POLITICA
El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción como un logro propio. El eje principal de la norma es la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la ley que ya había sido aprobada por Diputados ahora aguarda la reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.
Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
“Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.
Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo observó y Villarruel aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pusieron de pie y se hizo silencio.
El peronismo se opuso desde el inicio y, además de advertir que la ley se concentra en lo punitivo y no en la protección de las infancias, remarcó que los fondos presupuestados resultan insuficientes.
Según la norma, el presupuesto para un sistema que reduce la edad de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias.
Datos del Servicio Penitenciario Federal indican que el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto previsto se podrían construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.
Frente a esos números, Jorge Capitanich del PJ señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
La respuesta llegó desde el bloque libertario, algunos con mayor énfasis, como Luis Juez, quien acusó al peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora integra LLA.
Parte de la postura peronista se reflejó en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios no habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo permitió el ingreso de varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.
“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, sostuvo Corpacci.
Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, recorrió diferentes artículos para argumentar la inconstitucionalidad de la norma. El ex gobernador advirtió que el proyecto generará “litigiosidad”. “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien señaló: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Qué dice el proyecto
La ley crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. Se contempla la rápida intervención judicial y el derecho de los adolescentes a ser escuchados y que su familia participe activamente en el proceso.
El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por delitos juveniles. El proyecto garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, y la participación en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
El sistema de sanciones prevé un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo se aplicará en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.
En la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen respuestas específicas para problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.
La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como capacitación del personal a cargo.
En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
Senado
El Senado sancionó este viernes el nuevo régimen penal juvenil, iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que baja a los 14 años la edad de imputabilidad y contempla penas de prisión para los adolescentes que cometan delitos graves que involucren violencia y muerte.
La norma fue sancionada por una amplia mayoría de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
Tras la votación, el Senado pasó a discutir la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei también pretende tener sancionada antes del próximo domingo. Ese día el Presidente dará el discurso sobre el estado de la Nación para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.
En este caso, la Cámara alta solo tendrá que definir si acepta el cambio introducido por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 de licencias médicas, o si insiste con la versión aprobada el pasado 12 de febrero.
Tal como se preveía, el oficialismo no tuvo problemas para alcanzar el quórum gracias al apoyo de los bloques de la oposición dialoguista. Así, la sesión empezó con 40 senadores presentes y la mitad del hemiciclo que ocupan las bancadas peronistas del interbloque Popular vacío.
Fueron estas bancadas de la oposición dialoguista las que les permitieron al oficialismo obtener la sanción del nuevo régimen penal juvenil. Además de La Libertad Avanza, apoyaron la norma la UCR, el Pro y todos los bloques de fuerzas provinciales e independientes.
Si bien el principal cambio es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, la iniciativa del Gobierno crea todo un nuevo régimen penal para los menores de edad en el que se contemplan una batería de medidas procesales que van más allá de la detención de los sentenciados.
Así, los jueces podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión.
El mismo esquema se aplica para casos de hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no impliquen la muerte o graves lesiones a la víctima.
“Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales. El proyecto cumple con ese objetivo”, afirmó el libertario Gonzalo Guzmán (Salta), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo en el inicio del debate.
En ese sentido, la norma establece una serie de derechos y garantías desde el inicio del proceso penal, reconociéndoles asistencia legal, eficaz e idónea en su comparecencia ante los tribunales
“Esta ley es invotable, es imposible de votar”, sentenció desde el bloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), quien acusó al Gobierno de usar el debate sobre el agravamiento de penas para los menores de edad para tapar la realidad social.
La radical Carolina Losada (Santa Fe) salió al cruce de quienes critican la baja de la edad imputabilidad por considerar que los jóvenes de 14 años no son plenamente conscientes de los delitos que cometen,
“Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”, dijo Losada. “No podemos decir que un chico de 15 no es responsable o no sabe lo que está haciendo”, insistió.
El mismo concepto utilizó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), en el cierre del debate antes de ir un paso más allá y acusar al peronismo de olvidarse de las víctimas de los casos de inseguridad.
“Se preocuparon por los victimarios, ustedes quieren que los ciudadanos sigan siendo ciudadanos de segunda”, acusó Bullrich, antes de agregar: “esta ley está del lado de los ciudadanos, deja la teoría de que la víctima es el delincuente”.
En ese sentido, la jefe del oficialismo en el Senado aseguró que “un país que olvida a sus víctimas, termina perdiendo totalmente el sentido de la justicia”.
Replicó de esa manera al kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien había denunciado que, con la sanción de esta ley, “chicos de 14 y 15 años van a ser juzgados y condenados incluso por delitos culposos, delitos en cuya participación el menor no tenía la intención de dañar”.
“Hay que ser claro con las familias de la Argentina acerca de lo que quieren votar; explíquenles que con esta ley cuando dos chicos se peleen en el recreo y se lastimen ya no va a intervenir el director del establecimiento, sino que va a tener que dar notificación ala comisaria y va a intervenir un juez y un fiscal”, afirmó Soria. “Miente”, lo acusó Bullrich a su turno, antes de aclarar que las penas de cumplimiento efectivo son para los delitos graves.
