El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones radiales en las que afirmó que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.

Según el dictamen fiscal, estos dichos podrían constituir delitos de “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”. Stornelli subrayó que las expresiones adquieren una “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”.

La denuncia se basa en una entrevista donde Quintela relató una conversación con otros gobernadores y líderes de la CGT sobre la necesidad de tomar “fuertes decisiones”. En su discurso, el mandatario riojano hizo alusión a los sucesos de 2001 señalando: “Tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena”.

Ante estos hechos, la fiscalía planteó que las declaraciones podrían encuadrar en figuras del Código Penal como instigación a cometer delitos (art. 209), intimidación pública (art. 211) e incitación a la violencia colectiva (art. 212), además de apología del crimen y amenaza de sedición.

Por su parte, el referente de La Libertad Avanza en La Rioja, Javier Ruiz, presentó una denuncia paralela considerando que el gobernador utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.

Ruiz solicitó a la Justicia que se investigue si las palabras de Quintela sobre los fallecidos de 2001 constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. El denunciante pidió que se llame al gobernador a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en aquel entonces y qué rol cumplió él en esa estructura que habría asumido como legítima la “exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte”.

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La disputa por el control institucional y contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un capítulo de alto voltaje político, que supera el plano administrativo. El gobierno de Axel Kicillof reconoció formalmente el domicilio de la entidad en la calle Mercedes 1366, en el partido bonaerense de Pilar, pese a que inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Inspección General de Justicia constataron que en esa dirección no funciona ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un baldío.

La decisión se conoció menos de dos horas después de que el gobierno nacional, a través de la IGJ, que encabeza Daniel Vítolo, anunciara el pedido de designación de veedores para revisar los estados contables de la AFA. La simultaneidad de ambas acciones transformó una discusión técnica en un episodio de confrontación abierta entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la gobernación bonaerense.

El movimiento del Ejecutivo provincial tuvo efectos jurídicos inmediatos y una dimensión política visible. En medio de las acusaciones de organismos nacionales por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos del fútbol, la Provincia consolidó la radicación formal de la AFA en su territorio y, con ello, la competencia exclusiva de su órgano de contralor. Así, blindó a la conducción de Claudio Tapia, presidente de la AFA, en el terreno donde hoy se libra la disputa: el control de los números.

La resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) consignó la finalización del trámite de cambio de jurisdicción y la reforma estatutaria de la AFA, dejando asentado que la entidad tiene su sede social en la calle Mercedes 1366 de Pilar. En sus considerandos, el acto administrativo recuerda que la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación del artículo 1.º del estatuto social, estableciendo el domicilio en la Provincia de Buenos Aires, y que el Comité Ejecutivo fijó la sede social en Mercedes 1366, y la sede deportiva en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La disposición es concluyente: “Tómese razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción – reforma de la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

Ese reconocimiento formal se produce pese a que inspectores de ARCA y la IGJ constataron la inexistencia de actividad administrativa en la dirección declarada, describiéndola como un baldío. La Provincia no condicionó la inscripción a esa verificación y validó la radicación. Desde el derecho administrativo, el domicilio declarado por la entidad quedó convalidado por la autoridad registral competente. En términos políticos, el mensaje fue otro: la Provincia asume la fiscalización de la AFA y buscó desplazar a la Nación de ese rol, en línea con la estrategia de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

El dato clave no es solo el contenido de la decisión, sino el momento. Pocas horas antes, la IGJ difundió una resolución particular en la que solicitó la designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA. En el texto se señaló: “ante la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida vinculada a los estados contables y demás información complementaria, corresponde solicitar la designación de veedores a fin de proceder al examen integral de la documentación social y contable”. El organismo subrayó que la medida no constituye una intervención, sino una herramienta de control legal prevista en la normativa, orientada a verificar el cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales.

