En un operativo realizado por la DDI Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, efectivos detuvieron a Juan José Corrales, de 30 años, ex integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, y aprehendieron a otros dos sospechosos tras una serie de allanamientos por el robo boquetero a una relojería del partido de Lomas de Zamora, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los otros dos sospechosos apresados tienen 58 y 22 años y todos están acusados del golpe en el local de relojes de la Galería Oliver, ubicada en la calle Meeks 55, en Lomas de Zamora.

El robo, que se produjo el 25 de enero de madrugada, fue advertido por un empleado de seguridad al constatar la rotura de una vidriera y la existencia de una abertura en la pared posterior del local, de aproximadamente 40X30 centímetros, utilizada para acceder desde un terreno lindero.

La denuncia fue radicada por la propietaria del comercio, luego de comprobarse el faltante de mercadería.

El trabajo de la Subdelegación de Investigaciones de Lomas de Zamora permitió identificar a los presuntos autores y localizar los domicilios vinculados al hecho.

Según la información oficial, este fin de semana se ejecutaron tres órdenes de allanamiento en los partidos bonaerense de San Martín y Vicente López.

En los procedimientos se secuestró un Peugeot 207 blanco, presuntamente utilizado en el robo, junto con 19 relojes, tres teléfonos celulares, un arma de utilería, dos chalecos refractarios con insignias de la GNA, dos pares de guantes y prendas de vestir empleadas en el ilícito.

Entre los elementos incautados también se hallaron barbijos, herramientas varias, un carnet de discapacidad y medicación de venta controlada sin autorización.

La investigación estuvo dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción N°19, a cargo de Ignacio Torregino, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Laura Ninni.

Desfectaron a tres policías de la Fuerza Barrial de La Matanza por robar pertenencias de un auto recuperado

El seguimiento por GPS de un celular sustraido durante el robo de un vehículo culminó con tres integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza desafectados de la Policía Bonaerense: los acusan de haberse quedado con objetos personales del vehículo recuperado tras el asalto.

La desafectación se produjo este miércoles por decisión de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad Bonaerense, luego de que la víctima del robo identificara a los agentes como responsables de llevarse pertenencias del interior de su Peugeot 2008.

Según pudo saber este medio de fuentes del caso, se trata de Thiago Amodio, Franco Silva y Alexis Martínez, quienes también son investigados por la Justicia ordinaria de La Matanza, en una causa que lleva la fiscal Marina Fernanda Rolón.

Todo comenzó el 24 de enero pasado, cuando una mujer sufrió el robo de su auto: en el interior estaba la sille de su bebé, una mochila con pañales, dos celulares y documentación. El Peugeot 2008 fue hallado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza y entregado en la Comisaría de San Alberto. Pero… En su interior no estaban ningunas de las pertenencias.

Ante esto, la víctima utilizó la función de geolocalización de uno de sus celulares y, para su asombro, el teléfono aún le marcaba una posición: fue en el Barrio El Tambo, ubicado en la localidad de Isidro Casanova.

Como suele pasar en estos caso, la víctima fue hasta el lugar donde le indicaba el GPS. Y allí estaba uno de los oficiales de la FBA que fue desafectado luego, quien reconoció haber sustraido pertenencias y, no sólo eso, sino que incluyó en la maniobra a dos de sus compañeros.

Todo quedó registrado en video, sí las víctimas le filmaron la confesión. Recuperaron sus pertenencias pero no la mochila con pañales y los documentos y las fuentes del caso creen que eso sí fue robado por quienes sustrajeron inicialmente el coche.

Tras la denuncia sobre los sucedido, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos, y dispuso la desafectación de los tres efectivos. Al mismo tiempo, se inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de dos policías de la Comisaría de San Alberto, ya que se descubrieron irregularidades.

Una vivienda en construcción en la esquina de Cerezo y avenida Divisadero, en Cariló, abrió un nuevo foco de tensión entre residentes de la zona y la Municipalidad de Pinamar. Mientras integrantes del Foro Amigos de Cariló cuestionan el impacto urbanístico y ambiental del proyecto y denuncian que no pudieron acceder al expediente administrativo, desde la comuna sostienen que la obra fue inspeccionada y que cumple con la reglamentación vigente.

El cartel reglamentario colocado en el predio indica que la obra tramita bajo el expediente 1964/24 y que el proyecto y dirección están a cargo del arquitecto Emanuel Zgonc (matrícula provincial N° 21621 y matrícula municipal N° 1524). También consigna que se trata de una construcción de 767,51 m² cubiertos, 336,66 m² semicubiertos y 51,93 m² de espejo de agua, lo que totaliza 1156,1 m². La superficie libre declarada es de 2399,85 m². Los datos están expuestos en el cartel, visible desde la vía pública, en cumplimiento de la normativa que exige identificar expediente y profesional responsable.

La ubicación no es un dato menor. La avenida Divisadero funciona como límite entre el sector comercial y hotelero y el área residencial unifamiliar. El lote en cuestión se encuentra del lado destinado a viviendas individuales, rodeado de casas tradicionales de menor escala, según describen vecinos. Para quienes cuestionan el proyecto, esa condición de “zona de transición” refuerza la necesidad de un control exhaustivo sobre los indicadores urbanísticos.

