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Sesión especial en el Senado: el oficialismo consiguió quórum para sancionar la reforma laboral y bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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El Senado es escenario hoy de un extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes resonantes para la agenda pública: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.

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La

“El Bloque Justicialista vota en pleno en contra de esta ley”

Instantes antes del inicio de la sesión en el Senado, el referente opositor José Mayans envió un mensaje en el que expresó un fuerte rechazo del bloque kirchnerista a la denominada Ley de Modernización Laboral: “No tiene nada de moderna, restringe derechos fundamentales a los trabajadores”, advirtió el legislador formoseño.

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En su exposición, Mayans puso énfasis en la creación del fondo FAL, al subrayar que “les roba a los jubilados 2.500 millones de dólares, que va a afectar duramente al sistema previsional argentino”. Además, el senador denunció el impacto sobre otros sectores vulnerables: “Afecta derechos también de los pensionados, reduce impuestos a los más ricos, han elevado los impuestos a los trabajadores”, expresó Mayans.

“Es una ley que viola la Constitución Nacional, viola tratados internacionales”, enfatizó el jefe del bloque opositor. “Nuestro bloque justicialista vota en pleno en contra de esta ley, que obviamente va a causar serios problemas sociales en la República Argentina”, concluyó.

El peronismo esperó tras las cortinas que el oficialismo consiguiera el quórum para dar inicio a la sesión. Cuando el LLA y sus aliados consiguieron los 40 senadores sentados y se abrió la sesión, el kirchnerismo fue entrando en fila, pero hubo una ausencia que llamó la atención: la senadora por Tucumán Sandra Mendoza, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, del grupo de los jefes de los estados provinciales que viene estableciendo puentes de conversación con la Casa Rosada.

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Cuando el Senado debatió originalmente el proyecto de reforma laboral, Mendoza estuvo presente y actuó dentro del bloque del PJ: No dio quórum y votó en contra. No solo eso, sino que la senadora estuvo presente en la jornada de ayer donde se aprobó el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, por lo que su ausencia fue llamativa.

El peronismo se mostró molesto porque entienden que el oficialismo no cumple con lo acordado. En el caso del régimen penal juvenil, los representantes de LLA habían accedido al pedido de que no ingresen familiares de víctimas al recinto. Sin embargo, los balcones del primer piso se fueron ocupando por varios de ellos.

Santilli, entre los funcionarios presentes en la sesión

Al igual que durante el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, donde trabajó de manera articulada con el presidente del cuerpo, Martín Menem, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, Santilli coordina con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, la sanción definitiva de ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

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En la previa, afirmó que “después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales”. “Es una reforma que va a servir para incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad. Además, va a fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión”, sostuvo.

Por otra parte, Santilli destacó que con la sanción de la Ley Penal Juvenil “el Gobierno está cumpliendo con su compromiso: el que las hace, las paga’”. “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”, agregó el titular de la cartera de Interior.

Comenzó la sesión

Con 40 senadores en sus bancas, comenzó la sesión, el último encuentro del período extraordinario. El oficialismo busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en los tiempos que propuso el presidente Javier Milei.

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Bullrich: “No sé por qué van a judicializar”

Debate en el Senado por la reforma Laboral

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma laboral es una ley “extraordinariamente importante” y rechazó la posibilidad que plantearon algunos sectores opositores y sindicales, de recurrir a la vía judicial para trabar si aplicación si logra el aval del Congreso para la sanción definitiva.

“No sé por qué van a judicializar, porque es una ley del Congreso de la Nación”, indicó la exfuncionaria en declaraciones periodísticas. Sobre la reforma, destacó: “Cada empresa, cada trabajador, va a poder hacer un convenio en su lugar de trabajo. Cada provincia va a poder adaptar las condiciones de trabajo y de las empresas a las condiciones de productividad de cada provincia. Se ponen límites muy fuertes a la cuota sindical. Esa cuota sindical, llamada solidaria, va a poder tener nada más que un 2%. Hoy están en 5/6%, con lo cual los gremios van a tener que ser austeros”.

A su vez, consultada sobre el Régimen Penal Juvenil, indicó que “es una ley que lleva 25 años con proyectos”, y recordó que la Argentina “es el único país de América Latina que no ha adaptado su legislación, que sigue con una legislación antigua de la época de la dictadura, que hoy la vamos a modificar después de tantos años de lucha para que haya un régimen penal juvenil”.