La proximidad temporal entre ambos actos administrativos —el anuncio de la designación de veedores desde Nación y el reconocimiento de domicilio desde Provincia— transformó lo que pudo haber sido un intercambio jurídico en una escena de confrontación institucional. Los órganos administrativos dependientes del gobierno de Javier Milei avanzó con una medida de supervisión contable mientras el de Kicillof consolidaba la tesis de que la IGJ ya no tiene jurisdicción sobre la AFA.

El trasfondo de la controversia es el control de los números. La IGJ fundamentó su pedido en la falta de presentación de información solicitada por parte de la AFA. Según la resolución difundida, la entidad no habría remitido la documentación requerida sobre estados contables y otra información complementaria necesaria para el control legal. Esa omisión, de acuerdo con el organismo nacional, “justifica la designación de veedores con facultades para examinar libros, balances y documentación respaldatoria”.

Desde la perspectiva del gobierno nacional, el eje del conflicto es la transparencia contable. La administración libertaria basa su relato en la auditoría permanente y la revisión de estructuras consideradas opacas o corporativas. En ese marco, la fiscalización de una institución poderosa y económicamente importante como la AFA fortalece la lógica de control.

Para el gobierno bonaerense, el punto central es la competencia. Al reconocer la finalización del cambio de jurisdicción y validar el domicilio en Pilar, la DPPJ sostiene que la IGJ perdió el poder de policía sobre la entidad. La propia AFA reflejó así esta posición en su comunicado oficial: “La resolución analizada expresa de manera categórica que, a partir de dicha inscripción, la Inspección General de Justicia carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer control de legalidad respecto de la reforma estatutaria, por haber perdido el poder de policía sobre la entidad”. Y añadió: “En consecuencia, la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra fiscalizada exclusivamente por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, careciendo la Inspección General de Justicia de competencia o poder de policía sobre la entidad”.

La declaración no solo coincide con la postura provincial, sino que la disputa se traslada al plano federal. Si la IGJ insiste en designar veedores y la Provincia desconoce esa facultad, el conflicto puede escalar hacia la judicialización. Incluso sin llegar a los tribunales, el enfrentamiento ya forma parte del intercambio político entre la Nación y la Provincia.

La intervención de Kicillof no es neutra ni técnica. El respaldo institucional a Tapia adquiere el carácter de un gesto de autonomía frente al gobierno nacional. La AFA no es una asociación civil más: concentra recursos millonarios derivados de derechos televisivos, contratos comerciales y competencias internacionales, además de un capital simbólico inigualable en la sociedad argentina. La Selección campeona del mundo y el peso cultural del fútbol convierten cualquier disputa en un asunto de sensibilidad pública.

El reconocimiento del domicilio en un terreno que inspectores nacionales describieron como baldío ha producido interpretaciones políticas opuestas. Para la Nación, el dato refuerza la sospecha de irregularidad o simulación. Para la Provincia, la inscripción registral basta para legitimar la competencia, sin que la constatación física altere el acto administrativo.

La disputa por la AFA se inserta en la tensa relación entre Milei y Kicillof. El gobernador bonaerense se ha posicionado como uno de los principales contrapuntos del proyecto libertario. Las diferencias en materia económica, fiscal y de distribución de recursos son conocidas. Cada enfrentamiento se incorpora al relato general sobre el alcance del poder estatal y la autonomía provincial.

Desde la Casa Rosada, el pedido de veedores puede leerse como un mensaje de que ninguna institución está fuera del radar de control. Desde La Plata, el reconocimiento del domicilio y la validación de la jurisdicción bonaerense aparecen como una reafirmación del federalismo. Entre ambas posiciones, Tapia consolida su lugar con el respaldo provincial mientras enfrenta cuestionamientos nacionales.

El argumento formal de la IGJ —la falta de información contable— es el detonante inmediato. La pregunta política es otra: quién tiene la autoridad para exigir esa información y bajo qué jurisdicción. La AFA sostiene que, tras la inscripción en la Provincia, el control corresponde exclusivamente a la DPPJ bonaerense. La IGJ, al solicitar veedores, actúa como si su competencia siguiera vigente.

