POLITICA
Polémica por los cambios en la ley de Glaciares: la defensa de la senadora Royón y el rechazo de una ONG ambientalista
El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, y la senadora del bloque “Primero los salteños”, Flavia Royón, plantearon en Infobae al Mediodía distintos contrapuntos sobre el proyecto del Gobierno para flexibilizar la Ley de Glaciares y habilitar la explotación minera en determinadas zonas.
El Senado debatirá este jueves una norma que redefine el control provincial sobre el ambiente periglacial y habilita la minería en zonas hoy vedadas. En una entrevista en el canal de streaming Infobae en vivo, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares mostró posiciones irreconciliables.
El ambientalista Andrés Nápoli formuló una advertencia contundente: “Esto es una reforma constitucional encubierta. Si se aprueba una ley aclaratoria retroactiva, todos los emprendimientos en zona crítica van a quedar habilitados inmediatamente, como si hubiese sido el texto original”.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Nápoli remarcó: “La Ley 26.639 no es una ley kirchnerista, es una ley transversal, porque las pocas leyes ambientales que salieron en el Congreso de la Nación fueron transversales. Es una ley que va mucho más allá de esto y que busca proteger fundamentalmente los glaciares”.
El proyecto oficial y la disputa por el control de los recursos
Nápoli sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, bajo la figura de una “ley aclaratoria”, revierte cuestiones constitucionales, porque el artículo 41 y el 124 de la Constitución es muy claro. Según su posición, las provincias son titulares del dominio originario, no las dueñas, como dice el proyecto, y “la Nación dicta los presupuestos mínimos, el piso mínimo de protección”. “Esa es la ley de glaciares, y esa es la ley que se pretende transformar ahora, diciendo que las provincias van a determinar cuáles son los glaciares que van a proteger y cuáles no”, apuntó.
El director ejecutivo de FARN denunció que el cambio permitirá que “las provincias le digan al Instituto Nacional de Glaciología (IANIGLA) qué es lo que tienen que poner dentro del inventario y qué no”. En ese sentido, explicó: “Vamos a transformar una ley que hoy tiene un carácter científico y de protección uniforme para todo el territorio en una ley de carácter político, no uniforme, donde cada provincia va a definir lo que quiere”.
“Lo que la ley plantea es que los glaciares, además de tener reserva hídrica, tienen una multiplicidad de funciones. Conservan la biodiversidad, también son aliados para el cambio climático. El Inventario Nacional de Glaciares inventarió casi diecisiete mil glaciares en todo el país. Todos esos glaciares, no lo digo yo, lo dice el IANIGLA, tienen reserva estratégica de agua, sea en estado líquido o en estado sólido”, remarcó.
Flavia Royón defendió el criterio técnico y el rol de las provincias
Frente a las críticas, la senadora Flavia Royón defendió el espíritu del proyecto: “La aclaración de la ley lo que busca es proteger el agua, es ratificar la protección del agua y en qué lugares no se puede hacer actividad”. Y apuntó su desacuerdo técnico, al afirmar que “la ley actual dice ‘se prohíbe todo en ambiente glacial y periglacial’”, mientras que los cambios de la norma suman una aclaratoria.
“La aclaración lo que dice es: está todo prohibido en lo que está hoy contenido en el inventario, hasta tanto no se compruebe con estudios técnico-científicos, que no tiene ninguna función que afecte ni al agua de consumo humano, ni a la agricultura, ni a la biodiversidad”.
Uno de los puntos claves es lo que se define como “ambiente periglacial”, que son los “glaciares de escombros” que apunta el oficialismo a que pueda explotarse la minería en la zona. ”Son rocas que tienen hielo y ese contenido es muy variable. Hay algunos que tienen funcion hídrica y otros que no lo tienen», completó.