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“Si un menor comete un delito, si es un delito leve, (tendrá) la capacidad de recuperarse rápido. Si es un delito de homicidio, bueno, va a tener consecuencias. Las conductas tienen consecuencias siempre”.

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Ricardo Quintela ratificó sus dichos sobre Milei tras la denuncia del fiscal Stornelli

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Tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli por “inicitación a la violencia colectiva”, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus dichos contra la administración de Javier Milei y aseguró que, de persistir con su agenda política, el Presidente no llegará a completar su mandato. Stornelli había avanzado penalmente contra el mandatario peronista por considerar que sus declaraciones incitaban a la violencia.

“Yo lo que hice fue un análisis político, una descripción de lo que yo visualizo. De continuar con estas políticas, de no modificar sus políticas, este gobierno no llega al 10 de diciembre de 2027″, reafirmó Quintela en diálogo con radio Delta 90.3. Negó que, como plantea el fiscal, su intención haya sido instigar algún tipo de levantamiento.

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Advirtió, sin embargo, que espera que la CGT active un “plan de lucha” frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que considera inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales de rango constitucional. “También digo, como peronista, que la CGT tiene que armar un plan de lucha, tiene que resistir este modelo que atenta contra los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

Cree, además, que otros dirigentes políticos deberían acompañar esta acción. “Quien tiene que manifestarse y visibilizar los problemas que vamos a tener [con la reforma laboral] tiene que ser la CGT, acompañado por todos aquellos que tenemos responsabilidad. Tenemos que defender los derechos de nuestra gente”, agregó.

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Algo similar había planteado el lunes pasado en Radio 10. Fueron sus declaraciones en esa emisora las que motivaron la denuncia penal de Stornelli por “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”.

Cristina Kirchner recibió a Ricardo Quintela en San José 1111, en el marco de sus conversaciones para intentar evitar que el peronismo se rompaInstragram Cristina Kirchner

En el escrito presentado, el fiscal puntualizó la frase del gobernador por la que decidió actuar judicialmente. “Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″, dijo Quintela, y abrió así la polémica.

Además de la presentación de Stornelli, Quintela enfrenta otra denuncia, en este caso, de parte del riojano Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza en su provincia. Ruiz interpretó que el gobernador del PJ habría validado una interrupción anticipada del mandato presidencial.

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El futuro del peronismo

En diálogo con radio Delta 90.3, Quintela también se refirió al futuro del peronismo. Aseguró que -además de acompañar en el corto plazo el reclamo de los gremios y trabajadores- el partido debe trabajar para liderar un frente político amplio que pueda disputarle poder a La Libertad Avanza.

“Tiene que ser un grupo de compañeros que nos sentemos alrededor de la mesa a diseñar primero un proyecto político que encabece el peronismo como columna vertebral de un espacio mucho más grande”, explicó. “[El peronismo sería] un núcleo que pueda convocar a otros partidos políticos, a movimientos sociales, a la CGT para constituir un frente político con un programa de gobierno que empatice con nuestra gente”.

Victoria Vilarruel se mostró junto al gobernador peronista de La Rioja Ricardo Quintela a mediados de febrero en el marco del Festival Nacional de La Chaya

El gobernador se mostró escéptico respecto de la posibilidad de incorporar a la vicepresidenta Victoria Villarruel a ese frente que pretende constituir, pero no lo descartó por completo. La titular del Senado se había mostrado junto al mandatario peronista a mediados de febrero en la última edición del Festival Nacional de La Chaya.

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“Dentro del peronismo, no creo [que haya lugar para Villarruel] por su posición negacionista. No te puedo decir esta agua no has de beber, pero en principio me parece que no por su posición negacionista de la década del ’70 y los 300.000 desaparecidos, compañeros torturados”, concluyó Quintela.


denuncia del fiscal Carlos Stornelli,reforma laboral,se había mostrado junto al mandatario peronista,Ricardo Quintela,Javier Milei,Conforme a,,Del Grupo Sushi al Colón. Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos,,Sorpresivo reencuentro. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,Ricardo Quintela,,»No puede llegar al 2027″. El PJ salió a apoyar a Quintela tras la denuncia de un fiscal por sus dichos sobre Milei,,»Afectación del orden constitucional». Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″,,Duras críticas. Martín Menem repudió los dichos de Quintela contra Milei: “Es un mono con un martillo en una cristalería”

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La Inspección General de Justicia le respondió a Claudio Tapia y advirtió: “La AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ”

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Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). EFE/Luciano González

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, respondió hoy a las declaraciones de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien cuestionó el pedido para designar veedores en la entidad. Vítolo advirtió que la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ, ya que, según explicó, no se completaron las formalidades legales para trasladar la sede a la provincia de Buenos Aires.

