Tras cuatro años de lucha en los tribunales, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche reasumió hoy su cargo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara su destitución promovida después de que acusara en causas de corrupción al condenado exgobernador Sergio Urribarri y a sus funcionarios.

“Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz. Esta situación se originó en que algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían el derecho a la impunidad, pero las investigaciones que llevamos a cabo en la causa de los contratos y en el juicio a Urribarri nos demostraron que no”, dijo Goyeneche a . Y enfatizó que ahora espera que la condena a Urribarri quede firme y que el caso de los contratos de la Legislatura local llegue a juicio.

Goyeneche fue reinstalada hoy en su cargo de Procuradora Adjunta del Ministero Público Fiscal de Entre Rios por el procurador Jorge García, en una acto rodeada de procuradores de otras provincias y de la Asociación de Fiscales.

Cecilia Goyeneche fue desvinculada de su cargo mediante un jury el 30 de noviembre de 2021, pero peleó en la justicia local, sin suerte, y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le dio la razón, anuló todo el procedimiento y ordenó dictar una nueva sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Y hoy, tras cuatro años y tres meses de lucha judicial, conjueces del Tribunal Superior de Justicia, porque los jueces titulares se excusaron y se apartaron, anularon el jury y la repusieron en su cargo.

Hablaron acerca de que el jury que destituyó a Goyeneche actuó con falta de imparcialidad”.

La Corte había señalado vicios en el proceso y cómo se integró el jury, y por eso el Tribunal Superior de Justicia debió volver a fallar.

Los jueces que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejara sin efecto aquella sentencia.

Ahora los jueces que fallaron son los camaristas, que actuaron como conjueces: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera.

La justicia entrerriana dio marcha atrás, declaró nula la resolución del 30 de noviembre de 2021 del Jury y anuló la destitución de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche.

Los jueces que fallaron hoy dijeron que “se violaron gravemente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio, principalmente porque el tribunal que juzgó a Goyeneche no fue imparcial”.

El fallo detalla que varios jueces del jury debieron ser apartados, por ejemplo Daniel Carubia y Claudia Mizawak, que ya habían intervenido como jueces en distintas etapas de una causa que originó la denuncia contra la fiscal.

El fallo señala que esta participación previa comprometía su objetividad y que, según la ley, debieron haberse inhibido por “haber intervenido o tenido interés en el resultado de la causa”.

En el caso del juez Juan Smaldone, dijeron que el nivel de parcialidad detectado es “patente y grave”. Por un lado, Smaldone intervino en una causa de amparo, en la que se discutió exactamente el mismo tema que luego tuvo que resolver como jurado.

Además, existía un conflicto de intereses, pues el Ministerio Público Fiscal que integraba Goyeneche había acusado penalmente al hijo de Smaldone por corrupción en un caso de negociaciones incompatibles, fraude y cohecho, donde la fiscal intervino.

El Superior Tribunal de Justicia anuló la integración de este jurado al considerar que “se violó la garantía constitucional del juez natural”.

Además de la falta de imparcialidad de los jueces, el fallo subraya que se eligió a un fiscal a dedo para la acusación contra Goyeneche. Recordó: se apartó a todo el Ministerio Público Fiscal como acusador por falta de objetividad y lo reemplazó por un fiscal “ad hoc” sacado de una lista de conjueces.

El superior tribunal de Entre Ríos resolvió que “esta decisión fue manifiestamente ilegítima y arbitraria”.

Al constatar que “el proceso nació viciado por un jurado parcial y un órgano acusador ilegal”, anuló todo y ello permitió reponer a la fiscal en su cargo.

Goyeneche dijo a que continuará con las investigaciones de corrupción, que coordinará los juicios en marcha y no descartó intervenir ella misma como fiscal en algunos de los juicios por venir.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de cuatro años de cárcel que había recibido Damián Berruet, el ladrón que había intentado robar una camioneta asignada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Así lo informaron a fuentes judiciales. El fallo fue firmado ayer por los jueces Juan Carlos Geminiani, Carlos Mahiques y Diego Barrotaveña, integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

“El juez de la anterior instancia actuó dentro del marco de su jurisdicción, valoró la prueba producida durante el debate y, a la hora de mensurar la pena, motivó su decisión l derecho vigente, las constancias de la causa y la sana crítica racional, sin advertirse una desventaja procesal del acusado, quien en todo momento pudo ejercer su debida defensa material. Por lo tanto, la mengua en la imparcialidad del juzgador y la afectación a la garantía de igualdad invocadas por la parte –a más de no haber sido debidamente fundadas–, no encuentran sustento en los elementos del proceso. En definitiva, de un análisis armónico de las circunstancias del hecho y las condiciones personales del imputado se observa que la cuantificación de la pena determinada por el tribunal con funciones de juicio resulta proporcional a la gravedad del ilícito culpable. En otras palabras, la culpabilidad por el hecho resultó acorde a la gravedad del injusto típico», se sostuvo en el citado fallo, al que tuvo acceso .

