Cuando el estratega Santiago Caputo digitaba sus proyecciones para el área nuclear argentina, Demian Reidel no estaba en sus planes. Imaginaba ahí a un perfil técnico alineado directamente a él. Caputo contaba con injerencia sobre ese sector estratégico a través de Federico Ramos Napoli, el secretario de Asuntos Nucleares. Reidel era una pieza que no encajaba.

El físico y economista, también exjefe de asesores y amigo del presidente Javier Milei, tenía a su cargo la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, ya que estaba al frente de Nucleoeléctrica SA (NASA), empresa con un paquete accionario distribuido en un 79% para el Ministerio de Economía, 20% para la Comisión Nacional de Energía Atómica y 1% para Enarsa, que ya fue habilitada en la Ley Bases para privatizarse.

Salpicada su gestión por denuncias de corrupción en la adjudicación con sobreprecios de un servicio de limpieza y en la compra de un software, la figura de Reidel se desgastó y terminó afuera de Nucleoeléctrica el 9 de febrero último. Fue una operación controlada: Reidel se fue sin hablar, también sin quejarse, y el Gobierno evitó que las internas y el escándalo se diseminen aún más. En esa línea, y más allá de que los cercanos al físico sospecharon de una movida para esmerilarlo, en Balcarce 50 el día de su salida decían: “Demian está de acuerdo con el cambio”.

Así, el caputista Ramos Napoli pasó a conducir el directorio de la compañía y todas las terminales nucleares quedaron bajo su conducción.

En los últimos momentos en el cargo, Reidel negó todas las acusaciones en su contra a través de posteos en la red social X, incluso sobre una deuda personal.

Luego de eso se corrió de la vida pública. Mientras se mantiene en silencio, quienes lo defienden intentaron despegarlo de los escándalos al aseverar que él mismo anuló la licitación cuestionada, como así también que el físico repetía que había venido de Estados Unidos a vivir a la Argentina para “poner el hombro” en la gestión de su amigo Milei, no para enriquecerse.

Atrás quedaron las fotos en el G7 de Italia, en las galas republicanas o en el balcón de la Casa Rosada, con Elon Musk, y los posteos en inglés.

Con la salida de Reidel y de empleados que llegaron con su administración, el secretario de Asuntos Nucleares Ramos Napoli, de 30 años, puso un pie definitivo en NASA junto a un equipo de diez funcionarios que le responden y promocionó a Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear −y, como él, exfuncionario de Dioxitek−, para reemplazar a Reidel.

Ramos Napoli, que fue empleado de la Secretaría General de la Presidencia en 2024, tiene terminales en dos miembros de la familia Caputo. Luis, el ministro de Economía, es su jefe formal, porque NASA está bajo la órbita de su cartera. En las reuniones semanales que comparte con el joven secretario, el titular del Palacio de Hacienda le traza sus “líneas infranqueables” para el funcionamiento de la compañía. Pero Santiago, el asesor con alfiles desperdigados en sectores claves del Estado, es su jefe político. Se conocen de larga data y, a través de Napoli, Caputo obtuvo el control total de la dinámica del sector nuclear.

“Con la salida de Reidel quedó alineada toda la política nuclear en el mismo sentido. Napoli va a ordenar para aprovechar el recurso humano de altísimo nivel y, también, la oportunidad internacional”, dijeron desde el ala Martín Fierro de la Casa Rosada, donde operan el estratega y los suyos, a .

Más allá de que quienes estuvieron con Ramos Napoli lo escucharon afirmar que la línea profesional de Nucleoeléctrica es “muy buena”, le pidió a la gente que llegó de su mano tener un “reaseguro” de que no haya ningún tipo de sospecha en las nuevas contrataciones.

Tanto fuentes del Gobierno que siguen el día a día de NASA como dirigentes gremiales que operan en la empresa coincidieron ante este medio que la nueva conducción −con Campos, Martín Porro, Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun− suma perfiles técnicos y de trayectoria, y desplaza una jefatura más bien “política”, que pensaba en proyectos “grandilocuentes” y de difícil concreción. “La mayoría son profesionales de carrera”, resumieron.

Actualmente, Nucleoeléctrica tiene entre 2900 y 3000 trabajadores, en su mayoría técnicos y profesionales. Al contrario de otros entes públicos, la porción de administrativos es menor y también es residual el personal que quedó de gestión en gestión.

“Nucleoeléctrica atraviesa un lavado de cara técnico para dejarla a punto para la privatización”, resumió una fuente gremial.

No es casual que Chaher haya sobrevivido desde la gestión de Reidel a la actual. Titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el funcionario lleva el proceso privatizador de la era Milei y también responde políticamente al estratega Caputo.

Para el Gobierno, la privatización de Nucleoeléctrica ya tiene plazo: la idea es que el pliego para el llamado a licitación salga antes de fin de año y que antes de mitad de 2027 se haga la adjudicación.

La ley habilita que la conformación societaria de NASA quede 5% para los trabajadores, 51% para el Estado (una parte para la Secretaría de Asuntos Nucleares y otra, para la Comisión Nacional de Energía Atómica) y 44% para un socio privado (que no necesariamente debe ser uno; puede ser un conglomerado).

Por estas horas, la Casa Rosada no busca un socio cualquiera. De acuerdo a lo que le contaron fuentes oficiales a , pretenden conseguir algún actor nacional o internacional que tenga experiencia en el rubro y, mejor aún, si viene con intenciones de “incorporar un reactor adicional” a NASA.

