POLITICA
Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos
La gestión cultural y la actividad política, con un recorrido que no estuvo exento de pasiones, polémicas y confrontaciones, nutrieron la vida de Darío Lopérfido, quien tuvo una decisiva influencia en la gestión porteña y en el gobierno nacional de Fernando de la Rúa, en la década del 90 y los albores del siglo XXI. Integró en ese tiempo el Grupo Sushi, junto a otros jóvenes dirigentes que gravitaban en la gestión del presidente radical, y más recientemente, fue director del Teatro Colón y simultáneamente ministro de Cultura de la Ciudad. Ambas gestiones quedaron desdibujadas y terminaron abruptamente al enfrentarse duramente con organizaciones de derechos humanos a raíz de las declaraciones públicas en las que puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos como víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar.
Con el acceso de la Alianza al poder, Lopérfido se convirtió en uno de los principales asesores del Presidente, que se apoyaba en el mencionado Grupo Sushi, cuyo principal referente era Antonio de la Rúa, hijo del Presidente, acompañado por Hernán Lombardi, Andres Delich y otros jóvenes funcionarios nacionales. A la par de la gestión cultural en el gobierno nacional, Lopérfido fue el principal estratega en materia de comunicación y actuaba como virtual vocero presidencial.
Con la caída del gobierno de la Alianza, comenzó un período de perfil bajo y el otrora asesor estrella del presidente se volcó al periodismo, especialmente a través de artículos publicados en diarios del exterior.
En febrero de 2015 lo reflotó Mauricio Macri en su último año como jefe de gobierno de la Ciudad, al designarlo director general y artístico del teatro Colón, a lo que sumó posteriormente en forma simultánea el cargo de ministro de Cultura, designado por Horacio Rodríguez Larreta, sucesor de Macri en el distrito porteño.
Comenzó allí una etapa que lo enfrentó con sectores de la cultura y referentes del mundo de la música clásica, que no compartían sus criterios y las programaciones de la sala lírica porteña.
En el verano de 2016, Lopérfido declaró en un reportaje que “en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”. Argumentó que esa cifra “se arregló en una mesa cerrada para conseguir subsidios”, lo que desató una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente en el campo de los derechos humanos. Intelectuales y artistas reclamaron su alejamiento de la función pública, lo que desgastó al funcionario, quien seis meses después dejó el cargo de ministro, aunque mantuvo la dirección artística del Colón.
Sus declaraciones sobre los desaparecidos le generaron enfrentamientos en el área de la cultura, incluso en el propio teatro Colón. Se profundizó el conflicto con artistas, directores, coreógrafos y dramaturgos, lo que derivó en un clima de enfrentamientos.
Al presentar una sede itinerante del Complejo Teatral en Parque Patricios, lanzó un llamado a la comunidad artística, que fue interpretado como un desafío. “Hablen de arte, de obras de teatro, de cine, de cultura; dejen de hablar de política. La política es algo muy complicado”, les dijo, lo que agitó el conflicto.
Darío Lopérfido había nacido el 5 de junio de 1964 en el barrio de Villa Urquiza. Su padre era obrero gráfico y delegado gremial en el diario La Razón y fue despedido durante el gobierno militar. Crecido en un ambiente familiarizado con la tarea periodística, desde su juventud se volcó al campo de las agencias publicitarias, donde tomó contacto con el mundo de la cultura.
En el período posterior a la recuperación de la democracia desplegó una activa labor como director del Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su gestión fue una vidriera que le permitió ser convocado por De la Rúa para la gestión porteña. Primero como subsecretario de Extensión Cultural y luego como secretario de Cultura, formó un equipo con Cecilia Felgueras y profundizó la programación de actividades culturales en los barrios. Al mismo tiempo, desplegó iniciativas que generaron controversias, como el festival Buenos Aires No Duerme, cuyo objetivo era atraer y promover a artistas jóvenes, aunque debió enfrentar conflictos con vecinos.
En los últimos años, Lopérfido retomó sus compromisos profesionales en el exterior, que lo llevaron a Berlín, Madrid y Nueva York, aunque nunca perdió los lazos con Buenos Aires. Participaba de la Cátedra Vargas Llosa, una iniciativa conjunta de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y diversas universidades para promover la literatura contemporánea, y mantenía columnas periodísticas en espacios radiales.
