El Senado se encamina a aprobar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y darle sanción definitiva a una ley que realiza numerosos cambios para empresas y empleados en materia de salarios, indemnizaciones y vacaciones, tras una dura negociación con los gobernadores que finalmente le permitió a la Casa Rosada realizar un trámite exprés en las últimas tres semanas.

La sesión convocada para las 11:00 dará lugar a la tercera y última votación del proyecto de «modernización laboral», que tuvo media sanción del Senado en la madrugada del 12 de febrero pero, cuando pasó a Diputados, el oficialismo se vio forzado a eliminar un polémico artículo que fijaba recortes salariales en casos de licencia por enfermedad, modificación que obligó a devolverlo tras la aprobación de la Cámara baja el 19 de febrero.

Para el día de hoy, se prevé una jornada extensa. El Gobierno montó un fuerte operativo en las inmediaciones del Congreso y hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda. 

La jornada legislativa contempla también el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil, mediante la cual se busca bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

En la primera votación del Senado, incluso con ese controvertido artículo, el proyecto había cosechado 42 votos a favor y 30 en contra, una abultada mayoría que La Libertad Avanza (LLA) consiguió con la ayuda de la UCR, el PRO y principalmente de los bloques provinciales que responden a gobernadores, y que a su vez anticipa una votación favorable para la ley.

El otro aspecto que casi le asegura al oficialismo la sanción de la ley es que en el debate de la Cámara de Diputados logró aprobar la iniciativa tal cual había salido del Senado, donde la jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, negociaron una batería de más de 50 modificaciones sobre el texto para asegurarse la mayoría, que se mantuvieron en reserva hasta poco antes de la votación.

La reforma laboral se encamina a ser ley, pero la pulseada con los gremios sigue en la Justicia 

La Cámara baja no hizo un solo retoque, a pesar de que por momentos hubo temor en el oficialismo por la posibilidad de perder la votación sobre el capítulo del proyecto que crea el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones. Éste era uno de los puntos más cuestionados porque el fondo se financia con los aportes que hasta ahora iban a la ANSES. No obstante, LLA y sus aliados pudieron blindarlo con 130 votos, 13 más que el rechazo de la oposición.

En este marco, de cara al debate final de este viernes el oficialismo del Senado estima que los 42 votos que consiguieron en el tratamiento anterior son ahora el piso para la sanción de la ley y no descartan sumar alguno más. «Puede salir igual o incluso con un poco más de apoyo», deslizaron fuentes de LLA a iProfesional en las horas previas a la sesión.

Sin embargo, aunque el gobierno de Milei se lleve su esperado triunfo del Congreso con la sanción de la ley, le espera una nueva pelea para poder mantenerla en pie y se dará en la Justicia. La CGT y otras organizaciones gremiales definieron que el próximo lunes se movilizarán a los tribunales de la calle Talcahuano (sede de la Corte Suprema) y presentarán un planteo de inconstitucionalidad.

Al igual que el Gobierno la central gremial también da ya por aprobada la ley, pero descartaron llamar a un nuevo paro general -como el que activaron durante el debate de Diputados- y en su lugar decidió tomar el camino de la judicialización, con la expectativa de trabar la puesta en marcha de los 217 artículos que contiene la nueva norma.

Senadores definen la baja de la edad de imputabilidad

Los cambios en indemnizaciones, salarios y vacaciones que vienen con la reforma laboral

Pese a ello, se prevé que el Presidente promulgue la ley rápidamente y se publique en el Boletín Oficial el mismo lunes, dado que la reforma laboral es uno de los pilares centrales de su plan de gobierno. De hecho, Milei hará gala de este triunfo político -impensable hace pocos meses atrás- en el discurso que dará el domingo por la noche en el Congreso para inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias.

De esta forma, el Gobierno tiene previsto poner en vigor inmediatamente los cambios que establece la nueva ley, cuyos puntos principales son:

