POLITICA
La moralización de la política

“Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron, y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal (un milagro) del cielo. Pero él les dijo: ‘Al caer la tarde ustedes dicen: “Hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo.” Y por la mañana: “Hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador.” ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal (un milagro), y no se le dará señal, sino la señal de Jonás.’ Y, dejándolos, se fue.” (Mateo 16)
“Entre fraternidad y economía pareciera existir una cierta aporía. El paradigma de la fraternidad nos remite al amor al prójimo, a la cooperación, a la reciprocidad, a la solidaridad, al altruismo; mientras que el paradigma de la economía nos remite a la productividad, a la competencia, a la eficiencia, a la maximización del interés propio, al egoísmo.” (La fraternidad y la economía en Fratelli tutti, Cristián Hodge).
El Sermón de la montaña y el llamado de nuestro Señor Jesucristo
Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, el papa Francisco recomienda la lectura de las Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña según San Mateo. “Son la ‘carta de identidad’ del cristiano”, dijo Francisco, “porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús”.
“El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y, dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las Bienaventuranzas (Mateo 5, 1-12). El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a los otros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos. Ahora, con las Bienaventuranzas, Jesús nos da los ‘nuevos mandamientos’, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que él nos propone.”
Cada Bienaventuranza está compuesta de tres partes: inicia con la palabra “bienaventurados” o “felices”, sigue con “la situación en que estos se encuentran” y termina con “el motivo por el cual serán felices”, introducido por la conjunción “porque”.
En la audiencia general del 11 de marzo de 2020, meditando sobre el luminoso camino de la felicidad que el Señor nos ha dado en la primera parte del Sermón de la Montaña titulado las Bienaventuranzas, el Papa llega a la cuarta que dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados» (Mateo 5, 6).
Dijo el Santo Padre entonces: “…enfrentamos aquí otro tipo de debilidad, la relacionada con el hambre y la sed. El hambre y la sed son necesidades primarias, se trata de la supervivencia. Hay que subrayarlo: no se trata de un deseo genérico, sino de una necesidad vital y cotidiana, como es la alimentación.” Y nosotros agregamos: lo fue siempre por la propia naturaleza del hombre. Ha sido una realidad de la historia y es, a pesar de los extraordinarios avances tecnológicos y científicos, una realidad del mundo moderno.
“Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Ciertamente no estamos hablando de los que quieren venganza, al contrario (…)”. Verdaderamente la sociedad humana tiene una necesidad urgente de equidad, verdad y justicia social; recordemos que el mal que sufren las mujeres y los hombres del mundo llega al corazón de Dios Padre. Necesidad, agregamos nosotros, que se opone a la libertad.
“Las Escrituras hablan del dolor de los pobres y de los oprimidos que Dios conoce y comparte. Por haber escuchado el grito de opresión levantado por los hijos de Israel —como nos dice el Libro del éxodo (cf. 3, 7-10)— Dios ha bajado a liberar a su pueblo. Pero el hambre y la sed de justicia de la que nos habla el Señor es aún más profunda que la legítima necesidad de justicia humana que todo hombre lleva en su corazón.”
Las otras Bienaventuranzas que Jesús enseña en esa ocasión son:
“Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices los mansos, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron”.
Los signos de los tiempos
Repitamos una vez más: la Argentina era y sigue siendo un país rico. Las sucesivas dictaduras cívico-militares no solo no dejaron gobernar a los breves gobiernos democráticos a partir de 1955, sino que, aunque no necesariamente un gobierno totalitario tiene que ser ineficiente, deshonesto y socialmente injusto, nuestras dictaduras —una conjunción de militares y grupos de civiles— no persiguieron el bien común sino el bien de unos pocos grupos económicos. Persiguieron a los partidos, a los sindicatos y a muchas otras organizaciones libres del pueblo y generaron pobreza. La pobreza extrema la pusieron debajo de la gran alfombra extendida del conurbano bonaerense.
