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POLITICA

El Gobierno apura una nueva ley de financiamiento universitario con el guiño de los rectores

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Confiado en su buena estrella tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo buscará un nuevo triunfo político con la sanción de una ley de financiamiento universitario que ponga fin al conflicto judicial con las casas de altos estudios. La iniciativa se presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con el guiño de los rectores de las principales universidades.

Tras fracasar en su intento por derogar la ley de financiamiento que la oposición aprobó en el Congreso el año pasado, el Gobierno volvió sobre sus pasos y optó por negociar. Así surgió esta nueva iniciativa que no deroga la que está vigente, aunque sí la modifica; el Gobierno busca, así, desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir con una ley que fue insistida por ambas cámaras parlamentarias tras el veto presidencial.

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Carlos Torrendel expone en comisión de Diputados por el tema presupuesto. A su derecha José Luis Espertfabian-marelli-11419

La propuesta se negoció en el último mes con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, a priori, recibió el aval de las principales casas de altos estudios, entre ellas las universidades de Buenos Aires (UBA) y La Plata.

“Aunque prefieran no decirlo en público, la mayoría de los rectores está de acuerdo; si bien hoy contamos con un fallo a nuestro favor en primera instancia en la Justicia, el Gobierno apeló y nada nos garantiza que la Justicia resuelva la cuestión en tiempo perentorio. Si se aprueba esta ley, el financiamiento de todas las universidades está garantizado. Ahora no lo está”, justificó una importante autoridad universitaria que ya dio su aval.

El proyecto en cuestión recoge, aunque parcialmente, algunos de los puntos de la ley hoy vigente. Uno de los más sensibles es el referido a los salarios de los docentes y no docentes universitarios. La norma actual obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida que éstos tuvieron por efecto de la inflación desde el 1° de diciembre de 2023; el proyecto del Gobierno, sin embargo, solo propone reconocer la pérdida salarial de 2025. Nada dice de 2024.

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Esta recomposición salarial del año pasado se efectuaría en tres tramos con subas del 4,1% a pagarse en marzo, julio y setiembre de este año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la ley vigente, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La propuesta del Gobierno también difiere de la norma actual en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley vigente obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025 y, respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5% (que es la reconocida en el presupuesto), el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80 mil millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.

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En vísperas del inicio del ciclo lectivo universitario, el Gobierno quiere desactivar los conflictos en un sector social que ha dado muestras de movilización y resistencia a los sucesivos intentos de la Casa Rosada de ajustar el presupuesto de las casas de altos estudios. Si bien los rectores parecen dispuestos a firmar la paz, los gremios universitarios ya anunciaron medidas de fuerza en contra del proyecto.


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¿Cambia el nombre de la TV Pública?: Esto es lo que se sabe del plan del Gobierno en los medios públicos

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El gobierno nacional busca poner en marcha un programa de retiros voluntarios para empleados de los medios públicos como parte de su estrategia para reducir el gasto y achicar la planta de personal estatal.

La iniciativa se aplica a los organismos que integran Radio y Televisión Argentina (RTA) (que incluye a la TV Pública, Radio Nacional y Canal 12 de Trelew) y la unidad Contenidos Públicos, que en conjunto suman más de 2200 empleados. El plan estará abierto hasta fines de marzo y la intención oficial es que entre 500 y 600 personas acepten dejar sus puestos en esa primera etapa.

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Desde la Casa Rosada reconocen que no está garantizado alcanzar ese número, ya que muchos empleados tienen más de 20 años de antigüedad, lo que influiría en su decisión de permanecer o no. Incluso admiten que, en algunos casos, podría resultar más conveniente para los trabajadores esperar un despido antes que optar por un retiro voluntario.

Quienes se adhieran al plan «no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años», y algunos podrán cobrar sus compensaciones en hasta tres cuotas si tienen antigüedad.

Esta medida forma parte de la reorganización de los medios públicos, que están intervenidos desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y cuya intervención fue prorrogada hasta febrero de 2027 mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

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Además, desde el oficialismo no descartan la posibilidad de cambiar el nombre de la TV Pública.

Conferencia de Manuel AdorniPresidencia

Hace algunas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que también controla el área de los medios públicos, habló sobre el futuro del canal: “No se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que te queda es achicar al mínimo el gasto. Hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener la chance de privatizarla”.

Respecto a la denominación del canal, Adorni aseguró: “Le vamos a cambiar el nombre, no se va a llamar más TV Pública”, aunque no quiso adelantar cómo pasará a llamarse.

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empleados de los medios públicos,TV Pública,Manuel Adorni,Conforme a,,Financiamiento universitario. El Gobierno apura una nueva ley y busca el aval de los rectores,,Documentos. Los archivos de Epstein revelan un misterioso plan de “vigilancia” e “inteligencia” en Buenos Aires,,Senado. Bullrich le quitó al kirchnerismo la vicepresidencia de la Cámara y se la dio a una peronista díscola,TV Pública,,Acuerdo comercial. El Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección durante la Copa del Mundo 2026,,Debut. Cómo fue el estreno de Nuevas tardes (Modo verano), el flamante magazine de la Televisión Pública,,A 100 años de su nacimiento. Juan Carlos Mareco: recuerdos y enseñanzas de una televisión perdida

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El jefe de la Inspección General de Justicia cruzó a Chiqui Tapia por el paro del fútbol y volvió a exigirle los balances de la AFA

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El inspector General de Justicia de la Nación, Daniel Vitolo, cuestionó a al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia luego de que anunciara la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura y además volvió a reclamarle los balances contables.

