Luego de que el ex titular de la Unidad Antimafia Raúl Contreras renunciara a su puesto a finales del año pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que su reemplazante será José Fernando Pereyra. Se trata del abogado que había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo en 2023.

La decisión quedó asentada en la Resolución 158/2026, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. “Desígnase al Dr. José Fernando Mariano Pereyra como titular de la Unidad Antimafia (UA) de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada de este Ministerio”, dispuso la ministra Alejandra Monteoliva.

Según explicaron las autoridades, la modificación en el área se debió a la renuncia presentada por el ex titular Raúl Contreras el 28 de noviembre de 2025. A pesar de que se aceptó su decisión, no trascendieron los motivos detrás de su salida.

Desde que fue creada la Unidad Antimafia en mayo de 2024 durante la gestión de la ahora senadora Patricia Bullrich, Contreras había sido el único funcionario en estar al frente de la misma. No obstante, su sucesor no sería una persona ajena a la cartera de Seguridad Nacional.

De hecho, el 10 de diciembre de 2023, Pereyra había sido nombrado como coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo. En principio, la posición era de carácter transitorio, pero su permanencia en el rol se fue renovando a medida que vencieron los plazos determinados.

Ahora que asumirá la titularidad de la Unidad Antimafia, la ministra de Seguridad Nacional confirmó que Pereyra mantendrá ambos cargos en simultaneidad.

La Unidad Antimafia había sido creada en marzo de 2024, luego de que se registrara una ola de violencia y ataques sicarios en la ciudad de Rosario. Así, la Resolución 134/2024 estableció que tendría un papel central en la coordinación, prevención y combate del avance de las organizaciones criminales de tipo mafioso en todo el territorio argentino.

De esta manera, informaron que la estructura de la UA incluyó la conformación de un Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y una Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (MECOAM). Asimismo, subrayaron que la mesa invitaría a participar a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

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Para ese entonces, remarcaron que uno de los objetivos sería la creación de un registro actualizado de las llamadas “zonas calientes”, es decir, áreas geográficas con alta incidencia delictiva bajo control del crimen organizado. A partir de ese mapeo, la Unidad Antimafia debía articular y proponer medidas preventivas efectivas para cada caso.

El organismo también tiene la responsabilidad de centralizar información vinculada a investigaciones sobre mafias y narcotráfico, con el fin de facilitar el intercambio de datos cruciales entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como con organismos judiciales. Esta tarea buscaría perfeccionar la generación de alertas tempranas y la coordinación operativa para dar respuestas ágiles frente a amenazas crecientes.

Además, se dictaminó que la UA debía ofrecer soporte técnico y administrativo a la MECOAM, por medio de la elaboración de documentación y actas de las reuniones de análisis y seguimiento de actividades criminales. Según planificaron, estos insumos se transformarían en piezas clave para endurecer la estrategia nacional antinarcóticos.

Por otro lado, la Unidad Antimafia está encargada también de revisar las causas judiciales relacionadas con el crimen organizado, con el objetivo de detectar debilidades y mejorar los procedimientos de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, a nivel internacional, representa al Ministerio de Seguridad Nacional en la coordinación de investigaciones y acciones preventivas, ampliando la colaboración con otros países y organismos dedicados a combatir el crimen organizado.

En palabras de la cartera de Seguridad, la consolidación de este organismo simbolizó la creación de un eslabón estratégico en la lucha estatal contra las mafias y el narcotráfico, tanto a escala nacional como en los foros internacionales especializados en la materia.

La Libertad Avanza pretende cerrar las sesiones extraordinarias aprobando los diferentes proyectos que habilitó el Presidente Javier Milei en extraordinarias, entre las sesiones ya convocadas de este jueves y del viernes.

Este jueves en el temario se compone de la aprobación del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego para embajador en Bélgica de Fernando Iglesias y la modificación de la Ley de Glaciares.

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La sesión está prevista para las 11. El oficialismo necesita 37 senadores en sus bancas para abrir el recinto con el quorum reglamentario. Cuenta entre los 21 propios, liderados por Patricia Bullrich, y los aliados entre 45 y 47 legisladores. Incluidos los tres integrantes del nuevo bloque Convicción Federal de la senadora Carolina Moisés, flamante vicepresidenta del Cuerpo. Moisés ya adelantó que rechazarán nuevamente el proyecto de Reforma Laboral, que se tratará el viernes. Acompañarían el resto de las iniciativas.

El Acuerdo UE-Mercosur

Javier Milei quiere que la Argentina sea el primer país en avalar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Por eso se adelantó su tratamiento que estaba previsto para el próximo viernes. El entendimiento ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, incluso con el acompañamiento de más de 40 legisladores de Unión por la Patria (UxP).

