POLITICA
El sindicato de judiciales tomó un edificio del fuero laboral en rechazo al traspaso a la Ciudad

Una lluvia de pequeños panfletos de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) tuvo lugar esta mañana en la Avenida Diagonal Norte 760, en el centro porteño. Allí se encuentra el Tribunal Nacional del Trabajo en primera instancia, “el más emblemático del fuero”, según dicen sus propios empleados, quienes resolvieron tomar pacíficamente el edificio en contra del traspaso de la Justicia Nacional laboral a la jurisdicción de la Ciudad.
“Nosotros decimos que es un desguace”, aseguró Gabriel Galeano, delegado del gremio en el fuero laboral. “Se establece el traspaso de competencias en recursos, pero no habla de qué pasa con los 1700 empleados, por lo que quedamos en la incertidumbre”, agregó el sindicalista.
Otro delegado parado junto a él comentó: “La cantidad de personal que puede quedar despedido sería como dos fábricas de FATE”. De esa industria del neumático fueron echados recientemente 920 operarios.
Entre transeúntes que levantaban a su paso los ‘papelitos’ en el piso que anunciaban un paro nacional de la UEJN, Galeano y Silvia Ortiz, delegada de la Fiscalía General, explicaron la medida de fuerza: “Vinieron trabajadores en solidaridad y formamos una asamblea. Con Julio Piumato —secretario general de UEJN— votamos la toma y un paro en todos los fueros nacionales laborales. Mañana a las 11 hay paro nacional, con movilización a la Corte Suprema para que garantice la continuidad de nuestros puestos de trabajo”.
La asamblea, que comenzó la mañana nutrida de bombos, platillos, banderas y un corte parcial de la avenida, se levantó pasadas las 10, ya consumada la toma y el paro. “En cuanto se fue Piumato, la Policía comenzó a correr a los que nos quedamos. No nos pasó nada, pero terminamos arriba de la vereda”, dijo uno de los presentes.
“Más allá de los puestos de trabajo, lo que tiene que entender la población es que se quedaría sin Justicia del trabajo. Nosotros defendemos el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución, somos el fuero que sostiene la paz social. Si los trabajadores no tienen dónde discutir su pedido de justicia, ¿Qué hacen?”, preguntó Ortiz.
Galeano amplió sobre la ley que el Poder Ejecutivo pretende aprobar en el Senado: “En el artículo 91 del proyecto de reforma laboral, las competencias federales de este tribunal pasarían al Fuero Contencioso Administrativo Federal”. Otro delegado sumó: “Cuando los trabajadores estatales tengan que lidiar con cuestiones laborales van a tener que ir ahí, donde siempre se le da la razón al Estado. Por algo es llamado el ‘fuero de la gobernabilidad’”.
El edificio tapado por una gran tela marrón del sindicato permanecía con sus puertas abiertas, por lo que se debía levantarla para ingresar. Aquellos que entraban, cruzaban un pasillo oscuro custodiado por un efectivo de Prefectura. En las paredes, destacaba un cartel contra el traspaso con temática de El Eternauta: “Nadie se salva solo”. Una vez en la mesa de entrada, un sindicalista los despachaba, alegando que no había nadie para recibirlos. Los pequeños panfletos también decoraban el piso del tribunal.
“Hace 30 años que venimos frenando el traspaso; ahora que cambió la situación política estamos en el horno”, contó una voz participante de la toma.
En este marco, la jueza Laura Castagnino del Juzgado Nacional del Trabajo en primera instancia n°4 aceptó recibir a este medio en su despacho. En el ascensor, otra voz deslizó: “No estoy a favor ni en contra de la modernización, lo que quiero es que la gente siga laburando”.
La magistrada habló en su oficina del séptimo piso con losa de madera, sillones verdes y una mesa ratona tapada de expedientes. “Los jueces estamos trabajando normalmente, los trabajadores están en estado en alerta y nosotros también. La preocupación que tenemos es enorme: este fuero tiene 80 años de historia y después de la sanción de la reforma laboral se disolverían 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días”, precisó.
“A partir de ese momento, a los magistrados nos quitan la jurisdicción a futuro, dejamos de recibir causas y quedamos como jueces residuales. El resto del fuero se iría cerrando progresivamente”, detalló Castagnino. “Acá toda la gente que trabaja concursó para sus puestos y demostró ser calificada. Si el fuero se cierra, pierden su fuente de trabajo y sus carreras. La comunidad también, porque acá se cumple una función importante”, dijo la jueza.