El comunicado de AFA es patético”, señaló Vítolo en contacto con Infobae, en referencia al texto difundido por Tapia. En ese comunicado, el titular del fútbol argentino calificó como “ilegítima” la veeduría solicitada por la IGJ y denunció una supuesta “operación política” del Gobierno nacional contra la conducción de la entidad.

La controversia se intensificó luego de que la IGJ requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la AFA. Desde la conducción encabezada por Tapia rechazaron el planteo y argumentaron que el organismo nacional carece de competencia, ya que la asociación civil trasladó su sede a Pilar y quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

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Vítolo refutó ese argumento. “Las propias normas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, mal que le pese al gobernador Axel Kicillof, señalan que para que el cambio de jurisdicción sea efectivo debe acreditarse la ‘cancelación’ de la inscripción anterior; y la AFA no cuenta con cancelación de inscripción en la IGJ. Por ello, la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ actualmente, y la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia no tiene facultades para cancelar una inscripción en extraña jurisdicción”, afirmó el titular de la IGJ.

En el comunicado difundido por la AFA, Tapia sostuvo que la solicitud de veedores constituye una avanzada política y apeló “al pueblo de la Nación” en defensa de la autonomía institucional. También mencionó antecedentes de intervención de entidades civiles durante el gobierno de Alberto Fernández y citó el caso de la Fundación IEES, vinculada a Patricia Bullrich.

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Vítolo respondió sobre ese punto: “Es positivo que el señor Tapia reconozca que durante el gobierno de Alberto Fernández, perteneciente a su partido político, el Ministerio de Justicia y la IGJ persiguieron injustamente a Patricia Bullrich. Pero está muy mal informado sobre lo ocurrido en aquella oportunidad”. Agregó: “La Fundación IEES fue intervenida en 2023, de un modo ilegal y arbitrario, mediante una disposición que estableció el desplazamiento de todas las autoridades de la institución, reemplazadas por una interventora designada por el ministro”.

Más adelante, Vítolo marcó diferencias con la situación actual de la AFA: “En este caso no se ha pedido el desplazamiento de las autoridades de AFA, ni siquiera se ha solicitado un coadministrador ni la designación de administradores sustitutos de los actuales. Solo se pide poder ver y compulsar documentación. Además, la AFA ha tenido pleno acceso a las actuaciones, es parte en las mismas y ha tomado vista de todos los expedientes. Por eso, la comparación de lo ocurrido con la solicitud de veeduría en la AFA con el caso Bullrich, además de incorrecta, es ridícula”.

El titular de la IGJ justificó la medida adoptada y mencionó presuntas inconsistencias contables. “Es de toda evidencia que la AFA ha incurrido en graves irregularidades”, sostuvo. Detalló: “No explicar observaciones formuladas a sus estados contables y financieros por más de ocho años, donde se le pidieron explicaciones por cifras cercanas a los 111 millones de dólares; negarse a entregar el balance de ejercicio del año 2025 y no entregar la documentación sobre la creación de una universidad que no está habilitada ni autorizada a funcionar, anunciada como ‘existente’, incluyendo un link para que se inscriban alumnos, son claramente calificables como ‘graves irregularidades’”.

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Las objeciones de la IGJ al cambio de sede y la documentación

En la misma línea, Vítolo añadió: “Ni hablar si a ello le sumamos los escándalos denunciados por la prensa sobre las vinculaciones de AFA con la firma TourProdEnter, Sur Finanzas, Real Central SRL y otras sociedades. Es claro que ante estos hechos la IGJ no puede dejar de solicitar información”.

Vítolo rechazó que la veeduría implique una intervención. “La veeduría no es una sanción —como errónea y maliciosamente lo califica la AFA— ni afecta en nada al funcionamiento de la institución. Solo se compulsarán libros contables, documentos y contratos, operaciones financieras, y los veedores prepararán un informe para ser evaluado por la autoridad de control”, explicó.

