POLITICA
«Quedamos paralizados»: el peronismo duro reconoce que tendrá un año complicado para imponer sus proyectos en el Congreso
Antes de las elecciones de octubre del 2025 era impensado el escenario actual del Gobierno de Javier Milei en el Congreso. De ser absoluta minoría en ambas cámaras pasó cuatro meses después a tener una posición cercana a la mayoritaria, gracias a los votos conseguidos pero sobre todo con los acuerdos logrados con aliados.
Y eso condiciona a la oposición más dura, que fue vencida con cierta facilidad en los últimos debates claves legislativos. La última gran derrota fue con la reforma laboral, que este viernes se convertirá en ley, así como ocurrirá con la baja de la edad de imputabilidad y otras discusiones en las que no lograron imponerse.
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“La reforma laboral ya no requiere mucha rosca. Los que acompañaron el proyecto hace dos semanas van a volver a acompañarlo y los que lo rechazaron van a volver a rechazarlo”, indicaron a TN desde el bloque peronista en el Senado. La resignación está acompañada de una suerte de alarma que se enciende a futuro.
Mientras tanto, el Senado se encamina a otra jornada cargada de proyectos que el oficialismo busca aprobar. “Milei va a contar el domingo en la apertura de sesiones que hizo laburar al Congreso como nunca en una extraordinaria”, apuntaron a este medio en uno de los bloques más combativos.
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A saber, en carpeta como proyectos centrales la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. El Gobierno tiene los votos.
Las próximas discusiones que espera la oposición
Una vez finalizada la discusión por la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil -entre otras- la oposición está convencida de que el Gobierno no se detendrá allí. “Después vendrá el tema educativo que ya ingresó en Diputados, una reforma educativa, profunda y compleja, y lo que ya está en pleno abordaje que es el desfinanciamiento universitario”, anticipó a este medio un legislador K.
De esta manera, la oposición se prepara para un cierre de febrero de “alto voltaje” e hiperactividad, mientras espera que marzo sea parecido, “aprovechando el viento a favor del éxito que vienen teniendo”.
En la oposición intuyen que el gobierno no esperará demasiado para introducir un proyecto de reforma previsional. “Lo harán para congraciarse con los pedidos del FMI y el gobierno de Estados Unidos, a quienes consideran el único sostén de un modelo económico que está destruyendo la industria y el trabajo a pasos agigantados”.
La crisis del peronismo como factor clave
La ruptura del interbloque, con las nuevas fugas del peronismo y la designación este martes de Carolina Moisés como vicepresidenta del Senado dejaron en evidencia la capacidad de negociación del bloque libertario; y en contrapartida, expusieron la inacción en el bloque del PJ.
“Carolina Moisés, Sandra Mendoza, y senadores como Camau Espinola, son actores que estaban en todo caso en disputa pero más cerca de la posición de los conducidos por Mayans, y que hoy se convierten en votos que LLA consigue con mucho menos esfuerzo en cuando se trató la Ley Bases”, analizó un dirigente de peso en el Senado.
“El peronismo quedó reducido a una postura más testimonial, y el radicalismo licuado para acompañar a Bullrich en la foto”, sentenció un dirigente opositor e hizo referencia a cuando “le tocó anunciar que ‘los 44 senadores’ que incluían a todo lo que no es el peronismo habían ‘acordado’ algunos cambios en la reforma laboral, con mínimas concesiones”.
Hay autocrítica y catarsis en el peronismo, que pasó de tener casi quórum propio en el Senado a verse muy debilitado y sin chances reales de confrontar al Gobierno en la Cámara Alta.
El Gobierno demostró voluntar, agenda y entusiasmo pero además fue adhiriendo a todos los bloques alternativos al peronismo. “Quedamos muy mal parados y paralizados”, reconocen en el peronismo.
Hay fuertes críticas internas a la conducción de José Mayans, se le reclama no haber hecho demasiado para contener la salida de senadores que meses atrás eran parte del bloque. “Algunos están más predispuestos a negociar con el Gobierno que con el peronismo”, señalan. Reconocen no ser tan atractivos como un tiempo atrás como opción a futuro y eso exacerba el clima de resignación y desazón.
Congreso, Senado, reforma laboral
POLITICA
En estampida, los clubes de fútbol dejan de pagar aportes sociales y previsionales, con una única excepción
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.
El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por , muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.
La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.
La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.
Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.
Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.
En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.
Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.
Sin embargo, según la documentación analizada por , durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.
En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.
El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.
El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.
El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.
El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.
Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.
El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.
Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.
Al partir del análisis de , también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.
En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.
Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. .
Camila Dolabjian,Conforme a
En una entrevista para Infobae en vivo, la abogada laboralista Elisa Cerri sostuvo que “la nueva ley laboral no va a crear trabajo, solo va a regular lo que ya existe”. Su análisis apuntó a los vacíos legales y a las dificultades prácticas que enfrentará el sistema laboral argentino tras la aprobación de la reforma impulsada por el oficialismo de Javier Milei.
Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Cerri describió el escenario de incertidumbre que atraviesan tanto empleados como empleadores frente a la inminente entrada en vigencia de la ley. “El DNU 73/2026 fue judicializado y está frenado, pero no tiene nada que ver un decreto de necesidad y urgencia con una ley aprobada por ambas cámaras”, explicó. “Si nosotros tenemos artículos de una ley que va en contra de la Constitución Nacional, se puede judicializar. La CGT lo podrá hacer en representación de todos los trabajadores, pero cada persona que tenga un conflicto puntual deberá ir a la justicia y plantear que esto le afecta y va en contra de la Constitución”.