La democracia, que supimos conseguir por la lucha obrera y los cambios geopolíticos hemisféricos, derrota de Malvinas incluida, llegó en 1983 y una gran ilusión resurgió en el corazón del pueblo. El anuncio de los ideales en el preámbulo de la Constitución Nacional entusiasmó a propios y extraños. El pueblo no esperaba milagros monumentales, pero sí trabajo digno, tierra, techo, colegio, club y salud para todos. Los gobiernos radicales y peronistas, lejos de satisfacer las grandes necesidades y en lugar de ayudar a sacar a los hermanos y hermanas de la pobreza, continuaron con las políticas económicas neoliberales, oscilaron entre achicar y engrosar el Estado, produjeron quebrantos en la industria y desocupación, aumentaron la pobreza y la corrupción se tornó estructural, politizaron la justicia, envilecieron el Congreso y, en lugar de superar las causas de la injusticia social, las aumentaron. Sustituyeron el trabajo formal por el trabajo en negro y la desocupación la encubrieron con el asistencialismo. En vez de cuidar a los trabajadores elevando su condición social, alternaron políticas económicas de desorden fiscal con períodos de remate de los bienes del Estado. Se sucedieron leyes de derogación y de restauración de los principios del derecho laboral, condenando a la producción y al trabajo a un triste destino.
Los indicadores de entes oficiales declararon en el año 2010 un índice de pobreza en la región del 31,4%. En nuestro país, el Observatorio de la UCA acusaba un índice de 20/25%, que en 2020 llegó al 40,9% y en 2025 marcó el 36,3%. Más de 16.000.000 de pobres, 20 millones de almas víctimas de la falta de cultura política y fraternidad. Prelación de fines particulares o de sector por encima del bien común.
Este es el signo de los tiempos.
Gera dice que el sujeto en la determinación del signo de los tiempos es el pueblo. El pueblo que cada sociedad supo construir. La construcción de un pueblo demanda acciones cotidianas que tienen como propósito el “bien común”. Ese “construir pueblo” se repite generación tras generación —dice Francisco— y agrega: se construye con acciones cotidianas, hazañas o empresas que tienen en mira el bien común. No es un mero acto electoral, ni la multitud de gente, ni la suma de un público en una plaza… “la construcción de un pueblo es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía” (Papa Francisco, EG 220). Pero recordemos que la democracia es el gobierno del pueblo, poder o autoridad del pueblo. Pueblo es la gente, todos los que compartimos el gran edificio moral, material, jurídico e institucional en el que vivimos y nos desarrollamos. Ese edificio, así como se construye con acciones y voluntades individuales y colectivas, se destruye con acciones disolventes. El propósito de la construcción de una vida en común es que todos vivan bien y se desarrollen en armonía y fraternidad. Cuando ese no es el propósito, sino el de empobrecer oprimiendo al pueblo y sometiéndolo al espiral de la pobreza, allí donde los sectores medios descienden a los segmentos pobres y los pobres a los extremadamente pobres, la reacción del pueblo argentino se ha hecho sentir y el pueblo no tarda en expulsar a los malos dirigentes. En nuestro país es frecuente que el propósito debido o declarado sea particular, extraño y no común al interés del pueblo.
La doctrina del bien común fue desarrollada por Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, entre otros autores clásicos. Como señalaba el Estagirita, el bien social que tal doctrina propone no ha de ser trascendente a la sociedad y al ciudadano, sino algo a su alcance, algo que ellos puedan realizar y del que puedan beneficiarse. Esto deberá realizarse respetando el pluralismo social y sin perjuicio de los fines últimos de tipo político que habrán de ser diversos, pero deben desarrollarse en el marco de la unidad. Unidad en la diversidad, dice el papa Francisco.