En julio pasado, el delincuente había sido hallado culpable del delito de “robo en grado de tentativa doblemente agravado por haber hecho uso de un instrumento similar a una ganzúa y por tratarse de un vehículo que se encontraba en la vía pública”, según la sentencia del juez Néstor Costabel, magistrado a cargo del juicio.

Una semana antes del veredicto, en su alegato, el fiscal federal, Diego Luciani, había pedido la pena de cinco años de prisión y sostuvo que el intento de robo no fue un hecho aislado y afirmó que fue parte del “hostigamiento y asedio” que el juez del máximo tribunal sufre desde 2019.

“Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío que Berruet oculta. Está claro que no era un improvisado y que la investigación en instrucción, llamativamente no avanzó sobre quién o quiénes están detrás de la motivación. Había un objetivo claro: el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La gravedad de lo expuesto debe ser contextualizado con otros hechos de los que resultó víctima el doctor Rosatti”, había dicho Luciani en su alegato.

Según el requerimiento de elevación a juicio, presentado por el fiscal federal Franco Picardi, el intento de robo ocurrió el 30 de mayo de 2024 cerca de las 13.40.

El ladrón fue descubierto cuando un suboficial auxiliar de la División Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaba los espacios de estacionamiento asignados al Máximo Tribunal, sobre la calle Uruguay al 500, vio maniobras sospechosas sobre uno de los vehículos.

El uniformado se acercó a Berruet y vio que, en sus manos, tenía un elemento punzante con el que intentaba forzar la cerradura de una camioneta Toyota Hilux SW4 blanca de la Corte Suprema asignada a Rosatti.

El suboficial auxiliar intentó reducir al sospechoso, pero Berruet logró escapar después de amenazar al uniformado. Sin embargo, finalmente, fue atrapado por dos oficiales en bicicleta de la División Operaciones de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Lavalle y Paraná.

El delincuente se presentó con una identidad falsa. Se le secuestró un equipo de comunicación tipo handy -adaptado para funcionar como inhibidor de señal-, un destornillador de aproximadamente 30 centímetros y una llave tipo Allen con uno de sus extremos limados en forma de punta.

La secuencia de los hechos quedó registrada en videos de distintas cámaras de seguridad de la zona, que constituyen prueba clave para la fiscalía. Una vez en la comisaría, se determinó la identidad de Berruet, quien contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad y resistencia a la autoridad, según www.fiscales.gob.ar.

Una investigación de detectives del Departamento de Delitos Fiscales de la PFA determinó que poco antes de intentar robar la camioneta asignada a Rosatti, el ladrón quiso sustraer un vehículo utilitario, que llegó a abrir, pero escapó cuando el propietario se acercaba.

“Se estableció que Berruet, oriundo de la provincia de Córdoba, se alojaba junto a un grupo de entre ocho y 12 personas en tres habitaciones del Hotel Nuevo Camino, situado en Bartolomé Mitre al 1900, en Balvanera. El 13 de junio de 2024 se allanaron tres cuartos del establecimiento, donde se secuestró gran cantidad de dinero en efectivo —tanto dólares como pesos—, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares, bienes personales varios y un boleto de ómnibus con destino a la provincia de Córdoba”, se agregó en el citado sitio de noticias.

Según la investigación, desde hacía dos meses, los integrantes de la banda viajaban a la ciudad de Buenos Aires para cometer diferentes robos. Llegaban los miércoles y se quedaban hasta los viernes.

“Berruet formaba parte de un grupo dedicado a cometer robos y hurtos sin mucha complejidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que elegían a sus víctimas de manera aleatoria, en virtud de las oportunidades o vulnerabilidades que se les presentaban”, sostuvo el fiscal Picardi en el requerimiento de elevación a juicio.