POLITICA
Maniobra en la causa que más preocupa a Tapia: los acusados quisieron apartar al empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA
La causa que más inquieta a Claudio “Chiqui” Tapia incorporó una maniobra que expone el foco actual del expediente. La defensa de los propietarios de TourProdEnter LLC, empresa radicada en Estados Unidos, solicitó apartar como querellante a Guillermo Tofoni, el empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El planteo busca restringir la intervención del denunciante que accedió a la ruta financiera de los fondos y cuya participación podría aportar información clave para comprometer a los acusados en la investigación por presunta administración fraudulenta.
Infobae accedió a información sobre este incidente procesal, producido en el expediente que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años, desde que TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior.
El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. El argumento central es que el empresario no cumple la condición de “particular ofendido” exigida por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Según la presentación, el propio Tofoni habría admitido que el supuesto perjuicio no lo afecta de manera directa y singular, sino que se extendería “junto con todos los clubes del fútbol argentino”, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.
La defensa argumentó que el denunciante busca que el sistema de administración de justicia le sirva como una agencia de investigación privada sin costo, con el fin de reunir datos para mejorar su posición negocial en sus pretensiones contractuales o comerciales.
Además, planteó que el caso debería ser analizado como un eventual incumplimiento contractual y no bajo la órbita penal, invocando el principio de “ultima ratio” del derecho penal y señalando que la controversia debería resolverse en el ámbito comercial.
La exclusión de Tofoni como querellante tendría consecuencias concretas: perdería la capacidad de impulsar medidas de prueba, acceder plenamente al expediente y recurrir decisiones con el peso procesal de una parte.
Guillermo Tofoni es un empresario de extensa trayectoria, agente oficial de la FIFA y fundador de World Eleven, empresa especializada en gestión de partidos internacionales y eventos internacionales. Su relevancia en el mercado explica el impacto de su intervención en el expediente: no es un denunciante sin antecedentes, sino un operador histórico del negocio global del fútbol que llevó la disputa al ámbito judicial.
En su respuesta ante el juzgado, Tofoni negó las acusaciones de la defensa y aseguró que él aportó la prueba más relevante en el proceso. “La paradoja es que justamente fue quien suscribe quien nutrió y aportó abundante prueba en esta causa en virtud del discovery iniciado en Estados Unidos. Es decir, se da la circunstancia al revés de lo que postulan los imputados”.
Detalló que “la totalidad de la información financiera incorporada a esta causa fue obtenida mediante un procedimiento formal de discovery tramitado ante tribunales de los Estados Unidos, mecanismo que —por su propia naturaleza— exige como presupuesto ineludible la acreditación de un interés legítimo, concreto y actual por parte del requirente”. En el mismo escrito, al que accedió Infobae, indicó que las autoridades judiciales estadounidenses analizaron el reclamo presentado y concluyeron que su pedido resultaba jurídicamente atendible, habilitando el acceso a información bancaria altamente sensible de las personas aquí denunciadas.
Subrayó que esto implica “necesariamente, un reconocimiento previo de legitimación y de la existencia de una posible afectación patrimonial directa, pues de otro modo dicho acceso jamás hubiera sido autorizado”. Según Tofoni, esa circunstancia “descarta cualquier hipótesis de actuación meramente especulativa o exploratoria, como pretende sostener la defensa”.
La investigación judicial se centra en el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Selección argentina en el último cuatrienio. TourProdEnter LLC fue designada como agente de cobro exclusivo de la AFA en el exterior, con facultades para gestionar y percibir ingresos por partidos amistosos, eventos, concesiones y contratos de sponsoreo.
De acuerdo con la denuncia, las maniobras que integrarían la administración infiel habrían sido ejecutadas por Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en complicidad con Faroni y Gillette, responsables de la sociedad radicada en Estados Unidos, según la documentación judicial. Tofoni planteó ante el juzgado que la constitución de esa firma y su figuración como mandataria de la AFA representó “un capítulo más de la administración fraudulenta”.
