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ECONOMIA

El artículo de la reforma laboral que busca acabar con industria del juicio y alerta a abogados

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Los abogados laboralistas alertan que si el proyecto de reforma laboral se aprueba en el Senado tal como fue redactado en la Cámara de Diputados generará graves implicancias en el ejercicio de la profesión porque podrían ser condenados a pagar las costas de un proceso en forma solidaria y cobrar sus honorarios en cuotas.

El Colegio de Abogados de la Capital Federal, que representa a 89.500 matriculados, envió a mediados de febrero una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a los titulares de las diecinueve bancadas parlamentarias para plantear estas cuestiones.

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Los artículos que principalmente se objetan son el 20 y el 277 de la iniciativa impulsada por el oficialismo y otros bloques para modificar la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo pero el reclamo no fue atendido.

Inés Arias, subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio y socia del estudio Aguirre Saravia y Gebhardt, explicó que «en el caso del artículo 20 se incorpora un segundo párrafo que dispone que el abogado va a ser solidariamente responsable en caso de pluspetición responsable, que es una figura que normalmente aparece en las leyes procesales».

«Se llama temeridad y malicia, se hace responsable solidariamente cuando hay una acción deliberada del abogado y donde se reclama algo a sabiendas de la sinrazón de ese reclamo. Pero es una figura que exige que haya un componente de culpa, una intención, una negligencia grave», detalló.

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Reforma laboral: cómo sería el pago solidario de costas

Para Arias, que también asesora a empresas en riesgos del trabajo, «el problema que trae este texto es que incorpora pluspetición objetiva, es decir que cambia las condiciones de ejercicio profesional de los laboralistas» porque los expone a que «si se plantea una liquidación que después no es aceptada, uno estaría expuesto a una sanción de este tipo que nos obliga a pagar solidariamente las costas».

Aclaró que esto ya existe cuando un letrado «infla» una demanda sabiendo que no tiene razón, pero con la reforma -por ejemplo- si un letrado estima un crédito laboral en 5 millones y el juez fija un millón, sería responsable por el pago de costas de los 4 millones rechazados.

En los juicios laborales, donde rige la gratuidad para los empleados, si un trabajador pierde un juicio, generalmente no se le puede cobrar. Si bien se le puedan imponer las costas, no se le puede ejecutar su vivienda. Esto implica que un empleador que gana el juicio posiblemente deba pagar a su abogado (en caso de que así lo haya pactado), además de los gastos que haya realizado durante la tramitación del expediente. 

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En caso de sancionarse al abogado del trabajador por pluspetición inexcusable, éste último deberá abonar las costas del proceso (por ser solidariamente responsable con su representado) y luego tendrá contra el trabajador un crédito proporcional correspondiente a dividir el total de las costas abonadas entre la cantidad de responsables solidarios de su pago (este crédito no podrá tampoco ejecutarse sobre la vivienda de su cliente).

El otro artículo que los laboralistas objetan es el 277, que habilita el pago de sentencias en 6 cuotas para las grandes empresas y en 12 para las pymes.

«Esto genera una discriminación injustificada a la tarea de los abogados laboralistas porque otras ramas del derecho no tienen este riesgo patrimonial directo del ejercicio de la profesión», sostuvo Arias en referencia a colegas que hacen planteos civiles o comerciales.

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Por su parte, Leonardo Elgorriaga, de la Asociación de Abogados Laboralistas, consideró que la modificación de estos artículos «es persecutoria porque no sucede lo mismo con los letrados que asesoran a las empresas».

«Si se llega a considerar que hay algo exagerado nos pueden hacer responsables a nosotros pero no a la inversa en caso de que la postura de la empresa sea manifiestamente improcedente. Es decir, no se condena al letrado de la empresa y solo afecta al reclamante«, explicó.