La pena máxima posible será de 15 años aun cuando las escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. Prohíbe la sentencia a reclusión y prisión perpetuas.
En los casos que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
En contra del proyecto se manifestó Gerardo Zamora (Frente Cívico-Santiago del Estero), quien acusó al Gobierno de tomar el camino fácil de apelar al agravamiento de penas para mostrarse como una administración reformista.
“Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. Está bien, pero a veces estás cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este”, dijo el exgobernador, quien calificó de “inconstitucional” la iniciativa porque “arrasa con facultades de las provincias”, además de aumentarle los gastos a los distritos.
En una incorporación de último minuto en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo sumó un artículo que establece una partida de $23.800 millones para financiar la creación del nuevo sistema procesal penal para menores.
De esa partida deberían financiarse la creación de prisiones específicamente acondicionadas para los adolescentes, ya que no podrán quedar detenidos junto con mayores de edad.
El kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) calificó de “insuficiente” el financiamiento dispuesto por el Gobierno y se quejó por los tiempos previstos para poner en condiciones el sistema penal para alojar a los adolescentes. “No puede tardar 9 años la construcción de los complejos”, se quejó.
En ese sentido, el exmandatario chaqueño criticó el castigo con penas de prisión a menores al afirmar que el “exceso de punitivismo no resuelve el problema” y pidió “atacar las causas para después garantizar un ordenamiento jurídico de carácter punitivo que implique resolver el problema”.
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POLITICA
En un encuentro de intendentes, los gobernadores de la UCR mostraron diferencias sobre Milei rumbo a 2027
Las diferencias entre los gobernadores de la UCR se colaron en el encuentro del Foro de Intendentes que congregó a más de 300 dirigentes de todo el país. Alfredo Cornejo envió un mensaje grabado con una idea clara: en 2027 hay que armar una alianza con La Libertad Avanza. El encargado de responderle fue Maximiliano Pullaro, quien ofició de anfitrión, al resaltar que “en el centro hay propuestas valientes”, en clara referencia a Provincias Unidas.
Los cinco gobernadores radicales no logran consensuar una estrategia común rumbo a 2027. Mientras Cornejo y Leandro Zdero sostienen la necesidad de confluir con el oficialismo libertario, Pullaro, Gustavo Valdés y Carlos Sadir promueven un armado de centro a través de Provincias Unidas, con la intención de evitar que el partido quede subsumido en la polarización nacional.
El encuentro se realizó pasadas las 11 en el Comité Provincial que preside el santafesino Felipe Michlig. Desde el comienzo encabezaron la actividad el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, y el titular del Foro de Intendentes, Ulpiano Suárez. También participaron dirigentes nacionales como Pamela Verasay, presidenta del bloque en la Cámara de Diputados, entre otros legisladores, concejales y referentes de la Juventud Radical.
Tras las charlas que encabezaron Rosendo Grobocopatel y el economista Santiago Bulat, con las temáticas “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local” y “Descifrando la economía 2026”, respectivamente, aparecieron en el evento el gobernador santafesino Pullaro y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Junto con Sadir, crearon la alianza Provincias Unidas, que no logró hacer pie en la elección polarizada de 2025.
Cornejo, que al igual que Zdero en Chaco mantiene una alianza con La Libertad Avanza, aprovechó para insistir con su estrategia para 2027. “Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible”, expresó en referencia a que la UCR comparte electorado con Javier Milei.
“Representarlos es nuestro objetivo final. Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo, de Alem. Las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores en Argentina”, agregó el mandatario mendocino.
Pullaro recogió el guante: “El radicalismo es el partido de la libertad, como decía Alfredo, pero también es el partido de la igualdad, no nos olvidemos de eso”. En esa misma línea reconoció que la UCR tiene complicaciones para poder instalar un candidato a presidente, pero agregó: “No nos podemos permitir que la Argentina solamente tenga dos alternativas: una por derecha, que está llevando adelante el presidente Javier Milei, con muchas cosas a las cuales respaldamos, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Y la otra alternativa, por la izquierda o centroizquierda corrupta, que nos ofrece el kirchnerismo. A ese pasado no tenemos que volver nunca”.
“En el centro y en el medio hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical, porque nosotros somos el radicalismo intransigente de Hipólito Yrigoyen, que no claudicó en la lucha contra el orden conservador; y nosotros somos el radicalismo honesto y austero de Arturo Illia, que se enfrentó a las corporaciones; pero también somos el radicalismo de la democracia de Raúl Alfonsín, que fortaleció las instituciones del 83”, concluyó.
En sintonía con Pullaro, Gustavo Valdés recordó que a las provincias las están “acogotando las coparticipaciones”. “Tenemos que tener vocación frentista y mirar cómo hacemos las mejores alianzas para coronar mejor lo que nosotros creemos”, dijo, y reclamó “no bajar la bandera de la educación pública”.
Durante el discurso inicial, Chiarella dio una arenga a los jefes comunales: “Aquí está el radicalismo que gestiona, que escucha y mira a los ojos a sus vecinos porque está cerca de la gente para resolver sus problemas”.