Afirmó que, además de los fondos que la empresa habría cobrado y habría hecho desaparecer tras un entramado de entes de paja, omitiendo su rendición a las cuentas de la AFA, TourProdEnter tenía acordada una comisión del 30 %, que “no tendría justificación alguna y también consistía en una vía más de consumar el fraude”.
El período investigado coincide con el ciclo más rentable de la historia reciente de la Selección, coronado con la obtención del Mundial de Qatar 2022. Ese título multiplicó el valor comercial de los amistosos internacionales y de los acuerdos de patrocinio.
El expediente ya atravesó una discusión sobre competencia. Un intento de derivación al fuero federal fue rechazado. El camarista Ignacio Rodríguez Varela determinó que no existían elementos que permitieran considerar que la afectación patrimonial comprometiera bienes o intereses federales ni el ejercicio del empleo público nacional. También sostuvo que los fraudes “no dejan de ser comunes” por el solo hecho de involucrar sumas elevadas o trascender varias jurisdicciones.
Tofoni consideró que esa resolución refuerza que los hechos denunciados encuadran “razonablemente en el delito de administración fraudulenta en perjuicio tanto de quien suscribe como de la Asociación del Fútbol Argentino, destacando además la existencia de documentación concreta que individualiza transferencias, montos y maniobras de desvío de fondos”. La defensa, por su parte, insiste en que se trata de una reedición de una denuncia archivada y que el conflicto es de naturaleza comercial.
El debate de fondo gira en torno al control del flujo de información sensible en la causa. El empresario no solo denunció, sino que obtuvo documentación bancaria extranjera e incorporó esos datos al expediente, generando una asimetría informativa ahora en discusión. Si la jueza lo reconoce como querellante, podrá seguir impulsando medidas, ampliar la hipótesis investigativa y aportar nueva documentación del sistema financiero estadounidense. Si lo excluye, su margen de intervención quedará reducido y el avance de la causa dependerá exclusivamente de la iniciativa fiscal y judicial.
En una investigación centrada en el manejo de más de USD 300 millones y el circuito internacional de fondos de la Selección campeona del mundo, la disputa por la querella se transformó en un punto neurálgico.
POLITICA
AFA: citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país
El juez en lo penal económico Diego Amarante citó hoy a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
“En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez.
Al tesorero Toviggino y al también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo se los citó para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires.
En su resolución, el magistrado advirtió sobre » la gravedad de los hechos investigados» y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.
Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del tercer día de notificados. De no hacerlo se les designará Defensor Público Oficial.
De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.
Un pedido de ARCA
La decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae.
De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.
Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.
La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Lambruschi”, caracterizó este delito como de omisión instantánea, consumado cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido.
ARCA afirma que en este caso se verifican los tres elementos estructurales del delito de omisión: el deber jurídico de actuar, la capacidad fáctica de cumplir con ese deber y la ausencia de la acción esperada. Uno de los puntos centrales del planteo radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. El escrito sostiene que la entidad registró “abultadas acreditaciones bancarias” y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de $45.000 millones. Además, durante 2024 y 2025 constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares.
La querella sostiene que estos elementos descartarían una imposibilidad material de pago y reforzarían la hipótesis de que la falta de ingreso fue una decisión deliberada. Se cita jurisprudencia que establece que los importes retenidos no pertenecen a la entidad, sino a los contribuyentes afectados, y que el agente de retención actúa como intermediario ante el fisco.
El pedido de indagatoria alcanza, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina (desde 2025), al director general Gustavo Roberto Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. El escrito reconstruye el esquema interno de decisiones a partir de testimonios del personal administrativo. Según el expediente, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Las testigos indicaron que el tesorero tomaba las decisiones financieras y contables, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales.