“Nuestra política no ha estado muchas veces al servicio del bien común”, decía el cardenal Bergoglio
“Nuestra política no ha estado, muchas veces, decididamente al servicio del bien común” —decía el cardenal Jorge Bergoglio, observando la realidad argentina en su homilía titulada “Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo”, en ocasión del Bicentenario del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 2010—. Y proseguía diciendo (la política): “…se ha convertido en una herramienta de lucha por el poder que sirve a intereses individuales y sectoriales; y no ha sabido, no ha querido o no ha podido poner límites, contrapesos, equilibrios al capital para erradicar la desigualdad y la pobreza, que son los flagelos más graves del tiempo presente”.
El camino de la moralización de la política
El bien común no siempre será el mismo para unos que para otros. Los fines serán comunes para un grupo y no lo serán para otros, o unos se beneficiarán más que otros. Siempre hay una pluralidad de fines. Armonizar los fines de unos grupos con otros de tal forma de integrarlos —como decimos— en una unidad en la pluralidad es la tarea de los políticos y de los dirigentes sociales. No es un buen político ni un buen constructor quien sigue la teoría schmittiana del amigo-enemigo y fractura a los grupos sociales jugando a crear brechas sociales y especulando con eso.
Hay que reconocer que es difícil el camino que implica la moralización de la política. El papa Francisco no idealiza al Estado ni a la política, él dice que la acción debe ser valorada por comparación al fin que se propone. Si de lo que se trata es lograr el bien común, podrá ser una acción moralmente buena siempre que no emplee para ello un medio que provoque un mal mayor. Si el bien común beneficia a unos y perjudica a otros, hay que poner los intereses en la balanza. El fin al que se ordena la acción debe ser justo y formar parte del pluralismo social.
Una política que esté alejada de la realidad es tan mala política como aquella que sacrifica un bien común para lograr un bien particular. La medida debe ser el resultado de una justa ponderación de las circunstancias y los valores en juego, teniendo presente que la realidad es superior a la idea, la unidad es superior al conflicto y el todo es superior a las partes y a la suma de las partes.
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POLITICA
Familia judicial, roce político y controversias: Carlos Mahiques, uno de los jueces que debe definir el destino de la causa por la quinta vinculada a la AFA

Roce político, dos hijos en la Justicia y algunas polémicas que empañan un recorrido de más de medio siglo en los tribunales. Son algunas de las notas que marcan la figura de Carlos Mahiques, uno de los tres jueces en situación de definir el rumbo de la causa que investiga a la suntuosa quinta en Pilar, atribuida a las autoridades de la AFA.
Desde 2017, es miembro de la Cámara Federal de Casación, un órgano clave en el organigrama judicial, adonde trepan los expedientes más sensibles para la política. La Sala que ahora integra, de hecho, debe pronunciarse acerca de una disputa enredada y decidir si trata un pedido para que el expediente sobre la quinta regrese al fuero Penal Económico desde la Justicia de Campana, adonde las personas investigadas prefieren que tramite.
A principio de mes, el presidente Javier Milei solicitó al Senado la renovación del acuerdo de Mahiques para que este pueda seguir ejerciendo como magistrado de la Casación después de los 75 años, edad que cumple en noviembre y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento.
Mahiques llegó allí en 2017, como parte de los traslados de jueces que promovió Mauricio Macri durante su Gobierno. Pasó de tratar delitos comunes en la Casación porteña, al máximo tribunal penal del país, aunque no sin resistencias.
Su traslado fue aprobado con voto dividido en el Consejo de la Magistratura, con el kirchnerismo votando en su contra y subrayando su condición de juez nacional, no federal.
Por ese entonces, Juan Mahiques, uno de sus hijos, ocupaba el cargo de subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación y, como representante del Ejecutivo en el Consejo, oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia de Germán Garavano y los tribunales.
El “clan” Mahiques se completa con Ignacio, el otro hijo de Carlos: fue designado fiscal porteño en 2015 y se desempeñó como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa “Vialidad”, por la que Cristina Kirchner acabó condenada a 6 años de prisión.