Con un tono suave y cierta congoja, la magistrada consideró: “Aquí hay 80 juzgados y recibimos 80 mil causas por año, sumando un total de 800 mil. La Ciudad tendría 10 juzgados, no sabemos cómo van a hacer. Lo que planteamos es que esto está destinado al daño y al fracaso. Que la Ciudad debiera tener una Justicia laboral propia lo dijo la Corte, pero se puede coexistir. Pedimos que se respete nuestra carrera, hay maneras más prolijas de hacer el traspaso”.
“Los conflictos laborales deben ser resueltos por magistrados con especial versación en el derecho del trabajo. Si uno lleva estos conflictos a la Justicia civil, comercial o en lo contencioso administrativo, posiblemente puedan resolverlos, pero no están especializados en esta disciplina”, sentenció la jueza especialista en derecho del trabajo y seguridad social. “No siempre fallamos a favor del trabajador, pero en nuestra disciplina rige el principio protector del trabajador subordinado, porque la relación con el empleador es asimétrica”.
En esa línea, Castagnino afirmó: “Somos imparciales, pero no somos neutrales. Estamos aquí para cumplir una función constitucional”. En cuanto a los demás magistrados, aportó que hoy hubo una reunión en la Cámara de Apelaciones del Trabajo entre jueces de primera y segunda instancia para evaluar la situación actual. “Las personas que me acompañan tienen la vida entera aquí, y enterarse del artículo que disuelve este lugar nos generó una angustia enorme”.
“Las modificaciones de la reforma laboral son opinables, está claro que se reducen derechos laborales. La disolución de nuestro fuero está pensado a la medida de un proyecto regresivo. Esta ley resta protección laboral. De hecho, a ustedes les van a sacar el Estatuto del Periodista, además de otros derechos en juego. En muchos casos, la reforma ha arrasado con derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico”, opinó la magistrada sobre la reforma.
Por último, Castagnino planteó inconsistencias del proyecto de modernización laboral con la Carta Magna: “Tendremos que evaluar en cada caso, a medida que se plantee cada conflicto, si se ajusta o no a la Constitución Nacional. Este principio de protección del trabajador subordinado no es un invento, surge de la Constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Qué pasará ahora, no lo sabemos”.
La oficina de la jueza parecía ser el único de la séptima planta con todo su personal trabajando. En los pasillos, se escuchaban voces de otros despachos y el eco de una televisión prendida con un canal de noticias. Afuera del edificio, permanecía en la vereda poco más de una decena de personas, entre empleados y delegados sindicales.
Lo único que seguía haciendo ruido era una combi beige del sindicato, que daba vueltas a la manzana. En sus altavoces atados al techo, sonaba Queso Ruso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una voz que lanzaba consignas: “El traspaso destruye el federalismo y concentra en la Ciudad de Buenos Aires el manejo del país. Destruir el fuero laboral viola la Constitución y esclaviza a los trabajadores. Vendrán por los fueros civil, comercial, penal y los ministerios públicos. Para la UEJN, la única lucha que se pierde es la que se abandona”.
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POLITICA
El Gobierno eligió el silencio ante la decisión de la AFA de parar el fútbol

El Gobierno tomó distancia este lunes de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del torneo Apertura, que debía desarrollarse entre el 5 y el 6 de marzo, días en los que el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino fueron citados a declarar por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en la causa iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
“No tenemos por qué opinar. Es un tema de ellos”, dijeron fuentes oficiales ante la consulta de sobre la posición del Gobierno respecto de la decisión de la entidad rectora del fútbol local. En otras terminales del oficialismo contactadas por este diario directamente no hubo respuesta.
No es la primera vez que el Gobierno elige el silencio en relación a la AFA. En noviembre pasado, apenas estalló el escándalo por la copa que la organización le entregó a Rosario Central, lo que desató fuertes críticas de los aficionados en las tribunas y las redes sociales, también habían elegido esa postura.
La fórmula fue la misma. “No hay nada para decir; es un tema que tienen que resolver ellos”, respondieron entonces. Con el correr de los días, sin embargo, el presidente Javier Milei, sus principales funcionarios y los voceros oficiosos de La Libertad Avanza en las redes arremetieron con fuerza con Tapia, Toviggino y la AFA.