Sobre el traslado de la sede a Pilar, el funcionario fue categórico: “Que la mudanza al predio de Pilar del año 2024 ha sido y es falsa ya ha sido probado suficientemente por constancias de ARCA, inspecciones de IGJ y hasta por medios periodísticos que visitaron el lugar”. Añadió: “En la dirección de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— 1366 de Pilar, suministrada por la AFA a ARCA y a la IGJ, la AFA nunca estuvo, ni está tampoco ahora”.

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El titular de la IGJ también cuestionó la resolución provincial que admitió a la AFA en su jurisdicción. “De hecho, la propia Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no ha podido incluir en la resolución que admite a la AFA en su jurisdicción un domicilio concreto para su sede, señalando solo que la sede está en el ‘municipio de Pilar’. Algo vergonzoso”, afirmó.

Incluso ironizó sobre la numeración del domicilio denunciado: “Ocurre que el domicilio que AFA denuncia como sede en esa calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— es un número par —‘1336’— y el terreno donde están el cartel y la casa abandonada, y en el cual la AFA está haciendo refacciones, se encuentra en la vereda de los números impares. Toda una curiosidad”. Y agregó: “¿Dictará el gobernador Kicillof un decreto, o el intendente Achával promulgará una ordenanza donde establezcan que esa manzana de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— tiene numeración par en ambas veredas? ¿O le otorgarán, en homenaje a los campeones del mundo, una excepción a la AFA para que sea el único terreno en el cual, en la línea de la numeración impar, se consigne un número par?”.

El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo

La disputa institucional y el trasfondo político

Sobre la acusación de “operación política”, Vítolo replicó: “Resulta curioso y significativo que la AFA acuse al Gobierno de llevar adelante ‘una operación política’ cuando ha sido la propia AFA quien intentó politizar esa institución con una operación de reforma de estatutos a fines de 2023 —en la creencia de que Massa ganaría la elección a presidente— para incorporar a su Consejo Directivo al presidente de la República, vicepresidente, gobernadores de provincia o senadores y diputados nacionales en ejercicio. Esa reforma estatutaria fue rechazada por la IGJ y la AFA tuvo que dar marcha atrás y dejar sin efecto dicha modificación”.

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El funcionario concluyó con una frase que sintetizó el tono del intercambio: “La apelación que el presidente de la AFA realiza al pueblo de la nación es tan absurda y patética que me exime de todo comentario”.

El conflicto ahora avanza hacia una definición administrativa que podría derivar en un planteo judicial si la AFA persiste en desconocer la competencia del organismo nacional. Desde la IGJ insisten en que la entidad continúa bajo su órbita y que la veeduría es una herramienta legal de fiscalización. Por su parte, la conducción de Tapia sostiene que el cambio de jurisdicción es válido y que el pedido responde a una motivación política. La disputa institucional suma así un nuevo capítulo en la relación entre el poder regulatorio del Estado y la conducción del fútbol argentino.

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Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos

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La gestión cultural y la actividad política, con un recorrido que no estuvo exento de pasiones, polémicas y confrontaciones, nutrieron la vida de Darío Lopérfido, quien tuvo una decisiva influencia en la gestión porteña y en el gobierno nacional de Fernando de la Rúa, en la década del 90 y los albores del siglo XXI. Integró en ese tiempo el Grupo Sushi, junto a otros jóvenes dirigentes que gravitaban en la gestión del presidente radical, y más recientemente, fue director del Teatro Colón y simultáneamente ministro de Cultura de la Ciudad. Ambas gestiones quedaron desdibujadas y terminaron abruptamente al enfrentarse duramente con organizaciones de derechos humanos a raíz de las declaraciones públicas en las que puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos como víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar.

Con el acceso de la Alianza al poder, Lopérfido se convirtió en uno de los principales asesores del Presidente, que se apoyaba en el mencionado Grupo Sushi, cuyo principal referente era Antonio de la Rúa, hijo del Presidente, acompañado por Hernán Lombardi, Andres Delich y otros jóvenes funcionarios nacionales. A la par de la gestión cultural en el gobierno nacional, Lopérfido fue el principal estratega en materia de comunicación y actuaba como virtual vocero presidencial.