La querella argumenta que resulta “difícil suponer” que una decisión de no ingresar sumas de tal magnitud durante 19 meses consecutivos pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción. Se destaca que los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, lo que, según la acusación, indicaría que estaban al tanto de la situación financiera y de las deudas registradas.
El planteo también subraya la continuidad temporal de la conducta investigada: la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, lo que, según la querella, descarta que se trate de una situación excepcional o un error administrativo y permitiría inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal.
La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal, en el que el juez comunica los hechos y las pruebas, y el imputado puede declarar o abstenerse. ARCA enfatiza que la indagatoria garantiza el derecho de defensa y contribuye a la averiguación de la verdad. Para que proceda, el juez debe considerar que existe una “sospecha bastante” basada en elementos objetivos de convicción, umbral que, según la querella, estaría cumplido.
El 26 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 formuló el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal. El juzgado debe ahora resolver si hace lugar al pedido de citación a indagatoria, lo que, de concretarse, sería la primera vez que el actual presidente de la AFA enfrenta una instancia de este tipo por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario vinculadas a su gestión. El expediente se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones.
Por el momento, el planteo de ARCA constituye una acusación en etapa preliminar. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral.
POLITICA
Gabriel Buenos, de Rappi: “La reforma laboral debe respetar que los repartidores priorizan flexibilidad”
En una conversación en Infobae en vivo, Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, respaldó el capítulo que regula el trabajo en plataformas dentro del proyecto de modernización laboral enviado por el presidente al Congreso. “Nos manifestamos a favor del capítulo que regula el trabajo en plataformas, dentro del proyecto de modernización laboral”, afirmó Buenos, y explicó que la iniciativa surgió a partir de un proyecto del diputado Ritondo.
En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Buenos detalló el funcionamiento interno de Rappi: “Somos una plataforma de intermediación entre consumidores, comercios y repartidores, que son prestadores de servicios independientes. En diciembre del último año, 45 mil personas aceptaron y realizaron una entrega en Rappi. Y, si miramos todo 2025, fueron más de 150 mil personas. En la actualidad, la aplicación cuenta con 15 mil comercios, de los cuales el 80% son pymes».
La regulación laboral y el impacto en los repartidores de apps
Según Buenos, uno de los datos clave proviene de un informe del BID de 2024: “El 65% de los repartidores se conecta menos de tres horas al día en promedio. Es una actividad que utilizan en su enorme mayoría para complementar ingresos”. Consultado sobre el mecanismo de pago, detalló: “Las ganancias se generan por los pedidos que realizan y el 100% de las propinas. Se acredita en una cuenta bancaria todos los martes, correspondiente a la actividad de lunes a domingo”.
Respecto a cómo se compone el ingreso, Buenos aclaró: “La tarifa depende del día, la hora, las condiciones climáticas y el tipo de pedido. Si un repartidor toma un pedido en supermercado que le lleva más tiempo, la ganancia por ese envío es mayor”. Además, aseguró que “el seguro que cubre accidentes y gastos médicos es costeado por Rappi, y la reforma obliga a todas las plataformas a brindar este tipo de cobertura”.
El modelo independiente frente a la sindicalización y la formalización
Ante la pregunta sobre el vínculo contractual, Buenos sostuvo: “Firman un contrato de prestación de servicios. Cuando surgen discrepancias, conversamos con los repartidores para detectar mejoras. Hay focus groups, grupos de WhatsApp y oficinas de atención”. Sobre la posibilidad de negociación colectiva, afirmó: “No existe negociación colectiva en el sentido tradicional. Tomamos las devoluciones para mejorar la aplicación”.
La discusión se orientó luego a los ingresos de quienes trabajan a tiempo completo. “Un repartidor genera, en promedio, seis mil pesos la hora. Quienes trabajan ocho horas diarias pueden facturar alrededor de millón y medio de pesos al mes. Sin embargo, casi el 70% por ciento de los repartidores utiliza la app menos de 20 horas a la semana”, puntualizó.
