límites a los mandatos. En este punto, el gobierno ha sido menos ambicioso que otras administraciones no peronistas como la de Raúl Alfonsín, que con el proyecto de Ley Mucci intentó democratizar a los sindicatos. El núcleo institucional del sindicalismo argentino permanece intacto.

En negociación colectiva hay dos cambios: el fin de la ultraactividad y la descentralización. La ultraactividad es el principio por el cual un convenio sigue vigente hasta tanto se firme uno nuevo. Este mecanismo fortaleció históricamente a los sindicatos, porque les permitió resistir acuerdos menos favorables en contextos de crisis. La reforma la limita, pero de manera acotada: sólo elimina las cláusulas obligacionales (las que regulan aportes o compromisos entre sindicato y empleador) y no las cláusulas normativas que fijan salarios y condiciones de trabajo. Además, no se trata de una excepción regional: en Uruguay, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, también se avanzó en esa dirección en el marco de una reforma laboral muy moderada.

El cambio más profundo aparece en la descentralización. El modelo argentino se basó históricamente en convenios por rama de actividad que funcionaban como piso para los acuerdos por empresa: estos podían mejorar condiciones, pero no pactar por debajo del piso del convenio de actividad. La reforma invierte esa lógica al establecer la prevalencia de los convenios de menor jerarquía, lo que habilita acuerdos inferiores a ese piso. Esto no elimina la negociación por rama, pero puede desplazar el centro de gravedad hacia la empresa y abrir la puerta a una mayor dispersión salarial y de condiciones laborales.

La descentralización no es nueva en la Argentina. Bajo Arturo Frondizi y Arturo Illia se promovieron sindicatos de empresa para debilitar la estructura por rama, pero lejos de generar organizaciones dóciles, emergieron experiencias de sindicalismo clasistas como Sitrac-Sitram, protagonistas del “cordobazo”. Ese patrón no es sólo histórico: la presencia de corrientes combativas en las comisiones internas de grandes plantas (visible en conflictos como los de FATE) sugiere que una mayor descentralización puede favorecer a dirigencias de base menos proclives al acuerdo que los actuales dirigentes sindicales.

En los años noventa también se expandió la negociación por empresa. Sin embargo, el diseño impulsado por Carlos Menem (en alianza con el sindicalismo peronista) exigía que todo acuerdo por empresa fuera ratificado por el sindicato de rama, que actuaba como instancia de veto sectorial. La reforma actual no contempla esa ratificación y, en este punto específico, va más allá del esquema de los noventa.

Resulta llamativo que la descentralización no haya sido un eje central del debate en torno a esta ley. Esto se explica porque tanto sindicalistas como empresarios consideran que su implementación práctica será compleja y que los convenios por rama seguirán siendo el marco predominante. Queda por verse si esa previsión se confirma o si, al menos en algunos sectores, el centro de gravedad de la negociación colectiva se desplaza.

Por último, aparece un cambio importante en las restricciones al derecho de huelga. La reforma distingue entre actividades “esenciales” y “trascendentales” y exige garantizar un 75% y un 50% de prestación mínima, respectivamente. Si bien todos los países regulan los servicios esenciales, el umbral fijado es elevado en términos comparados y limita de manera significativa el ejercicio del derecho de huelga. Una regulación similar (incluida en el Decreto 70/2023, que contenía la primera reforma laboral de Javier Milei) ya fue declarada inconstitucional por la justicia, y esta versión podría volver a judicializarse por su posible tensión con tratados internacionales ratificados por la Argentina.

En suma, la caja y la conducción sindical permanecen blindadas; las restricciones a la huelga probablemente serán judicializadas y la incógnita es cómo evolucionará la relación de poder entre bases, dirigentes sindicales y empresas, qué nivel de conflicto industrial emergerá y si aumentará la dispersión salarial en los próximos años.

*El autor es profesor de la Universidad de San Andrés