El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA. La medida fue adoptada a través de la resolución 174/2026, una semana después de que el titular de la cartera Económica, anunciara la fase “B” de la Etapa II.

Esta iniciativa también comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

La Secretaría de Transporte tuvo a su cargo la propuesta de tramos de la red vial nacional a concesionar, la verificación del estado actual de los mismos y la elaboración de la documentación licitatoria y contractual. Los tramos comprendidos en esta etapa incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

También se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo. Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma CONTRAT.AR. ( y hay tiempo hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”.

En tanto para la presentación de las ofertas, la fecha límite es el 18 de junio, al mediodía.

La resolución detalla que “el llamado a licitación será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete (7) días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ por el término de tres (3) días corridos”. Para el procedimiento, el Gobierno ordenó la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, la cual estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que ya fueron designados.

La semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó.

El proyecto sustituye al esquema deficitario vigente por un modelo sin subsidios, enfocado en, según lo mencionado por Caputo, alegando “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. Las obras se ejecutarán en la rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188, 193 y en los accesos A005 y A008, además de las 7, 9 y 12 que se mencionan también en la nueva resolución.

La fase II-B cubrirá Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis y estará dividida en cuatro tramos: el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como corredor de integración interprovincial y carga de larga distancia; el tramo Portuario Sur, que incluye 637 kilómetros hacia accesos portuarios y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a fortalecer la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Al igual que el reciente lanzamiento, la fase II se enmarca en el Proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé la gestión de la operación y mantenimiento de los corredores viales por parte del sector privado. En su conjunto, prevé la concesión demiles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema“sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial.

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el esquema arancelario que había impuesto Donald Trump modificó el mapa comercial global. Frente al fallo judicial, el presidente americano reaccionó y, en reemplazo de los gravámenes diferenciados que regían hasta aquel momento, la Casa Blanca anunció un arancel general del 10% para todos los socios comerciales, que luego elevó al 15 por ciento.

El cambio impactó directamente en países que habían negociado condiciones específicas con Washington. Entre ellos, la Argentina, que había acordado un arancel del 10% para sus exportaciones hacia el mercado estadounidense, en línea con el Reino Unido y por debajo de países como China e India, que afrontaron tasas del 34% y 25%, respectivamente.

Con el nuevo esquema, los países que habían conseguido mejores condiciones quedaron más expuestos, al mismo tiempo que aquellos que tenían los aranceles más altos vieron una mejora en sus condiciones. Puntualmente, el diferencial al que había accedido la Argentina quedará sin efecto, al menos por 150 días, plazo durante el cual regirá la medida antes de requerir aprobación del Congreso estadounidense.

Según un análisis elaborado por el organismo independiente Global Trade Alert (GTA), citado por el diario británico Financial Times, el nuevo arancel global del 15% implicará una reducción significativa en la carga promedio que enfrentaban algunos de los países más afectados por el esquema previo.

El estudio revela que Brasil registraría la mayor baja, con una caída de 13,6 puntos porcentuales en su arancel promedio, seguido por China, con una reducción de 7,1 puntos. También se verían beneficiados otros exportadores asiáticos como Vietnam, Tailandia y Malasia, especialmente en sectores como indumentaria, muebles, juguetes y plásticos.

En contraste, aliados tradicionales de los Estados Unidos como el Reino Unido, la Unión Europea y Japón figuran entre los más expuestos bajo el nuevo régimen. El Reino Unido, que había acordado un arancel del 10% para numerosos productos -al igual que la Argentina-, verá aumentar su tarifa promedio en 2,1 puntos porcentuales en promedio ponderado. En el caso de la Unión Europea, el incremento general estimado es de 0,8 puntos, con países como Italia y Francia entre los más afectados.

El nuevo esquema, de aplicación automática, estará vigente por 150 días. Luego de ese período, la medida necesitará autorización del Congreso estadounidense. Sin embargo, la administración de Trump ya evalúa iniciar investigaciones que podrían habilitar nuevamente la aplicación de aranceles específicos a determinados países.