En ese marco, Royón argumentó que el inventario que realizó el IANIGLA “se hizo con imágenes satelitales, de escritorio». “Para realmente poder terminar ese inventario, hay que hacer estudios de campo que implican toma de muestras, estudios de laboratorio. No lo podés hacer solo con una imagen satelital, tenés que ir a territorio”.
Además, la legisladora apuntó que “la Ley es de 2010 y nunca se pudo reglamentar”, e “inclusive en el mismo texto tiene contradicciones”. “Esta aclaración lo que te dice es: cuando vos ni siquiera podés hacer un estudio. En realidad, lo que se busca es que lo haga la provincia en coordinación con el IANIGLA”, señaló.
Minería, desarrollo y ambiente: el núcleo del conflicto
Nápoli advirtió sobre el riesgo de avanzar con explotaciones megamineras en zonas de glaciares, porque lo que hacen las empresas mineras “es volar directamente el espacio”. “Vuelan la montaña, vuelan el glaciar, y el riesgo es que no va a haber más glaciar. Basta con buscar en YouTube cómo se explota la minería de altura. Es a base de explosivos, de desaparición de lo que es la zona. El glaciar está arriba y la veta está por debajo. Hay que volar eso, abrirlo”, apuntó.
No obstante, remarcó: “No estamos en contra de la minería. Decimos que hay lugares donde no se debería hacer minería. Eso es el 0,4 del territorio argentino. En el resto del territorio se puede hacer minería”.
Royón, por su parte, defendió la compatibilidad entre desarrollo y cuidado ambiental: “Se puede hacer un desarrollo totalmente compatible con el cuidado del medio ambiente. Argentina necesita de todos los sectores: del agro, de la industria, de la energía, de Vaca Muerta, de la minería. La minería es de las que menos agua utiliza. En San Juan utiliza menos del dos por ciento del agua que se usa en la provincia”.
Y la senadora concluyó: “Esto no es un debate, si la minería sí o la minería no. Es un debate de que a los glaciares se los protege, sí. A lo que tenga función hídrica, sí. Y lo que está en juego es el desarrollo de nuestro país”.
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POLITICA
Frente a Kicillof, el intendente de San Isidro reclamó que se prohíba el uso de celulares en las cárceles bonaerenses
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, reclamó que se elimine la posibilidad de que los presos utilicen teléfonos celulares desde las cárceles. Hizo ese pedido a partir de los delitos perpetrados en su distrito por la denominada “Banda del Millón” y en un acto que compartió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“Hay una banda que venía perpetrando hechos muy violentos en San Isidro, están privados de la libertad. Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia como los que se vivieron en San Isidro puedan seguir operando desde la cárcel. Es una oportunidad para adherir al planteo del fiscal adjunto de San Isidro [por Patricio Ferrari] para que no se les permita seguir utilizando los celulares a personas que se ha probado que siguen perpetrando delitos desde las cárceles”, sostuvo Lanús, un intendente aliado del presidente Javier Milei, en un acto de entrega de patrulleros.
Lanús respaldó al fiscal Ferrari, quien el el 12 de febrero pidió “la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal”, según se indicó en un comunicado de San Isidro. Ferrari recibió como respuesta, desde los tribunales orales en lo criminal N°3 y N°4 de San Isidro, un envío de oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) requiriendo informes.
El reclamo del jefe comunal de San Isidro se da en el marco de la revelación de una serie de mensajes encontrados en el celular de uno de los cabecillas de la Banda del Millón, que organizaba atracos en San Isidro desde la cárcel de Melchor Romero. En el teléfono del detenido Lucas Ezequiel Flores se hallaron chats en los que se planificaban robos, se marcaban casas y se coordinaban movimientos para concretar los hechos delictivos.
En el momento del pedido de Lanús, se encontraban junto al intendente Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes hicieron entrega de 11 patrulleros comprados con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial.
Cerca de Lanús aseguran que el reclamo fue dirigido a la Justicia. “Aprovechó que estaba con Axel y lo dijo”, aseguran allegados al intendente, quien mantiene una buena sintonía con Kicillof, más allá de las diferencias políticas e ideológicas.