• Fin de la llamada «industria del juicio»: la nueva norma redefine la «mejor remuneración» para el cálculo de las indemnizaciones al tomar solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios. Con esto, el Gobierno pretende eliminar la discrecionalidad de las sentencias y alentar el empleo registrado.
• Indemnizaciones: Se mantiene el pago de un mes de sueldo por año trabajado como base, con un tope de tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable. Además de dejar de considerar para el cálculo los conceptos de pago no mensuales, las indemnizaciones se actualizarán por IPC más un 3% anual. Las grandes empresas podrán abonarlas en 6 cuotas y las pymes en 12.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Los empleadores podrán constituir este fondo para el pago de indemnizaciones futuras. Serán administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se financiarán con una parte de los aportes del salario que hoy van a la ANSES. Ese aporte será de 1% mensual en el caso de las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.
• Prelación de los convenios colectivos: se establece que un convenio interno de empresa una provincia prevalece por sobre un convenio general del sector en ámbito nacional.
• Salarios «dinámicos»: Si bien el concepto no está expresado de esa forma, el texto de la nueva ley establece que se podrán atar sueldos y aumentos a la productividad personal, un esquema que podrá adoptarse mediante acuerdos paritarios regionales, por actividad o por empresa.
• Jornada laboral y banco de horas: La Ley de Contrato de Trabajo establecía que la jornada máxima en 8 horas diarias, mientras que con la nueva normativa el límite se extiende a 12 horas, con 12 de descanso. A la vez, en lugar del pago de horas extraordinarias los empleadores podrán disponer de un banco de horas para compensarlas con períodos de descanso (francos o jornadas reducidas). No obstante, la posibilidad de pago tradicional no se elimina.
• Vacaciones: Se tomará el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y se habilita acordar el período vacacional fuera de la temporada de verano, así como el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.
• Contribuciones patronales: En línea con la meta de promover el empleo registrado, la ley ofrece descuentos en las contribuciones patronales por hasta 4 años para nuevas contrataciones, condonación de multas y pagos en cuotas, como parte del Régimen de Incentivo para Formalización Laboral.
• Registración laboral simplificada y digital (ARCA): El registro ante ARCA será suficiente para la contratación formal de un empleado. No podrán exigirse requisitos extra por otras autoridades.
• Derecho a huelga: La reforma fijó porcentajes mínimos de prestación de tareas durante las huelgas para mantener el funcionamiento, según el tipo de actividad. En servicios «esenciales» (salud, educación, transporte y telecomunicaciones) deberán asegurar una cobertura del 75%. En los servicios «trascendentales» (Producción industrial, logística, finanzas, energía) será del 50%.
• Cuota sindical: Los gremios consiguieron que el Gobierno mantenga el pago compulsivo en lugar de que sea opcional, como establecía el proyecto original, pero con un tope del 2% del salario mensual y por dos años.
• Aportes solidarios: Los aportes de los empleadores no socios de las cámaras empresarias, así como los de los empleados no afiliados a los sindicatos seguirán siendo obligatorios por un plazo de dos años.

Con todos estos cambios centrales para empresas y empleados, el Senado se encamina a sancionar la ley de reforma laboral, con la cual el gobierno de Javier Milei habrá coronado uno de los avances más importantes de su plan de gestión. El Ejecutivo no demorará la puesta en vigor de la nueva legislación, aunque la disputa continuará en los tribunales a partir de la judicialización que impulsa la CGT.

La calificadora de riesgo Moody’s proyecta que las exportaciones mineras aumentarán 700% para 2035 y totalizarán USD 40.000 millones. La entidad destaca la implementación de promoción a las inversiones, lo que permitirá consolidar el desarrollo del sector.

En los últimos años, la gestión de la cadena de suministro y la obtención de minerales críticos se volvieron prioridades tanto para empresas como para gobiernos. En este contexto, Argentina avanza rápidamente de ser un país minero de alto riesgo y con restricciones políticas a consolidarse como un destino competitivo para la inversión minera a gran escala.

“Los principales proyectos mineros que identificamos en la Argentina podrían atraer más de USD 50.000 millones en inversión de capital y aumentar los ingresos por exportaciones mineras a USD 40.000 millones para 2035 (vs. USD 5.000 millones en 2025)”, señaló Moody’s en un informe.

Destacó la desregulación llevada adelante desde la asunción de Javier Milei y la aprobación del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece acuerdos de estabilidad fiscal por 30 años a tasas competitivas para atraer grandes proyectos de inversión.

“En un proyecto minero de 30 años de vida útil, los ahorros pueden superar el 10% anual en comparación con el marco anterior de Argentina y con otras jurisdicciones mineras consolidadas como Chile y Perú. Creemos que esto podría ser suficiente para atraer inversiones marginales desde jurisdicciones mineras más consolidadas”, resaltó la calificadora de riesgo.

En lo que respecta al litio, Moody’s ya identificó 14 proyectos de litio que superaron la fase de exploración, lo que podría generar más de USD 8.000 millones en inversión de capital y aumentar la producción anual de carbonato de litio equivalente a más de 500.000 toneladas al año, aproximadamente 15 veces los niveles de 2022.

“Los primeros éxitos en litio abren la puerta a proyectos de cobre de largo plazo, que podrían ofrecer un potencial de crecimiento transformador para los productores. Hoy el país es prácticamente irrelevante en producción de cobre, pero esto está cambiando rápidamente con varios proyectos que se acogen al RIGI y avanzan en distintas etapas de ingeniería”, explicó el informe.

Según Moody’s, si bien el desarrollo del cobre avanza a un ritmo más lento que el del litio y no se prevé una producción significativa antes de 2030, el potencial del sector es mucho mayor. La calificadora estima que los ocho proyectos de cobre que ya superaron la etapa de exploración podrían atraer cerca de USD 44.000 millones en inversiones de capital y elevar la producción anual a aproximadamente 1,2 millones de toneladas (o 2,2 millones de toneladas equivalentes de cobre, incluyendo subproductos).

Esto representaría ingresos por exportaciones de cobre cercanos a USD 26.000 millones hacia 2035, superando por más de cinco veces el valor de todas las exportaciones de minerales metálicos argentinas proyectadas para 2025.