El pago en cuotas afecta el derecho de propiedad

Acerca del pago en cuotas, recordó que «muchos colegas hacen pacto de cuota litis, es decir (que se cobra) un porcentaje de lo que se obtenga en la sentencia» y estos cambios afectan a los letrados y al trabajador «sin justificación alguna porque comprende no sólo a las pymes sino a las grandes empresas«.

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Tras remarcar que hay inquietud en la asociación porque este tipo de pago «afecta el derecho de propiedad», también puso el foco en otro punto de la llamada «modernización laboral» porque es algo totalmente novedoso.

«La reforma también dice que los jueces laborales están obligados a seguir los fallos de la Corte y eso no es así en otros fueros», enfatizó Elgorriaga, que recordó que si bien por un tema de economía procesal los jueces adhieren a la postura del máximo tribunal, pueden dictar resoluciones diferentes aclarando que no las comparten.

Para el letrado, de mantenerse esa modificación, «se afecta la independencia de los jueces» porque la propia Corte tiene fallos que dicen que los magistrados se pueden apartar de su jurisprudencia si agregan nuevos argumentos.

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«Va a haber cataratas de pedidos de inconstitucionalidad sobre toda la reforma y estos puntos en particular», adelantó.

«No somos una mafia, somos abogados de a pie»

A su turno, Enrique Papalardo, vicedirector del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados San Martín, sostuvo que «son muy pocos los casos en los que se ‘infla’ una liquidación», pero a pesar de eso se elaboró un artículo que perjudica a todos los laboralistas.

«Es la única área del derecho a la que nos están imponiendo algo como esto. Si como abogado presentás una liquidación y el juez considera que es otra porque, por ejemplo, no están las pruebas dadas, nos quieren hacer responsables de eso. Nos están obligando al pago por esas diferencias», señaló.

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También se manifestó en contra de cuotificar los honorarios profesionales porque son de carácter alimentario. «Es nuestro salario, nos perjudica gravemente a los abogados de a pie. Esto no es una mafia como lo quieren mostrar a la comunidad», remarcó.

Para Papalardo, «no existe la industria del juicio, sino que las reglas del juego están dadas para que pase esto: hay muchos trabajadores que no se encuentran registrados y por eso se inician demandas».

«Para las pymes, representa un 40% del gasto, por eso recurren a no registrar al empleado. Entonces, lo que hay que hacer es bajar los costos y no cuotificar los honorarios a todos los auxiliares de la Justicia», afirmó.

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Papalardo también adelantó que los colegios de abogados seguramente van a plantear la inconstitucionalidad de esta reforma y habrá que esperar a qué decide la Corte Suprema de la Nación y la de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, lamentó que en el fuero laboral con sede en la Capital Federal prácticamente no se estén sorteando causas porque están a la espera de lo sucede con el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

«Está muy lastimada la Justicia del Trabajo, hay muchas vacantes en los juzgados, faltan empleados y por eso las demoras en los juicios de 4, 5 o 6 años cuando se podrían resolver en uno», evaluó.

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ECONOMIA

¿Dólar planchado o rebote sorpresa? Lo que miran las mesas antes del cierre de mes

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El dólar oficial opera este miércoles 25 de febrero a $1400, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1380. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1449 (+0,1%), y el MEP se ubica a $1404 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia, a $1430.

El dólar oficial llega al cierre de febrero con una rareza que en Argentina siempre llama la atención: baja el tipo de cambio y, al mismo tiempo, el Banco Central sigue sumando compras en el mercado. En la superficie, el clima es de calma y de pax cambiaria, pero por debajo asoman variables que el mercado mira con lupa porque suelen anticipar cambios de humor.

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La explicación no pasa por un solo engranaje, sino por un combo que se retroalimenta: más oferta de divisas, tasas en pesos que se recalientan por la dinámica financiera del mes y un flujo de dólares financieros que se mantiene activo. Con ese telón de fondo, el precio del dólar pierde tracción y la cobertura cambia de manos.