En tanto, el discurso de Kicillof incluyó críticas a Milei, con quien comulga el intendente de San Isidro. “Para combatir el delito, hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la provincia junto a los 135 intendentes. A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”, dijo Kicillof.
con el gobernador,Conforme a,,Senado. El Gobierno queda en manos del peronismo para avanzar con la reforma de la ley de glaciares,,Cuadernos de las Coimas. Rechazaron un intento de Ricardo Jaime para apartar a uno de los jueces,,»Argentina week». El Gobierno avanza con su apuesta para atraer inversiones en Nueva York
POLITICA
La CGT descartó un paro o movilización contra la reforma laboral el viernes: sólo marchará a Tribunales el lunes para impugnarla
La CGT decidió no parar ni movilizarse este viernes al Congreso cuando los senadores sesionen para convertir en ley la reforma laboral y, en cambio, resolvió que marchará el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación que hará ante la Justicia contra la norma de Javier Milei.
De esta forma, la central obrera eligió una alternativa más moderada y desistió de sumarse al paro de 36 horas con movilización que concretará el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).
La resolución se adoptó durante una reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que se realizó esta tarde en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, donde se debatió cómo seguir el plan de lucha de la central obrera y finalmente predominó la idea de priorizar la ofensiva judicial contra el proyecto del Gobierno.
Noticia en desarrollo
POLITICA
El gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación sobre los fondos de la AFA
El gobierno de Axel Kicillof aceptó el traslado de la AFA a la provincia de Buenos Aires, pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado la mundanza y avanza con una investigación sobre posibles irregularidades en los libros contables de la entidad futbolística.
La AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra en medio de un escándalo por la aparición de empresas fantasma a donde se desvió dinero, una investigación sobre una mansión en Pilar vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, denuncias de evasión y maniobras judiciales que buscan llevar las causas a jueces amigos.
Este miércoles, la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino. La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto para la presentación de una ampliación documental.
La IGJ está requiriendo información sobre las sociedades comerciales que armó la AFA de Tapia y Toviggino.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.
De acuerdo a la documentación a la que accedió , entre las funciones que se solicita se asignen a los veedores están la presentación de un informe detallado sobre los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025. Los veedores deberán tener facultades para revisar los libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con lo que se les pida.
En medio de esos avances de la IGJ, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, anunció que la provincia de Buenos Aires “ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la competencia de la Inspección General de Justicia”. La jugada busca frenar el avance de la IGJ sobre los números de la entidad. Dalbón hizo referencia a una decisión de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia.
Hasta ahora, el gobierno de Kicillof evitó referirse a la medida que celebró el abogado de Tapia.
En el Gobierno nacional, entre tanto, aseguraron que la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia “no cambia nada” y que seguirán dando los pasos previstos tras el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA. La decisión final está en manos del Ministerio de Justicia. Se descarta que habrá un contador y un abogado.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por detallaron que la resolución ni siquiera menciona la calle y la numeración de la “nueva” sede en el partido de Pilar. “Lo hicieron a las apuradas con el único fin de judicializar el tema y apuntar a la Cámara Civil”, dijo un funcionario.
La resolución sobre el cambio de jurisdicción fue firmada por la Directora Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, Silvia Andrea García, a las 15:04. Dos horas y media antes, cerca de las 12:30, la IGJ ya había notificado a las autoridades de la AFA.
La Inspección General de Justicia había rechazado la semana pasada el pedido de la AFA para trasladar su sede social a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense y fuera del alcance de la entidad.
El organismo de control tomó la decisión luego de que funcionarios suyos visitaran el lugar al que la AFA pretendía mudarse y concluyeran que allí no había oficinas ni instalaciones de la asociación. Se sostuvo que nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicción.
Noticia en desarrollo
empresas fantasma,https://t.co/9RPT2bWaSE,February 25, 2026,Conforme a
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