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Antonio de la Rúa y Darío Lopérfido

Con la caída del gobierno de la Alianza, comenzó un período de perfil bajo y el otrora asesor estrella del presidente se volcó al periodismo, especialmente a través de artículos publicados en diarios del exterior.

En febrero de 2015 lo reflotó Mauricio Macri en su último año como jefe de gobierno de la Ciudad, al designarlo director general y artístico del teatro Colón, a lo que sumó posteriormente en forma simultánea el cargo de ministro de Cultura, designado por Horacio Rodríguez Larreta, sucesor de Macri en el distrito porteño.

Comenzó allí una etapa que lo enfrentó con sectores de la cultura y referentes del mundo de la música clásica, que no compartían sus criterios y las programaciones de la sala lírica porteña.

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Dario Lopérfido con Mauricio Macri

En el verano de 2016, Lopérfido declaró en un reportaje que “en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”. Argumentó que esa cifra “se arregló en una mesa cerrada para conseguir subsidios”, lo que desató una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente en el campo de los derechos humanos. Intelectuales y artistas reclamaron su alejamiento de la función pública, lo que desgastó al funcionario, quien seis meses después dejó el cargo de ministro, aunque mantuvo la dirección artística del Colón.

Sus declaraciones sobre los desaparecidos le generaron enfrentamientos en el área de la cultura, incluso en el propio teatro Colón. Se profundizó el conflicto con artistas, directores, coreógrafos y dramaturgos, lo que derivó en un clima de enfrentamientos.

Al presentar una sede itinerante del Complejo Teatral en Parque Patricios, lanzó un llamado a la comunidad artística, que fue interpretado como un desafío. “Hablen de arte, de obras de teatro, de cine, de cultura; dejen de hablar de política. La política es algo muy complicado”, les dijo, lo que agitó el conflicto.

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Darío Lopérfido había nacido el 5 de junio de 1964 en el barrio de Villa Urquiza. Su padre era obrero gráfico y delegado gremial en el diario La Razón y fue despedido durante el gobierno militar. Crecido en un ambiente familiarizado con la tarea periodística, desde su juventud se volcó al campo de las agencias publicitarias, donde tomó contacto con el mundo de la cultura.

En el período posterior a la recuperación de la democracia desplegó una activa labor como director del Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su gestión fue una vidriera que le permitió ser convocado por De la Rúa para la gestión porteña. Primero como subsecretario de Extensión Cultural y luego como secretario de Cultura, formó un equipo con Cecilia Felgueras y profundizó la programación de actividades culturales en los barrios. Al mismo tiempo, desplegó iniciativas que generaron controversias, como el festival Buenos Aires No Duerme, cuyo objetivo era atraer y promover a artistas jóvenes, aunque debió enfrentar conflictos con vecinos.

En los últimos años, Lopérfido retomó sus compromisos profesionales en el exterior, que lo llevaron a Berlín, Madrid y Nueva York, aunque nunca perdió los lazos con Buenos Aires. Participaba de la Cátedra Vargas Llosa, una iniciativa conjunta de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y diversas universidades para promover la literatura contemporánea, y mantenía columnas periodísticas en espacios radiales.

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Fue también presidente de Ópera Latinoamérica, una organización sin fines de lucro formada en 2007 por una red de teatros, festivales y compañías de ópera de Iberoamérica.

En 2016 su nombre apareció en la filtración de documentos conocidos como Panamá Papers, junto a políticos argentinos y de la región, lo que él negó. Su última incursión en política fue su participación en el partido Republicanos, con Yamil Santoro, con la intención de pelear por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2019, lo que finalmente no concretó.

En julio de 2024, la salud de Darío Lopérfido se deterioró. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular, que en las últimas horas produjo su fallecimiento. En diciembre pasado compartió con entereza los padecimientos de esta enfermedad en un artículo publicado en la revista Seúl. Allí escribió: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió; mientras pueda escribir y compartir algunas cosas con mi hijo, seguiré acá”.

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Mariano De Vedia,Darío Lopérfido,Fernando de la Rúa,Conforme a,Darío Lopérfido,,La muerte de Darío Lopérfido. Gestor cultural innovador y audaz, fue un polemista y se declaró rebelde,,»Enorme dolor». El ámbito político y cultural despidió en redes a Darío Lopérfido tras su muerte a los 61 años,,A los 61 años. De qué murió Darío Lóperfido

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