La clave es que, cuando sobran dólares y faltan pesos, el incentivo se mueve hacia estrategias de corto plazo: vender divisas, colocarse en instrumentos en moneda local y buscar rendimiento. Ese movimiento puede sostenerse mientras el mercado perciba que el retorno en pesos compensa el riesgo cambiario.

Oferta de dólares: agro firme y emisiones que siguen empujando el flujo

Desde PPI señalaron que el primer factor detrás de la baja del oficial es una oferta de divisas que se mantiene robusta por dos canales. En la cuenta corriente, destacaron que la liquidación del agro se sostuvo en niveles elevados para la época.

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Los especialistas del bróker detallaron que el promedio diario de liquidación fue de u$s88 millones en enero y de u$s84 millones en lo que va de febrero, una estabilidad que le pone un «piso» de oferta al mercado oficial. Ese ritmo, explicaron, ayuda a que el dólar no encuentre demanda suficiente como para revertir la tendencia.

Para PPI, el segundo canal es la cuenta financiera, donde continúan pesando las emisiones corporativas y provinciales. Sus analistas apuntaron que, según una presentación del vicepresidente del Banco Central, a mediados de enero quedaban por liquidar US$3.600 millones de emisiones corporativas.

En paralelo, agregaron que desde entonces se sumaron nuevas colocaciones en el mercado local e internacional por casi u$s1.300 millones, reforzando la idea de que el flujo financiero todavía tiene margen para seguir aportando divisas al esquema actual. Además, desde PPI destacaron que el rollover por encima del 100% en licitaciones recientes empujó al alza las tasas de corto plazo y potenció el desarme de posiciones en dólares para hacer carry trade.

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Reservas que suben por dólares que todavía no pasan por el mercado

En ese contexto de abundancia, PPI puso el foco en un dato que sacudió la lectura diaria: las reservas brutas aumentaron u$s1.348 millones en una sola rueda. Para los analistas, el número no se explicaba únicamente por la dinámica típica de intervención o valuación.

Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que u$s1.007 millones de esa suba no tenían una explicación a simple vista en el momento. La interpretación que trabajaron fue que el salto estuvo asociado a ingresos por emisiones provinciales, con una hipótesis concreta sobre el caso de Santa Fe.

Según reconstruyeron desde PPI, la provincia habría captado u$s800 millones en una emisión que permanecían en un banco extranjero y luego se habrían transferido al Banco de Santa Fe. Ese movimiento habría elevado los encajes en dólares del sistema, y por esa vía impactado en el nivel de reservas brutas.

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Los especialistas del bróker remarcaron que, aun con esa transferencia, los fondos todavía no se habían liquidado en el mercado cambiario. Por eso, lo interpretaron como un posible paso previo, más que como una venta efectiva que explique por sí sola la tendencia del tipo de cambio.

Compras del BCRA y macro de enero: el antídoto para la inflación tiene costo

Desde Cohen señalaron que la combinación de presión sobre las tasas, oferta del agro e ingresos de dólares financieros permitió que el Banco Central extendiera la racha de compras aun con un tipo de cambio que acentuó su caída. Para sus analistas, el excedente cambiario actual se apoya en varios pilares simultáneos.

Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que, en la semana pasada, el BCRA continuó comprando divisas en el MLC y adquirió u$s323 millones, a un ritmo de u$s107 millones diarios. Con ese desempeño, acumularía en febrero más de u$s1.300 millones de compras netas y más de u$s2.400 millones en lo que va del año, mientras el stock de reservas brutas cerró en u$s46.261 millones.

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Para Cohen, el excedente cambiario también se vincula con un mejor saldo comercial, que combina buen ritmo de liquidación del agro y menores importaciones, y con un mayor flujo financiero por ingreso de préstamos. A la vez, remarcaron que la demanda de activos externos se moderó, respaldada por tasas de interés en pesos más altas. En esa misma línea, apuntaron que las reservas netas siguen negativas: alrededor de u$s-19.000 millones según la definición del FMI y cerca de u$s -2.100 millones en la definición tradicional.