La vocalía en la Casación de Carlos Mahiques entró en pausa en 2015, cuando se convirtió en el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La aventura política duraría apenas 5 meses. Al filo del vencimiento de su licencia en los tribunales, Mahiques optó por regresar a lo que había hecho “por más de 40 años”, según dejó plasmado en su carta de renuncia.
Polémicas
Su biografía judicial encierra algunas controversias. La más sonora tomó lugar en 2022, cuando formó parte de la comitiva de funcionarios, magistrados y personas ligadas al grupo Clarín que viajó en octubre de aquel año a la residencia del empresario Joe Lewis, en Lago Escondido.
De por sí, el viaje expuso un presunto entramado de influencias informales, pero el ruido en torno al viaje creció cuando se conocieron filtraciones de chats -de origen desconocido- en los que los protagonistas hablaban de cómo afrontar el tema con la prensa y de cómo “justificar” el viaje.
Algunos de sus fallos también lo pusieron bajo observación. Con uno de ellos le entreabrió una puerta de salida del juicio por los Cuadernos de las Coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
En sintonía con dos colegas suyos, entendió que los pagos de los empresarios no eran coimas sino aportes de campaña no registrados y que el caso debía tramitar en la Justicia electoral. El fallo generó tal controversia, que fue luego revertido, aunque por mayoría, puesto que Mahiques, en soledad, mantuvo su postura inicial.
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Los artículos de la reforma laboral de Javier Milei que provocarán cambios en el sindicalismo

Si el Senado convierte en ley la reforma laboral que impulsa Javier Milei, como se prevé que suceda el viernes próximo, no sólo se producirán cambios para los trabajadores sino también modificaciones profundas que impactarán de lleno en el poder sindical.
En el proyecto, que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes, se eliminó el polémico artículo 44, que reducía al 50% o al 75% el pago de los sueldos durante las licencias por accidentes y enfermedades inculpables, pero quedaron intactos los vinculados con las indemnizaciones, la creación de un mecanismo de banco de horas y las vacaciones, entre otros cambios que afectan los derechos individuales.
Para el poder sindical, el enorme alivio que negoció con el Gobierno fue dejar a salvo el financiamiento de los gremios al mantener las cuotas solidarias (aunque con un tope del 2% de descuento salarial) y, además, eliminar el artículo que reducía de 6% a 5% las contribuciones patronales para las obras sociales, lo que garantiza el actual flujo de fondos para el sistema sindical de salud.

Sin embargo, los dirigentes de la CGT no pudieron atenuar ni quitar de la reforma laboral al menos unos 10 artículos que, tal como están redactados, confirmarán lo que dijo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al defender el proyecto: “Cambia de cuajo el modelo sindical argentino”.
El modelo al cual alude la senadora oficialista, ideado por Juan Domingo Perón, tiene al Estado entre sus pilares constitutivos: los sindicatos no son autónomos del Poder Ejecutivo y requieren de su aval para determinar qué organización es la más representativa por rama de actividad y será la que recibirá la personería gremial, una figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar los convenios colectivos y administrar sus propias obras sociales, entre otros derechos exclusivos.
La reforma laboral de Milei debilitará el “unicato” sindical que retiene hoy el poder de manera centralizada, quitándole atribuciones en materia de negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, fueros sindicales y asambleas, por ejemplo.

El primer punto del proyecto que será demoledor para el poder sindical es el artículo 98, que reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.
La novedad es que, por un lado, se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y, por otro, se incluyó que las fuerzas de seguridad en ningún caso podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.
El artículo sobre las cuotas solidarias, que establece que no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores (hoy no tienen tope alguno y existen sindicatos como SMATA que reciben un 4%), también dejó a salvo los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto firmados en los convenios en beneficio de entidades empresariales, aunque con un 0,5% de tope.

En su versión anterior, la reforma laboral jaqueaba a las cuotas solidarias al eliminar la obligación de los empleadores de ser agentes de retención de esos aportes y, además, establecer que sólo podía ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.
