POLITICA
Con sigilo político, el Gobierno ajusta la reforma de la ley de glaciares y negocia con aliados para blindar la votación en el Senado

El oficialismo ajusta la reforma de la ley de glaciares con un doble objetivo: evitar sobresaltos con sus aliados en el recinto y reducir el riesgo de futuros cuestionamientos judiciales. Aunque el texto se terminó de revisar hoy, el Gobierno apuesta a aprobarlo este jueves en el Senado, junto a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
En paralelo, el kirchnerismo cuestionó que el nuevo articulado se ajuste sin que una parte la oposición conozca la versión final que llegará al recinto. Lo mismo objetaron durante el tratamiento de la reforma laboral, cuyo texto definitivo conocieron tres horas antes de la sesión.
De la reunión a puertas cerradas realizada esta tarde en el Senado participaron referentes de la UCR, Pro, bloques provinciales y el oficialismo. Recibieron a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, acompañada por parte de su equipo, y al secretario de Minería, Luis Lucero, quienes detallaron los aspectos técnicos de la reforma.
El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene asegurados todos los votos. Parte de la UCR considera “apresurado” el tratamiento y se resiste a acompañar el proyecto. Los más optimistas cuentan que solo cinco de 10 acompañarán.
De los tres integrantes de Pro, solo está garantizado el aval de la chubutense Andrea Cristina. Tampoco está definido qué harán Alejandra Vigo (Córdoba) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes), aunque según supo estarían más inclinados hacia el rechazo.
Aun así, el oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a Diputados para su revisión final. Los dos misioneros aliados a Carlos Rovira, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón votarían a favor.
También Carolina Moisés (Jujuy), ahora vicepresidenta tercera de la Cámara alta por un acuerdo con Patricia Bullrich, y Guillermo Andrada (Catamarca), recientemente alejados del bloque justicialista, votarían a favor.
En el peronismo que conduce José Mayans no descartan fugas. Allí conviven senadores de provincias cordilleranas -como los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca)- que podrían respaldar los cambios, atentos al impacto económico que tendría una flexibilización de la protección en sus distritos.
Con una porción de Pro y el radicalismo en duda, será decisivo el acompañamiento de parte del PJ para apuntalar la reforma.
Es un dato político relevante después de que el Gobierno les arrebatara la vicepresidencia de la Cámara y se la diera a Moisés, la díscola enemistada con Cristina Kirchner.
Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.
Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.
La reforma de la ley de glaciares es una pieza clave dentro de la estrategia parlamentaria del Gobierno. Forma parte de los compromisos asumidos con gobernadores que respaldaron la agenda de extraordinarias, donde también avanzaron la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.
La iniciativa es impulsada especialmente por mandatarios de provincias cordilleranas –Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca)- que, en conjunto, reúnen 13 diputados y cinco senadores. Para esos distritos, una redefinición del área protegida podría habilitar nuevas inversiones y aumentar los ingresos vinculados a la minería.
El proyecto otorga además mayor autonomía a las provincias para identificar qué áreas constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico. Sus evaluaciones de impacto ambiental pasarían a tener un peso determinante para autorizar o rechazar emprendimientos.
En términos operativos, el Inventario Nacional de Glaciares seguiría siendo una consulta obligatoria, pero las provincias podrían solicitar la incorporación o eliminación de áreas protegidas con argumentación técnica.
Finalmente, el texto establece que actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos solo quedarían prohibidas cuando puedan alterar “de modo relevante” la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. También habilita excepciones para tareas de rescate, investigaciones científicas de bajo impacto y deportes no motorizados, que no requerirían estudios de impacto ambiental previos.
Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Crisis del PJ. Quién es Carolina Moisés, la nueva aliada que consiguió el Gobierno entre los desertores del kirchnerismo,,Movimientos en el Senado. Un cisma que acota la influencia de Cristina Kirchner en las negociaciones más relevantes,,Histórico. El Senado celebrará tres sesiones en una misma semana
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“Rulo cambiario”: la Justicia ordenó 30 allanamientos: uno de ellos, a una exsocia de Sur Finanzas

La Policía Federal llevó adelante una serie de 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga a casas de cambio en maniobras presuntamente ilícitas a partir de la compra y venta de dólares, en una operación conocida como “rulo cambiario”. Entre los allanados, se encuentra un local asociado a Sur Finanzas, la empresa del financista ligado a «Chiqui» Tapia, César Vallejo.