En términos generales, la entidad señaló que “a medida que los proyectos mineros aprobados en el RIGI comiencen su fase de construcción, el sector contribuirá con la creación de empleos necesaria para compensar las pérdidas de trabajo asociadas con la caída significativa de la obra pública en los últimos dos años”.

Además, “para un país con desafíos recurrentes en la balanza de pagos, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) serán bienvenidas, aunque las entradas netas de divisas serían aproximadamente la mitad de la IED, debido a que los proyectos requieren maquinaria y equipos importados. Todo lo demás igual, la minería apoyará las cuentas externas y la moneda”, añadió.

El panorama no está exento de riesgos, dado que una caída en los precios de los commodities podría frenar los planes de desarrollo minero y retrasar las inversiones de capital. “La incertidumbre política en torno a las próximas elecciones podría afectar las expectativas sobre la continuidad de las políticas y la trayectoria de reformas”, explicó Moody’s.

Vale recordar que recientemente el canciller Pablo Quirno anunció una inversión de USD 14.000 millones para dos proyectos de cobre de gran escala impulsados por Glencore en El Pachón (San Juan) y Mara, en Catamarca.

A su vez, la minera Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, anunció un desembolso de 18.000 millones de dólares en la próxima década para los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

Asimismo, el Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en San Juan que implicará una inversión total de USD 665 millones.

La situación de crisis que atraviesa SanCor sigue sumando capítulos y la compañía, un auténtico emblema de la lechería argentina, no deja de acumular novedades negativas. La firma en cuestión mantiene en situación de parálisis sus plantas cordobesas en Balnearia y Devoto, además de San Guillermo, ya en Santa Fe. Ocurre que Elcor SA, Punta del Agua y La Tarantela/Failar, que utilizaban esas instalaciones para sus respectivas producciones, frenaron los acuerdos «a fazón» con SanCor a raíz de diferencias con el gremio ATILRA. Por otra parte, el concurso preventivo en el que se encuentra la láctea presentó novedades y se conoció 1.506 acreedores reclamaron pagos de la lechera ante los tribunales de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

Según fuentes cercanas a la compañía, el parate establecido por las empresas con acuerdos con SanCor emergió luego de que el gremio presentó ante el Ministerio de Capital Humano un documento solicitando que Elcor SA, La Tarantela y Punta del Agua sean consideradas «responsables solidarias» de la deuda salarial que la unión de cooperativas posee con sus empleados.

SanCor: se multiplican los reclamos laborales

Al parecer, sobre todo a partir de enero distintos operarios de la lechera evaluaron la posibilidad de enviar telegramas intimando a esas empresas para que afronten los incumplimientos de SanCor.

«En estas semanas, no sólo se paralizó la producción en esas plantas, sino que a la vez las empresas que producían quesos y manteca, principalmente, retiraron de las plantas implementos, insumos y dejaron de remitir leche cruda y crema para su proceso. Incluso envases con las marcas de terceros se sacaron de las plantas, principalmente Devoto, Balnearia y San Guillermo», indicó el sitio especializado Bichos de Campo.

En paralelo, trascendió que 1.506 acreedores presentaron su reclamo de pagos ante la Justicia de Rafaela, en el marco del concurso preventivo que se le sigue a la compañía. De acuerdo a datos de la sindicatura, la compañía posee una deuda cercana a los u$s140 millones entre compromisos laborales, e incumplimientos financieros y comerciales.

También se indicó que, en cuanto a las presentaciones de acreedores, casi el 71% de los reclamos -alrededor de 1.060- refiere a acreedores laborales. Además, la compañía mantiene deudas con firmas como Prevent SMK SA, Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, la láctea Inproal, y las firmas de servicios públicos Litoral Gas, EPE Santa Fe, y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), entre otras.

Intervención judicial en la unión de cooperativas

A raíz de los continuos incumplimientos de salarios y deuda con proveedores que ha efectuado la unión de cooperativas, a fines del mes pasado la Cámara de Apelación de Santa Fe confirmó la intervención dispuesta para la compañía por el juzgado de Primera Instancia de Rafaela.

De esa forma, se ratificó que la láctea será coadministrada por el aparato judicial de la provincia en cuestión. Por estos días, SanCor acumula una deuda laboral del orden de los 20.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la firma suma más de 300 pedidos de quiebra en su contra.

Un aspecto que dio lugar a la ratificación aplicada estuvo, según fuentes judiciales, en que la cúpula de la lechera dio señales de no querer colaborar con la investigación llevada a cabo por los tribunales.

Recientemente, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, dos expresidentes de la lechera, fueron procesados por la presunta apropiación indebida de al menos $1.600 millones que, señala la Justicia, debieron destinarse al pago de los aportes de los operarios de la firma.

La medida en cuestión, establecida por Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Rafaela, incluyó un embargo por $90 millones aplicado a ambos exejecutivos. También se rechazó la posibilidad de que Gastaldi y Sánchez obtengan una suspensión del juicio fijado por el mismo Cuello Murúa.

A principios de noviembre de 2025, la directiva de la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que propone, a modo de aspecto sobresaliente, el recorte de 304 empleos como medida concreta para mejorar el presente financiero de la lechera.

En los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.