El hermetismo inicial en la Casa Rosada no parece descabellado, cuando aún está por verse cómo reaccionarán los aficionados al fútbol en las tribunas y las redes. Si, nuevamente, apuntarán contra la cúpula de la AFA, sumida en un fuerte descrédito por las decisiones deportivas y las revelaciones sobre el presunto desvío de millones de dólares en el exterior. O si, esta vez, el Gobierno podría verse afectado por la protesta de la entidad.
La denuncia que llevará a Tapia y Toviggino a los tribunales fue iniciada por el Gobierno, a través de la ARCA, en diciembre pasado. Los dirigentes están acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones.
Tras dos meses de investigación, el juez Amarante decidió los llamados a indagatoria, el pasado jueves. También les prohibió salir del país, aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.
La denuncia inicial de ARCA fue complementada en enero con una nueva presentación de 58 páginas que entregó el Gobierno, a través de la ARCA, ampliando los montos presuntamente evadidos.
La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo y el intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. Por entonces, en la Casa Rosada no dudaban en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino. Ahora, con la reacción de la entidad, volvieron a elegir el silencio.
fueron citados a declarar,aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
La reforma laboral tensiona la interna sindical y los gremios combativos convocaron a una movilización para el viernes

Los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron una movilización al Congreso para este viernes, a la que invitaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se sume. La marcha será mientras el Senado debata los cambios incorporados por la Cámara de Diputados a la reforma laboral. El Gobierno aspira a que la iniciativa se convierta en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias.
La discusión escaló en las últimas horas y tensionó la interna sindical. Desde el espacio que reúne a sectores combativos ya habían anticipado que, si la central obrera no avanzaba con una convocatoria formal, podrían impulsar una medida propia.
Leé también: La CGT redobló la presión contra los gobernadores e insistió con que intentará frenar la reforma laboral
El FreSU se reunió este lunes para terminar de definir los pasos a seguir. El encuentro fue clave para resolver si aguardaban una respuesta de la CGT o si activan una movilización al Congreso durante el tratamiento en la Cámara Alta.
La presión se produce en un escenario de creciente conflictividad y con fuertes cuestionamientos al proyecto oficial, que ya obtuvo media sanción en Diputados y volvió al Senado con modificaciones.
La advertencia a la CGT
El FreSU está integrado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros sindicatos. Según confirmaron a TN desde el gremio de Aceiteros, existió un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la falta de respuesta, acordaron una movilización.
Desde ese sector habían anticipado que la intención era convocar a una medida de fuerza si la central obrera no avanzaba y que así lo expresaron sus dirigentes.
“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, advirtió Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), en El Destape Radio.
En la conducción de la CGT, en tanto, evitan adelantar una definición inmediata. Cerca del triunvirato señalaron que definirán la agenda en los próximos días, aunque no descartaron otras acciones como movilizaciones. La central obrera se inclina por el reclamo judicial y sobre eso están trabajando sus abogados.
“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, cuestionó Yofra.
El FreSU ya había desafiado a la CGT la semana pasada, cuando la central obrera convocó a un paro general sin movilización y los gremios combativos decidieron marchar al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados.
El endurecimiento de los gremios combativos
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció el tono en las últimas horas. En un comunicado que difundió la semana pasada, aseguró que “el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, definió un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 si la reforma laboral regresa al Senado”.
“No alcanza con la modificación del artículo de las licencias médicas. Esta ley nos conduce a una catástrofe social. La conflictividad tiene que escalar”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario del gremio de estatales.
Este lunes, en la red social X, Aguiar dijo que “es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”. “El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir”, señaló en referencia al debate en la Cámara Alta.
Leé también: En la última semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno buscará consolidar sus triunfos y avanzar con las reformas
“Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral”, agregó y calificó la iniciativa como “una ley inaplicable que está destinada a fracasar”. Desde ATE confirmaron a este medio que el sindicato de trabajadores estatales sumará una huelga a la movilización de este viernes.
Mientras los gremios intensifican la presión, el oficialismo apuesta a que el Senado trate esta semana los cambios incorporados por Diputados y sancione la reforma antes de que el presidente Javier Milei abra las sesiones ordinarias de este año.
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POLITICA
El camarista Carlos Mahiques renunció a la sala de la Casación que definirá la causa de la quinta de Pilar vinculada a la AFA

Un día después de que saliera a la luz que festejó su cumpleaños en la quinta sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, el cuestionado número 2 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el juez Carlos Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal que debe abordar la investigación criminal sobre ese predio valuado en US$ 20,8 millones.
