La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada por el Congreso y se convirtió en ley, luego de un intenso debate legislativo en el Senado de la Nación. La norma redefine distintos aspectos del vínculo entre empleadores y trabajadores del sector privado, con modificaciones en la registración, la organización del tiempo de trabajo, el régimen indemnizatorio y los aportes previstos en convenios colectivos.

El nuevo marco regulatorio combina ajustes en los costos laborales, herramientas para la gestión de la jornada y cambios en los mecanismos de resolución de conflictos judiciales, además de incentivos orientados a la formalización y a la inversión.

Uno de los cambios operativos más relevantes está vinculado a la registración laboral. La ley establece que el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral, sin exigir trámites adicionales ante otros organismos. Además, habilita la digitalización de los libros laborales, que tendrán plena validez legal y deberán conservarse durante un plazo de diez años.

En materia de remuneraciones, la norma ratifica que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales de ahorro. El texto excluye de manera expresa la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para el pago de haberes.

La ley introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo. Se habilita la creación de un banco de horas mediante acuerdos escritos entre empleadores y trabajadores, que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos, siempre dentro de los límites legales vigentes en materia de jornada y pausas obligatorias.

En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período general de otorgamiento entre octubre y abril. Sin embargo, se habilita a las partes a pactar su goce fuera de ese intervalo. También se permite el fraccionamiento del período vacacional en tramos de al menos siete días consecutivos.

La reforma introduce límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios a partir de enero de 2028.

En el caso de las asociaciones de trabajadores, los aportes, tanto para afiliados como para no afiliados, no podrán exceder el 2%. Se mantiene el aporte del 6% con destino a las obras sociales. Además, se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa del trabajador.

Otro punto central de la ley es la ampliación del período de prueba. El plazo general se extiende a seis meses. Para las empresas que cuenten con hasta cinco empleados, el período podrá alcanzar los ocho meses.

Durante ese lapso, la relación laboral podrá extinguirse sin derecho a indemnización por antigüedad. No obstante, el empleador deberá registrar al trabajador desde el inicio del vínculo y cumplir con todas las obligaciones previsionales y de seguridad social.

En materia de formalización, la norma elimina las multas previstas en la Ley 24.013 para los casos de trabajo no registrado o registración deficiente. En reemplazo de ese esquema, se establece un régimen de incentivos a la regularización.

Los empleadores que blanqueen personal no deberán abonar sanciones, aunque sí estarán obligados a pagar las diferencias salariales y previsionales adeudadas correspondientes al período no registrado.

La ley modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de su vigencia, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual. Quedan excluidos de ese cálculo los conceptos de pago no mensual, como el sueldo anual complementario y las vacaciones.

El texto también establece que la indemnización será la única reparación derivada del despido y fija un nuevo sistema de actualización de los créditos laborales, que se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Como complemento al esquema tradicional, la norma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de las desvinculaciones. Este fondo se financiará mediante aportes mensuales obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas lo harán con una contribución del 2,5%. El Poder Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aval de la Comisión Bicameral.

Además, se habilita a los convenios colectivos a establecer fondos de cese laboral bajo un sistema de capitalización individual. En estos casos, el empleador realizará aportes mensuales y el trabajador percibirá el monto acumulado al finalizar la relación laboral, en reemplazo de la indemnización tradicional. Esta modalidad deberá acordarse en paritarias y no podrá implicar una quita de derechos adquiridos.

La reforma también incluye cambios en las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social. Para las grandes empresas, la reducción será de un punto porcentual, mientras que para las MiPyMEs alcanzará los 2,5 puntos. Estos beneficios podrán ampliarse hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aprobación legislativa.

En ese marco, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a promover la incorporación de tecnología y la expansión empresarial, en articulación con la reducción de cargas sociales.

Por último, la ley introduce modificaciones en el cumplimiento de las sentencias judiciales laborales. Las empresas de mayor tamaño podrán cancelar las condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. En el caso de las MiPyMEs y empleadores individuales, el plazo se extenderá hasta doce cuotas mensuales.

Con este conjunto de cambios, la reforma laboral ya convertida en ley redefine las condiciones de contratación, desvinculación y organización del trabajo en el sector privado, estableciendo un nuevo marco regulatorio que comenzará a aplicarse según lo disponga su reglamentación.

Con un tipo de cambio en calma y muchos argentinos aprovechando para vacacionar en el exterior, el 2026 comenzó con una fuerte demanda de dólar ahorro. Así lo ratificó este viernes el Banco Central, en su balance cambiario de enero.