Consultado sobre el efecto de la reforma laboral en la operatoria de Rappi, Buenos fue contundente: “Si la reforma avanza, será un impulso para Rappi Argentina. Cerramos 2025 con un crecimiento de poco más del 30% y para 2026 esperamos crecer 35% por ciento”. Atribuyó ese potencial a la existencia de reglas claras para una industria en expansión.
Los riesgos de la relación laboral plena y el fenómeno de la segunda fuente de ingresos
Buenos advirtió sobre los riesgos de exigir una relación laboral plena: “No sería viable. El caso de España tras la Ley Rider dejó un tercio de los repartidores afuera del sistema y la salida de empresas. Se perdió capacidad de respuesta y se afectó a los comercios chicos. Si esto se rigiera solo por empleados fijos, muchos no podrían seguir generando ingresos”.
Sobre el perfil del repartidor, Buenos describió un cambio: “Cada vez el repartidor promedio se conecta menos horas y hace menos pedidos. Es una segunda actividad para complementar ingresos o generar recursos en momentos específicos”. Aclaró que el modelo de Rappi permite administrar la jornada según las preferencias personales y que la ley exigirá a todas las plataformas respetar los descansos, sin penalizaciones.
El ejecutivo remarcó que la competencia entre plataformas obliga a mantener las tarifas: “Tenemos que sostener una propuesta de valor atractiva. No podemos bajar los ingresos si hay sobreoferta porque el repartidor elige a qué aplicación conectarse. Durante este año, los ingresos promedios acompañaron la inflación”.
Ante la posibilidad de limitar la cantidad de horas trabajadas, Buenos respondió: “Hoy no existe un mecanismo que impida trabajar más de dieciocho horas, pero tampoco vemos casos de ese tipo en la plataforma. En otros países, sí está regulado”.
Por último, enfatizó que “la enorme mayoría de los repartidores son los primeros en decir que no quieren una relación laboral fija. Si el sistema se rigiera solo por empleados fijos, muchos no podrían seguir usando las plataformas para generar ingresos”.
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En Mendoza hoy, domingo 22 de febrero, se vota para renovar mitad de los concejos deliberantes de los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Los mendocinos deben asistir a las urnas también en San Rafael, donde se elegirán 24 convencionales municipales.
Los comicios en estos departamentos para el cuarto domingo de febrero, se realizan ahora, debido a que en estos lugares se decidió desdoblar la elección, respecto de las provinciales y nacionales que se llevaron a cabo el año pasado.
Los ciudadanos que están habilitados para votar este domingo aparecerán en el listado oficial de votantes, que proporciona el gobierno provincial.
Allí es preciso completar la información de número de DNI, y luego hacer click en el botón “Buscar”. Una vez hecho esto, la base de datos arrojará el lugar al que debe acudir el votante para sufragar este domingo en las Elecciones Legislativas Municipales.
En esta elección hay 514.008 electores habilitados para votar, que forman parte del padrón de la provincia de Mendoza.
Este domingo las elecciones municipales definirán la renovación de la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes en los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
En San Rafael, además, se eligen 24 convencionales municipales.
Además, 48 horas antes de la apertura de los centros electorales, es decir a las 8 de este viernes 20 de febrero, empezará a regir la prohibición para llevar a cabo actos proselitistas. En tanto, el mismo día de la elección empezarán a regularse otras cuestiones.
Qué estará prohibido en Mendoza durante la veda electoral
En Mendoza hoy, domingo 22 de febrero, se vota,Agenda,Mendoza,,Calendario escolar. Cuándo empiezan las clases en Mendoza,,Abril. Cuándo son los feriados de Semana Santa,,Asuetos. Estos son los feriados de marzo 2026 en la Argentina,Agenda,,Telekino 2416. Estos son los premios del Telekino de este domingo 22 de febrero,,Lotería. Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este domingo 22 de febrero,,Cifra del mes. De cuánto es el monto del exPotenciar Trabajo en marzo
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