En el plano macro, sus analistas apuntaron que los datos de enero trajeron señales positivas: una mejora significativa del saldo comercial y cuentas públicas que mantuvieron el superávit. En ese marco, remarcaron que tasas en alza, tipo de cambio a la baja y superávit fiscal conforman el antídoto elegido para bajar una inflación que resiste más de lo esperado, con la actividad como variable de ajuste.

Futuros, tasas implícitas y la última semana: dónde puede moverse el dólar

Los especialistas del bróker detallaron que la baja del tipo de cambio se sostuvo incluso con el Banco Central comprando reservas, apoyada en agro firme, dólares financieros por colocaciones y préstamos, y tasas elevadas que mantienen vivo el carry trade. Para Cohen, esa menor demanda de cobertura se refleja en el mercado de futuros.

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Sus analistas apuntaron que los contratos de dólar futuro retrocedieron 1,5% en la semana, con caídas más marcadas en febrero (-2,2%) y marzo (-2,0%). El volumen operado diario se mantuvo estable en torno a u$s904 millones, mientras que el interés abierto promedio subió cerca de u$s150 millones hasta u$s5.291 millones.

En esa misma lectura, los contratos descuentan una devaluación implícita de aproximadamente 2,2% a 2,3% mensual, y las tasas implícitas se mantienen alrededor de 27% a 30% TNA. Para Cohen, ese set de precios sugiere que, por ahora, el mercado no está pagando un escenario de salto cambiario en el corto plazo.

De todos modos, desde PPI señalaron que la última semana del mes suele ser clave para definir si el tipo de cambio extiende la tendencia bajista o si aparece un cambio de ritmo. En particular, enfatizaron que habrá que monitorear si el BCRA decide ponerle un piso al dólar vía compras -un escenario que no descartan- aunque hoy no lo ven como la opción preferida dada la dinámica reciente de la inflación, y qué ocurre con la liquidez del Tesoro.

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ECONOMIA

Granos desaparecidos, denuncias y cheques impagos: la situación de una empresa del agro genera otra vez preocupación en el sector

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Productores aseguran que los granos entregados ya no se encontrarían en las plantas de silo y que hubo movimientos inusuales de camiones en horarios nocturnos (REUTERS/Matias Baglietto)

Huergo Cereales, una firma de acopio de granos basada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, enfrenta el punto más álgido de su crisis. Con 440 cheques impagos por más de $2.442 millones, la empresa ya estaría negociando con un grupo agroindustrial del interior para ser absorbida y así evitar su quiebra y la liquidación de sus activos.

Esta crítica situación financiera que ya se replicó en varias partes de la cadena agroindustrial no es, sin embargo, el único problema de Huergo. Además de los cheques rechazados que figuran en los registros oficiales del Banco Central, la compañía tiene deudas con productores, lubricentros, talleres mecánicos, electricistas, casas de repuestos y otros proveedores.

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El contexto volvió a encender algunas luces amarillas en el sector, que tuvo momentos de tensión con empresas en crisis más recientes, como Bioceres, y otras que tuvieron cuestiones financieras complejas el año pasado, como Surcos, Los Grobo y su controlada firma de insumos para el campo Agrofina, entre otras.

Los granos de soja correspondientes a la última campaña y el trigo que los casi 50 productores que trabajan con Huergo Cereales entregaron hace poco más de un mes, ya no se encontrarían en las instalaciones del acopio. De hecho, según pudo saber este medio, la mercadería fue entregada para su procesamiento o exportación en un lapso menor al que suelen llevar estos procesos. Fuentes con conocimiento del caso señalaron que “entraban camiones a la medianoche”, en movimientos que llamaron la atención de productores de la zona.