Según la denuncia, las casas de cambio de divisas recibieron más de $140.000.000.000 dinero de diferentes personas físicas y jurídicas, y se presume que parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.
Entre otros puntos, los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Llavallol, Lomas de Zamora, exsocia de César Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia.
Según se informó, las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A., a través de distintas operaciones que requerían aprobación oficial. Según se informó, los representantes de las agencias de cambio involucradas retiraban el efectivo en la entidad bancaria, “accediendo así a dólares al valor oficial, para luego revenderlo de forma no regulada al precio del llamado ‘dólar blue’”, una maniobra conocida como “rulo cambiario”.
La jueza federal María Servini solicitó llevar a cabo en las últimas semanas tareas investigativas en cada uno de los domicilios vinculados a los socios de las casas de cambio investigadas.
Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Se trata de una segunda parta de allanamientos; una primera etapa había tenido lugar en diciembre del año pasado. En ese momento, uno de los procedimientos había tenido luga en la casa de la madre de Vallejos en Banfield.
En diciembre, los allanamientos se habían realizado en el marco de un despliegue que incluyó procedimientos en 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. Fue a partir de de una decisión en la que confluyeron tres jueces federales: Servini, María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello. En las tres causas se investigan maniobras ocurridas durante el cepo cambiario.
Como publicó , la causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.
El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.
Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.
Entre los últimos allanamientos se encuentra Silvia Torrado, una exsocia de Vallejos. Según los registros del Banco Central, en agosto de 2020 ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%).
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Gobernadores dialoguistas avanzan en un armado propio en el Congreso y refuerzan el vínculo con Milei

Un grupo de gobernadores comienza a gestar un vínculo político, en medio del avance de los proyectos del Gobierno de Javier Milei en el Congreso. Este lunes hubo una reunión virtual entre siete mandatarios provinciales, entre los cuales había peronistas no K y líderes de fuerzas regionales.
La particualridad del caso es que todos ellos han sido eventuales aliados del Presidente en distintos momentos y votaciones legislativas. Participaron Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
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“El interior profundo se alinea detrás de una mirada federal para la Argentina”, indicaron a TN desde una de las provincias representadas en el encuentro. Según señalaron, debatieron desafíos comunes y las formas de “articular visiones sobre el papel que estas jurisdicciones deben jugar en la agenda económica y política del país”.
Se analizó también el rol de estas provincias en el Congreso a través de sus representantes en Diputados y el Senado, así como “el aporte de todos los gobiernos provinciales a la gobernabilidad de la Argentina”. Además, se comprometieron a tener este tipo de reuniones de manera periódica para “potenciar sus posibilidades de desarrollo y crecimiento”.
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Una de las posturas más firmes en la reunión fue de parte de los gobernadores que encarnan proyectos políticos provinciales (Figueroa, Weretilneck y Passalacqua), que remarcaron la necesidad de que el federalismo “sea real y concreto y no quede solo en anuncios”. No obstante, distintas fuentes consultadas hicieron hincapié en que esta iniciativa “no tiene nada que ver con cuestiones electorales”.
La agenda común que buscan instalar los gobernadores incluye la producción agrícola, el turismo, la minería, el desarrollo energético, políticas impositivas, ganadería, entre otros puntos. La intención es sentar las bases para generar “una línea de trabajo que parta de las realidades provinciales”, con especial énfasis en la producción, desarrollo energético y generación de infraestructura para el crecimiento.
La agenda común en el exterior
La agenda provincial también proyecta su mirada hacia el exterior del país. Varios de estos gobernadores tienen previsto participar en el evento internacional Argentina Week, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo y que está orientado a atraer inversiones extranjeras, en especial en energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos.
El Argentina Week —desarrollado con apoyo de la embajada argentina y grandes instituciones financieras globales— se presenta como un “road show” para mostrar oportunidades de inversión en LA Argentina ante bancos, fondos y líderes empresariales internacionales, con la participación de autoridades nacionales y provinciales.
Según confirmó a TN uno de los mandatarios que participará del evento en Estados Unidos, en el encuentro de este lunes se comprometieron a volver a reunirse a la vuelta del viaje a Nueva York.
El impacto del vínculo entre los gobernadores y Milei
La distancia entre los mandatarios peronistas no alienados con Cristina Kirchner se traduce casi inmediatamente como una cercanía al Gobierno de Javier Milei. Al menos, les habilita otro margen de maniobra.