El oficialismo descuenta el acompañamiento de gran parte de las fuerzas políticas del Senado y la consecuente aprobación. Hay algunas diferencias con sectores del kirchnerismo vinculados a La Campora que lo rechazarían, tal como fue la postura del sector liderado por el diputado Máximo Kirchner en Diputados.

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El libertario Francisco Paoltroni, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, dijo al respecto: “Esto es el camino al paraíso, un acuerdo de esta categoría es lo mejor que nos puede pasar, es el mayor hito en materia económica para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la Argentina profunda».

El Senado también avalará la postulación para que Fernando Iglesias sea, formalmente, embajador ante el reino de Bélgica y la Unión Europea.

Cambios a la Ley de Glaciares

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene el objetivo de modificar la protección total que hoy tienen los glaciares y ambiente periglacial. El Gobierno quiere darle lugar a las provincias para determinar cuáles geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Jalil sostuvo: “Los cambios permitirán devolverles derechos a las provincias para gestionar sus recursos naturales sin comprometer la protección ambiental”.

Mientras que la senadora salteña Flavia Royón (Primero los salteños), señaló: “El principal objetivo de la reforma es la protección de los glaciares, pero con un enfoque que permita una participación más activa de las provincias en la gestión de sus recursos. Además, se propone un enfoque más técnico y federal, permitiendo la realización de estudios científicos y técnicos para evaluar el impacto ambiental, lo que ofrecería la posibilidad de realizar minería de manera responsable y compatible con la conservación del ambiente”.

Los 21 senadores del oficialismo acompañan el proyecto, pero en el resto de los sectores aliados como el Pro, de Martín Goerling, y la UCR, de Eduardo Vischi, no hay una postura unificada. Esa división es la que hace, hasta el momento, no asegurar los votos suficientes para alcanzar su aprobación.

La bancada Justicialista de José Mayans también tiene divisiones internas, a tal punto que este miércoles hubo una extensa reunión del interbloque, junto a los dos representantes de Justicia Social Federal de Fernando Salino y el Frente Cívico de Santiago de Gerardo Zamora. La decisión de la bancada peronista fue dar libertad de acción a sus integrantes, ya que algunos senadores de UxP votarían a favor, en principio los exgobernadores Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Catamarca.

Otro voto incierto es el de la senadora Julieta Corroza de la Neuquinidad, quien está definiendo su postura en contacto con el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

Anticipo de Diputados

Desde Diputados, Cámara que se convertirá en revisora de la iniciativa si es sancionada por el Senado esta semana, ya trabajan en diferentes propuestas como las de la diputada Marcela Pagano (Coherencia) que propone reemplazar el esquema actual de protección de glaciares por un régimen al que denomina de “gestión inteligente”, basado en monitoreo satelital en tiempo real, sistemas de alerta temprana, auditorías externas y trazabilidad ambiental mediante cadena de bloques. La iniciativa define que los glaciares seguirán siendo áreas de protección absoluta, pero establece un modelo de evaluación técnica caso por caso para las zonas de ambiente periglacial.

El diputado Eduardo Valdés (UxP) establece un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, para fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia de la ley y la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua declarando de interés público nacional la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y “considerando el agua proveniente de estas formaciones como un recurso natural estratégico que debe gestionarse por encima de cualquier interés económico particular”.

Mientras que el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) exigirá en Diputados “una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares”.

sesion, Senado, glaciares

El fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras sus declaraciones radiales en las que afirmó que el presidente Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.

Según el dictamen fiscal, estos dichos podrían constituir delitos de “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”. Stornelli subrayó que las expresiones adquieren una “mayor trascendencia y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”.

La denuncia se basa en una entrevista donde Quintela relató una conversación con otros gobernadores y líderes de la CGT sobre la necesidad de tomar “fuertes decisiones”. En su discurso, el mandatario riojano hizo alusión a los sucesos de 2001 señalando: “Tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena”.

Ante estos hechos, la fiscalía planteó que las declaraciones podrían encuadrar en figuras del Código Penal como instigación a cometer delitos (art. 209), intimidación pública (art. 211) e incitación a la violencia colectiva (art. 212), además de apología del crimen y amenaza de sedición.

Por su parte, el referente de La Libertad Avanza en La Rioja, Javier Ruiz, presentó una denuncia paralela considerando que el gobernador utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.

Ruiz solicitó a la Justicia que se investigue si las palabras de Quintela sobre los fallecidos de 2001 constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. El denunciante pidió que se llame al gobernador a declarar para que precise quiénes dieron las órdenes en aquel entonces y qué rol cumplió él en esa estructura que habría asumido como legítima la “exposición de personas a un contexto cierto y previsible de riesgo de muerte”.

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