El reemplazo de la ley para despidos e indemnizaciones
Cerri fue enfática respecto al impacto inmediato de la reforma: “La ley que aplica para el cálculo indemnizatorio es la que esté vigente al momento del despido. Si a la persona la despiden después de que entre en vigencia la reforma laboral, le va a aplicar la ley reformada”. Ante la consulta sobre la posibilidad de reclamar la aplicación de la ley anterior, la especialista fue tajante: “Si vos querés empezar un proceso judicial para reclamar la aplicación de la ley anterior, lo podés hacer, pero no te lo recomiendo porque lo vas a perder”.
La abogada desmitificó los rumores sobre topes indemnizatorios: “El tope de diez salarios fue un mito que circuló, pero no es real. Lo que sí cambió es qué incluye o no el cálculo indemnizatorio. El trabajador que va a ver afectada su indemnización es el más jerárquico, sobre todo en multinacionales, porque a ellos sí se les redujo la indemnización al no contemplar bonos ni acciones en la base”.
Inseguridad jurídica y judicialización por los “grises” de la reforma
Elisa Cerri subrayó que la reforma deja grandes zonas de inseguridad jurídica: “Cuando vos dejás muchos grises en una ley, eso aumenta la litigiosidad. Si sacás la obligación del empleador de proteger la dignidad del trabajador, eso ya es litigioso de por sí”. Agregó que “la ley anterior protegía la vida moral y no solo la económica del trabajador. Ahora, la reforma dice que si no hay perjuicio económico, el empleador tiene derecho a cambiar condiciones como el horario, y eso es polémico”.
Sobre el banco de horas, advirtió: “Eso va a aplicar a todos los trabajadores automáticamente. El consentimiento en el contrato de trabajo es polémico porque hay una relación de poder desigual. El trabajador puede firmar para no perder el empleo, no porque quiera, y si logra probarlo ante la justicia, probablemente le den la razón”.
En cuanto al pago en cuotas de indemnizaciones, Cerri aclaró: “El tema de las 12 cuotas es una parte procesal que se aplica inmediatamente. Si estás en juicio, existe la posibilidad de que te paguen la indemnización en cuotas”.
Omisiones de la ley y comparación internacional
La especialista criticó la ausencia de temas contemporáneos en la reforma: “No hay un solo artículo que hable sobre inteligencia artificial, trabajo remoto o automatización. En Europa, cuestiones como la relación laboral en Uber están resueltas hace años, y acá seguimos discutiendo si un chofer de aplicación es o no empleado”.
Cerri también se refirió a la informalidad estructural en el país: “La queja principal de los empleadores para regularizar el empleo no está satisfecha con esta ley. La rebaja de cargas patronales es solo para quienes contraten a partir de diciembre de 2025 y por dos años. No aplica a los empleadores actuales. No se puede hablar de fomentar el empleo en blanco si no bajamos el costo de contratar formalmente”.
En cuanto al impacto en la litigiosidad, fue contundente: “No creo que baje la litigiosidad. La industria del juicio está sola porque tenemos al 50% de la gente en negro. En 2025 hubo 120 mil juicios laborales cuando hay 20 millones de personas en condiciones de trabajar”.
Para cerrar, Cerri se refirió al traspaso de la justicia laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires: “Es una decisión política que siempre estuvo atravesada por los intereses de cada sector. En la práctica, muchos jueces y funcionarios están pasando a la ciudad porque les ofrecen convenios. No creo que haya tanta diferencia en el funcionamiento, aunque seguramente se judicializará el traspaso”.
“La ley laboral no tiene el objetivo de crear empleo, sino de regular las relaciones existentes y sancionar las irregulares. Pensar que va a crear trabajo es como decir que la ley penal va a reducir la inseguridad. Las soluciones son mucho más profundas”, concluyó.
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elisa cerri
El gobierno porteño de Jorge Macri abrió el retiro voluntario para personal de planta permanente, como parte de un plan de reforma del Estado porteño.
Con esto, aspira a reducir la plantilla de profesionales y migrar al empleado público hacia perfiles tecnológicos. Estará vigente hasta el 31 de mayo, según fuentes del gobierno de la ciudad.
Desde 2024, Macri cortó más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos.
La medida conocida el jueves se cristaliza en un decreto firmado por Macri, por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Se habilita la creación del Régimen de Retiro Voluntario, que dispondrá del pago de una compensación no remunerativa que se determinará en base al sueldo neto, mensual, normal y habitual del trabajador al tiempo de su baja.
De acuerdo al decreto, podrán acceder al plan empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo se aceptarán a quienes tengan 45 años de edad o más, tengan un mínimo de cinco años de antigüedad y hayan sido planta permanente durante al menos un año.
El pago se hará “en cuotas mensuales y consecutivas” durante un plazo máximo “de hasta cuarenta y ocho meses”. En línea con la reforma laboral que promovió el gobierno de Javier Milei, en el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario, o aguinaldo, así como “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.
El gobierno local se reserva la posibilidad de rechazar la solicitud “cuando existan razones de servicio, causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento”.
Tampoco podrán adherirse al programa “trabajadores y trabajadoras que, al 31 de diciembre del 2026, cuenten con sesenta y cinco (65) años de edad o más y cumplan con los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio”. Y quedan excluidos quienes cuenten con un sumario administrativo por causales que pudieran ameritar una sanción expulsiva, hubiera iniciado reclamos o demandas judiciales al gobierno porteño.
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