Uno de los principales reclamos apunta a la imposibilidad, según el Foro Amigos de Cariló, de consultar el expediente municipal de la obra. “Para poder saber si cumple o no cumple con el FOS y el FOT hay que abrir el expediente. Nosotros pedimos verlo y nos contestaron que era privado”, señaló a LA NACION Eduardo Bari, presidente del Foro.

El planteo apunta a verificar parámetros como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Total (FOT), retiros obligatorios, alturas máximas y demás indicadores previstos para la zona. Según Bari, sin acceso a la documentación técnica resulta imposible para los vecinos corroborar si la obra se ajusta estrictamente a lo autorizado.

El Código de Edificación del Partido de Pinamar —ordenanza 1879/96— establece que la parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante tendrá acceso al expediente durante todo su trámite, en línea con el procedimiento administrativo provincial.

Desde la intendencia indicaron a este medio que no tienen registro de un pedido formal de vista del expediente acreditando interés legítimo. “Demostrando interés legítimo y previa consulta a asesoría letrada, se deja tomar vista del expediente”, señalaron fuentes oficiales.

El Foro adelantó que prevé realizar una presentación formal por mesa de entradas para solicitar información detallada y una inspección conjunta. Bari sostuvo que el objetivo es “despejar dudas” y contar con información completa sobre los planos aprobados y las inspecciones realizadas.

LA NACION intentó contactar al arquitecto responsable de la obra por vía telefónica y a través de sus redes sociales, pero no obtuvo respuesta.

La forestación, en debate

Otro punto central de la discusión es el arbolado existente en el lote antes del inicio de la obra. En imágenes históricas disponibles en Google Maps, el terreno aparece cubierto de pinos y vegetación. En la actualidad, se observa la estructura de hormigón ya avanzada y una reducción visible de la masa arbórea.

“En Google Maps se ve que estaba lleno de árboles. Ahora prácticamente no hay”, afirmó Gustavo, vecino de Cariló. Según explicó, la preocupación no es únicamente por la tala puntual, sino por el efecto acumulativo que distintas intervenciones pueden tener sobre el bosque característico de la localidad.

El Código de Edificación exige permiso municipal para la tala de árboles y la presentación de un Certificado de Amojonamiento, Altimetría y Forestación como parte de la documentación obligatoria en obra nueva. La normativa local establece que cada árbol talado debe ser compensado con nuevas plantaciones.

Fuentes municipales informaron a este medio que en el lote había 34 árboles. Según detallaron, se talaron cuatro y se dispuso la reposición bajo el esquema 3×1, es decir, 12 ejemplares en total. “Se hizo la inspección correspondiente y estaba conforme a la reglamentación. Cuando se cumple con el plano autorizado se vuelve a inspeccionar”, indicaron.

Desde el Foro plantean que, más allá de la reposición prevista, la pérdida de ejemplares adultos modifica el paisaje y que la forestación compensatoria demora años en alcanzar un porte equivalente. También señalaron que la fiscalización efectiva es clave para garantizar que las reposiciones se concreten en tiempo y forma.

Impacto ambiental y dimensiones

Desde la intendencia también confirmaron que la vivienda cuenta con estudio de impacto ambiental por superar los 400 m² de superficie, requisito que se activa por la magnitud de la obra y no por los materiales utilizados.

En relación con el tránsito y la circulación, desde la comuna descartaron inconvenientes. “Es un lote apto para construir. No afecta en nada la circulación”, respondieron.

Los vecinos, en cambio, sostienen que la discusión excede la aptitud formal del terreno. Consideran que la escala del proyecto –más de 1150 m² entre superficies cubiertas, semicubiertas y espejo de agua– resulta significativa en un entorno predominantemente residencial. Para algunos residentes, este tipo de desarrollos puede generar un cambio progresivo en la morfología urbana del sector.

Bari indicó que el planteo apunta a evaluar integralmente el impacto de construcciones de gran tamaño en zonas históricamente caracterizadas por viviendas de menor volumen y fuerte presencia forestal. “No se trata solo de si cumple un número. Se trata de cómo impacta en el entorno”, expresó.

Un debate más amplio

Desde el Foro Amigos de Cariló explican que el planteo no se limita a esta obra puntual. “No estamos en contra de que se construya. Lo que pedimos es que se cumpla la ley”, afirmó Bari. La entidad ha impulsado en otras oportunidades presentaciones administrativas y judiciales vinculadas con proyectos urbanísticos en la zona.

El reclamo, continuó, se inscribe en una discusión recurrente en la localidad sobre el equilibrio entre desarrollo inmobiliario y preservación ambiental. Los vecinos plantean la necesidad de mayor acceso a la información pública, inspecciones preventivas y seguimiento efectivo de los compromisos asumidos en materia forestal y urbanística.

El Código de Edificación prevé la paralización o clausura de obras que no se ajusten al plano autorizado o a las normas vigentes, así como sanciones para propietarios y profesionales en caso de incumplimientos. También regula la obligación de colocar cartel visible con número de expediente y datos del director de obra, requisito que en este caso se encuentra cumplido.