El nuevo escenario contrasta con el diagnóstico que circulaba semanas atrás. Un análisis de The Economist había señalado que la Argentina y el Reino Unido se encontraban entre los países que habían logrado mejores condiciones en sus negociaciones con Washington.

En ese momento, ambos habían conseguido limitar sus aranceles al 10%, con concesiones consideradas menores en comparación con otros socios comerciales. En el caso argentino, el acuerdo -firmado en un contexto de fortalecimiento del vínculo económico entre ambos países- contemplaba cupos mayores de exportación y excepciones impositivas favorables para la carne vacuna, principalmente.

Según el relevamiento de GTA, mientras países como Indonesia, India o miembros de la Unión Europea debieron abrir más sus mercados o aceptar mayores compromisos regulatorios -en otras palabras, cedieron más-, la Argentina y el Reino Unido habían obtenido un acceso relativamente ventajoso al mercado estadounidense, brindando menos concesiones estructurales. Este beneficio, no obstante, quedó en suspenso tras el fallo judicial.

Estados Unidos no es un mercado menor para la Argentina. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones argentinas hacia ese destino alcanzaron en 2025 un récord histórico de USD 8.338 millones. La cifra implicó un crecimiento cercano al 29% interanual y quedó casi 25% por encima del máximo previo, registrado en 2022.

En paralelo al récord exportador, el intercambio comercial total entre ambos países fue el segundo más alto de la serie histórica, mientras que el superávit bilateral también alcanzó valores máximos. Durante 2025, Estados Unidos se mantuvo como el tercer destino de las exportaciones argentinas y como el tercer origen de importaciones, detrás de Brasil y China. Y de hecho, según los datos que publicó el jueves pasado el Indec, en enero fue el principal destino de las ventas externas de la Argentina, en buena medida debido a las exportaciones de petróleo crudo.

En ese contexto, la modificación del esquema arancelario introduce un factor adicional en un vínculo comercial que venía mostrando dinamismo. Productos como el aceite de soja, la carne vacuna, el aluminio, el vino, los limones y otros bienes agroindustriales e industriales explican buena parte de ese flujo.

De acuerdo con el análisis de Global Trade Alert, Brasil sería el país con mayor reducción promedio de aranceles bajo el nuevo esquema. En rubros donde ambas economías compiten —desde manufacturas industriales hasta determinados productos agroindustriales— la equiparación de tarifas con la Argentina podría alterar la competencia relativa en el mercado estadounidense.

Esto se da, además, en un escenario en el que la Argentina enfrenta desafíos de competitividad asociados a costos logísticos, presión tributaria y escala productiva. Por esta razón la pérdida de un diferencial arancelario puede tener un impacto mayor que en economías con estructuras de costos más amplias o integradas.

Un análisis de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) recordó que el gobierno argentino no había presentado el acuerdo con EEUU al Congreso y que con la decisión de la CSJ EEUU, el texto perdería sustento legal.

No obstante, también destacó que la cuota de carne bovina de 80.000 toneladas que EEUU otorgó a Argentina se concedió mediante una proclama y no era parte del texto del acuerdo ARTI, por lo que no habría motivo para que pierda vigencia.

La aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, aunque con la quita del artículo 44° sobre las licencias médicas, generó una serie de respaldos públicos por parte de los principales referentes del sector empresarial.

Diversas entidades expresaron su acuerdo con la medida y subrayaron la necesidad de que el Senado trate la propuesta para convertirla en ley. Los dirigentes remarcaron la importancia de la baja de contribuciones patronales, la previsibilidad para la contratación de personal y la inclusión de incentivos para inversiones.

Si bien la Cámara Argentina de Comercio (CAC) es miembro del Grupo de los 6 (G6) y ya habían emitido un comunicado conjunto en las últimas horas, la entidad que preside Mario Grinman volvió a sacar un parte de prensa este viernes, en el que señaló que la media sanción de la iniciativa representa un paso relevante hacia la generación de condiciones más favorables para el empleo formal.