La reforma laboral también afecta el poder concentrado de los sindicatos a través del artículo 126, que restringe la ultraactividad, principio vigente hasta ahora que otorga continuidad a los convenios colectivos de trabajo tras su fecha de vencimiento hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo. En el proyecto, de todas formas, se amplía qué subsiste al vencer el convenio: se añaden “las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador”, no sólo las condiciones de trabajo como figuraba antes.
Las cuotas solidarias, a la vez, quedan protegidas porque el proyecto afirma que “las cláusulas obligacionales mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”.

Una modificación clave de la reforma laboral es la que establece la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación actual, un convenio de actividad prevalece sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos sean más favorables para el trabajador.
En la práctica, el proyecto les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que le quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería, y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.
Otro artículo que afecta el poder centralizado de los sindicatos es el que facilita el otorgamiento de la personería los sindicatos por empresa. Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión».

En la reforma laboral, el artículo 136 dice que “podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere, durante un período mínimo y continuado de 6 meses anteriores a su presentación, superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa a la asociación con personería preexistente, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de esta última”.
Por otra parte, el artículo 134 hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: al sustituir el artículo 20 ter de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento». El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Los conflictos de encuadramiento sindical, que son muy comunes y puso de moda Camioneros por sus reclamos para sacarles afiliados a otros gremios, incorporan dos novedades contempladas en el artículo 144: por un lado, reduce el plazo de resolución de estos diferendos de 60 días a 20 días hábiles, y, por el otro, introduce una dimensión disciplinaria que antes no existía en este artículo: permite a la Secretaría de Trabajo sancionar toda conducta gremial que afecte a terceros. Es decir, si no quiere ser penalizado, Hugo Moyano tendrá que evitar los bloqueos contra empresas en las que tenga reclamos de encuadramiento de los trabajadores.
Para el gremialismo también es inaceptable el artículo que limita las asambleas sindicales adentro o afuera de los lugares de trabajo al exigir que deba pedirse autorización previa al empleador, tanto del horario como el tiempo de su duración, y establecer que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la asamblea». Este punto del proyecto libertario busca impedir que las asambleas se conviertan en medidas de fuerza encubiertas.

La reforma laboral les quita atribuciones a los delegados sindicales. La ley vigente dice que la cantidad de horas retribuidas que puede utilizar un delegado para su actividad gremial se define por convenio colectivo, mientras que el proyecto actual propone que se limiten a 10 horas mensuales, lo que “significa una intervención directa en la negociación colectiva y en la voluntad de las partes con el objetivo de impedir la acción gremial”, según un análisis del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo CETyD (EIDAES-UNSAM).
En el artículo 139, por otra parte, se introducen cambios en relación con quienes están amparados por la tutela sindical: se elimina la protección a suplentes y congresales, “lo que dificulta la conformación de listas sindicales o de delegados y obstaculiza la generación de nuevos cuadros sindicales en los distintos ámbitos”, según un informe sobre la reforma laboral que hizo el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.
El artículo 130 del proyecto oficial, por otra parte, se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población».
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La Cámara de Casación tiene la llave para definir si la causa por la mansión ligada a la AFA sigue en Campana o regresa a los tribunales porteños

La Cámara Federal de Casación, donde actúa Carlos Mahiques, tiene la llave para decidir si la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una fastuosa mansión en Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sigue en la justicia federal de Campana, como quieren los acusados, o regresa a los tribunales en lo penal económico de la Capital.
Serán los jueces de la Sala I de la Casación, Mahiques, Daniel Petrone y Javier Carbajo los que definan si abren el recurso de queja que planteó un fiscal federal de San Martín para que el caso regrese a la Capital o si dejan todo en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Quien empuja que la causa regrese al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, donde la investigación había avanzado, es el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras.
Mientras se define este asunto, González Charvay tomó una medida sorpresiva y decidió levantar la custodia policial de la quinta de cinco hecátereas de Villa Rosa en Pilar, según dijeron fuentes judiciales a .