“Deben dar muchas explicaciones sobre la utilización de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de la asociación civil que ellos dirigen -todas las autoridades-, las vinculaciones que tienen con otra asociaciones civiles como es el caso de la Superliga”, precisó Vitolo en diálogo con TN.

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En el mismo sentido, especificó que lo que le piden a la AFA es lo mismo que le solicitan a todas las instituciones. “Reclamamos que, cuando presentan sus estados contables y generan allí partidas globales muy significativas en valores sin explicar cómo estan compuestas, las aclaren”, agregó.

Con respecto a este punto, Vitolo señaló que esto generó controversia desde que fue solicitado. “Incluso el director del Consejo Directivo de la AFA me ha denunciado simplemente por pedirle que explique esta irregularidad que lleva ocho años”, insistió.

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Por otro lado, el inspector se refirió al paro en el fútbol argentino y remarcó: “A mí no me sorprenden estas cosas, ya he perdido la capacidad de asombro. Pero si una organización tan importante como la AFA, con los cientos de millones que mueven, con un negocio tan grande como es el fútbol, me dice que establece su sede social en un pastizal a mí me sorprende. O que el presidente de la AFA declare que su domicilio personal es ese pastizal me sorprende”, resaltó.

El presidente de la AFA, Claudio «ChiquI» Tapia, y su mano derecha y tesorero de la institución, Pablo Toviggino. (Foto: Prensa AFA)

“Nosotros tenemos observado hasta el momento partidas globales durante los ultimos ocho años por 111 millones de dólares a la AFA de las cuales hemos pedido explicaciones. Además, de la Superliga hemos pedido por 348 millones de dólares durante los años 2020 a 2024″, especificó Vitolo.

Sobre este último punto, agregó: “La Superliga, que es la que administra al menos dos contratos de transmisiones, en los últimos cinco ejercicios ha recibido ingresos netos de 348 millones de dólares. Estos ingresos se han distribído entre los clubes, y la Superliga retiene en concepto de administración el 2%, alrededor de 7 millones de dólares. El del 2025 no ha presentado sus balances todavía”, aclaró.

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Es por eso que, según explicó, hay una maniobra respecto a los contratos que hoy está siendo investigada. “La Superliga por organizar los torneos, administrar contratos y hacer pagos a AFA de deudas que los clubes tienen cobra el 2%, pero una agencia extranjera –Tour ProdEnter LLC– que solamente tiene cobranza de partidos de la Selección o de negocios de la marca AFA tiene contrato por el cual cobra el 30%. Es decir, que si la tarea de la organización de los torneos y la recaudación de los contratos hubiera sido hecha por la empresa de Javier Faroni, hubiese cobrado 100 millones de dólares por aquello que la superliga cobró solo 7 millones de dólares».

Asimismo, si bien se limitó a hablar de responsabilidades, Vitolo concluyó que, cuanto menos, la AFA debe explicar este contrato. “Cuando nosotros los intimamos a dar explicaciones se presentaron y objetaron nuestras competencias, dijeron de que ya no estaba en Capital, sino que se mudaron a Provincia. Nos han abierto muy poco”, precisó y completó que a causa de ello hay una nueva intimación para el 11 de marzo.

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AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino

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Senado: Patricia Bullrich le quitó al kirchnerismo la vicepresidencia de la Cámara alta y se la dio a una peronista díscola

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En una jugada política que tensó las relaciones políticas del Senado, la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, logró imponer a la peronista Carolina Moisés (Jujuy) como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo, principal bloque de oposición en la Cámara alta.

La jugada fue decidida en un encuentro en el que la exministra le sacó a toda la oposición dialoguista el compromiso de arrebatarle al kirchnerismo el segundo sitial de conducción de la Cámara alta después de la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y del presidente provisional, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis).

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Con los votos en la mano, Bullrich pidió la palabra y propuso el nombre de Moisés para la vicepresidencia del Senado y pidió que se votara de manera mecánica. El tablero marcó un contundente apoyo a su moción de 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención.

Alineada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la jujeña Moisés integra el lote de tres senadores peronistas que este lunes pegaron un portazo y abandonaron el interbloque Popular, que reúne a las diferentes expresiones peronistas de la Cámara alta.

El grupo rompió la supuesta unidad del PJ en el Senado en disidencia con la conducción de Cristina Kirchner. En el caso de Moisés, el enfrentamiento se ha convertido en una pelea personal con la expresidenta porque ordenó intervenir el PJ de Jujuy.

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También sostiene un duro enfrentamiento con La Cámpora, que ha pedido la expulsión de Moisés del partido por haber competido con listas separadas en la última elección nacional.

“Es una falta de respeto total, hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento”, se quejó el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), en alusión a Bullrich, que minutos antes había propuesto a Moisés para la vicepresidencia de la Cámara alta.

Mayans anticipó que “sin objetar el nombre propuesto” su bloque no iba a acompañar la propuesta formulada por la jefa de la bancada kirchnerista.

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A pesar de formar junto a Moisés el grupo que rompió lanzas con el kircherismo, el peronista camatarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, se abstuvo el momento de la votación, como forma de manifestar si disidencia con la jugada pergeñada por el oficialismo y avalada por la casi totalidad de los bloques.


Gustavo Ybarra,Conforme a

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