Los individuos adquirieron billetes por u$s2.613 millones y vendieron por u$s410 millones, lo que dejó un saldo ampliamente comprador en términos netos: u$s2.203 millones. De esta manera, las compras de personas humanas superan los u$s29.000 millones desde abril del año pasado, cuando se flexibilizó el cepo.

Del lado de la demanda participaron 1,6 millones de personas, mientras que unas 730.000 se ubicaron como vendedoras, reflejando una base masiva de compradores en el mercado oficial. 

Según informó el BCRA, «cabe señalar que parte de estos fondos queda depositada en cuentas locales o es utilizada posteriormentepara la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y por ello no incrementa la posición de activos externos del sector privado».

«De la misma manera, los egresos por divisas, que en su mayoría constituyen transferencias de depósitos locales al exterior (operaciones de canje), pueden ser destinados a la cancelación de pasivos externos (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos)», agregó.

En enero se registró un crecimiento frente a diciembre, cuando las compras habían sido de unos u$s2.186 millones, aunque sigue lejos del pico de septiembre 2025, cuando antes de las elecciones legislativas superó los u$s5.000 millones.

Lo concreto es que  el arranque de año dejó un mensaje claro: la demanda minorista de divisas sigue firme y marcó un enero récord dentro de la última década.

Compras de dólares del BCRA y déficit de cuenta corriente

Además, el informe detalló que el BCRA y el Tesoro Nacional efectuaron compras netas en el mercado de cambios por u$s1.158 millones y u$s265 millones, respectivamente, mientras que las entidades y los clientes de las entidades vendieron u$s740 millones y u$s638 millones, respectivamente. Por su parte, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por u$s45 millones.

«El ‘Sector Privado no Financiero’ fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s548 millones en el mercado de cambios. Dentro de este grupo, el sector ‘Oleaginosas y Cereales’ fue el principal sector oferente de moneda extranjera en el mercado de cambios durante el mes, registrando ventas netas por u$s2.121 millones, en gran medida explicados por su resultado en el rubro ‘Bienes’», detalló.

En lo que fue el balance cambiario de enero, se registró un déficit de cuenta corriente de u$s919 millones, explicado principalmente por los egresos netos de las cuentas «Ingreso primario» y «Servicios» por u$s2.007 millones y u$s946 millones, parcialmente compensados por los ingresos netos de «Bienes» y de «Ingreso secundario» por u$s2.014 millones y u$s20 millones, respectivamente.

A su vez, la cuenta financiera cambiaria resultó superavitaria por u$s3.147 millones. Dicho resultado se explicó por los superávits del «Sector Financiero», de «Otros Movimientos Netos» y del «Gobierno Nacional y BCRA» por u$s1.668 millones, u$s1.363 millones y u$s584 millones, respectivamente, parcialmente compensados por los egresos netos del «Sector Privado No Financiero» por u$s469 millones.

Tras tocar un mínimo desde mediados de 2018 hace apenas un mes, el índice de riesgo país emprendió un sendero alcista que actualmente lo ubica por encima de los 550 puntos básicos. Este avance, que supera las 70 unidades, fue atribuido por analistas a la persistente incertidumbre en los mercados externos. Además, advirtieron que esta suba limita la capacidad de financiamiento externo de las compañías argentinas, ya que se ven obligadas a pagar mayores tasas para acceder a créditos.

El impulso positivo de los bonos soberanos de Argentina permitió que el índice confeccionado por el banco de inversión JP Morgan-Chase, descendiera a 481 puntos básicos a fines de enero, su valor más bajo en casi ocho años. Desde las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo, la reducción de esta variable superó las 600 unidades.

El indicador funciona como un termómetro relevante para los inversores, ya que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus compromisos financieros. Se obtiene al comparar el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con el de los bonos del Tesoro estadounidense de igual plazo, considerados activos libres de riesgo.

Cuando la diferencia entre ambos se amplía, refleja desconfianza sobre la estabilidad económica nacional y anticipa obstáculos para acceder a financiamiento exterior en condiciones favorables.

Un índice de riesgo país alto obliga al Gobierno a ofrecer intereses más elevados para captar fondos en los mercados internacionales, lo que encarece la deuda y dificulta el manejo fiscal.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la caída acumulada supera las 1.400 unidades. Si se toma noviembre de 2023, momento del triunfo electoral de La Libertad Avanza, el retroceso supera los 1.900 puntos básicos.

A pesar de estos avances, la volatilidad global, evidenciada en la caída de acciones tecnológicas, bonos soberanos y Bitcoin, impactó negativamente en los títulos argentinos, impulsando el índice de riesgo país de 480 a 550 pb, ubicándose por encima del promedio regional de 300 pb.