Mahiques continuará como magistrado en la Sala III de la Casación donde ocupa un cargo permanente, pero comunicó que dio por terminada la subrogancia en la Sala I, mediante un escrito que presentó ante el presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña y, por su intermedio, a los integrantes del Consejo de Superintendencia del tribunal.
“Las circunstancias que motivan la sobredicha solicitud son de carácter estrictamente funcionales”, planteó el magistrado, que a lo largo de las tres carillas de su nota sólo aludió a sus tareas al frente de la Sala I de la Casación, la carga laboral por delante y la incertidumbre alrededor del acuerdo que debería darle el Senado para continuar como magistrado hasta los 80 años.
“En ese ámbito”, abundó Mahiques, “la creciente cantidad de tareas jurisdiccionales muestra a la fecha un total de 332 procesos en trámite, de las cuales 135 están radicadas en Sala; 185 en las tres vocalías que la integran; y 61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la vocalía Nro. 7. A ello se suma la carga de trabajo que importa la gestión de dirección, control y administración en la Sala”.
Al presentar su renuncia a la subrogancia, sin embargo, Mahiques no aludió a la publicación dominical de , que reveló que había festejado su cumpleaños en una quinta de 5,5 hectáreas, que figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, quienes actuarían como testaferros de Toviggino.
Apodado “Coco” en los tribunales, Mahiques debía resolver junto a sus colegas de la Sala III de la Casación, Daniel Petrone y Javier Carbajo, si la investigación por presunto lavado de activos que busca determinar quién es el verdadero dueño de ese predio queda en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como quieren los acusados, o vuelve al juez en Penal Económico Marcelo Aguinsky.
Ante la consulta de , Mahiques negó el jueves pasado haber celebrado sus 74 años en ese predio y replicó con una pregunta: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?“, planteó. “Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.
Pero en el escrito de su renuncia a la subrogancia, Mahiques no aludió a todo eso. Se concentró en la sobrecarga laboral que explicó que afrontará durante los próximos meses, que se acentuará por el retiro de otro colega de la Sala III, Juan Carlos Gemignani. Todo eso, adujo, “podría derivar [en] un perjuicio al normal desarrollo de la actividad del tribunal”.
El camarista cumplió 74 años el 1 de noviembre pasado. Y la fiesta con que lo habría celebrado se convirtió en un secreto a voces en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py, según reconstruyó , basado en testimonios de jueces, fiscales, dirigentes de la AFA y funcionarios del Gobierno.
La fiesta acaparó elogios y envidias en los tribunales hasta que a fines de 2025 estalló el escándalo que tiene como protagonistas a Toviggino y al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Desde ese momento, los elogios mutaron en incomodidad entre los asistentes –uno de los cuales dialogó con este medio-, y la envidia en alivio entre quienes no fueron invitados.
“Sí, sucedió. La fiesta fue semanas antes de que explotara todo lo de la AFA”, indicó a una fuente al tanto de lo ocurrido en el predio ubicado en Villa Rosa, en el partido de Pilar, 58 kilómetros al noroeste del Obelisco. “Fueron más de 20 personas. Hubo jueces, fiscales, de todo”, añadió, tras pedir reserva estricta de su nombre para evitar eventuales represalias.
La lista de invitados, sin embargo, permanece en reserva, al igual que las fotos y videos de la fiesta. Según indicaron las fuentes consultadas a , entre los asistentes figuraron colegas de la Casación, magistrados con vínculos aceitados con la AFA y compañeros de aquel viaje a Lago Escondido que salió a la luz en diciembre de 2022 tras un hackeo ilegal de teléfonos que difundió el kirchnerismo, dos días antes de que un tribunal oral condenara por el “caso Vialidad” a Cristina Fernández de Kirchner.
Los vínculos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA, en tanto, son múltiples. Uno de los hijos del camarista, Esteban, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figura en la página de internet de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal, Sergio Fernández. Otro hijo, Juan Bautista, es fiscal general porteño y aparece en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa) que el “Chiqui” Tapia anunció el 4 de noviembre pasado. Ambos, no obstante, renunciaron a sus cargos en la AFA durante las últimas semanas.
En el texto de su renuncia, no obstante, Mahiques omitió aludir a la AFA, sus dirigentes o las investigaciones que afrontan, incluido el expediente que debía abordar como subrogante de la Sala I. Renunció, explicó, “con el objeto de imprimir mayor celeridad procesal y evitar la prolongación de los procesos que inexorablemente se verificaría si fuese necesario una nueva conformación del Tribunal”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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