La casa avanza sobre una esquina emblemática del centro de Cariló. El debate, en cambio, trasciende ese lote y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a la comunidad desde hace años: cómo compatibilizar el crecimiento constructivo con la preservación del bosque y la identidad que históricamente definió a la localidad.

Ha surgido una nueva polémica en Reino Unido con Rockstar Games, otra más si le añadimos las protestas que se han originado por los despidos que ocurrieron hace meses. En esta ocasión no tiene tanto que ver con recortes o filtraciones, sino con lo que se habla ya en UK: el Grand Theft Tax. Según informan medios escoceses, Rockstar habría recibido 504 millones de libras en desgravaciones fiscales desde 2014 a través del Video Games Tax Relief.

La nueva polémica de Rockstar en Reino Unido

El VGTR se trata de un programa creado por el Gobierno del Reino Unido para incentivar la producción de videojuegos en el país, que permite a las empresas recuperar hasta el 20% de sus costes de desarrollo. Solo en el año fiscal 2024/2025, Rockstar habría cobrado más de 70 millones de libras de esas ayudas, mientras al mismo tiempo declaraba beneficios de 87 millones de libras y una facturación de 508 millones. El problema, para algunos políticos, es la suma de todos esos datos a la vez.

El mismo año en el que Rockstar cobró más de 70 millones en ayudas públicas, también repartió 85 millones de libras en dividendos entre sus accionistas. Ante todo ello, la diputada por Edimburgo Norte y Leith, Tracy Gilbert, resumió que este escándalo recibe el nombre como ‘Grand Theft Tax’. En el Parlamento ya pidió que se revise el VGTR para garantizar que las empresas que reciben ese dinero «respetan los derechos básicos de sus trabajadores», algo que, a su juicio, Rockstar no ha cumplido tras la polémica de los despidos por querer sindicalizarse.

El sindicato IWGB va un paso más allá y señala que cuando una empresa se lleva casi una cuarta parte de todo el dinero del programa (73 millones de los 327 disponibles en 2023/2024), los estudios pequeños que realmente necesitan esa ayuda se quedan sin su parte. Rockstar ha respondido a la polémica afirmando que han creado más de mil empleos en el sector y que los despidos no tuvieron nada que ver con la sindicalización, sino con trabajadores que filtraron información confidencial sobre juegos no anunciados.

«Desde la introducción del VGTR en 2014, hemos invertido enormemente en el Reino Unido, creando más de mil puestos de trabajo en el sector creativo en Escocia e Inglaterra. El compromiso de Rockstar con la inversión local ha contribuido a situar al Reino Unido en la vanguardia mundial del entretenimiento y ha aportado un impulso significativo al crecimiento económico, las capacidades y la innovación del país», afirma Rockstar.

Por si te lo preguntas, el destino final de esos dividendos es un tema que también genera controversia. Los fondos de inversión Vanguard y BlackRock poseen cerca del 18% de Take-Two, la empresa matriz de Rockstar, y el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí (PIF, que compró a EA hace meses, controla otro 6,5%. Dicho de otro modo: parte del dinero público británico va de Edimburgo a Rockstar North, de ahí a Take-Two en Nueva York, y termina en manos de algunos de los mayores fondos de inversión del planeta, y eso es algo que no está gustando en Reino Unido, especialmente en un contexto de polémica por los despidos. 

Spring McParlin, presidenta de la rama de trabajadores del videojuego del sindicato IWGB, lo resume sin rodeos: «Rockstar se ha beneficiado de casi 500 millones en fondos públicos mientras sus accionistas reciben enormes pagos de dividendos a costa de sus empleados, a quienes despiden a su antojo por ejercer su derecho a sindicarse». Todo esto conecta directamente con lo que lleva meses pasando en las oficinas de Edimburgo. Tras los 34 despidos, más de 220 compañeros firmaron una carta pidiéndole a la empresa que los reincorporara, y se celebraron protestas frente a las oficinas de Rockstar North y en otras sedes. 

Esta situación llevó al propio primer ministro Keir Starmer a hablar sobre el tema, aunque otros políticos también exigen a Rockstar medidas. La batalla legal ya ha comenzado, aunque con un primer revés para los despedidos ya que el pasado enero el tribunal laboral rechazó la petición de medidas cautelares, es decir, no obligó a Rockstar a pagar una compensación provisional mientras se espera la vista completa. Mientras el IWGB acusa a Rockstar de haber infringido la ley, Rockstar intentó zanjar el asunto desmintiendo las acusaciones, pero la presión política no ha cesado. 

En 3DJuegos | «Rockstar infringió la ley». La gran polémica de los dueños de GTA 6 no ha hecho más que empezar y ahora los empleados despedidos del estudio dan un primer paso

En 3DJuegos | Si GTA 6 existe es gracias a un famoso que se comió un hámster. Sí, lo has leído bien

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La noticia

Rockstar está metida en otra polémica en Reino Unido, y ahora los políticos británicos exigen explicaciones a los creadores de GTA 6

fue publicada originalmente en

3DJuegos

por
Adrián Mira

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