Este comportamiento se mantuvo aun cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumplió con una de las condiciones clave del mercado: la adquisición de divisas para reforzar las reservas internacionales: adquirió más de USD 2.700 millones desde el comienzo de la “fase 4″ del programa económico y las proyecciones oficiales calculan que las compras netas de dólares en 2026 podrían estar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según la demanda de pesos y la oferta de divisas.

En el contexto actual, una eventual emisión de deuda argentina en dólares en el mercado internacional requeriría pagar tasas cercanas al 9% anual, un costo que desincentiva al Gobierno.

A esto se suma que durante la semana, el equipo económico emitió un bono en moneda extranjera con una tasa inferior al 6% anual y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en claro que buscan “cortar con la dependencia” de Wall Street potenciando el mercado de capitales local. Por ello, el avance del indicador no parece alterar los planes del Palacio de Hacienda, que busca otras alternativas para financiar los pagos de deuda externa.

En diálogo con Infobae, Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, dijo que “en el corto plazo hubo un momento de impulso y ahora algo se perdió” aunque aclaró: “no cambia la evaluación de Argentina en lo inmediato”.

Sin embargo, Menescaldi remarcó que el índice de riesgo país por encima de las 550 unidades indica que “todavía no tenemos acceso a los mercados internacionales”. Explicó: “No podemos refinanciar nuestra deuda y tenemos que comprar reservas, endeudarnos con repo o con organismos internacionales para poder cancelar la deuda. Si no hay acceso, las empresas argentinas no logran conseguir crédito externo”, detalló.

Según el economista de Eco Go, para que el indicador de JP Morgan-Chase retome una tendencia bajista, Argentina “debe seguir por este camino: mostrar un fuerte compromiso fiscal, un fuerte compromiso para cancelar la deuda y también seguir acumulando reservas”. Añadió: “Si el mundo también acompaña, podrán tener el acceso al mercado y mostrar que cuentan con confianza. Una vez logrado esto, el índice de riesgo país va a descender aún más”.

Matías de Luca, jefe de Research y Estrategia de Parakeet, el incremento del índice financiero se vincula con la inestabilidad de los mercados internacionales. A la vez, observó que la suba del índice de riesgo soberano ocurrió en la mayor parte de los países de la región, que no pudieron escapar de las tensiones externas.

De Luca precisó: “El índice de riesgo país no es una variable 100% estable, es un spread de tasas. Es positivo que se mantenga estable en torno a los 500 puntos básicos. Es mayor el beneficio de haber pasado de 1.000 a 500 bps que los perjuicios por cotizar a 550 pb en vez de 490 bps. Gracias a que tenemos un índice de 500 bp es que tanto empresas como provincias están pudiendo refinanciar su deuda en el exterior a tasas mucho más bajas. Eso evita conflictos financieros y allana el terreno para el crecimiento económico”.

Federico Machado, economista de la consultora OPEN, observó que el pesimismo de los mercados de los últimos días “llama un poco la atención considerando que transitamos una semana ‘buena’ para el Gobierno: reforma laboral, datos positivo de actividad en diciembre y una colocación exitosa del AO27″. Además, subrayó que parte del aumento del índice de riesgo país corresponde al contexto internacional descripto previamente.

Ante la consulta de Infobae sobre el efecto de esta dinámica en la economía local, Machado respondió: “Eleva el costo de financiamiento de las empresas, que necesitan pagar tasas del 8% en dólares para tomar crédito en un contexto en que la inversión es clave ante la falta de consumo y gasto público».

La compresión del índice de riesgo país desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 propició que las compañías argentinas colocaran deuda en los mercados internacionales por más de USD 8.500 millones. Este flujo de divisas permitió, en buena medida, mantener la calma cambiaria y la compra de divisas por parte del BCRA.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, coincidió con sus colegas al asociar el alza del indicador con la volatilidad externa. A la vez, sostuvo que “para que vuelva a bajar, las compras de reservas que está llevando a cabo el Banco Central son determinantes. Si el BCRA continúa comprando y acumulando reservas, esto seguirá aportando a la confianza. Del mismo modo, la colocación de deuda en dólares de esta semana da certidumbre sobre la capacidad que tiene Argentina para cumplir con sus compromisos de deuda”.

Emiliro Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, manifestó que “si se mantiene el ritmo de acumulación de reservas y continúan las victorias legislativas que refuercen el programa macro, el índice de riesgo país debería volver a perforar los 500 puntos básicos. El movimiento reciente luce más como toma de ganancias que como un cambio de tendencia estructural”.