La magnitud de la deuda encendió las alarmas en la plaza local, donde la compañía operó durante años como uno de los principales canales de comercialización para productores medianos y pequeños de la zona. En el circuito comercial agropecuario, la acumulación de documentos impagos no solo restringe el acceso al financiamiento, sino que también paraliza la operatoria cotidiana y deteriora la confianza, un activo central en el negocio del acopio.

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Huergo tiene una larga trayectoria en la región. Originaria de las localidades bonaerenses de Palemón Huergo y Coronel Mom, estuvo inicialmente conformada por múltiples productores de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante el fallecimiento de los titulares originales, las participaciones se vendieron hasta quedar en manos de dos socios locales que no tenían vínculo con la actividad agropecuaria. Uno de ellos provenía de la industria aseguradora, mientras que el otro, se dedicaba a la venta de cigarrillos.

REUTERS/Nacho Doce
REUTERS/Nacho Doce

Actualmente el primero ya no integra la sociedad. El segundo, en tanto, concentra entre el 90% y 95% de la estructura accionaria de la empresa. El porcentaje restante está en manos de un empleado histórico del acopio. Este medio intentó comunicarse con los involucrados, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre de esta nota.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, los productores que entregaron granos al acopio desconfían del origen de los fondos que utilizó uno de los socios para hacerse con el control de la empresa tres años atrás. De hecho, muchos de ellos recurrieron a la Justicia alegando que el empresario habría utilizado fondos provenientes de la comercialización de esos granos para ampliar su participación en la compañía.

“La empresa se encuentra actualmente evaluando distintos escenarios operativos y financieros, en un contexto complejo para el sector. No hay definiciones formales adoptadas ni decisiones institucionales para comunicar en este momento. Ante cualquier novedad oficial, será informada por los canales correspondientes”, respondió ante la consulta de este medio el abogado de la empresa.

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Aunque la actividad principal de Huergo es el acopio de granos y cuenta con dos plantas de silo, una en Palemón Huergo y otra en Coronel Mom, la empresa también alquila campos para realizar siembras y posee cuatro camiones propios para el flete del acopio.

En materia de personal, la firma contaba con 19 empleados, aunque uno de ellos renunció en diciembre pasado debido a retrasos en los pagos. En el mercado local no descartan que, de no prosperar la incorporación de un inversor, la firma deba recurrir a una presentación judicial para reordenar sus pasivos.



Agricultural Markets,South America / Central America

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ECONOMIA

Problemas para cervecería Quilmes: eliminará un tercio de empleos y suprimirá 2 turnos en una planta

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La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que avanzará con un recorte de personal en su planta operativa de Zárate, donde más de la mitad de los trabajadores dejarán sus puestos a través de un programa de retiros voluntarios. La compañía pasará de una dotación de 260 empleados a apenas 80 y reducirá su esquema de producción de tres turnos diarios a uno solo.

Quilmes recurre a un plan de retiro voluntario para reducir empleados

La decisión fue acordada con la comisión interna de la planta, que atribuye la medida a una caída del 45% en las ventas respecto de 2025 y a los problemas financieros que la empresa venía arrastrando como consecuencia de la retracción del consumo y la mayor apertura de importaciones. El ajuste busca evitar un escenario más crítico para la operación local.

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Desde la representación gremial señalaron que la negociación se dio en un contexto de alta tensión, ante la posibilidad concreta de un freno total de la producción e incluso el cierre definitivo de la planta. «La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada», explicó Horacio Romero, referente sindical del establecimiento, al referirse al esquema que quedará vigente tras la reestructuración.

El comienzo de 2026 encontró a la industria atravesada por una crisis más amplia que impacta en distintos sectores manufactureros. En el caso puntual del negocio cervecero, el avance de las importaciones aparece como un factor determinante en el deterioro del mercado interno.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025, un salto que profundizó la competencia externa en un contexto de consumo debilitado y presión sobre los costos locales.