Fue también presidente de Ópera Latinoamérica, una organización sin fines de lucro formada en 2007 por una red de teatros, festivales y compañías de ópera de Iberoamérica.
En 2016 su nombre apareció en la filtración de documentos conocidos como Panamá Papers, junto a políticos argentinos y de la región, lo que él negó. Su última incursión en política fue su participación en el partido Republicanos, con Yamil Santoro, con la intención de pelear por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2019, lo que finalmente no concretó.
En julio de 2024, la salud de Darío Lopérfido se deterioró. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular, que en las últimas horas produjo su fallecimiento. En diciembre pasado compartió con entereza los padecimientos de esta enfermedad en un artículo publicado en la revista Seúl. Allí escribió: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió; mientras pueda escribir y compartir algunas cosas con mi hijo, seguiré acá”.
Mariano De Vedia,Darío Lopérfido,Fernando de la Rúa,Conforme a,Darío Lopérfido,,La muerte de Darío Lopérfido. Gestor cultural innovador y audaz, fue un polemista y se declaró rebelde,,»Enorme dolor». El ámbito político y cultural despidió en redes a Darío Lopérfido tras su muerte a los 61 años,,A los 61 años. De qué murió Darío Lóperfido
POLITICA
El Gobierno considera que es una buena señal el llamado de Gallo a su familia y aguarda novedades por su liberación
El gobierno de Javier Milei recibió como una buena señal el llamado telefónico de Nahuel Gallo este jueves a su pareja tras 445 días de incomunicación y espera ahora novedades para su liberación.
“Hay que esperar. Falta un poco”, dijo a TN una fuente del ministerio de Seguridad.
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Es el primer contacto directo que el gendarme catamarqueño mantiene con su familia desde su detención el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela.
“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia”, escribió su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez, en un posteo de X, junto a una foto familiar.
Desde el Foro Penal esperan que sea el primer paso para más excarcelaciones de extranjeros
En tanto, el Foro Penal, la ONG venezolana que monitorea las excarcelaciones de presos políticos, destacó el llamado de Gallo a su familia como un “gesto positivo” que pueda desembocar en más liberaciones de extranjeros detenidos en Venezuela.
“En principio es algo positivo que por lo menos se haya podido tener noticias de él. Hemos visto muy poco movimiento de liberación de extranjeros en la aplicación de la ley de amnistía”, dijo a TN el vicepresidente del Foro Penal venezolano, Gonzalo Himiob.
Además, afirmó: “Esperamos que este gesto positivo implique que en algún momento Nahuel, conjuntamente con otros extranjeros y venezolanos de doble nacionalidad, puedan ser excarcelados”.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el jueves pasado una ley de ámnistía que según organismos de derechos humanos es muy excluyente. Hasta ahora, según Foro Penal, se liberaron a 109 presos políticos.
“El proceso ha sido lento, pero ha venido avanzando. Esto hay que destacarlo como positivo”, indicó.
Gallo está detenido en el penal conocido como Rodeo I, en las afueras de Caracas.
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Su pareja anunció que el gendarme inició el fin de semana pasado una huelga de hambre junto a cientos de otros detenidos. Según dijo, exige asistencia consular y una visita de la Cruz Roja.
Argentina carece de embajada en Caracas desde hace más de un año. Brasil avisó a principios de enero que dejó de representar los asuntos argentinos en Venezuela.
Desde entonces, el gobierno de Milei redefinió su estrategia y mantiene contactos con Italia para llevar asistencia a Gallo y al otro argentino detenido en Venezuela, el abogado Germán Giuliani.
Venezuela
POLITICA
En estampida, los clubes de fútbol dejan de pagar aportes sociales y previsionales, con una única excepción
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.
El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por , muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.
La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.
La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.
Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.
Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.
En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.
Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.
Sin embargo, según la documentación analizada por , durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.
En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.
El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.
El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.
El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.
El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.
Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.
El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.
Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.
Al partir del análisis de , también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.
En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.
Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. .
Camila Dolabjian,Conforme a
En una entrevista para Infobae en vivo, la abogada laboralista Elisa Cerri sostuvo que “la nueva ley laboral no va a crear trabajo, solo va a regular lo que ya existe”. Su análisis apuntó a los vacíos legales y a las dificultades prácticas que enfrentará el sistema laboral argentino tras la aprobación de la reforma impulsada por el oficialismo de Javier Milei.
Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Cerri describió el escenario de incertidumbre que atraviesan tanto empleados como empleadores frente a la inminente entrada en vigencia de la ley. “El DNU 73/2026 fue judicializado y está frenado, pero no tiene nada que ver un decreto de necesidad y urgencia con una ley aprobada por ambas cámaras”, explicó. “Si nosotros tenemos artículos de una ley que va en contra de la Constitución Nacional, se puede judicializar. La CGT lo podrá hacer en representación de todos los trabajadores, pero cada persona que tenga un conflicto puntual deberá ir a la justicia y plantear que esto le afecta y va en contra de la Constitución”.
El reemplazo de la ley para despidos e indemnizaciones
Cerri fue enfática respecto al impacto inmediato de la reforma: “La ley que aplica para el cálculo indemnizatorio es la que esté vigente al momento del despido. Si a la persona la despiden después de que entre en vigencia la reforma laboral, le va a aplicar la ley reformada”. Ante la consulta sobre la posibilidad de reclamar la aplicación de la ley anterior, la especialista fue tajante: “Si vos querés empezar un proceso judicial para reclamar la aplicación de la ley anterior, lo podés hacer, pero no te lo recomiendo porque lo vas a perder”.
La abogada desmitificó los rumores sobre topes indemnizatorios: “El tope de diez salarios fue un mito que circuló, pero no es real. Lo que sí cambió es qué incluye o no el cálculo indemnizatorio. El trabajador que va a ver afectada su indemnización es el más jerárquico, sobre todo en multinacionales, porque a ellos sí se les redujo la indemnización al no contemplar bonos ni acciones en la base”.
Inseguridad jurídica y judicialización por los “grises” de la reforma
Elisa Cerri subrayó que la reforma deja grandes zonas de inseguridad jurídica: “Cuando vos dejás muchos grises en una ley, eso aumenta la litigiosidad. Si sacás la obligación del empleador de proteger la dignidad del trabajador, eso ya es litigioso de por sí”. Agregó que “la ley anterior protegía la vida moral y no solo la económica del trabajador. Ahora, la reforma dice que si no hay perjuicio económico, el empleador tiene derecho a cambiar condiciones como el horario, y eso es polémico”.
Sobre el banco de horas, advirtió: “Eso va a aplicar a todos los trabajadores automáticamente. El consentimiento en el contrato de trabajo es polémico porque hay una relación de poder desigual. El trabajador puede firmar para no perder el empleo, no porque quiera, y si logra probarlo ante la justicia, probablemente le den la razón”.
En cuanto al pago en cuotas de indemnizaciones, Cerri aclaró: “El tema de las 12 cuotas es una parte procesal que se aplica inmediatamente. Si estás en juicio, existe la posibilidad de que te paguen la indemnización en cuotas”.
Omisiones de la ley y comparación internacional
La especialista criticó la ausencia de temas contemporáneos en la reforma: “No hay un solo artículo que hable sobre inteligencia artificial, trabajo remoto o automatización. En Europa, cuestiones como la relación laboral en Uber están resueltas hace años, y acá seguimos discutiendo si un chofer de aplicación es o no empleado”.
Cerri también se refirió a la informalidad estructural en el país: “La queja principal de los empleadores para regularizar el empleo no está satisfecha con esta ley. La rebaja de cargas patronales es solo para quienes contraten a partir de diciembre de 2025 y por dos años. No aplica a los empleadores actuales. No se puede hablar de fomentar el empleo en blanco si no bajamos el costo de contratar formalmente”.
En cuanto al impacto en la litigiosidad, fue contundente: “No creo que baje la litigiosidad. La industria del juicio está sola porque tenemos al 50% de la gente en negro. En 2025 hubo 120 mil juicios laborales cuando hay 20 millones de personas en condiciones de trabajar”.
Para cerrar, Cerri se refirió al traspaso de la justicia laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires: “Es una decisión política que siempre estuvo atravesada por los intereses de cada sector. En la práctica, muchos jueces y funcionarios están pasando a la ciudad porque les ofrecen convenios. No creo que haya tanta diferencia en el funcionamiento, aunque seguramente se judicializará el traspaso”.
“La ley laboral no tiene el objetivo de crear empleo, sino de regular las relaciones existentes y sancionar las irregulares. Pensar que va a crear trabajo es como decir que la ley penal va a reducir la inseguridad. Las soluciones son mucho más profundas”, concluyó.
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elisa cerri
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