Este verano generó suspicacias que Ramos Napoli compartiera en X la visita al Complejo Nuclear Atucha de una delegación bipartidaria del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Sin embargo, voces del Gobierno aseguraron que esa fue una simple “recorrida de rutina” que nada tuvo que ver con la privatización.

Esto pese a que admitieron que “claro que sí hay un interés de vincularse con Estados Unidos, pero sobre todo para ser proveedores”.

Los objetivos actuales de la nueva conducción de NASA también tienen que ver con tareas atrasadas que heredaron de una gestión anterior que llaman “deficitaria”.

“Los miembros del equipo saliente terminaron con la sensación de que no sabían ni dónde se habían metido. No tenían idea”, resumió un actor importante del Gobierno respecto de Reidel y los suyos (dos de los gerentes, Marcelo Famá y Hernán Pantuso, este último exfuncionario de Daniel Scioli, desplazados por las presuntas irregularidades en la licitación de limpieza).

En el mismo sentido se expresó un actor gremial del sector. “Reidel no tenía un gran conocimiento del área nuclear argentina. Era todo muy tirado de los pelos, además de las denuncias por sobreprecios”, consideró.

Fuentes oficiales están convencidas de que en la gestión de Reidel no hubo “lugar para lo urgente”, algo que despertó −aseguran− hasta llamados de atención de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

Señalan como ejemplo lo que pasó con Atucha I. La central quedó fuera de servicio en septiembre de 2024 para hacer procesos de extensión de vida que la lleven a funcionar por 20 años más, pero marcan que todo se dilató. “Hubo obstáculos en 2025 que derivaron en demoras de cuatro a seis meses”, reportaron fuentes del Gobierno. La meta de la nueva administración es que en septiembre de 2027, como máximo antes del verano de 2028, Atucha I vuelva estar en funcionamiento.

Durante su mandato, Reidel también había dicho que la Argentina buscaría ser el cuarto hub mundial en Inteligencia Artificial (IA).

Fuentes de la gestión anterior de NASA quisieron defender a su exjefe y se refirieron a un anuncio que se hizo bajo su mandato: que Open AI, la compañía creadora del ChatGPT, de Sam Altman, construiría un centro de datos de gran escala dedicado a IA en la Patagonia. Al respecto, buscaron explicar que la decisión de efectivizarlo era de Open AI y no del Gobierno.

No obstante, tanto voces sindicales como gubernamentales aseguraron que aquel megaproyecto de Reidel de ser cuarto hub mundial en el rubro no pasó de las intenciones. La idea era demasiado “grandilocuente” y con “plazos imposibles”, admitió una fuente oficial. “Se sabía que se iba a caer por su propio peso”, acotó, pese a la difusión que le dieron el Presidente y sus funcionarios.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales— convocó a un paro nacional este viernes 27 de febrero. Además, impulsa una movilización al Congreso en rechazo de la reforma laboral. En ese sentido, muchas personas se preguntan a qué servicios afectará la medida de fuerza mañana.

La convocatoria fue definida en una reunión que el FreSU mantuvo desde las 18 el pasado 23 de febrero en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). La fecha elegida coincide con la jornada en que el Senado trate el proyecto oficialista. Por el momento, sigue en pie la medida de fuerza y varios gremios anunciaron su adhesión.

La marcha al Congreso inicia a las 10 de la mañana del viernes desde Avenida de Mayo y Salta, en el microcentro porteño. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”. De todos modos, cada sindicato que la conforma evaluará y definirá sus modalidades de protesta.

De esa forma, el FreSU se distancia de la CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina). La central obrera llevó a cabo una movilización y un paro general ―el cuarto en la gestión de Javier Milei― en rechazo a la reforma laboral en las últimas semanas. Sin embargo, no definió un paro ni una movilización para este viernes. Dado que la dirigencia de la CGT dan por hecho que se aprobará el proyecto de ley, se decidió acudir al palacio de Tribunales el próximo lunes para reclamar la inconstitucionalidad de la iniciativa oficialista.

Esta distancia entre los gremios se empezó a ver el jueves pasado, en el marco del paro nacional. En ese contexto, varios de los gremios que integran la CGT y otros que no pertenecen a la central obrera marcharon frente al Congreso, aunque no estaba consignada una movilización. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.

“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del FreSU en su acto sobre la Avenida de Mayo.

ATE (Asociación Trabajadores del Estado) confirmó y ratificó que se adhiere al paro y la movilización que convocó el FreSU al Congreso para este viernes. Informó que será por 24 horas a partir de la medianoche del viernes con asambleas, protestas, radios abiertas y movilizaciones en todo el país. Además, habrá un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 9 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra la CGT por decidir no movilizar este viernes: “Están pidiendo la inconstitucionalidad de una ley que todavía no existe. Es increíble. Una cosa así no pasó nunca antes. En vez de ir a protestar al Congreso o a Plaza de Mayo, ¿deciden ir al Poder Judicial?”.

Por su parte, tanto la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como la CTA Autónoma confirmaron su participación en la marcha de este viernes. Lo mismo ocurre con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).

En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó por un esquema diferenciado para esta fecha de protesta. El sindicato que conduce Abel Furlán convocó a sus afiliados a marchar hacia la zona del Poder Legislativo, pero omitió el dictado de un cese de actividades general en las fábricas. Esta decisión marca una distancia táctica con otros componentes del FreSU. El referente metalúrgico busca presionar a la conducción de la central obrera mayoritaria para endurecer el plan de lucha contra las reformas gubernamentales con mayor presencia en las calles.