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Importaciones en la mira, tras el caso Fate

La crisis de la empresa de neumáticos FATE puso al discurso del gobierno ante su test más exigente: debe sostener la filosofía aperturista, lo que implica que el acceso de los consumidores a productos de bajo precio es mejor que sostener empleos industriales poco competitivos.

Y en esa «batalla cultural» está permitido usar armas de grueso calibre, como por ejemplo denunciar planes de conspiración política, como insinuó el propio Javier Milei al marcar el sugestivo «timing» de Javier Madanes Quintanilla para anunciar el cierre de FATE justo en pleno debate sobre la reforma laboral.

También se reflotó otra acusación grave, que ya se había escuchado a fin del año pasado, cuando la planta de Whirlpool cesaría la fabricación de lavarropas en su planta de Pilar por el bajón del consumo y la competencia importada. En ese momento, economistas afines al gobierno argumentaron que la actividad industrial en los últimos 20 años ha sido, en realidad, una excusa para obtener rentas financieras.

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La explicación es que, en regímenes muy regulados -con cepo cambiario y cierre importador-, al industrial argentino le convenía tomar préstamos en pesos a tasas bajas, que luego se terminaban licuando con la inflación. Y que eso se completaba con un subsidio de hecho a la importación de insumos, porque se les daba prioridad para acceder al tipo de cambio oficial.

No por casualidad, los militantes del gobierno hicieron circular en las redes sociales una charla entre Madanes e industriales del rubro textil, en el que el líder de Aluar reconoce que, al final del gobierno de Alberto Fernández se produjo una masiva acumulación de stock, con la premisa de que sobrevendría un período de tipo de cambio alto, pero que eso finalmente no ocurrió, con lo cual el stock salió a la venta mucho más lentamente de lo previsto.

Felipe Núñez, uno de los principales asesores de Toto Caputo, fue quien tomó la voz acusatoria en esta polémica, al calificar a Madanes como «el empresaurio que durante años cobró el aluminio el doble en Argentina de lo que lo vendía en el exterior, e incluso hoy lo sigue vendiendo aproximadamente un 40% más caro en el país».

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Es decir, la acusación lleva implícita la advertencia de que lo mismo que le ocurrió al rubro del neumático con la competencia importada le podría ocurrir al sector del aluminio.

FATE, la punta del iceberg

En un ambiente hipersensibilizado tras la pelea con Paolo Rocca, líder de Techint -a quien Milei bautizó «Don Chatarrín de los tubos caros»-, se vuelve a instalar la eterna polémica: ¿la industria argentina no puede competir si no cuenta con protección estatal? ¿O, como afirman los industriales, Milei está practicando un liberalismo ingenuo que no se aplica en ningún país industrializado, donde los subsidios y los cupos de importación están a la orden del día?

El motivo por el cual le cuesta cada vez más defender su discurso al gobierno es que, lejos de tratarse de casos aislados, las empresas en crisis y con pérdida de empleo son la generalidad. Los números son elocuentes al respecto: en la industria se está usando, en promedio, apenas un 53,8% de la capacidad instalada, y hay casos extremos, como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-.

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El gobierno se defiende con datos como el de la relativa estabilidad del empleo, después de que el censo del Indec publicara para el tercer trimestre del año pasado una desocupación de 6,6%. Sin embargo, los economistas críticos afirman que esa estadística oculta una realidad preocupante: en dos años se perdieron unos 200.000 puestos de trabajo informales -la mayor parte en el sector industrial-, mientras que los nuevos empleos están, sobre todo, en el cuentapropismo y los nuevos trabajos de servicios por aplicaciones de internet.

Y los economistas críticos recuerdan que no sólo está en crisis la «industria protegida» sino que también pasaron zozobras empresas del agro y del sector energético, los supuestos «ganadores» del modelo. En la lista hay nombres como Bioceres, Agrofina, Aconcagua y President Petroleum.

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