Argumentó que no era necesaria dado que los bienes ya habían sido embargados.
Pero el fiscal federal Sebastián Bringas, de Campana, se opuso y apeló ante la Cámara Federal de San Martín.
La idea es proteger los autos de alta gama y los bienes costosos que hay allí y que no desaparezcan, como ocurrió con los caballos de carrera que estaban en el lugar.
Cearras apeló también el fallo que derivó al juzgado de González Charvay la causa en la que se investiga quiénes son los dueños de la mansión en Pilar.
El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción procesal, sino que supuestamente oculta una maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero penal económico y más cerca del juzgado federal de Campana, a quien consideran más confiable.
El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado de Aguinsky.
Aguinsky había avanzado con decisión luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (que resultó en unos 20 millones de dólares).
Aguinsky -antes de dejar el caso- terminó con la convicción de que los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte no pudieron ser los dueños de la casona de Pilar, con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.
Además, en los operativos encontró un bolso con el nombre de Toviggino y una placa conmemorativa, también en “honor” al tesorero de la AFA.
Pero la defensa de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y de Toviggino, buscó sacar el caso de esa jurisdicción y logró llevarlo a la justicia federal de Campana, donde está situada la quinta.
Fue clave allí el voto del camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados. Los abogados de la AFA creen que el juez González Charvay es un juez más confiable para ellos.
El recurso del fiscal de Cámara, Cearras, fue analizado por la Cámara Federal de San Martín, que lo rechazó.
Por lo tanto, Cearras recurrió a la Cámara de Casación con un recurso de queja.
Ahora, los camaristas Petrone, Mahiques y Carbajo deben decidir si la abren y hacen una audiencia para que todos argumenten antes de decidir o si rechazan la queja por no tratarse de una sentencia definitiva. Esta podría ser la salida más rápida que dejaría el caso en Campana.
Si así se decide, el fiscal ante la Casación Mario Villar debería recurrir a la Corte en busca de que decida sobre la competencia, en una jugada de improbable éxito.
El fiscal Cearras argumentó que en los casos de lavado de dinero la competencia territorial no siempre se define por el domicilio del bien investigado. Dijo además que quien debería haber determinado el destino final del caso no era la Cámara de San Martín con Lugones, sino la Cámara en lo Penal Económico, pues es el tribunal de alzada del juez que previno primero.
El fiscal Claudio Navas Rial, como su colega Bringas, tienen la misma opinión y sostienen que el expediente debe regresar a la justicia en lo penal económico. El caso llegó a Campana por un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros −el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte− presentaron ante el juez de Campana González Charvay.
González Charvay se hizo eco de la solicitud y le pidió a su colega, Aguinsky, que se aparte. Sostuvo que le correspondía investigar el caso con un argumento jurisdiccional, al amparo de las garantías del “juez natural”.
Aguinsky rechazó correrse del caso. Dijo que su fuero era de especialidad y, al argumento de su colega, contrapuso que la ubicación de la quinta no era relevante puesto que el núcleo de la investigación era la AFA, cuya ubicación se encontraba “a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km de distancia del Juzgado Federal de Campana”, marcó.
Sin embargo, el camarista Lugones le dio la razón a Charvay. Además, afirmó que la AFA, en noviembre de 2024, cambió su domicilio a Mercedes N°1366, en la localidad de Pilar. Sin embargo, la ARCA comprobó que ese lugar es un terreno baldío.
En estas horas, la causa avanza sobre presuntas inconsistencias alrededor de la colección de autos que la Policía encontró cuando allanó el lugar. Se trata de la costosa flota de vehículos a nombre Real Central, la sociedad que en los papeles es dueña de la quinta y está a nombre del monotributista Pantano y su madre, la jubilada Conte.
La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en los hechos a Pantano y a su madre Conte, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.
Esa hipótesis se reforzó cuando el juez Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.
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