El gobierno de Axel Kicillof convalidó el traslado de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino a la provincia de Buenos Aires, en una decisión que profundiza el enfrentamiento con la Inspección General de Justicia. La IGJ había objetado el cambio de jurisdicción y mantiene abierta una investigación sobre la conducción del fútbol argentino.

La entidad que encabeza Claudio Tapia atraviesa semanas de fuerte exposición pública, con denuncias por presuntas irregularidades contables, el uso de sociedades comerciales vinculadas a la conducción y cuestionamientos sobre el destino de fondos.

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En ese contexto, la IGJ solicitó formalmente ante el Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la AFA. El planteo se produjo luego de que el organismo considerara insuficiente la documentación presentada por la asociación ante los requerimientos oficiales.

En el Gobierno sostienen que la intención es supervisar los libros contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, además de obtener información detallada sobre las sociedades comerciales constituidas en los últimos años bajo la estructura de la AFA.

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El Ministerio de Justicia comunicó que el pedido responde a la “gravedad de las irregularidades detectadas” y que la decisión final sobre la intervención quedará bajo su competencia. En el Ejecutivo anticipan que, de avanzar la medida, los veedores serían un contador y dos abogados.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, el equipamiento, la contratación de autoridades y los convenios celebrados con terceros. También se analizarán las relaciones comerciales y financieras con empresas vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.

La decisión se produce luego de que la IGJ advirtiera que la AFA no presentó el balance correspondiente a 2025, pese a los requerimientos formales y los plazos otorgados. El organismo sostiene que la documentación fue entregada de manera parcial y que aún faltan detalles sobre ingresos y egresos del último ejercicio.

La estrategia de mudarse a la Provincia

El abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, difundió que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense había ratificado la mudanza de la AFA y rechazado la competencia del organismo nacional sobre la entidad.

La resolución provincial fue interpretada en la Casa Rosada como un intento de desactivar el alcance de la IGJ y trasladar la discusión al ámbito judicial. En el Gobierno consideran que esta situación “no altera el proceso en curso” y que continuarán con el procedimiento previsto.

Según trascendió, la disposición de la Provincia se firmó horas después de que la IGJ notificara formalmente a la AFA. Además, el documento no precisaría con exactitud el domicilio de la nueva sede en el partido de Pilar, un punto que ya había sido objetado por el organismo nacional.

Días atrás, la IGJ había rechazado el pedido de traslado de la sede social a jurisdicción bonaerense. Tras una inspección en el lugar señalado como nuevo domicilio, los funcionarios concluyeron que no existían allí oficinas ni instalaciones operativas de la entidad.

Desde el organismo de control entendieron que no se trató de un cambio efectivo de sede, sino de una modificación de jurisdicción administrativa. Esa interpretación es la que sostiene ahora la disputa entre Nación y Provincia.

AFA, IGJ, Provincia de Buenos Aires

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El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, advirtió que “la nueva criminalidad exige un Código Penal actualizado en la Argentina”. Así lo sostuvo durante una entrevista con Infobae al regreso, donde repasó la necesidad de modernizar el sistema legal para enfrentar los desafíos que imponen los delitos actuales, muchos de los cuales no existían cuando se redactó la norma vigente.

Según explicó Borinsky, el país opera con un Código Penal que acumula más de cien años y una Ley Penal Juvenil que data de la dictadura militar, sancionada en 1980. El magistrado remarcó que ninguna de estas leyes fue debatida en democracia. “No está bien que tengamos una ley que es de la época de la dictadura militar. No está bien que tengamos una ley que no fue debatida en democracia, en un marco que es el propio, que es el del Congreso”, señaló. De acuerdo con el juez existe la urgencia de firmar “un nuevo contrato con la sociedad”, que defina con claridad los límites entre lo permitido y lo prohibido, y establezca consecuencias jurídicas acordes a los tiempos actuales.

La entrevista ahondó en el debate en torno a la edad de imputabilidad de los menores. Para Borinsky, el eje de la discusión no debe centrarse en un número específico, sino en el modo en que el Estado asume la educación y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley. El juez recordó una conversación con el papa Francisco en la que el pontífice le advirtió: “Lo primero que hay que pensar con los chicos es en el día después”. En ese sentido, agregó: “Hoy el debate se lo lleva la marca, se la lleva la edad. Tenemos que pensar cómo lo vamos a integrar. Es un chico y cometió un delito, después discutamos cuál es ese número, pero pensemos en cuál es la política de Estado”.

El magistrado insistió en que la legislación vigente ubica la edad de imputabilidad en dieciséis años, un parámetro que –según sus palabras– quedó desactualizado frente a la realidad regional y mundial. “El continente no hay nadie que tenga esa edad. Todos los países tienden a la baja. Por otras particularidades de los menores: que empiezan a manejar, que pueden invertir en la Comisión de Valores, que pueden ir a votar”, explicó.

El desafío, planteó, radica en diseñar una política integral que combine sanciones con mecanismos de acompañamiento social, psicológico y deportivo, siempre bajo un método democrático.

La discusión sobre la actualización del Código Penal no se limita a cuestiones técnicas. Borinsky alertó que en los últimos años surgieron modalidades delictivas que no existían cuando se sancionó la norma original, como el narcotráfico, el sicariato, el cibercrimen, la pornovenganza, la estafa piramidal, el motovehículo y la salidera bancaria. “La sociedad te pide: ‘Che, esto es importante, esto nos está afectando a todos, esto es lo que está pasando hoy en la calle todos los días’. Bueno, le damos más importancia”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, Borinsky relató su intervención en el caso que involucró a la expresidenta Cristina Kirchner. El juez precisó que debió analizar la sentencia dictada por el tribunal oral federal, en el marco de una causa donde había quince personas acusadas y una sentencia de casi mil quinientas fojas. “Nosotros no hacemos el juicio; lo que nosotros hacemos es analizar si esa sentencia está bien o mal dictada en función de los planteos e impugnaciones que hacen las partes. Y a su vez, ese fallo que he dictado, la Corte Suprema también lo convalidó, que esa es la tranquilidad”, manifestó.

Por último, en cuanto al impacto de las nuevas figuras penales, Borinsky detalló que el nuevo Código Penal incorporará delitos económicos, fiscales, aduaneros y cambiarios, así como manipulación genética, moving laboral, discriminación, delitos de odio, delitos informáticos, delitos en el deporte y terrorismo, incluyendo el financiamiento. El texto también sumará la ley de responsabilidad empresarial y tipificará el genocidio y el delito de lesa humanidad como imprescriptibles.