“Nosotros no vinimos a la Unión Cívica Radical para que las cosas sigan estando como están. Venimos y nos involucramos en cada una de nuestras localidades para cambiar las cosas y somos el radicalismo austero, honesto y con coraje de Arturo Illia, que enfrentó a las corporaciones”, puntualizó el también intendente de Venado Tuerto.
Por la tarde, los intendentes y presidentes comunales trabajaron en mesas temáticas. Hubo una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR y el panel sobre “La universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo de Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
El encuentro dejó expuesta una discusión que seguirá abierta en los próximos meses: cómo retener el electorado radical que migró hacia Milei sin diluir la identidad partidaria y si el partido debe integrarse al esquema libertario o intentar construir una alternativa propia en un escenario cada vez más polarizado de cara a 2027.
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El Senado de la Nación sancionó este viernes el nuevo régimen penal juvenil que modifica la edad de imputabilidad en la República Argentina. Los integrantes de la Cámara alta sesionaron para validar el proyecto oficialista que recibió el acompañamiento de los sectores dialoguistas. La votación definitiva transformó en ley la propuesta del Poder Ejecutivo antes del inicio del periodo ordinario.
La nueva normativa estableció la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo cual reemplazó el límite anterior de 16 años, fijado en la legislación previa. El texto determina que los adolescentes que alcancen esa edad enfrentarán procesos legales ante la justicia.
La sanción de este viernes ocurrió en el marco de una sesión intensa que incluyó el tratamiento de la reforma laboral impulsada por la administración nacional. El presidente Javier Milei planificó contar con estas herramientas antes de brindar su discurso sobre el estado de la Nación este domingo.
El oficialismo obtuvo el quórum necesario con el apoyo de bloques opositores mientras la bancada peronista mantuvo gran parte de sus bancas vacías al inicio del debate.
La ley sancionada introduce una estructura de sanciones que otorga a los magistrados diversas opciones de castigo según la gravedad del hecho cometido. Los jueces podrán aplicar desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico.
El abanico de penas alternativas contempla además la prohibición de salida del territorio nacional y la realización de tareas comunitarias para delitos con escalas de hasta tres años de prisión. Este esquema rige para delitos con penas de hasta 11 años de encierro, siempre que no exista la muerte de la víctima o lesiones de carácter grave.
El límite máximo de privación de la libertad quedó fijado en 15 años. Este tope rige incluso si la sumatoria de delitos o las escalas penales prevén un tiempo superior. El encierro efectivo solo ocurrirá ante hechos de extrema gravedad como homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales o robos con violencia.
El senador por Salta, Gonzalo Guzmán, justificó la iniciativa: “Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales”. El parlamentario libertario destacó que la norma reconoce asistencia legal idónea para los adolescentes desde el comienzo de las actuaciones judiciales.
La senadora Lucía Corpacci rechazó la iniciativa desde la bancada kirchnerista. La legisladora de Catamarca afirmó: “Esta ley es invotable, es imposible de votar”. La representante cuestionó que se utilice el endurecimiento de penas para desviar la atención sobre la situación social actual.
En una línea opuesta se manifestó la radical Carolina Losada, quien defendió la plena consciencia de los menores sobre sus actos. La senadora santafesina sostuvo: “Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”.
Gerardo Zamora criticó la estrategia oficial de buscar resultados mediante el agravamiento de las penas. El legislador de Santiago del Estero calificó el proyecto de inconstitucional. “Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. A veces estas cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este”.
La puesta en marcha del sistema penal juvenil requiere de una inversión económica que fue objeto de discusión en el recinto. El Poder Ejecutivo incorporó un artículo que asigna un presupuesto de 23.800 millones de pesos para financiar la estructura procesal.
El senador Jorge Capitanich consideró que el monto asignado resulta insuficiente para cubrir las necesidades del nuevo esquema. El representante de Chaco manifestó su preocupación por los plazos de ejecución de las obras necesarias.
Estos fondos deben utilizarse para la edificación de centros de detención adaptados para adolescentes, ya que la ley prohíbe explícitamente que los menores compartan espacios de encierro con adultos.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Ybarra.
que recibió el acompañamiento de los sectores dialoguistas,reemplazó el límite anterior,discurso sobre el estado de la Nación,pic.twitter.com/sS59nzrsz2,February 27, 2026,artículo firmado por Gustavo Ybarra,Audiencia,Patricia Bullrich,Foco,,Debate en el Senado. Un abogado constitucionalista advirtió cuáles son las mayores incongruencias de la reforma laboral: “Todo es un gran show”,,Opinión. ¿Para qué quiere la República Argentina a las Fuerzas Armadas?,,Evasión. Tapia pidió anular su citación judicial y dijo que se «vulneran las garatías constitucionales»,Audiencia,,Truco clave. Tirar vinagre blanco en las rejillas: cuál es motivo y cuándo hacerlo,,Tenía 62 años. De qué murió Bobby J. Brown, el actor de The Wire y La ley y el orden,,Advertencia. ¿Tenés presión alta? Estas bebidas no hay que tomar
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