Y esto se ve reflejado en los números del Congreso. El oficialismo aprobó la reforma laboral con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, pero también con el apoyo del tucumano Osvaldo Jaldo; los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, y los salteños de Gustavo Sáenz.
Pero hay más: en las últimas horas se confirmó el rompimiento del interbloque de Unión por la Patria, con la salida de tres integrantes del bloque Convicción Federal. La jujeña Carolina Moisés, que responde al mandatario de Salta, Gustavo Saenz; la tucumana Sandra Mendoza con referencia en el gobernador Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Guillermo Andrada, con terminal en Raúl Jalil. Todos ellos se alejan del kirchnerismo.
“La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional. (…) Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, se lee en el comunicado que publicaron luego de la formalización del nuevo espacio.
Gobernadores, Javier Milei, Peronismo
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Carolina Moisés, la senadora peronista que fue ungida como vice de la Cámara, criticó a Cristina Kirchner

Carolina Moisés, la peronista que asumió como vicepresidenta en el Senado en una maniobra que dejó al kirchnerismo fuera de las autoridades de la Cámara alta, rechazó las críticas que recibió tras conocerse la noticia. Apuntó además contra La Cámpora y Cristina Kirchner. “Las campañas en redes contra mi persona son monitoreadas por trolls, distan de ser opiniones reales de la gente”, afirmó en diálogo con Cristina Pérez para LN+.
Moisés, senadora por Jujuy y alineada con el gobernador de Salta, ahondó en sus diferencias con la dirigente peronista y las razones que la motivaron a tomar distancia del partido conducido por la exvicepresidenta. Si bien destacó su figura como mandataria, cuestionó su apego a la agrupación política que lidera Máximo Kirchner.
“Admiro a Cristina en un montón de cosas: es un personaje de la historia de la Argentina que va a ser valorizado mucho más adelante, como pasa con todos los presidentes, cuando la objetividad pueda permitir la distancia para analizarla”, expresó en primer lugar. Y luego acotó: “Sí creo que se ha ‘entornado’ con La Cámpora y que eso le ha hecho perder quizás gran parte de la visión política y estratégica, ya durante el gobierno de Alberto».
En ese sentido, calificó a La Cámpora como “una facción lamentable” y disparó: “Es lo peor que le pudo pasar al peronismo”. Aseguró que no tiene representatividad en el interior del país y que no han llegado a tener concejales ni diputados en el último tiempo.
“Solamente disputan, cuando pueden, con el dedo desde Buenos Aires, poniendo los candidatos de La Cámpora en el interior. Cuando tenían el poder lograban hacerlo por acuerdo con los gobernadores”, contó.
Moisés integra el lote de tres senadores peronistas que pegaron un portazo y abandonaron el interbloque Popular con fuertes críticas a la conducción partidaria mediante un documento en el que ponen de manifiesto los “fracasos electorales”.
“[Cristina] no fue generosa conmigo ni con nadie, desde que asumió la presidencia, con quienes queremos aglutinar una expresión del peronismo, en términos de ofrecerle a la sociedad una visión superadora de los temas que a la gente realmente le preocupa, de tener una estrategia electoral”, opinó.
Y recalcó: “El kirchnerismo se queja de que faltan bancas en el Congreso para defender a la gente, pero faltan bancas porque hubo erróneas estrategias electorales en Salta, Jujuy, en muchos lugares del país, que claramente nos hicieron perder una segunda elección con Milei».
Moisés culpó a la agrupación de alentar “divisiones intestinas” y de “fogonear problemas y peleas”. Puso como ejemplo la diferencia que tiene lugar en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof mantiene un enfrentamiento con La Cámpora. También hizo mención a la intervención de varios partidos provinciales, incluido el de Jujuy, su provincia. “Intervinieron el PJ de Salta, Jujuy y Misiones, solamente porque no les gustaron las decisiones que se tomaban».
A su vez, cuestionó la crítica desde la conducción sobre los gobernadores, luego que varios de ellos fueran funcionales para leyes claves del Gobierno y sostuvo que quizás “el error” pudo haber sido no convocarlos. “¿Porqué acá se los acusa inmediatamente de traidores? Acá es obediencia o traición, cualquier cosa que esté en el medio, la conducción del PJ no lo acepta”, planteó para cerrar.
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