El choque de interpretaciones deja abierto el futuro desarrollo del conflicto. Si la Nación avanza con la designación de veedores, podría forzar una reacción judicial o un conflicto abierto de competencias. Si retrocede, el gobierno provincial afianzará su posición y la conducción de la AFA quedará bajo un esquema de fiscalización alineado con su nueva jurisdicción.

chiqui tapia

Este miercóles, el Gobierno y los aliados en el Senado se pusieron de acuerdo para confirmar cambios en la Ley de Glaciares que se debatirá este jueves. El oficialismo reconoce que están muy ajustados los votos (necesitan 37), pero asegura que tiene las voluntades para darle media sanción pese a que el PRO y la UCR votarán divididos.

Los ojos están puestos sobre el flamante bloque peronista Convicción Federal que tiene a Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Moises ayer fue nombrada vicepresidenta de la Cámara Alta lo que podría leerse como un gesto del oficialismo.

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También hay dudas sobre cómo votará la senadora de Chubut Edith Terenzi que al momento no quiso revelar el sentido de su voto, pese a tenerlo decidido. Por su parte, miembros de la UCR aún evalúan su voto: hay quienes podrían votar a favor de la ley en general pero poner ciertos requisitos a la hora del debate en particular.

La normativa original, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

Lo que busca el Gobierno es priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Y atraer y dar luz verde a proyectos mineros internacionales. Para ello, abrirá la posibilidad de hacer explotación de recursos naturales en glaciares si no se consideran hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Hasta hoy eso no puede hacerse.

La relevancia hídrica ahora pasarán a determinarla las provincias. Se les otorga mayor poder de decisión para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.

“Una forma de honrar el respaldo que tuvimos en las urnas es continuar con nuestra agenda reformista”, publicó este miércoles La Libertad Avanza en sus redes sociales, en la previa del debate de la Ley de Glaciares. Y agregó: “Es una oportunidad histórica. La minería trae millones a la Argentina”.

TN accedió a las últimas modificaciones que hizo el Gobierno en el dictamen original del proyecto que estaba desde diciembre.

No hay cuestiones sustanciosas, sino pequeños cambios y agregados de ciertas palabras.

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Lo más significativo son dos agregados en el artículo 6 y 7. Allí se sumó que quedan prohibidas actividades que impliquen daños al ambiente en términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y que las evaluaciones ambientales deben cumplir con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688. Este último punto implica un monitoreo de la calidad y cantidad del caudal de agua que se vea afectado.

“Esto es lo que se llama redundancia legislativa. Decir que van a cumplir una ley está mal, eso ya existe, siempre se debe cumplir con la ley. Estos agregados son para maquillar la ley. Son cambios cosméticos”, explicó Enrique Viale de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Por su parte, una fuente oficialista sostuvo que al incorporar la mención de la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688 al proyecto, la situación no quedaría a “tan libre albedrío” para las provincias mineras.

Otro de los puntos que cambió con respecto a la redacción de diciembre es que se constatará la relevancia hídrica de un glaciar y el aporte de agua dulce que hace a los cursos de agua “sobre la base de estudios técnicos-científicos”.

Sobre este punto, opinó Viale: “La nueva redacción no establece ninguna especificidad ni alcance de esos estudios técnicos científicos que se mencionan genéricamente”.

También que el Inventario Nacional de Glaciares que hoy existe y está hecho por el Instituto Nacional de Glaciares (IANIGLA) se mantendrá como está hasta que las autoridades provinciales determinen que cierto glaciar no tiene “relevancia hídrica”.

“El inventario que existe seguirá así hasta que la provincia diga lo contrario. Es decir, si la provincia demuestra que la zona no cumple una función hídrica, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) lo tiene que sacar del inventario. No se puede oponer”, dijo una fuente legislativa que analizó en detalle los cambios previstos.

Otra, al tanto de lo sucedido, agregó: “El punto que pone en aprietos a los que quieren la ley es el que habla de de qué es una cuenca y qué no”. Es decir, qué zonas glaciares o periglaciares son proveedoras de agua para la recarga de cuencias hidrográficas en la Argentina.

Senado, ley de glaciares