Según precisó, la reducción en los costos de contratación derivada de la baja de contribuciones patronales actúa como estímulo para la creación de puestos de trabajo, en especial en el sector formal. Además, destacó la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo pensado para cubrir los costos de eventuales desvinculaciones laborales, lo que podría alentar la incorporación de nuevos empleados sin los riesgos e incertidumbres previos.

Grinman valoró que la norma aporte mayor certidumbre para los empleadores, ya que ahora se podrán conocer de antemano los costos asociados a la extinción de un vínculo laboral y las tasas aplicables sobre eventuales créditos. Sostuvo que este avance elimina la discrecionalidad que existía hasta el momento, lo que beneficiará tanto a empresarios como a trabajadores. Entre los puntos resaltados por la cámara, también figuran adecuaciones al contexto actual, como la posibilidad de fraccionar vacaciones, la implementación de un banco de horas y la regulación de plataformas tecnológicas.

En su declaración, Grinman afirmó: “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”. De todos modos, subrayó que el cambio normativo debe complementarse con una macroeconomía estable: “Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta”. En este sentido, mencionó avances en las variables fiscales y monetarias durante los últimos dos años y manifestó su confianza en que el proceso de ordenamiento continuará.

El titular de la cámara también resaltó la importancia de las negociaciones colectivas, señalando que debe primar la mesura y la inteligencia en los diálogos entre empresarios y trabajadores. Pidió dejar de lado posturas radicalizadas de grupos minoritarios, ya que, según su visión, solo generan perjuicio para el conjunto. Valoró el rol de cámaras y sindicatos nacionales con experiencia en la resolución de conflictos y la profesionalización de los equipos que los componen.

Por su parte, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) valoró el avance del tratamiento legislativo y subrayó la importancia de que el proceso culmine con la sanción definitiva de la norma. Desde la entidad señalaron que comparten el objetivo de actualizar el marco normativo para fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad de los sectores productivos. Además, remarcaron el papel central de la industria de alimentos y bebidas como uno de los principales empleadores formales del país, con presencia en todo el territorio nacional.

Copal consideró que la reforma representa un componente necesario dentro de una agenda más amplia que también debe contemplar mejoras en tributos, logística y costos estructurales. Para la entidad, estos cambios son fundamentales para fortalecer la capacidad exportadora y garantizar la sostenibilidad de las empresas del sector. La organización también destacó el valor de los espacios de diálogo institucional que enriquecieron el debate parlamentario y reafirmó su disposición a seguir trabajando hacia consensos duraderos.

También el Consejo Agroindustrial Argentino celebró, vía redes sociales, la aprobación en Diputados de la norma de modernización y del capítulo correspondiente al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). El organismo remarcó que la norma incorpora elementos clave para alentar nuevas inversiones en el sector agropecuario y detalló que la posibilidad de invertir en riego agrícola y ganadería, junto con la habilitación de computar el IVA para industrias avícolas o porcinas, representa un avance para la actividad.

El Consejo anticipó que continuará trabajando para que los nuevos instrumentos legales incluyan beneficios para el resto de las empresas del agro y que la reglamentación traduzca en hechos los cambios legislativos, tanto en el plano laboral como en materia de inversiones.

Por su parte, el G6, compuesto por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), había difundido su posición antes del debate parlamentario.

En su mensaje, el G6 había reafirmado la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral moderna que promueva la creación de empleo registrado, brinde previsibilidad y contribuya a mejorar la competitividad del sector productivo. Las cámaras convocaron a los dirigentes políticos y sindicales a construir acuerdos que permitan reducir la informalidad y fortalecer el desarrollo nacional. A su vez, remarcaron su disposición a participar en conversaciones y a buscar soluciones viables para el mercado laboral y el aparato productivo.